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Sentencia CA-447-12 — Registro 2947

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por los demandantes, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, anulando los acuerdos de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que la Recurrente fundamenta su motivo manifestando lo siguiente: “MOTIVO DE CASACION: Se impugna la aplicación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por violación o falta de aplicación de los Artículos 53 de la Ley del Servicio Civil, 140, 141, 187del Reglamento del Servicio Civil, 129 dela Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna el fundamento de Derecho contenido en el Considerando (4) de la sentencia recurrida: “Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte observa y concluye, que la autoridad nominadora para emitir el Acuerdos de Cancelación por cesantía de las demandantes, las señoras DENY LUZ NIETO Y MA REINALDA GOMEZ GOMEZ, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y su reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violó el ordenamiento legal establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por las demandantes, resultan ser improcedentes por no ajustarse a derecho el acto impugnado.” Como pueden observar Honorables magistrados, la Corte sentenciadora no tomó en consideración en su totalidad las pruebas aportadas por mi representada, las que demuestran, siendo necesario aclarar, que tal situación no constituye ni suspensión ni despido; asimismo se obvió el hecho que la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamientos en cuanto al fondo del asunto, ya que el demandante manifiesta que se le ha despedido sin que previamente se le haya pagado las prestaciones laborales y luego solicita el reintegro al cargo, por lo que no es posible establecer la prevalencia de la petición respecto de una cosa sobre otra. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Artículo 53 literal (b) de la Ley de Servicio Civil y 187 numeral 2) establecen: Reducción se servicio o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 140 del Reglamento de Servicio Civil: Si un servidor fuere separado de su cargo sin mediar justa causa debidamente comprobada, tendrá derecho: 1.- A que se le reintegre a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario. 2.- si lo anterior no fuera posible por motivos de fuerza mayor o se el servidor opta por no reclamar el reintegro, a que se le pague en concepto de indemnización el equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince años tomando como base el promedio de los últimos seis meses de salario devengados o fracción de tiempo menor cuando no se hubiere cumplido en ese periodo. 3.- En el caso del inciso anterior, al pago en concepto de preaviso de un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años. 4.- al pago de la parte proporcional de la cantidad que deberá habérsele pagado en concepto de vacaciones en relación con el tiempo trabajado, cuando no hubiera disfrutado de ese derecho, según dispone la ley y el presente Reglamento. 5.- Al pago de la parte proporcional que corresponda en concepto del decimo tercer mes, en concepto de aguinaldo, y de decimo cuarto mes en concepto de aguinaldo, y decimo cuarto mes en concepto de compensación social. Artículo 141 del Reglamento de Servicio Civil: La indemnización a que se refiere el inciso 2 del Artículo anterior en concepto de auxilio de cesantía, se pagará en forma proporcional al tiempo trabajado. Si bien es cierto las normas antes aludidas pertenecen a un cuerpo legal adjetivo, también es cierto que además tienen el carácter de norma sustantiva, en cuanto confiere el derecho subjetivo a favor de los servidores públicos, por lo que se siguió con el procedimiento establecido en la ley y no puede calificarse como injusto e ilegal ni debe conllevar más responsabilidad. Debe notarse que la demandante, presentó demanda consistente en solicitar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, por medio del cual se le canceló sus nombramientos por cesantía, así como el reintegro a su antiguo puesto de trabajo, mas salarios dejados de percibir, en virtud de alegar, entre otras cosas, que en sus acuerdos de cancelación se argumentan la causal de cesantía pero sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión. Todo lo anterior es falso a la verdad, ya que mi representado se apegó a la normativa jurídica antes mencionada tal como quedó evidenciado en su Acuerdo de Cancelación y como se manifestó en el escrito de Contestación de Demanda, donde en cada uno de sus hechos se hace relación al acto administrativo, y se apega a lo dispuesto en las normas antes señaladas; y tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de Segunda Instancia dejaron sentado erróneamente un criterio que es lesivo a mi representado, quien sí cumplió con la normativa jurídica aplicable al caso que nos ocupa, contrario a lo manifestado por la parte demandante. En el caso que nos ocupa, apreciará este Sumo Tribunal que la petición formulada por las señoras DENY LUZ NIETO Y MA REINALDA GOMEZ GOMEZ, en cuanto a su reclamo alegan que al momento de la notificación, ésta no fue efectuada por el Secretario General, sino el Subgerente de Recursos Humanos; si bien es cierto el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad tiene la facultad para firmar el Acuerdo de Cancelación del demandante, en virtud que así le fue delegado por el Presidente de la República, no es menos cierto que dicho funcionario tiene la facultad a su vez de delegar esa potestad a lo interno de la Instituciónsegún lo establece la ley; por tanto, el hecho que haya sido el Subgerente de Recursos Humanos quien haya notificado la cancelación de hoy las demandantes, no convierte el acto administrativo que impugna en un acto nulo” Analizado el cargo que antecede, se concluye que el mismo no puede prosperar por las siguientes razones: a) no es claro en su formulación ya que alega dos formas distintas de violar la Ley al invocar, por un lado, la aplicación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y por otro, la violación o falta de aplicación de dichas disposiciones; y, b)habiéndose señalado como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, no debió instarse la revisión de los hechos y del material probatorio, ya que el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada puede solicitarse en casación cuando se alega la causal contenida en el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil y en los términos que dispone el artículo 720 numeral 2) de dicho cuerpo legal.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil”” Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno”

Legislación citada

Sentencia

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por la abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA; y, Recurridas: DENI LUZ NIETO y MA REYNALDA GOMEZ GOMEZ, representadas en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de unos actos administrativos, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fueron objeto sin que se les pagaran los derechos e indemnizaciones laborales a que tenían derecho y como medida para el restablecimiento de los derechos, que se ordene a través de sentencia definitiva se les reintegre a sus puestos de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir, vacaciones, decimocuarto mes, decimotercer mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de su cancelación hasta la ejecución de la sentencia, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por las señoras DENI LUZ NIETO y MA REYNALDA GOMEZ GOMEZ, representadas en juicio por el abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representada en juicio por la abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes manifiestan en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con la demandada de la siguiente manera: DENI LUZ NIETO en fecha 27 de marzo del año 2006, desempeñándose al momento del despido como Planificador IV, en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad; y, MA REYNALDA GOMEZ GOMEZ en fecha 8 de septiembre del año 2008, desempeñándose al momento del despido como Secretaria II, de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la Secretaría General, que en fecha 15 de abril del año 2010, se le hizo entrega de los acuerdos números SEDS-0208-2010 y SEDS-0392-2010, de fechas 05 y 09 de abril del año 2010, respectivamente y efectivos a partir del 15 de abril del 2010, en donde el Secretario de Seguridad acuerda la cancelación de sus acuerdos de nombramiento, argumentando la causal de cesantía, pero sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión, violentando el principio de estabilidad laboral. Que en la cancelación de sus nombramientos, no se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que en la audiencia primera de trámite opuso el defecto procesal de prescripción de la acción bajo el argumento que la cancelación por cesantía esta instituido como una facultad discrecional y excepcional que ostenta la administración pública para prescindir de los servicios de un servidor público en el engranaje administrativo, siendo por ello una de las excepciones al principio de estabilidad y permanencia laboral, facultad discrecional cuyo ejercicio no se encuentra supeditado a determinado procedimiento, pudiendo la autoridad nominadora, utilizar cualquier medio para cancelar al personal que desempeña un puesto de trabajo protegido por el régimen del servicio civil, por lo que independientemente del procedimiento utilizado para su cancelación, tiene derecho al pago de sus prestaciones laborales y en el caso de las demandantes se les reconoce el pago de los mismos pero que las actoras nunca mostraron interés de reclamarlo, por lo que se esta ante un acto ajustado a derecho.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha uno de abril del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, anulando los acuerdos de cancelación, reconociendo la situación jurídica individualizada de las demandantes y para su pleno restablecimiento se resolvió reintegrar a las demandantes a los cargos que ocupaban, condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad, al pago a favor de las demandantes de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta que sean restituidas en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, decretando, en su caso, la nulidad de los actos administrativos por los cuales se hayan nombrado sustitutos de las demandantes. Criterio: que en el presente caso se ha comprobado que hubo infracción al ordenamiento jurídico, al haberse cancelado a las demandantes sin seguirse totalmente el procedimiento legal establecido.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha doce de enero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el A-Quo. Criterio: que la autoridad nominadora para emitir los acuerdos de cancelación de las demandantes, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal y al no hacerlo violo el ordenamiento legal establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por las demandantes, resultara ser procedentes por no ajustarse a derecho el acto impugnado, volviéndose éste nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en fecha veintinueve de febrero del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha doce de enero del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.243-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.196-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad quem mediante providencia de fecha uno de marzo del año dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de las demandantes, abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha trece de abril del año dos mil doce escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecisiete de abril del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, asimismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución los abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en fechas treinta de abril y ocho de mayo del año dos mil doce, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, presentaron escritos de personamiento en fechas tres y treinta de mayo del año dos mil doce, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que la Recurrente fundamenta su motivo manifestando lo siguiente: “MOTIVO DE CASACION: Se impugna la aplicación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por violación o falta de aplicación de los Artículos 53 de la Ley del Servicio Civil, 140, 141, 187del Reglamento del Servicio Civil, 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna el fundamento de Derecho contenido en el Considerando (4) de la sentencia recurrida: “Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta Corte observa y concluye, que la autoridad nominadora para emitir el Acuerdos de Cancelación por cesantía de las demandantes, las señoras DENY LUZ NIETO Y MA REINALDA GOMEZ GOMEZ, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y su reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violó el ordenamiento legal establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por las demandantes, resultan ser improcedentes por no ajustarse a derecho el acto impugnado.” Como pueden observar Honorables magistrados, la Corte sentenciadora no tomó en consideración en su totalidad las pruebas aportadas por mi representada, las que demuestran, siendo necesario aclarar, que tal situación no constituye ni suspensión ni despido; asimismo se obvió el hecho que la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamientos en cuanto al fondo del asunto, ya que el demandante manifiesta que se le ha despedido sin que previamente se le haya pagado las prestaciones laborales y luego solicita el reintegro al cargo, por lo que no es posible establecer la prevalencia de la petición respecto de una cosa sobre otra. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Artículo 53 literal (b) de la Ley de Servicio Civil y 187 numeral 2) establecen: Reducción se servicio o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 140 del Reglamento de Servicio Civil: Si un servidor fuere separado de su cargo sin mediar justa causa debidamente comprobada, tendrá derecho: 1.- A que se le reintegre a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario. 2.- si lo anterior no fuera posible por motivos de fuerza mayor o se el servidor opta por no reclamar el reintegro, a que se le pague en concepto de indemnización el equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince años tomando como base el promedio de los últimos seis meses de salario devengados o fracción de tiempo menor cuando no se hubiere cumplido en ese periodo. 3.- En el caso del inciso anterior, al pago en concepto de preaviso de un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años. 4.- al pago de la parte proporcional de la cantidad que deberá habérsele pagado en concepto de vacaciones en relación con el tiempo trabajado, cuando no hubiera disfrutado de ese derecho, según dispone la ley y el presente Reglamento. 5.- Al pago de la parte proporcional que corresponda en concepto del decimo tercer mes, en concepto de aguinaldo, y de decimo cuarto mes en concepto de aguinaldo, y decimo cuarto mes en concepto de compensación social. Artículo 141 del Reglamento de Servicio Civil: La indemnización a que se refiere el inciso 2 del Artículo anterior en concepto de auxilio de cesantía, se pagará en forma proporcional al tiempo trabajado. Si bien es cierto las normas antes aludidas pertenecen a un cuerpo legal adjetivo, también es cierto que además tienen el carácter de norma sustantiva, en cuanto confiere el derecho subjetivo a favor de los servidores públicos, por lo que se siguió con el procedimiento establecido en la ley y no puede calificarse como injusto e ilegal ni debe conllevar más responsabilidad. Debe notarse que la demandante, presentó demanda consistente en solicitar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, por medio del cual se le canceló sus nombramientos por cesantía, así como el reintegro a su antiguo puesto de trabajo, mas salarios dejados de percibir, en virtud de alegar, entre otras cosas, que en sus acuerdos de cancelación se argumentan la causal de cesantía pero sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión. Todo lo anterior es falso a la verdad, ya que mi representado se apegó a la normativa jurídica antes mencionada tal como quedó evidenciado en su Acuerdo de Cancelación y como se manifestó en el escrito de Contestación de Demanda, donde en cada uno de sus hechos se hace relación al acto administrativo, y se apega a lo dispuesto en las normas antes señaladas; y tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de Segunda Instancia dejaron sentado erróneamente un criterio que es lesivo a mi representado, quien sí cumplió con la normativa jurídica aplicable al caso que nos ocupa, contrario a lo manifestado por la parte demandante. En el caso que nos ocupa, apreciará este Sumo Tribunal que la petición formulada por las señoras DENY LUZ NIETO Y MA REINALDA GOMEZ GOMEZ, en cuanto a su reclamo alegan que al momento de la notificación, ésta no fue efectuada por el Secretario General, sino el Subgerente de Recursos Humanos; si bien es cierto el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad tiene la facultad para firmar el Acuerdo de Cancelación del demandante, en virtud que así le fue delegado por el Presidente de la República, no es menos cierto que dicho funcionario tiene la facultad a su vez de delegar esa potestad a lo interno de la Institución según lo establece la ley; por tanto, el hecho que haya sido el Subgerente de Recursos Humanos quien haya notificado la cancelación de hoy las demandantes, no convierte el acto administrativo que impugna en un acto nulo”.- II.- Analizado el cargo que antecede, se concluye que el mismo no puede prosperar por las siguientes razones: a) no es claro en su formulación ya que alega dos formas distintas de violar la Ley al invocar, por un lado, la aplicación de las normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del litigio y por otro, la violación o falta de aplicación de dichas disposiciones; y, b) habiéndose señalado como precepto autorizante el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, no debió instarse la revisión de los hechos y del material probatorio, ya que el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada puede solicitarse en casación cuando se alega la causal contenida en el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil y en los términos que dispone el artículo 720 numeral 2) de dicho cuerpo legal.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su condición de apoderada de la parte demandada, en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintiséis de noviembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 447-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL