Sentencia CA-473-12 — Registro 2752
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, se confirma la sentencia en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 213 y 221 de la Constitución de la República de Honduras, 1 del Código Civil, 3 párrafo tercero de la Ley del Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna parcialmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada en cuanto debió declarar en el primer pronunciamiento con lugar totalmente el recurso de apelación y en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida y declarar improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado, condenando en costas a la parte contraria. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Es importante aclarar que los artículos constitucionales son impugnables en casación cuando los mismos son rebajados a la categoría de ley ordinaria o secundaria, fundamentalmente cuando en esta categoría de leyes no exista ninguna norma jurídica que regule tal situación. Pues bien, en el presente caso el artículo 205 de la Constitución de la República, consagra una atribución exclusiva del Congreso Nacional, siendo el único artículo relativo a tal circunstancia. Este artículo 205 en su atribución primera dispone: “Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes;...” De conformidad con este artículo constitucional, solo al Congreso Nacional le corresponde las atribuciones antes citadas, de donde se desprende que a nadie, persona natural o jurídica le es dable una atribución de tal naturaleza. El Código Civil en el artículo 1 establece que “la Ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Por su parte la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, en el artículo 3 párrafo tercero prescribe: “Las Secretarías de Estado y demás instituciones reguladas por esta Ley no podrán modificar, negociar o aprobar cambios en el sistema retributivo que afecten la asignación presupuestaria mencionada en el párrafo primero del presente artículo o que comprometan recursos del Estado para el pago de salarios, sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la que se otorgará con base en un dictamen favorable de la Dirección General de Presupuesto, sin que en todo caso, exceda el techo presupuestario mencionado en el párrafo anterior.” Pues bien, en este caso de acuerdo con las normas jurídicas citadas, a los demandantes no se le han violentado derechos en lo relacionado a la aplicación del Arancel de Honorarios para Profesionales Agrícolas colegiados en el CINAH y COLPROCAH, pues dicho Arancel no es Ley de la República y por lo tanto su aplicación no puede exigirse coercitivamente a mi representado, el Estado de Honduras. El CINAH y el COLPROCAH no están facultados para fijarle a la Administración Pública Central políticas salariales y mucho menos puede obligarlo a aplicar un Arancel que de ninguna manera constituye Ley de la República. No obstante lo anterior, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la sentencia ahora impetrada confirmó la sentencia dictada en primera instancia. La Honorable Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional) en sentencia dictada el 31 de Enero del año 2006, en las diligencias de Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta por vía de excepción, establece que dicho Arancel de Honorarios para Profesionales Agrícolas Colegiados en el CINAH y COLPROCAH no tiene rango de ley, debido a que su origen, discusión y aprobación no fue efectuado a través del órgano competente es decir el Congreso Nacional de la República. Por lo tanto Honorables Señores Magistrados, no hay discusión en cuanto a que el Arancel de Honorarios para Profesionales Agrícolas colegiados en el CINAH y COLPROCAH, no constituye Ley de la República, pues solamente puede aplicarse respecto de la prestación de Servicios Agrícolas de manera independiente en ejercicio de una profesión liberal, regulando en consecuencia única y exclusivamente lo concerniente a los Honorarios Profesionales que deben percibir los profesionales de las ciencias agrícolas, en una relación Cliente-Profesional, de tal manera que se rechaza cualquier pretensión de los demandantes que se dirija expresamente a que los servidores públicos que prestan sus servicios en las distintas Direcciones Generales u otras dependencias de las Secretarías de Estado, reciban sus indemnizaciones prestaciones laborales u otros, aplicándoles para ello la tabla salarial que pretende imponer el CINAH y COLPROCAH a la Administración Pública, en su afán de regular los salarios que devengan sus agremiados en las instituciones del Estado. De acuerdo con las atribuciones de las Junta Directivas del CINAH y COLPROCAH, contenidas en sus Leyes Orgánicas, no se encuentra contemplada la potestad de crear, decretar, formular y sancionar leyes, pues ya sabemos y no podemos alegar ignorancia, que esas son atribuciones propias del Congreso Nacional de la República, por consiguiente la sentencia que recurrimos infringe las disposiciones jurídicas citadas porque a un artículo de un Arancel que no tiene el rango de ley se le pretende dar dicha categoría lo cual motiva nuestro rechazo y desacuerdo a la sentencia impetrada, debiendo por tanto casar la misma y que se proceda a dictar la que en derecho corresponda declarando improcedente la acción por haberse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado.”.-“Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no indica el precepto autorizante en que estima comprendido el motivo; b) en su explicación alude a la violación de normas que no señaló en su formulación, como es el caso del artículo 205 de la Constitución de la República; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de agosto del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) representado en juicio por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN. Recurrido: JOSE MANUEL AGUILAR MARADIAGA.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir se declare la ilegalidad y nulidad de una acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se adopten las medidas para que se reconozcan los pagos por concepto de reajustes salariales de conformidad con el Arancel de Honorarios para Profesionales Agrícolas colegiados en el CINAH y COLPROCAH, mas los reajustes por concepto de vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes de salario y ajuste de cesantía y preaviso y el pago de intereses comerciales sobre la cuantía desde la fecha que inicio los servicios hasta que se haga efectivo el pago; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de marzo del dos mil nueve por el señor JOSE MANUEL AGUILAR MARADIAGA, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que inicio su relación de trabajo con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en fecha 01 de octubre del 2009 en el puesto de Agrónomo 1, y mediante Acuerdo número 572-2006 de fecha 11 de mayo del 2006 fue cancelado por cesantía en ese entonces devengaba un sueldo mensual de L.8,860.00, por lo que pide se declare la nulidad del Acto Administrativo de la Resolución de fecha 29 de febrero del año 2008, emitida por la demandada, que declara sin lugar el reclamo contentivo de pagar reajustes salariales, reajustes por concepto de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario ajuste de cesantía y preaviso, así como el pago de intereses comerciales sobre la cuantía desde la fecha de cancelación que inicio sus servicios en base al Arancel de Honorarios para los Profesionales en Ciencias Agrícolas Colegiados.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), contestó señalando que el arancel de los Profesionales de las Ciencias Agropecuarias, no tiene rango de Ley puesto que la discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuada por el Congreso Nacional siguiendo los presupuestos contenidos en la Constitución de la República para la formación de Ley, sino que es un conjunto de disposiciones, que si bien es cierto fueron aprobadas por las asambleas generales de los Colegios Profesionales autorizados por sus respectivas leyes orgánicas no tienen el carácter, rango o fuerza de una ley.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha treinta y uno de marzo del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA.- PRIMERO Declarar procedente la acción promovida por el señor JOSE MANUEL AGUILAR MARADIAGA por no ajustarse a derecho el acto impugnado consistente en la resolución de fecha 29 febrero de 2008 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, la cual declaró SIN LUGAR lo concerniente al reajuste de salario en base al Rancel de Honorarios para Profesionales en Ciencias Agrícolas.- En consecuencia se ANULA TOTALMENTE.- SEGUNDO: Reconocer de forma parcial la situación jurídica del demandante, y para su pleno restablecimiento condena al ESTADO DE HONDURAS únicamente al pago de la cantidad que corresponde al aplicar lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del ARANCEL DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AFINES DE HONDURAS, desde inicio de la relación laboral del señor AGUILAR MARADIAGA, hasta el cese de la misma, en concepto de REAJUSTE SALARIAL que debió haber devengado durante prestó sus servicios a la Secretaría de Agricultura y Ganadería.- TERCERO: Sin lugar al pago de las cantidades reclamadas derivadas de los conceptos de PREAVISO, CESANTIA, VACACIONES, DECIMO TERCER Y CUARTO MES DE SALARIO, POR NO CORRESPONDER A ESTE TIPO DE TRAMITE SU CONOCIMIENTO, DEBIENDO EL ACTOR INCOAR LA RESPECTIVA ACCION EN MATERIA DE PERSONAL, basando su reclamo en lo declarado por esta sentencia en el numeral segundo.- CUARTO: Se difiere al periodo de ejecución, la determinación especifica del valor del derecho por este fallo declarado, pues no consta en autos suficientes datos que coadyuven a su liquidación. SIN COSTAS.” Bajo el criterio que de lo plasmado en los considerandos que anteceden es claro que la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, al emitir la resolución negadora de la solicitud de reajuste salarial del demandante, ha infringido el ordenamiento jurídico, pues no ha observado y cumplido con lo dispuesto por el Arancel de Honorarios para los profesionales en Ciencias Agrícolas colegiados en el CINAH Y COLPROCAH, instrumento este que ostenta la jerarquía de Acto Administrativo de carácter General de cumplimiento obligatorio.- Instrumento que en su legal articulo 10 muy claramente muestre la tabla de los sueldos que devengaran dichos profesionales, en base al numero de salarios mínimos y su respectivo nivel académico.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional en fecha doce de enero del dos mil doce, mediante el cual falló, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, en su condición de apoderado legal sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sin costas. Bajo el criterio que en vista de lo revisado y analizado, y estando en vigencia el Arancel de Honorarios para Profesionales Agrícolas Colegiados en el CINAH y COLPROCAH, acto General de obligatorio cumplimiento, ya que forma parte del ordenamiento jurídico del país, al no constar se haya solicitado su nulidad total o parcial en la forma establecida en las leyes aplicables y al cumplir el demandante los requisitos que este establece para su aplicación, debe de aplicársele dicho Arancel en su favor, específicamente en lo relacionado al salario mensual que debió devengar al realizar funciones de Agrónomo, por lo que el Tribunal es del discernimiento que debe confirmarse la sentencia.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, presentó en fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil once (2012), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha doce (12) de enero del dos mil doce (2012), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 285-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 106-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y ordenó dar copia del escrito de merito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA, presentó en fecha dieciséis (16) de abril de dos mil doce (2012), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho (18) de abril del dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, apoderado de la parte demandada, en fecha dos (02) de mayo del dos mil doce (2012); y el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, apoderado de la parte demandante, en fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, presentó escrito de personamiento en fecha tres (03) de mayo del dos mil doce (2012), en concepto de parte recurrida y el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó escrito de personamiento en fecha uno (01) de mayo del dos mil doce (2012).- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 213 y 221 de la Constitución de la República de Honduras, 1 del Código Civil, 3 párrafo tercero de la Ley del Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna parcialmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada en cuanto debió declarar en el primer pronunciamiento con lugar totalmente el recurso de apelación y en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida y declarar improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado, condenando en costas a la parte contraria. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Es importante aclarar que los artículos constitucionales son impugnables en casación cuando los mismos son rebajados a la categoría de ley ordinaria o secundaria, fundamentalmente cuando en esta categoría de leyes no exista ninguna norma jurídica que regule tal situación. Pues bien, en el presente caso el artículo 205 de la Constitución de la República, consagra una atribución exclusiva del Congreso Nacional, siendo el único artículo relativo a tal circunstancia. Este artículo 205 en su atribución primera dispone: “Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes;...” De conformidad con este artículo constitucional, solo al Congreso Nacional le corresponde las atribuciones antes citadas, de donde se desprende que a nadie, persona natural o jurídica le es dable una atribución de tal naturaleza. El Código Civil en el artículo 1 establece que “la Ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Por su parte la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, en el artículo 3 párrafo tercero prescribe: “Las Secretarías de Estado y demás instituciones reguladas por esta Ley no podrán modificar, negociar o aprobar cambios en el sistema retributivo que afecten la asignación presupuestaria mencionada en el párrafo primero del presente artículo o que comprometan recursos del Estado para el pago de salarios, sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la que se otorgará con base en un dictamen favorable de la Dirección General de Presupuesto, sin que en todo caso, exceda el techo presupuestario mencionado en el párrafo anterior.” Pues bien, en este caso de acuerdo con las normas jurídicas citadas, a los demandantes no se le han violentado derechos en lo relacionado a la aplicación del Arancel de Honorarios para Profesionales Agrícolas colegiados en el CINAH y COLPROCAH, pues dicho Arancel no es Ley de la República y por lo tanto su aplicación no puede exigirse coercitivamente a mi representado, el Estado de Honduras. El CINAH y el COLPROCAH no están facultados para fijarle a la Administración Pública Central políticas salariales y mucho menos puede obligarlo a aplicar un Arancel que de ninguna manera constituye Ley de la República. No obstante lo anterior, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la sentencia ahora impetrada confirmó la sentencia dictada en primera instancia. La Honorable Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Constitucional) en sentencia dictada el 31 de Enero del año 2006, en las diligencias de Garantía de Inconstitucionalidad interpuesta por vía de excepción, establece que dicho Arancel de Honorarios para Profesionales Agrícolas Colegiados en el CINAH y COLPROCAH no tiene rango de ley, debido a que su origen, discusión y aprobación no fue efectuado a través del órgano competente es decir el Congreso Nacional de la República. Por lo tanto Honorables Señores Magistrados, no hay discusión en cuanto a que el Arancel de Honorarios para Profesionales Agrícolas colegiados en el CINAH y COLPROCAH, no constituye Ley de la República, pues solamente puede aplicarse respecto de la prestación de Servicios Agrícolas de manera independiente en ejercicio de una profesión liberal, regulando en consecuencia única y exclusivamente lo concerniente a los Honorarios Profesionales que deben percibir los profesionales de las ciencias agrícolas, en una relación Cliente-Profesional, de tal manera que se rechaza cualquier pretensión de los demandantes que se dirija expresamente a que los servidores públicos que prestan sus servicios en las distintas Direcciones Generales u otras dependencias de las Secretarías de Estado, reciban sus indemnizaciones prestaciones laborales u otros, aplicándoles para ello la tabla salarial que pretende imponer el CINAH y COLPROCAH a la Administración Pública, en su afán de regular los salarios que devengan sus agremiados en las instituciones del Estado. De acuerdo con las atribuciones de las Junta Directivas del CINAH y COLPROCAH, contenidas en sus Leyes Orgánicas, no se encuentra contemplada la potestad de crear, decretar, formular y sancionar leyes, pues ya sabemos y no podemos alegar ignorancia, que esas son atribuciones propias del Congreso Nacional de la República, por consiguiente la sentencia que recurrimos infringe las disposiciones jurídicas citadas porque a un artículo de un Arancel que no tiene el rango de ley se le pretende dar dicha categoría lo cual motiva nuestro rechazo y desacuerdo a la sentencia impetrada, debiendo por tanto casar la misma y que se proceda a dictar la que en derecho corresponda declarando improcedente la acción por haberse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado.”.- II.- Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no indica el precepto autorizante en que estima comprendido el motivo; b) en su explicación alude a la violación de normas que no señaló en su formulación, como es el caso del artículo 205 de la Constitución de la República; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veinte de agosto del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 473-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL