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Sentencia CA-472-12 — Registro 7399

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la demandante , por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que en el motivo que antecede, la Recurrente no formula una proposición jurídica completa e incurre en una serie de defectos que lo vuelven inadmisible al pretender la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente por esta vía en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y al realizar alegatos propios de instancia.- " Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-"Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de mayo del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO RELACIONES EXTERIORES representado en juicio por la Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Se contrae a pedir se declare la nulidad de una acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto, y como medida para su restablecimiento del derecho que se condene al reintegro al trabajo, pago de salarios caídos y costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de agosto del dos mil nueve por la señora ROSA MARGARITA MONTENEGRO ALVARADO, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO RELACIONES EXTERIORES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones exteriores, en fecha 24 de marzo del 2009 mediante acuerdo numero 411A-SRH, con efectividad a partir del 01 de abril del 2009, en el puesto de Directora de Comunicación Institucional, fue cancelada mediante acuerdo 937-SRH de fecha 27 de julio del dos mil nueve, considerando que se ha violado el derecho a la defensa, ya que no se le llamó a una audiencia de descargo sin invocarle causa alguna de despido.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, contestó señalando que se opone a las pretensiones de la demandante, en virtud de alegar que el cargo de Director de Comunicación Institucional, es un cargo excluido fundamentándose en el artículo 11 numeral 4 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, el cual establece “para los fines de de los artículos 3 inciso a) de la Ley y nueve inciso 1) del presente reglamento, se consideran empleados de confianza de los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los siguientes: 1..2..3..4.. Los titulares de las oficinas de coordinación regional departamental o local de las Secretarías de Estado, así como de las unidades de planeamiento y evaluación de la gestión de la cooperación externa”, por lo anterior el puesto que desempeño la demandante corresponde a un puesto de confianza y como tal, excluido del Régimen de Servicio Civil.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha veintitrés de junio del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por la demandante ROSA MARGARITA MONTENEGRO ALVARADO, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación numero 937-SRH-2009, de fecha veintisiete de julio del año 2009, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, por medio del cual se canceló a la demandante SEGUNDO: Anular el acuerdo de cancelación numero 937-SRH-2009. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar a la demandante a su cargo de Directora de Comunicación Institucional en la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.- CUARTO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho Relaciones Exteriores, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea restituida en su cargo, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieren corresponder. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la parte demandada toma como base de su pretensión que el cargo de la ahora demandante está contemplado en el articulo 11 numeral 4 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, el cual fue publicado el 11 de septiembre del 2009 en el Diario Oficial La Gaceta bajo el número 32012, fecha en que ya la demandante estaba cancelada de su cargo, por lo que dicho reglamento no estaba vigente al momento de la cancelación de la demandante y siendo una garantía constitucional que la ley tiene efecto retroactivo únicamente en materia penal cuando favorezca al reo, es meritorio declarar procedente la presente acción.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional en fecha veintitrés de febrero del dos mil doce, dicto sentencia definitiva, mediante el cual falló, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada IRIS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, en su condición de apoderada legal sustituta del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores; CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sin costas. Bajo el criterio que del estudio en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones, ese Tribunal observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación de la demandante estaba obligada a seguir el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, ya que el cargo que ocupaba la demandante no es puesto excluido por la Ley de Servicio Civil.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, presentó en fecha veintinueve (29) de marzo del dos mil once (2012), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha veintitrés (23) de febrero del dos mil doce (2012), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 053-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 242-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha nueve (09) de abril del dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y ordenó dar copia del escrito de merito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el Abogado DAVID ALVARADO LEITZELAR, presentó en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2012), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha treinta (30) de abril del dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución la Abogada IRIS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, apoderada de la parte demandada, en fecha cuatro (04) de mayo de dos mil doce (2012), y el Abogado DAVID ALVARADO LEITZELAR, apoderado de la parte demandante, en fecha veintiocho (28) de marzo del dos mil doce (2012).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada IRIS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, presentó escrito de personamiento en fecha diez (10) de mayo del dos mil doce (2012), en concepto de parte recurrente y al Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, se le precluyó el término concedido y dejado de utilizar en fecha treinta (30) de julio del dos mil doce (2012).- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea del artículo 3 inciso a) de la Ley de Servicio Civil empleado para la solución de fondo del litigio en relación con el 9 del Reglamento de dicha Ley. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil por interpretación errónea en relación con el 9 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 23 de febrero de 2012. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al interponer el Recurso de Apelación, expresamos los agravios que la sentencia de primera instancia causa a mi representado, siendo estos que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado, pues en primer lugar, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 letra a) dice “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a) A los Secretarios de Estado y Sub-Secretarios de Estado y sus EMPLEADOS DE CONFIANZA”, definiendo el Reglamento de la Ley de Servicio Civil la figura de “Empleados de confianza como la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo y que presta su servicios personales a la administración pública; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña la relación directa que tenia la hoy demandante con el Titular de esta Secretaria cuyas funciones fueron dictadas directamente A tales servidores no se les aplica el Régimen del Servicio Civil, por las razones antes expresadas.” Es este el caso de la Señora ROSA MARGARITA MONTENEGRO ALVARADO, quien en ningún momento ignoró que cuando fue nombrada en el cargo de Director de Comunicación Institucional desempeñó labores como empleado de confianza por lo tanto el Cargo que ostento la Señora Rosa Margarita Montenegro es un Cargo de Confianza y Puesto Excluido del Régimen del Servicio Civil, siendo dichos puestos nombrados y removidos por el Presidente de la República. La Corte Sentenciadora para confirmar la sentencia del A quo, que declaró procedente la acción, hizo uso del siguiente razonamiento: “CONSIDERANDO (8): Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los Fundamentos de Derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación de la demandante estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, y el cargo que ocupaba la demandante no es un puesto excluido por la Ley de Servicio Civil.” La Sentencia objeto del presente Recurso, no se encuentra ajustada a derecho, en virtud que como se probó fehacientemente la demandante fue nombrada, mediante Acuerdo No. 411 de fecha 4 de marzo de 2009 en un PUESTO DE CONFIANZA como claramente lo señala el indicado Acuerdo de nombramiento, mismo que fue constatado y puede constatarse fehacientemente en el expediente de mérito. Violentando la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la aplicación de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación, pues literalmente el artículo 3 señala: “Las Disposiciones de esta Ley NO SERAN APLICABLES a los siguientes servidores Públicos: a) A los Secretarios y Subsecretarios de Estado y sus empleados de confianza.” Enmarcándose dentro de los EMPLEADOS DE CONFIANZA el cargo de, Director de Comunicación Institucional (Puesto Excluido), pues para nombrar a la Señora Demandante NO SE CUMPLIO, como quedó plenamente demostrado durante el juicio con el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para el nombramiento de empleados regulares, de la Administración Pública que no ostentan CARGOS DE CONFIANZA, en tal sentido la demandante LA EXCLUYE la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación por el nombramiento que ostenté en virtud que el indicado Ordenamiento Jurídico, regula las relaciones laborales entre los empleados no catalogados como de confianza y la administración pública. Las personas que desempeñan en la Administración Pública puestos de CONFIANZA, como el Cargo de Director Institucional (Puesto Excluido), por lógica consecuencia no está regulado por la Ley de Servicio Civil En tal razón, mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores no puede pagar prestaciones laborales como lo pretende el demandante por estar excluido el puesto del régimen del servicio civil, el puesto que desempeñaba. No obstante que, como lo he expuesto, que el cargo desempeñado por la demandante era puesto excluido, la Corte Sentenciadora ha interpretado erróneamente el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil relacionándolo con el 9 del Reglamento de la mencionada Ley, pues siendo un puesto excluido no tiene que sujetarse a la cancelación de la servidora a procedimiento alguno, sin embargo, el Tribunal a pesar de ello considera que si es necesario llevar a cabo un procedimiento, siendo ese el motivo para declarar procedente la acción. De manera pues, que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil en relación con el 9 del Reglamento de la citada Ley es errónea por lo que procede se case la sentencia.”.- II.- Que en el motivo que antecede, la Recurrente no formula una proposición jurídica completa e incurre en una serie de defectos que lo vuelven inadmisible al pretender la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente por esta vía en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y al realizar alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha siete de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 472-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL