Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-457-12 — Registro 7396

Resumen

En primera instancia se declaró procedente la acción por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelacioón, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Pero es el caso que el motivo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica correcta ya que la norma que el infirmante considera infringida (literal b) del numeral 1) del articulo 719 del Código Procesal Civil) es la disposición que autoriza al Censor en acudir al Tribunal de casación o sea en otras palabras, es el precepto autorizante. Para que prosperara el recurso por un defecto procesal debió señalar la norma que regula la etapa procesal a la que se refiere y explicar su infracción.-"En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, representada en juicio por el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA y Recurrido: El Abogado HUMBERTO ULICES LOBO GARRIDO, actuando en nombre propio.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir la nulidad de actos administrativos, en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica particular individualizada, reintegro al cargo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de abril del dos mil diez, por el señor HUMBERTO ULICES LOBO GARRIDO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que inició su relación laboral de servicios con el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Educación mediante acuerdo del Poder Ejecutivo, asignado a la Dirección Departamental de Educación de Olancho, Acuerdo número 0866-SE-99, Comayagüela M.D.C., de fecha 6 de diciembre del año 1999, en el cargo de Oficial Jurídico I, con un sueldo inicial de L.6,286.00 mensuales. Que con fecha 23 de abril del año 2010, fue notificado de la cancelación de su cargo por CESANTIA mediante Acuerdo número 0873-SE-l0 de fecha 16 de abril del 2010, amparado en el articulo 53 incisos a) y b) de la Ley de Servicio Civil y 278 del Reglamento, cancelándole por las siguientes razones: a) por Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario y b) por reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Que la acción de despido es ilegal e injusta, en virtud de que le violan garantías constitucionales a saber: a) El derecho al trabajo, b) La garantía del derecho a la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, c) La autoridad nominadora debió previamente haber considerado previo a cancelarle por cesantía lo siguiente: 1.- No fue evaluado de acuerdo a la ley, 2.- No le consideró los años de servicio que ha laborado para la administración pública. 3.- No se le consideró la condición de ser padre de familia. 4.- No se consultó al Consejo de Servicio Civil.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, manifiesta que rechaza el hecho de que la cancelación por Cesantía deba declarase nula por no haberse seguido el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en virtud que para llegar hasta la emisión del precitado Acuerdo, se siguió el procedimiento que ordena tanto la Ley del Servicio Civil como su Reglamento; por lo que no incurrió la parte demandada en desobediencia a la ordenanza constitucional que garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de conformidad con los señalamientos contemplados en el Artículo 129 de la Constitución de la República. Que la autoridad nominadora, previo a emitir el Acuerdo Número 0873-SE-l0 de fecha 16 de abril del 2010, mediante el cual cancela por Cesantía al autor de la demanda, siguió el procedimiento establecido en el Artículo 53 literal (b) de la Ley de Servicio Civil y en el Artículo 278 literal b) del Reglamento de la misma Ley, los cuales expresan que procederá la Cesantía de uno o más servidores públicos debido a la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, condiciones que se dieron en el caso que nos ocupa, por consiguiente el acto administrativo impugnado, el cual no guarda ninguna relación con los actos de suspensión o despido, no debe calificarse como injusto e ilegal ni mucho menos debe conllevar más responsabilidad por parte de la demandada, que la de hacerle efectivo al señor Humberto Ulises Lobo Garrido, el pago en función de sus derechos laborales.- 3.- Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de septiembre del 2011, mediante sentencia definitiva declaró PROCEDENTE la acción por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anula totalmente. Se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para el pleno restablecimiento del mismo, se adoptan las siguientes medidas: 1) Se ordena el reintegro del demandante al cargo que ocupaba al momento de su cancelación.- 2) Se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación al pago a favor del demandante señor HUMBERTO ULISES LOBO GARRIDO, de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que este sea restituido en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, bonos y vacaciones. Asimismo se decreta la nulidad del acto administrativo por medio del cual se nombró al sustituto del demandante, si así fuere el caso, sin costas; bajo el criterio de que la Ley del Servicio Civil y su Reglamento establecen los requisitos y el procedimiento a seguir por parte de la autoridad nominadora para cancelar a uno o más servidores públicos, ya sea por cesantía o por despido y de la revisión y estudio del presente caso de autos se desprende que el acto administrativo impugnado por medio del cual se canceló por cesantía al demandante, se dictó con infracción del ordenamiento jurídico, ya que no se evacuó todo el procedimiento que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para emitir dicho acto, lo que es totalmente incorrecto e improcedente, pues se debe cumplir estrictamente con la totalidad de los presupuestos que ordena la Ley para cancelar por cesantía a los servidores públicos.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 25 de enero del 2012, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, representada en juicio por el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, presentó en fecha 30 de marzo del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 25 de enero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 20-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 222-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 9 de abril del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado HUMBERTO ULICES LOBO GARRIDO, actuando por si mismo, presentó en fecha 27 de abril del 2012, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 30 de abril del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado HUMBERTO ULICES LOBO GARRIDO, demandante, en fecha 11 de mayo del 2012 y el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, apoderado de la parte demandada, en fecha 21 de mayo del 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado HUMBERTO ULICES LOBO GARRIDO, demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 25 de mayo del 2012, en concepto de parte recurrida y el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, apoderado de la parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha 28 de mayo del 2012, en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su motivo manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Infracción directa a lo establecido en el literal b) del numeral 1 del artículo 719 del código procesal civil, RECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el Código Procesal Civil Artículo 719 “Causales del Recurso” numeral 1) se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…… b) “Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión”. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: Expresa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el considerando número siete (7): “establece que del estudio y análisis de las pruebas presentadas por las partes y el expediente administrativo en general, la misma es incongruente ya que solo observa la cancelación del servidor público y no observa la situación de indefensión que el juzgado ha producido al no llevar a cabo el debido proceso ya que el mismo admitió medios probatorios que debieron ser evacuados, la inspección admitida en primera instancia medio de prueba fundamental para la más acertada decisión del juzgado y no se tomo en cuenta tal inspección, por tal situación dicha sentencia no está debidamente motivada faltando a una garantía constitucional además la parte demandante esta en consiente que debió evacuarse el medio de prueba admitido de inspección ya que en su escrito de conclusiones dice: se considera prudente se dicte auto para mejor proveer, en virtud de que se quedo prueba pendiente de evacuar por la parte, al mismo tiempo en auto de fecha trece de septiembre 2011, y que corre en folio numero 59 dicta que “se evacuara en el momento que el juez estime conveniente”.- II.- Pero es el caso que el motivo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica correcta ya que la norma que el infirmante considera infringida (literal b) del numeral 1) del articulo 719 del Código Procesal Civil) es la disposición que autoriza al Censor en acudir al Tribunal de casación o sea en otras palabras, es el precepto autorizante. Para que prosperara el recurso por un defecto procesal debió señalar la norma que regula la etapa procesal a la que se refiere y explicar su infracción.- III.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Abogado ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA, en su condición de apoderado de la parte demandada, en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de Febrero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha veintinueve de Enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 457-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL