Sentencia CA-456-12 — Registro 2961
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia definitiva venida en apelación, declarando improcedente la acción incoada por la demandante, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo Impugnado consistente en el acuerdo de cancelación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que el motivo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en el desarrollo del cargo hace referencia a los hechos que han sido controvertidos, lo cual tiene incidencia con el material probatorio, lo cual es impropio por la exclusión de la revisión probatoria en casación; y, b) señala otras normas por interpretación errónea distintas a la violada por aplicación indebida, lo cual vuelve confuso el cargo, cuando debió alegarlas de forma separada e independiente.-“ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-““ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-“
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CA-456-12
CORTE
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de diciembre del dos mil trece, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Recurrente: La señora CARLA MARINA PAREDES REYES, representada en juicio por la abogada MARIA DE LA PAZ PONCE MENDOZA; y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, representada en juicio por la abogada SANDRA YAMILETH GONZÀLEZ R..-
OBJETO DEL PROCESO: Demanda que se contrae a pedir se declare la nulidad de un acto administrativo por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago total de contrato suscrito a titulo de daños y perjuicios; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de noviembre del dos mil diez, por la señora CARLA MARINA PAREDES REYES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.
ANTECEDENTES DE HECHO.-
1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que comenzó a laborar para la Secretaría de Salud, según acuerdo número 1398 de fecha 14 de julio de 2008, con un contrato de servicios profesionales por tiempo determinado, como Médico Especialista con extensión de jornada en dicha Secretaría al mes de diciembre del año 2008, con el cargo funcional de DIRECTORA de la Unidad Técnica de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEO), por disposición de la Secretaría de Salud, representada en aquel momento por la doctora ELSA PALAOU GARCÍA. Mediante Acuerdo Presidencial Número 043, del 02 de abril de 2009, se le aprobó el nuevo contrato que la ligaba en el mismo cargo funcional, número 9256, de los Servicios Profesionales y Técnicos, y además agregaba funciones como Asesor Técnico del Despacho, contrato que suscribió con el Doctor CARLOS ROBERTO AGUILAR PINEDA, en esta ciudad capital en fecha 20 de febrero del 2009 y que tenía una vigencia del 05 de enero del 2009 al 31 de diciembre de 2009. Resulta, que el día 03 de julio del año 2009, se le hizo entrega del Oficio No. 1702-2009, firmado por el Doctor Mario Luís Noe Villafranca, Secretario de Estado en el Despacho de Salud, a efecto de notificarle la cancelación de su contrato, con efectividad a partir del 08 de julio del 2009, así como el acuerdo de cancelación número 1784 de fecha 06 de julio del 2009, firmado por Seida Patricia Mendoza Irías, Secretaria General; situación que la convierte en una acción en contra del derecho, a la estabilidad en el empleo que es un derecho constitucional, acción irregular discriminatoria y por tanto ilegal, ya que para la terminación se esgrime una causal de las contempladas en el contrato, que supone hace responsable a la Administración del pago del valor total del contrato, dado que la utilización de la misma no puede dejarlos indemnes, y sin responsabilidad, pues sería abrir la puerta a la arbitrariedad. Que no es el primer contrato que la demandante ha suscrito con la Secretaría de Salud, ya que en años anteriores suscribió su primer contrato y el segundo que tiene como plazo de ejecución del 05 de enero al 31 de diciembre del 2009, del cual, por decisión unilateral y antojadiza de las autoridades, sólo laboró seis (6) meses, no obstante ser satisfactorio su desempeño como ASESORA TECNICA DEL DESPACHO, cabe concluir que, si se le contrató nuevamente, significa que esta dentro de un buen perfil productivo y que cumple a cabalidad con su trabajo; y, para finalizar, agrego que en su puesto de trabajo se ha nombrado a otra persona, hecho también que lo convierte en una acción en contra del derecho, irregular y por tanto ilegal. En virtud de haber transcurrido varios días, desde que se le despidió de su cargo y que no obtuvo ninguna indicación relativa al pago total de su contrato de trabajo, dado que la causal esgrimida para la terminación anticipada del contrato, por su naturaleza acarrea responsabilidad, a tal efecto se presento Reclamo Administrativo, con el objeto de que se le cancelara la cantidad de Trescientos Noventa y Siete Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos (L. 397,774.00), que resulta de multiplicar la cantidad de L. 59,000.00 por los cinco (5) meses, y 23 días, que faltaban para la finalización natural del contrato, mas el décimo tercer mes por un valor de L. 59,000.00 en vista que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, declaró sin lugar el Reclamo presentado, notificándole el día lunes 26 de julio del año 2010, de la Resolución que deniega y declara improcedente dicho reclamo; basada en el artículo 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se interpuso recurso de reposición, para que el mismo se sustanciará por la autoridad y en el plazo que la mencionada Ley le señala, para que revisaran lo resuelto y lo repusiera y lo declarara con lugar; empero, igualmente se declaró sin lugar el Recurso presentado, del cual se notifique el 05 de Octubre de 2010; quedando por consiguiente agotada la vía administrativa.-
2.- La parte demandada el Estado de Honduras, manifiesta que se rechazan algunos hechos en virtud que los actos se emitieron conforme a derecho, pues la señora CARLA MARINA PAREDES REYES, al momento de suscribir el contrato de Servicios Profesionales y Técnicos con la Secretaría de Salud, se sometió en su totalidad a cada una de las cláusulas establecidas en dicho contrato; y para ser más específicos la CLAUSULA SÉPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: el cual establece: Este contrato podrá resolverse por las causas y sin ninguna responsabilidad para la “SECRETARÍA” por: (1)....(2) (3) por decisión unilateral de las partes, obligándose a dar en aviso correspondiente con dos días de anticipación, 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10); y 11). Por tanto el procedimiento efectuado se enmarcó en base a ley y en ningún momento se ha cometido acción alguna en contra del derecho de la Demandante, en virtud de estar claramente establecido en el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos número 9256, las razones para la terminación del mismo, por lo que en ningún momento se ha violentado los derechos de la demandante. Que los Contratos son Ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos y por tanto si dicho Contrato concluyó conforme lo establece la Cláusula Séptima por decisión unilateral de una de las partes, en este caso el Estado de Honduras por esto no genera ninguna responsabilidad para éste. Que la Secretaría de Estado en el Despacho de salud, decidió resolver el contrato con fundamento en la cláusula séptima en razón de que él cargo que desempeñaba la Demandante era con un alto perfil y por tanto de confianza, como se puede verificar en la Cláusula Segunda del referido contrato, en donde se establece la descripción de los servicios que por tratarse de un cargo de entera confianza ésta no gozaba de ese privilegio para las nuevas autoridades. Cabe aclarar a ese juzgado que la relación laboral era mediante un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos número 9256, y no así de carácter permanente, por lo que la relación laboral está regida únicamente por lo establecido en dicho contrato; mismo que fue consentido y firmado por ambas partes, aceptando todas y cada una de las cláusulas en él establecidas. Que la demandante pretende que se le haga efectivo el pago de cinco meses y veintitrés días, faltantes para la terminación del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos número 9256, lo que carece de todo fundamento en base a lo alegado en el numeral anterior, pues la Doctora CARLA MARINA PAREDES REYES ahora demandante, aceptó en su totalidad las cláusulas establecidas en el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos número 9256, dentro de las cuales está la Séptima numeral tres (3) que establece: Este contrato podrá resolverse por las causas y sin ninguna responsabilidad para “LA SECRETARIA” por: 1); 2); 3) “Por decisión unilateral de las partes, obligándose a dar en aviso correspondientes con dos días de anticipación” y en virtud que éste fue consentido y firmado por la demandante, el Estado no esta obligado a concederle la pretensión reclamada, debido a que el referido contrato es ley entre las partes y deberá dársele el fiel cumplimiento a cada una de sus cláusulas.-
3.- Que el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de septiembre del 2011, mediante sentencia definitiva declaró procedente la Acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como la Resolución N. 30-2010-SS, de fecha veintidós de marzo de dos mil diez, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en consecuencia se anuló totalmente y se reconoció a favor de la Doctora CARLA MARINA PAREDES REYES, la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se tomaron las siguientes medidas: 1) Condenar al Estado de Honduras a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, al pago a favor de la demandante Doctora CARLA MARINA PAREDES REYES, el cumplimiento del tiempo restante del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos número 9265, equivalente a cinco meses veintitrés días, tiempo que en dinero es la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOS CIENTOS TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L. 340,233.33), cantidad que sale de la operación aritmética siguiente: (L. 59,000.00 X 5 meses = L. 295,000.00; y L. 1,966.66 diarios X 23 días = L 45,233.33); a mismo el pago del décimo tercer mes de salario (Aguinaldo) equivalente a un mes de salario equivalente a la cantidad de cincuenta y nueve mil lempiras exactos (L. 59,000.00). Condenar al Estado de Honduras a través de La SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, a reconocer, ejecutar y pagar a la demandante CARLA MARINA PAREDES REYES, los conceptos señalados en el numeral anterior que suman la cantidad total de TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOS CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L. 399,233.33), sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, no existió motivo o la justa causa para rescindir el Contrato de Servicios Profesionales número 9256 a la Doctora CARLA MARINA PAREDES REYES, y en el evento en que se hubiese presentado esa situación, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, tuvo que haber realizado las investigaciones del caso y levantar el procedimiento respectivo, acción que no se llevo a cabo por parte de la Administración Pública. Que la Ley de Contratación del Estado en su artículo 127 como el Reglamento de la misma, es muy claro en sus artículos 253, 254 y 255, en especificar cuales son las causas de resolución de los Contratos tanto por el contratista como de la administración, cuestión que no sucedió con la demandante, ya que no se acredito que esta incurriera en alguno de los actos que establecen los artículos antes mencionados, para que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, tomara la decisión de rescindir el contrato de Servicios Profesionales número 9256 a la Doctora CARLA MARINA PAREDES REYES. Que la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 24, establece que “los Actos Administrativos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico”. Que el artículo 35 Ley de Procedimiento Administrativo señala que, “son anulables los actos que incurran en cualquier infracción al ordenamiento jurídico incluso el exceso y la desviación de poder”. Que en el presente caso el juzgador estimó que hubo infracción al ordenamiento jurídico por desviación de poder, definido este en el artículo 33 párrafo tercero de la Ley de la Jurisdicción como, “El ejercicio de potestades administrativas parafines distintos de los fijados por la Ley”.-
4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 2 de febrero del 2012, mediante sentencia definitiva declaró con lugar el recurso de apelación y revocó la sentencia definitiva venida en apelación, declarando improcedente la acción incoada por la abogada MARIA DE LA PAZ PONCE MENDOZA, actuando en su condición de apoderada de la señora CARLA MARINA PAREDES REYES, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo Impugnado, sin costas; bajo el criterio que el Código Procesal Civil establece como una facultad procesal del Juez el deber de resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio, el cual en el presente caso es declarar la nulidad del Oficio N° 1702-2009 y Acuerdo de Cancelación Número 1784, ya que la declaratoria de nulidad de un Acto Administrativo es la pretensión principal en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, el Juez A-QUO en la sentencia apelada anuló la Resolución N° 30-2010-SS, ya que considero y establecio que dicha Resolución es el Acto Impugnado y del cual solicita se declare su nulidad, aún y cuando el demandante señala claramente cual es el Acto Impugnado, no siendo dicha Resolución. Que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los Actos de carácter particular o general, de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo, siendo estos los Actos definitivos de la Administración Pública, los cuales adoptan la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias, no siendo un Acto sujeto al derecho Administrativo un Oficio; si bien es cierto, un Acuerdo si lo es, como seria el Acuerdo de Cancelación que señala el demandante, no es menos cierto, que el mismo en el presente caso, no es un Acto definitivo, ya que deriva del Contrato de Servicios Profesionales y de anularse dicho Acuerdo subsistiría el referido Contrato, siendo la acción incoada en materia ordinaria. Que el Juez A-QUO señala en la sentencia apelada que el Contrato de Servicios Profesionales celebrado por las partes y rescindido por la demandada le es aplicable la Ley de Contratación del Estado, la cual establece las causas por las que se puede dar por terminado un contrato, no siendo la que utilizó la demandada para rescindir el contrato de la demandante ninguna de las señaladas en dicha Ley, por lo cual, declaró procedente la acción y condeno a la demandada a pagar a la demandante el cumplimiento del tiempo restante del contrato; sin embargo, la precitada Ley establece como causal para la resolución de un contrato además de las señaladas en la misma las que establezca expresamente el Contrato, rescindiendo el mismo la demandada por la causa señalada en la cláusula séptima numeral 3 del referido contrato, cumpliendo con lo señalado en la misma, por lo cual la resolución del contrato se hizo conforme a derecho.-
5.- La representación procesal de la parte demandante, abogada MARIA DE LA PAZ PONCE MENDOZA, presentó en fecha 5 de marzo del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 2 de febrero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 004-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 654-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha 6 de marzo del 2012, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.-
6.- La representación procesal de la parte demandada, abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ R., presentó en fecha 25 de abril del 2012, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del Recurso de Casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 26 de abril del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificadas personalmente de dicha resolución las abogadas MARIA DE LA PAZ PONCE MENDOZA y SANDRA YAMILETH GONZALEZ R., en fechas 7 y 22 de mayo del 2012.-
7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, las abogadas MARIA DE LA PAZ PONCE MENDOZA y SANDRA YAMILETH GONZALEZ R., presentaron escritos de personamiento en fechas 17 y 25 de mayo del 2012, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia dictada en segunda instancia, y que la Recurrente fundamenta su primer y único motivo manifestando lo siguiente: “Infracción del artículo 127 de la ley de contratación del estado, impugnando la aplicación indebida de esta norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio y sin embargo omitida en la fundamentación jurídica. Conforme a la lectura del fallo, puede establecerse que éste se basa esencialmente en lo expuesto en los considerandos, seis, siete y ocho y que forman parte de los fundamentos de derecho del mismo; la interpretación del artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado, debe estudiarse en relación al reglamento de esta Ley en sus artículos 253 al 260, el reglamento en todos estos artículos no contempla que legalmente Y SIN RESPONSABILIDAD baste la voluntad del Estado para poner fin a un contrato, esto significaría que el Estado en estos casos estaría revestido de autarquía y soberanía lo cual es contrario a derecho, pues una vez que contrata con el particular debe someterse a las reglas de los particulares, por manera que esta interpretación de la corte y su fallo recurrido, que manifiesta que la terminación basada en la cláusula séptima numeral 3) es correcta, es completamente inaceptable, demás está decir que no obstante que en el considerando ocho, el Adquen se refiere a este extremo, no utiliza en sus fundamentos de derecho los artículos 127 de la Ley de Contratación del Estado, y 263 del Reglamento, esta última disposición es la que indica que la resolución de un contrato, motivada por la aplicación del artículo 127 numeral 11, tiene efectos y no instruye que el estado debe o puede quedar indemne si rescinde un contrato por su sola voluntad; si el estado promulga normas tuitivas para ser aplicadas a los trabajadores en general, como en el caso de autos, entonces porqué debe aceptarse que el estado la violente y quede impune? En realidad el efecto en el presente caso, es que se pague el valor restante del contrato, esto en virtud que el cumplimiento del mismo se ha vuelto imposible en razón de la salida del servidor público sin su voluntad. Si bien es cierto la Ley de Contratación del Estado en su artículo UNO contempla que el tipo de contrato objeto de esta controversia, se regula por esta ley, no menos cierto es, que el contrato de servicios profesionales es un cuasi contrato de adhesión y no de libre discusión por cuanto al servidor (trabajador) en estado de necesidad de un empleo, no le queda otra alternativa que firmar, aunque su voluntad no sea libre, así lo ha establecido ampliamente la doctrina, por la circunstancia antes dicha; el A-quo interpretó correctamente los artículos 1, 3, 5, 6, 1346, 1348, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1562, 1573 del Código Civil, en relación a que no puede dejarse a la voluntad de uno de los contratantes la posibilidad de rescindir un contrato sin justa causa y no tener una sanción por ese hecho, en el caso de autos la Corte sentenciadora interpreta equivocadamente la norma de la Ley de contratación del Estado, pues afirma que por el hecho de haber utilizado la cláusula séptima, numeral 3), para la terminación del contrato, la Administración Pública lo hizo válidamente, lo que es atentatorio además que vulnera un principio constitucional como es el de la estabilidad en el empleo. El A-quo hace una aplicación correcta de la norma (Párrafo primero Art. 35 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosos Administrativo) que le faculta a resolver la cuestión litigiosa conforme a derecho, pues es claro y evidente que las anulaciones de los actos administrativos solicitados, indefectiblemente llevarán a la nulidad de la resolución que tuvo como colofón; no es exacto Honorables Magistrados que por el hecho de solo anular, el oficio y el acuerdo de cancelación, dejaría subsistente el contrato, en virtud que por el solo transcurrir del tiempo esta prestación se había vuelto imposible, dado que las reclamaciones administrativas para que se revisara la decisión de la cancelación, fueron tan dilatados por la administración pública que el contrato se volvió imposible en su cumplimiento, por tanto solo quedaba reclamar el pago, por manera que lo apuntado por el Ad-quen en su fallo en relación al considerando número seis de la fundamentación, son improcedentes y nótese que en los fundamentos de derecho no se utilizó ninguna norma que contradijera objetivamente el fallo de primera instancia, por lo cual se convierte en meras suposiciones y apreciaciones subjetivas del Adquen; el Juez de primera instancia está facultado claramente para fallar en el sentido que lo hizo conforme al artículo 206.2 del Código Procesal Civil; dentro del deber de motivar aplicado al Adquen, éste con su fallo, se apartó de lo establecido en el artículo 207.1 del mismo cuerpo legal, pues en su fallo no existe razonamiento ni fundamento jurídico que apoye su decisión. La Corte recurrida al aplicar esa disposición en forma incorrecta a la presente litis en la forma explicada, ha infringido la Ley por aplicación indebida, lo cual autoriza para que se estime este motivo para la admisión y demás efectos legales. Queda así precisada y justificada la incidencia de esa infracción de esta norma material en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se haya comprendido en el artículo 7 19.2, causales del recurso del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: “2.- Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”.-
II.- Que el motivo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en el desarrollo del cargo hace referencia a los hechos que han sido controvertidos, lo cual tiene incidencia con el material probatorio, lo cual es impropio por la exclusión de la revisión probatoria en casación; y, b) señala otras normas por interpretación errónea distintas a la violada por aplicación indebida, lo cual vuelve confuso el cargo, cuando debió alegarlas de forma separada e independiente.-
III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-
IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 456-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
Martínez
Paz Haslam
Arita