Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-397-13 — Registro 2926

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que los cargos que anteceden en la forma expuesta resultan inadmisibles por la razón siguiente: carece de claridad y precisión el precepto autorizante señalado para cada uno de ellos, ya que el artículo 719 numeral 1), inciso c) y el numeral 2) del Código Procesal Civil, comprenden dos causales de casación distintas, que para efectos de sustentar y entender el alcance del motivo se debió precisar alguna de ellas. Tal falencia determina que los cargos no prosperen

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que este tercer cargo que antecede en la forma expuesta también resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) carece de precisión el cargo en virtud de que no se establece con precisión si la infracción a la ley es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) en la explicación del motivo insta la revisión del material probatorio, lo cual no es permitido en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- " Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil relacionada con el 721 numeral 2) del mismo cuerpo legal citado.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, representado en juicio por la abogada LETICIA GALDÁMEZ CHINCHILLA; y, Recurrido: El señor RIGOBERTO DUARTE RODRIGUEZ, representado en juicio por el abogado FREDIN FÚNEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la anulación de un acto administrativo por no ser conforme a derecho, por infringir el ordenamiento jurídico con grave quebrantamiento de las formalidades esenciales, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de titular de los derechos que se reclaman y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, el pago de las cantidades adeudadas, más el pago de los intereses que establece la Ley de Contratación del Estado, se condene al Estado al pago de una suma adicional por los perjuicios profesionales y morales causados, costas del juicio, promovida por el señor RIGOBERTO DUARTE RODRIGUEZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, representado en juicio por la abogada LETICIA GALDÁMEZ CHINCHILLA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 28 de noviembre de 2006, presentó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, reclamo administrativo para que se proceda a la liquidación de un contrato de consultoría que celebró con dicha Secretaría de Estado, en fecha 3 de abril de 2006 y que se ordene a quién corresponda proceder al pago de L.176,000.00, que se le adeuda por dicho contrato que fue cumplido totalmente por el demandante ejecutando las prestaciones convenidas, sin que se le haya pagado hasta la fecha el precio del mismo; que se pactó con la demandada que por sus servicios se le pagaría al demandante lo mismo que había venido devengando en los contratos anteriores, es decir la cantidad de L.60,000.00 mensuales, pero a esta fecha, no obstante que ha recibido el producto final de la consultoría junto con el informe de la misma, así como recibido el equipo y demás efectos de su trabajo, no se le han pagado los valores acordados; que en fecha 21 de julio de 2006, el Presidente de la República aprobó en todas sus partes el contrato de consultoría para que se le realizara el pago al demandante y esto es una muestra clara por parte del Estado que aceptó que en efecto el demandante cumplió con lo contratado, porque de no ser así qué sentido tenía que le renovaran un contrato cuya fecha de finalización había expirado y que no se había cumplido, pues esto también explica que el único sentido era para cancelarle lo adeudado, porque si no hubiere realizado la consultoría, simple y sencillamente no se hubiese renovado el referido contrato, por tal razón sin lugar a dudas la demandada, además de violentar el derecho del demandante a percibir la remuneración por el trabajo realizado y los procedimientos de resolución de los contratos de consultoría, también incurre en las prohibiciones que establece el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a que no podrá vulnerar las disposiciones dictadas por un órgano de grado superior como lo es la Presidencia de la República.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante presentó un reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en fecha 27 de noviembre del 2006 y no el 28 de noviembre del 2006 como equivocadamente lo afirma, asimismo no es cierto que el demandante haya cumplido totalmente las prestaciones o funciones convenidas en el Contrato de Consultoría celebrado con la citada Secretaría de Estado en fecha 3 de abril del 2006, ya que ni parcialmente concretó los servicios exigidos en el mismo, ni cumplió con las obligaciones correspondientes, lo cual consta en el expediente administrativo que se le siguiera al demandante, siendo lo anteriormente relacionado, la evidente causa del incumplimiento del Contrato de Consultoría por parte del demandante en cuanto a lo pactado y estipulado en dicho contrato, por lo que efectuar dicho pago, sería una erogación y pérdida injusta para las arcas e intereses económicos del Estado (L.176,000.00) por un trabajo no realizado, es por ello que la Administración Pública, justificadamente se niega a efectuar el pago del referido contrato, por cuanto no recibió ni mucho menos percibió los beneficios del servicio profesional de la consultoría, realizada por el demandante en los meses de abril a junio del 2006; que por considerar que lo manifestado por el demandante está completamente alejado de la verdad, porque la Resolución Número A.L.80-2008, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, contiene 16 considerandos, en los cuales la administración demandada fundamenta idóneamente dicha resolución, a fin de declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución A.L.017-2008, por lo que es falso que la administración fundamentó la Resolución A.L.80-2008 de fecha 28 de febrero de 2008, en sólo 5 considerandos, además, por el hecho de que algunos considerandos establezcan el mismo criterio, no le quitan validez jurídica a dicha resolución, de igual forma, en el recurso de reposición el peticionario no presentó ningún hecho o documentación nueva adicional, capaz de permitir resolver favorablemente la reposición citada.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de noviembre de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción interpuesta por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como la resolución No. A.L.080-2008, de fecha 28 de febrero de 2008, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que resolvió el reclamo administrativo número A.L. 017- 2008, de fecha 23 de enero de 2008, dictadas ambas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; en consecuencia se anuló totalmente; reconociendo a favor del demandante la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se tomaron las siguientes medidas: condena al Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, al pago a favor del demandante de los honorarios establecidos en el contrato de consultoría según el Acuerdo N0. 1085, de fecha 21 de julio de 2006, por la cantidad de Lps.176,000.00.; condena al Estado de Honduras a reconocer, ejecutar y pagar al demandante los conceptos antes señalados; en cuanto a los daños y perjuicios reclamados por el demandante, no se reconocieron por no estar acreditados en autos los mismos, sin costas; bajo el criterio que para rescindir un contrato (de consultoría en el presente caso) por las causales de inhabilidad, negligencia o ineficiencia, el consultor debe mostrar en el desempeño de su cargo, actos que no sean situaciones o no hechos aislados, de supuesta negligencia o desconocimiento de las normas, por el contrario es necesario que su incapacidad para el desempeño del cargo sea tan cierto y evidente que no deje lugar a dudas la forma inhábil con el que desempeña y pone en riesgo permanente el éxito de su labor, según el Diccionario de la Real Academia Española describe la inhabilidad como 1. f. Falta de habilidad, talento o instrucción. 2. f. Defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo u oficio.- Una persona inhábil es aquella que sencillamente no podría desempeñar nunca, de manera efectiva, su labor por no contar con suficiente calificación, por lo que “la inhabilidad es aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo o que le resta mérito para ejercer ciertas funciones en un cargo determinado y se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo independientemente de otras”. Y de la revisión del expediente administrativo, se demuestra que el consultor ya había suscrito con la Secretaría otros contratos, por lo que al suscribir un nuevo contrato (acto del que pide su cumplimiento) demuestra tener la capacidad o el perfil profesional requerido para la Consultoría requerida.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de septiembre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que la Secretaría de Finanzas para dictar la resolución del contrato suscrito entre el Consultor, el señor Rigoberto Duarte Rodríguez y la Secretaría precitada, debió de seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y al no hacerlo trajo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resultara ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y por lo consiguiente es nulo.- 5.-La representación procesal de la parte demandada, abogada LETICIA GALDAMEZ CHINCHILLA, presento en fecha catorce de noviembre de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha veinte de septiembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 271-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 108-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- Mediante providencia de fecha seis de marzo de dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, declaró la preclusión del término señalado por la Ley para la contestación del recurso de casación por parte del abogado FREDIN DE JESUS FUNEZ, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO DUARTE RODRIGUEZ, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha trece de marzo de dos mil trece, la abogada LETICIA GALDAMEZ CHINCHILLA.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados LETICIA GALDAMEZ CHINCHILLA y FREDIN DE JESUS FUNEZ, presentaron escritos en fecha veinte de marzo y once de abril de dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente y recurrido, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un primer y segundo motivo, manifestando lo siguiente: “II.- FUNDAMENTACION DEL RECURSO. Partiendo de la realidad de los hechos, el presente Recurso se fundamenta en la forma y contenido de la sentencia y en la aplicación e interpretación de las normas de derecho que regulan los siguientes preceptos: PRIMER MOTIVO.- Violación por falta de aplicación de lo dispuesto en el Artículo 94 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 13 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este primer motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719 numeral 1, inciso C) y el numeral 2) del Código Procesal Civil…. SEGUNDO MOTIVO. Violación por falta de aplicación de lo dispuesto en los Artículos 1348 y 1355 del Código Civil, así mismo de las clausulas contráctales del Contrato de Consultoría de fecha tres (3) de abril del año dos mil seis (2006) firmado entre mi Representado a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y el Señor RIGOBERTO DUARTE RODRIGUEZ. Y el Artículo 207 del Código Procesal Civil que contiene la motivación de las sentencias. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este segundo motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719 numeral 1 literal C) y numeral 2 del Código Procesal Civil.”.- II.- Que los cargos que anteceden en la forma expuesta resultan inadmisibles por la razón siguiente: carece de claridad y precisión el precepto autorizante señalado para cada uno de ellos, ya que el artículo 719 numeral 1), inciso c) y el numeral 2) del Código Procesal Civil, comprenden dos causales de casación distintas, que para efectos de sustentar y entender el alcance del motivo se debió precisar alguna de ellas. Tal falencia determina que los cargos no prosperen.- III.- Que en el tercer motivo se esgrime: “Ser la Sentencia no congruente con las pretensiones deducidas en el pleito, violándose lo dispuesto en el Artículo 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 208 párrafo primero del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: El presente motivo se basa en la Violación de lo dispuesto en Artículo 35 párrafo primero de lo Contencioso Administrativo dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, juzgará dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición… así mismo el articulo 208 párrafo primero del Código Procesal Civil expresa “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en pleito, resulta que mi representado presento pruebas en donde claramente se demuestra el Señor Rigoberto Duarte Rodriguez, no presento ningún informe relacionado con el Contrato de Consultoría por el cual esta requiriendo el pago, es mas se demostró que la referida consultoría no se llevo a cabo y que los documentos que el presenta corresponden a otros trabajos que con anterioridad había desempeñado, los cuales fueron pagados con fondos externos, por lo tanto no pueden ser valorados como prueba del trabajo realizado. Dichas pruebas en ningún momento fueran tomadas en consideración en el presente caso, ya que tanto el Tribunal Ad-Quem como el Juez A-Quo dictaron el fallo sin un análisis de las pruebas presentadas por mi representado”.- IV.- Que este tercer cargo que antecede en la forma expuesta también resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) carece de precisión el cargo en virtud de que no se establece con precisión si la infracción a la ley es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) en la explicación del motivo insta la revisión del material probatorio, lo cual no es permitido en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil relacionada con el 721 numeral 2) del mismo cuerpo legal citado.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha quince de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 397-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL