Sentencia CA-419-12 — Registro 2751
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que la recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la resolución del fondo del litigio.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo 53 literal b), de la Ley del Servicio Civil y el Artículo 279 de su Reglamento.- INDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: A la demandante no se le han violentado sus derechos, pues la Cancelación por Cesantía de la demandante, fue realizada conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículos 53 literal b) y 279 de su Reglamento, reconociéndosele a la demandante los derechos establecidos en el artículo 55 de la Ley del Servicios Civil, el Juzgado Sentenciador, ha declarado procedente la acción, expresando que no se siguió con el procedimiento establecido para la Cancelación por Cesantía; La sentencia dictada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones, confirma la sentencia dictada en fecha veinte de octubre del dos mil once, razón que motiva la interposición del Recurso de Casación.”.- “Que en la formulación del cargo que antecede, la Impetrante incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible puesto que no indica el precepto autorizante en que estima comprendido el motivo; tampoco precisa si la infracción se deriva de la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como violadas y en su explicación alude a la violación de normas que no señaló en su formulación, como es el caso del artículo 55 de la Ley de Servicio Civil, además que lo expuesto en el mismo carece de sustento para la viabilidad de la impugnación relacionada.- “ Que se la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- “Que en cuanto al problema jurídico de la cesantía en el sector público, objeto del recurso en estudio, ya existe línea jurisprudencial señalada por este Alto Tribunal de Justicia en el sentido de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento”” Señalado lo anterior, es imperativo manifestar, que en este tipo de casos en donde ya este Alto Tribunal ha establecido una línea jurisprudencial, resulta inoficioso continuar recurriendo de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales inferiores, sin aportar elementos que permitan motivar o fundamentar una variación o modificación de la referida jurisprudencia; por ello, el recurrir sin fundamento solo causa mayores costos a la parte que acude a ejercitar el recurso extraordinario de casación, por lo que siendo el Estado el demandado, es obligación de los órganos fiscalizadores del mismo deducir las responsabilidades que correspondan, al estimarse como abuso del Derecho el impugnar las resoluciones sin posibilidades de variar la situación jurídica determinada, que como en casos anteriores, los mismos han sido juzgados y resueltos consistentemente de forma similar”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, numeral 2 literal c (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de agosto de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en juicio por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA y el Recurrido: señora YENNY MARGOT AMADOR RAMOS, representada en juicio por el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto y como medida para el plano reestablecimiento de los derechos que se le reintegre a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, reconocimiento a aumentos otorgados a los demás empleados en su ausencia y en caso de no ser posible el reintegro, se condene al Estado de Honduras al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, con el pago de sueldos dejados de percibir, costas, promovida por la señora YENNY MARGOT AMADOR RAMOS, representada en juicio por el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO representada en juicio por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la demandada el 1 de septiembre del año 1998, según acuerdo de nombramiento 183-98, desempeñándose al momento del despido en el puesto de Asistente de Auditor de Recursos, con puesto No.00510; que fue cancelada por cesantía, mediante acuerdo No.996-2010 del 17 de agosto del 2010, mismo que es ilegal por las razones siguientes: a) no establece causal por la cual se le cancela; b) El artículo 53 de la Ley del Servicio Civil establece las excepciones calificadas en que procede la cancelación por cesantía y en el particular no cumplió ni observó ninguna de estas excepciones, despido que violenta sus derechos, pues no se le practicó ninguna evaluación, ni se le notificó algún resultado por su desempeño dentro de la institución. Solicita la nulidad de un acto administrativo de carácter particular cuya nulidad se pide, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de la cual fue objeto y como medida para el pleno restablecimiento de sus derechos se le reintegre en el puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, reconocimiento a aumentos otorgados a los demás empleados en su ausencia, costas.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, contestó dicha demanda señalando que en ningún momento se ha violentado el procedimiento establecido por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, puesto que previo a la admisión del acuerdo de cancelación No.996-2010, el Consejo de Servicio Civil mediante oficio No.090-CJC-10, dictaminó favorable la cancelación por cesantía, siendo la causa la reducción de servicios de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa lo que la autoridad administrativa determinó, por lo tanto, siendo esta una de las excepciones calificadas por la ley, se trata de una separación legalmente realizada.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veinte de octubre del año dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, se anula el acuerdo de cancelación 996-10, se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrarla a su cargo de asistente de auditor de precios, condena al Estado de Honduras a pagar a favor de la demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta la fecha en que sea reintegrada, más el pago de los beneficios otorgados en su ausencia, se decreta la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante. Criterio: que en el presente caso se ha comprobado que hubo infracción al ordenamiento jurídico al haberse cancelado a la demandante sin seguirse totalmente el procedimiento legalmente establecido, como ser la evaluación periódica que exige la Ley del Servicio Civil.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha nueve de febrero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora no siguió la totalidad del procedimiento que señala el ordenamiento jurídico para cancelar por cesantía a la demandante y a la vez por constar en autos que en el cargo que ocupaba la demandante se nombró sustituto, lo que va contra el fin que persigue la cesantía.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, en fecha nueve de abril del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de recurso de casación por infracción de ley ó doctrina legal contra la sentencia dictada en fecha nueve de febrero del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 026-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 538-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha once de abril del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado, en tiempo y forma, el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, JENNY MARGOT AMADOR RAMOS, representada en juicio por el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR, presentó en fecha diecinueve de abril del año dos mil doce, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, asímismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante ese alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha veinticinco de abril del año dos mil doce el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR y en fecha veintiséis de abril del año dos mil doce la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR, presentó escrito en fecha veintiséis de abril del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida y en fecha treinta de julio del año dos mil doce, se dio por precluído el término concedido a la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, para personarse en las presentes diligencias y se mandó seguir con el trámite correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia y que la recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la resolución del fondo del litigio.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo 53 literal b), de la Ley del Servicio Civil y el Artículo 279 de su Reglamento.- INDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: A la demandante no se le han violentado sus derechos, pues la Cancelación por Cesantía de la demandante, fue realizada conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículos 53 literal b) y 279 de su Reglamento, reconociéndosele a la demandante los derechos establecidos en el artículo 55 de la Ley del Servicios Civil, el Juzgado Sentenciador, ha declarado procedente la acción, expresando que no se siguió con el procedimiento establecido para la Cancelación por Cesantía; La sentencia dictada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones, confirma la sentencia dictada en fecha veinte de octubre del dos mil once, razón que motiva la interposición del Recurso de Casación.”.- II.- Que en la formulación del cargo que antecede, la Impetrante incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible puesto que no indica el precepto autorizante en que estima comprendido el motivo; tampoco precisa si la infracción se deriva de la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como violadas y en su explicación alude a la violación de normas que no señaló en su formulación, como es el caso del artículo 55 de la Ley de Servicio Civil, además que lo expuesto en el mismo carece de sustento para la viabilidad de la impugnación relacionada.- III.- Que se la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- V. Que en cuanto al problema jurídico de la cesantía en el sector público, objeto del recurso en estudio, ya existe línea jurisprudencial señalada por este Alto Tribunal de Justicia en el sentido de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- VI.- Señalado lo anterior, es imperativo manifestar, que en este tipo de casos en donde ya este Alto Tribunal ha establecido una línea jurisprudencial, resulta inoficioso continuar recurriendo de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales inferiores, sin aportar elementos que permitan motivar o fundamentar una variación o modificación de la referida jurisprudencia; por ello, el recurrir sin fundamento solo causa mayores costos a la parte que acude a ejercitar el recurso extraordinario de casación, por lo que siendo el Estado el demandado, es obligación de los órganos fiscalizadores del mismo deducir las responsabilidades que correspondan, al estimarse como abuso del Derecho el impugnar las resoluciones sin posibilidades de variar la situación jurídica determinada, que como en casos anteriores, los mismos han sido juzgados y resueltos consistentemente de forma similar.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5), 316 reformados, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que también se remita certificación al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales.- Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veinte de agosto del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 419-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL