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Sentencia CA-458-12 — Registro 7397

Resumen

En primera instancia se declaró procedente la acción, por no estar dicatdo conforme a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además tanto en el numeral primero y segundo hace referencia al material probatorio cuando en este recurso acudir al referido material es de carácter excepcionalísimo y no por las causas que cita el censor. Y por ultimo en ninguno de los dos numerales señala que norma fue infringida faltándole claridad y precisión por tal omisión."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de mayo del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por el Abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA, y el Recurrido: Señor CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, representado en juicio por el Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no estar dictado el mismo conforme a Derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas necesarias para el restablecimiento de su derecho como ser el reintegro al cargo que ocupaba y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su despido hasta la fecha que se ejecute la sentencia, más el pago de los demás derechos que se produzcan en la secuela del juicio, condena en costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio del dos mil diez, por el señor CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, mayor de edad, soltero, Maestro de Educación Primaria, hondureño y de este domicilio contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que se le nombró mediante Acuerdo Número 302- 2009, en el puesto de Archivero auxiliar dependiente de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de Francisco Morazán, nombramiento efectivo a partir del 1 de septiembre del 2009, devengando un sueldo mensual; posteriormente se le canceló mediante Acuerdo de Cancelación por Despido No 050- 2010 de fecha 13 de julio del 2010, efectivo a partir del 15 de julio del 2010, siendo notificado el 13 de julio del 2010, emitido por la Dirección General de Registros del Instituto de la Propiedad, habiéndose emitido infringiéndose el ordenamiento jurídico contemplado en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento en cuanto no se observó el procedimiento consistente en: 1) Amonestación verbal; 2) amonestación por escrito; 3) suspensión hasta 8 días; 4) audiencia de Descargo, amparado en el artículo 82 de la Constitución de la Republica, evidentemente al despedirle ABRUPTAMENTE se trasgredió el DEBIDO PROCESO, pues no le fue indicada la causal de despido; resulta que el demandante es una persona discapacitada físicamente por ende posee una protección especial legislativa; así mismo se le hace muy difícil lograr obtener un empleo digno y estable, por ende se le violentaron sus derechos laborales como persona en situación de discapacidad al igual que los diversos derechos humanos estipulados en las diferentes declaraciones pactos y convenciones, además de los tratados y pactos relacionados con los derechos humanos, se transgredió la Carta Magna en sus artículos 82 y127, el derecho sagrado a la defensa, porque no se le dio la oportunidad de celebrar las audiencia de descargo como se estipula en la ley del Servicio Civil y su Reglamento.- 2.- La parte demandada el Estado de Honduras, manifiesta que se opone y rechaza totalmente a las pretensiones del demandante.- 3.- Que el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de octubre del 2011, mediante sentencia definitiva declaró procedente la acción, reconocer la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento ordena el reintegro del demandante, a su cargo, de la manera siguiente: el señor CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA al Cargo de ARCHIVERO AUXILIAR, dependencia de la Dirección General de Registro de la Propiedad Inmueble de Francisco Morazán, del Instituto de la Propiedad, tambien condenar al Estado de Honduras, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, al pago a favor del demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que éste sea restituido en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder, asi como decretar, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante, con costas; bajo el criterio que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado la evaluación periódica respectiva al demandante, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada, por lo cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento; que se haya tomado en cuenta sus años de servicio en la Administración Pública; que después de emitido el Acuerdo de Cancelación, la Autoridad Nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que el demandante sea inscrito con derecho preferente en el registro de reingreso; es decir, no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe de cumplir la autoridad nominadora para prescindir de los servicios de las personas afectadas por las cesantías, en este caso al demandante no se realizó el procedimiento para la cancelación por cesantía, lo que hace que dicho acto infrinja el ordenamiento jurídico, al no realizar el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 280 y 281 de su Reglamento de aplicación; asimismo, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 278 de dicho Reglamento hay dos razones por las cuales procede la cesantía de un servidor público, implicando ambas razones la reducción de personal o de servicios, lo cual no fue acreditado en autos, ya que no se acreditó que la plaza del demandante se haya cancelado, para con ello acreditar el cumplimiento del fin de la cesantía, en consecuencia, no se cumplió con el fin de la cesantía en el presente caso.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 9 de febrero del 2012, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del cargo que desempeñaba el demandante, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representada en juicio por el Abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA, presentó en fecha 12 de abril del 2012, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha 9 de febrero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 016-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 420-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 13 de abril del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA, quién actúa como apoderado del señor CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, presentó en fecha 02 de mayo del 2012, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 7 de mayo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA, como parte demandante, en fecha 9 de mayo del 2012 y el Abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA, apoderado de la parte demandada, en fecha 18 de mayo del 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado LUIS HUMBERTO RIVERA LICONA, como parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 11 de mayo del 2012, en concepto de parte recurrida y Abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA, como parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha 25 de mayo del 2012, en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: “PRIMERO: El Magistrado ponente en el cuarto considerando argumenta “…que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones, esta corte observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del cargo que desempeñaba el demandante, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.” y en el noveno (09) y décimo (10) considerando arguye... “Que la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que los actos administrativos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder- Que los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico.- El objeto de los actos debe de ser licito, cierto y físicamente posible.” Es de resaltar Señores Magistrados que al momento de la contestación de la demanda incoada ante mi representada por parte del señor CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ, se acreditó fehacientemente que todos los empleados del Instituto de la Propiedad NO ESTAMOS SUJETOS AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL, por los siguientes preceptos legales: 1) El Articulo 118 de la Ley General de la Administración Pública, establece que se emitirán por Acuerdo: 1...2 “ Los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria”. 2) Es así, que el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, mediante Acuerdo No 037-2005, en sesión ordinaria de fecha 31 de Mayo del 2005, aprobó el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, publicado en el Diario Oficial La Gaceta con el No 30,847, de fecha 11 de Noviembre del año 2005, para su eficacia. El precitado Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, regula las condiciones de trabajo a que deberán sujetarse el Instituto de Propiedad y los servidores y funcionarios dentro de la clasificación como tales que el mismo contrate para la prestación de sus servicios, en cada una de las dependencias en todo el territorio nacional. El Articulo 2 de dicho Reglamento estipulo “que quedan sujetos al presente Reglamento de Personal todos los Servidores y Funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) aplicándose el mismo a todas aquellas personas que ejecuten labores bajo su dirección, dependencia o subordinación, en cada una de sus unidades en todo el territorio nacional” Y en virtud de que el mismo no ha sido derogado, por ende continúa vigente para todos los empleados que laboran para el Instituto de la Propiedad. En consecuencia la demanda promovida por el Señor CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ, tuvo que haber sido ventilada a la luz de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y no como erróneamente lo ha venido realizando el respectivo juzgador. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me basé para defender a mi representada, de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo al señor CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ, del cargo de Archivero Auxiliar, dependiente de la Dirección General de Registros del Instituto de la Propiedad. La inobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establece el Artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad: “son funciones de los Directores Generales” 3) Nombrar y remover el personal a su cargo, es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte , todo esto en virtud de que el Señor CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ, fue cancelado de su cargo respaldando tal decisión, las atribuciones propias de los Directores Generales provistas en el Articulo 14, numeral 3 de la Ley de Propiedad y las del Reglamento de Personal”.- II.- Que el Censor en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además tanto en el numeral primero y segundo hace referencia al material probatorio cuando en este recurso acudir al referido material es de carácter excepcionalísimo y no por las causas que cita el censor. Y por ultimo en ninguno de los dos numerales señala que norma fue infringida faltándole claridad y precisión por tal omisión.- III.- El Recurrente subsidiariamente solicita nulidad alegando lo siguiente: “NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA TANTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO.- ADMINISTRATIVO.- Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violentó el procedimiento según su considerando que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la “DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR EN MATERIA DE PERSONAL POR NO SER CONFORME A DERECHO POR INFRINGIR EL ORDENAMIENTO JURIDICO, CON GRAVE QUEBRANTAMIENTO DE FORMALIDADES ESENCIALES .QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD Y SU NULIDAD.- QUE SE RECONOZCA UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA AFECTADA POR LA EMISION DEL ILEGAL ACTO ADMINISTRATIVO, TOMANDOSE CUANTAS MEDIDAS SEAN NESESARIAS PARA EL PLENO RESTABLECIMIENTO DE LA MISMA, ENTRE ELLAS EL REINTEGRO, MAS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION LABORAL. Promovida por el señor CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día trece (13) de Octubre del año dos mil once (2011), asimismo EN LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dictó sentencia de fecha nueve (09) de Febrero dos mil doce (2012), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de ser cierto los hechos que constan en expedientes tanto en la demanda como en su pieza conocida en apelación, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma. La Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha nueve (09) de Febrero de dos mil doce (2012), Honorables Magistrados, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicción en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de merito. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el articulo Artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.- IV.- En vista que los alegatos de nulidad del Censor (forma y contenido de la sentencia) se encuentran circunscritos a las causales del recurso de casación, es por ende esa la senda correcta para atacar dicha resolución; además, del estudio de los fallos dictados en primera y segunda instancia no se aprecia ninguna situación en que se haya vulnerado el derecho de defensa y al debido proceso que pudieran dar lugar a la nulidad alegada, en consecuencia es procedente desestimar la nulidad.- V.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA, en su condición de apoderado de la parte demandada. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad solicitada. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha catorce de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 458-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL