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Sentencia CA-394-13 — Registro 2971

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: “PRIMERO: El Magistrado ponente en el CUARTO considerando argumenta “…Que del estudio y análisis del presente caso de autos se desprende que la sentencia definitiva venida en apelación está dictada conforme a derecho, esto porque el acto impugnado fue dictado sin seguir procedimiento alguno para su emisión o presupuestos legales para su emisión, ya que no basta con tener la facultad para nombrar y cancelar personal, para estimar con esto, que se puede cancelar al personal sin ningún tipo de supuestos o sin procedimiento alguno, que s lo que sucedió en el caso de autos”. es importante aclarar que el Señor JOSE FRANCISCO MORALES MARTINEZ fue cancelado de conformidad a lo que establece el acuerdo de cancelación número 006-2010 de fecha cuatro (4) de Enero del año dos mil diez (2010) el cual fue dictado por el Instituto de Propiedad, en consecuencia por una institución que en su ley de creación en su artículo cuatro (4) le otorga personalidad jurídica propia, fundamentándose en el artículo 14 numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Propiedad, en consecuencia causa agravio la indefinición sobre la realidad jurídica que apoyó la decisión de mi representado, al cancelar al señor Morales Martínez, en vista de que, como se expresó se siguió el procedimiento legal correspondiente. SEGUNDO En el considerando SEIS, también argumenta “Que el hecho que el demandante este desempañándose en otra institución del estado no es vinculante con la ilegalidad del acto administrativo impugnado, que es la valoración que hacen los tribunales de esta jurisdicción, y el régimen de servicio civil es supletorio para la institución a la que prestó sus servicios el actor... .“ en relación a este punto comprenderán Honorables Magistrados es de suma importancia que el mismo quede claro, ya que hasta el momento el Instituto de la Propiedad está siendo condenado a pagar y hacer efectivo el pago de los derechos que le correspondiera a demandante, mas salarios dejados de percibir, mismos que el demandante ha recibido durante la secuela del juicio, estos deben formar parte de la cuantificación de la indemnización de salarios dejados de percibir, fijados en la sentencia condenatoria, en consecuencia esta liquidación de pago definitiva que se le haga al demandante debe de ser considerada con estos valores que siempre ha devengado siendo el patrono el mismo Estado de Honduras, silos tribunales de justicia no se pronuncia de manera objetiva en relación a este hecho, de qué manera el Estado de Honduras puede ser protegido para que estos hechos no se sigan suscitando y evitar seguir haciéndole daño a las arcas del Estado, al seguir derogando grandes cantidades en “concepto de daños y perjuicios” al pago de Salarios dejados de percibir, cuando en la realidad nunca dejan de percibir, el patrono que es siempre el Estado de Honduras sigue haciendo efectivo sus salarios lo que cambia es la secretaría o dirección a la cual prestan sus servicios. Insisto estos valores deben ser considerados al momento de que el Juzgado ordene hacer efectivo el pago, al no hacerse esto ocasionará grande perjuicio al Instituto de la Propiedad y por ende al ESTADO DE HONDURAS. Y en el SEPTIMO considerando arguye... “Que por los motivos antes expuestos esta Corte Ele Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva y su aclaración venidas en apelación por estar dictadas conformes a derecho”. Es de resaltar Señores Magistrados que al momento de la contestación de la demanda incoada ante mi representada por parte del Abogado Max Rodríguez Bustillo, se acreditó fehacientemente que todos los empleados del Instituto de la Propiedad NO ESTAN SUJETOS AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL; es por esa razón que cuando se han hecho inspecciones a dicho ente, no hay un pronunciamiento favorable al demandante al respecto porque ellos mismos aseveran que el Instituto de la Propiedad no está adscrito a dicho régimen por lo que no están obligados a llevar el procedimiento que servicio civil utiliza al momento de cancelar su personal y con respecto al Acuerdo de cancelación No. 006-2010 de fecha 04 de Enero del año 2010, dictado por el Instituto de la Propiedad, en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 14 numerales 1,2 y 3. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. TERCERO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me basé para defender a mi representada, de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo al señor José Francisco Morales Martínez, del cargo de Registrador Adjunto, dependiente de la Dirección General de Registro del Instituto de la Propiedad. Lainobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establece el Artículo 14 numeral 1, 2 y 3 de la Ley de Propiedad: “Son funciones de los Directores Generales las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, sus reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo; 2) Dirigir y organizar sus respectivas direcciones; 3) Nombrar y remover el personal a su cargo;.. es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte, todo esto en virtud de que el Señor José Francisco Morales Martínez, fue cancelado de su cargo respaldando tal decisión, las atribuciones propias de los Directores Generales provistas en el Articulo 14, numeral 1, 2 y 3, de la Ley de Propiedad y las del Reglamento de Personal vigente para tal efecto. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, podemos demostrar que el 3cto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo lo establecido en la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en los artículos 11 numeral 3 y 7 de la Ley de Propiedad, artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.”.

“ Que la Censora en la forma que expone su demanda de casación, lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, en ninguno de los dos numerales señala que norma fue infringida, faltándole claridad y precisión por tal omisión.”

“ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.”

“ En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.-“

Legislación citada

Sentencia

CORTE

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de enero de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, designada la primera ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: Recurrente: El INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA; y, el Recurrido: JOSÉ FRANCISCO MORALES MARTINEZ, representados en juicio por el abogado MAX RODRIGUEZ BUSTILLO.-

OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal de la administración pública por infracción de ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por haber lesionado derechos del administrado por cancelación o separación injusta e ilegal y como medida para el pleno restablecimiento del derecho se ordene la totalidad del pago de las prestaciones e indemnizaciones legales y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su injusta cancelación hasta la fecha en que se ejecute el fallo, mas el pago de los derechos adquiridos como décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y vacaciones que le correspondan, así como los incrementos salariales que se otorguen al cargo que desempeñaba desde su cancelación hasta la finalización del juicio, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de julio del año dos mil diez, por el señor JOSÉ FRANCISCO MORALES MARTINEZ, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-

ANTECEDENTES DE HECHO.-

1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que fue nombrado en el cargo de Registrador de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Comayagua, según acuerdo No.1416 del 2 de septiembre de 1999, emitido por la Corte Suprema de Justicia, vigente a partir del 16 de septiembre de 1999, siendo cancelado el 4 de enero del año 2010, mediante acuerdo No.006-2010, emitido por la Dirección General de Registro del Instituto de la Propiedad, cancelación en la que no se establece causa o razón alguna para la misma, solamente una supuesta reestructuración organizativa o por razones presupuestarias a fin de obtener una mas eficaz y económica organización administrativa, sin expresar en dicho acuerdo si fue cancelado por despido o cesantía, acto susceptible de nulidad y que no está ajustado a Derecho por las razones que a continuación se expresan: 1) no ha sido empleado temporal sino permanente dentro del personal, 2) no establece textualmente de que se trate de una cancelación por cesantía o por despido ni por cualquier otra razón, simplemente se acordó efectuar un movimiento de personal de esta naturaleza sin ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Propiedad, en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y en la Ley del Servicio Civil y sin estar autorizado por la Dirección General del Servicio Civil. Que la notificación del acto administrativo objeto de la impugnación judicial, resulta evidente que no se cumplieron todos los requisitos que se ordenan en la Ley de Procedimiento Administrativo, pues carece de los siguientes requisitos: 1) no fue notificado personalmente, se le hizo entrega de la copia íntegra del acto impugnado, que en ningún momento se le notificó el acuerdo de cancelación No.006-2010 del 2 de enero del 2010; 2) que no se le indicó al cancelado que el acto ponía fin a la vía administrativa; 3) no se le indicó las acciones que en contra de acto de cancelación procedían; 4) no se le indicó el tribunal competente para conocer de dicho asunto al interesado; y, 5) no se le indicó el plazo para interponer la acción, lo cual no es imputable al particular, sino a la administración pública.-

2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda exponiendo que la cancelación no es injustificada ni ilegal, lo que existe es la voluntad por parte del demandante de terminar con la relación laboral, al solicitar que se le cancelara su nombramiento por asuntos personales, como se expresa en la nota de fecha 1 de diciembre el 2009, dirigida a los miembros del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad y lo que hubo no fue cancelación a su puesto de trabajo sino respuesta a la solicitud de cancelación por el realizada.-

3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación 006-2010 del 4 de enero del 2010, reconociendo la situación jurídica individualizada del demandante y para el pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro del demandante al cargo que ocupaba, condenando al Instituto de la Propiedad al pago a favor del demandante, en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha del acuerdo de cancelación hasta la fecha en que sea restituido en su cargo, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia, se decretó en su caso la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante, en cuanto al alegato establecido por la parte demandada, al establecer que el demandante no tiene derecho a sus pretensiones al estar trabajando de manera simultánea en el Ministerio Público, sin lugar por improcedente, en vista de que se está ante una demanda especial en materia de personal, que lo que se pretende es determinar la procedencia o no de la acción derivada únicamente del procedimiento de cancelación realizado por el Instituto de la Propiedad, sin costas. Criterio: que hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, ya que se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en el mismo para la cancelación del nombramiento del demandante.-

4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que el acto impugnado fue dictado sin seguir procedimiento alguno para su emisión o presupuestos legales para su emisión, ya que no basta con tener la facultad para nombrar y cancelar personal, para estimar con esto que se puede cancelar al personal sin ningún tipo de supuestos o sin procedimiento alguno, que es lo que sucedió en caso de autos.-

5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, interpuso escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de enero del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.013-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 392-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.-

6.- La representación procesal del demandante, representado en juicio por el abogado MAX RODRIGUEZ BUSTILLO, presentó en fecha catorce de mayo del año dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido ¡del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de mayo del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha treinta de mayo del año dos mil trece, la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA y en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil trece, el abogado MAX RODRIGUEZ BUSTILLO.-

7.- Que mediante auto de fecha veintiséis de julio del año dos mil trece, este Tribunal tuvo por personada a la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, en concepto de parte recurrente y se dio por precluído el término concedido y dejado de utilizar por el recurrido, abogado MAX RODRIGUEZ BUSTILLO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos manifestando lo siguiente: “PRIMERO: El Magistrado ponente en el CUARTO considerando argumenta “…Que del estudio y análisis del presente caso de autos se desprende que la sentencia definitiva venida en apelación está dictada conforme a derecho, esto porque el acto impugnado fue dictado sin seguir procedimiento alguno para su emisión o presupuestos legales para su emisión, ya que no basta con tener la facultad para nombrar y cancelar personal, para estimar con esto, que se puede cancelar al personal sin ningún tipo de supuestos o sin procedimiento alguno, que s lo que sucedió en el caso de autos”. es importante aclarar que el Señor JOSE FRANCISCO MORALES MARTINEZ fue cancelado de conformidad a lo que establece el acuerdo de cancelación número 006-2010 de fecha cuatro (4) de Enero del año dos mil diez (2010) el cual fue dictado por el Instituto de Propiedad, en consecuencia por una institución que en su ley de creación en su artículo cuatro (4) le otorga personalidad jurídica propia, fundamentándose en el artículo 14 numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Propiedad, en consecuencia causa agravio la indefinición sobre la realidad jurídica que apoyó la decisión de mi representado, al cancelar al señor Morales Martínez, en vista de que, como se expresó se siguió el procedimiento legal correspondiente. SEGUNDO En el considerando SEIS, también argumenta “Que el hecho que el demandante este desempañándose en otra institución del estado no es vinculante con la ilegalidad del acto administrativo impugnado, que es la valoración que hacen los tribunales de esta jurisdicción, y el régimen de servicio civil es supletorio para la institución a la que prestó sus servicios el actor... .“ en relación a este punto comprenderán Honorables Magistrados es de suma importancia que el mismo quede claro, ya que hasta el momento el Instituto de la Propiedad está siendo condenado a pagar y hacer efectivo el pago de los derechos que le correspondiera a demandante, mas salarios dejados de percibir, mismos que el demandante ha recibido durante la secuela del juicio, estos deben formar parte de la cuantificación de la indemnización de salarios dejados de percibir, fijados en la sentencia condenatoria, en consecuencia esta liquidación de pago definitiva que se le haga al demandante debe de ser considerada con estos valores que siempre ha devengado siendo el patrono el mismo Estado de Honduras, silos tribunales de justicia no se pronuncia de manera objetiva en relación a este hecho, de qué manera el Estado de Honduras puede ser protegido para que estos hechos no se sigan suscitando y evitar seguir haciéndole daño a las arcas del Estado, al seguir derogando grandes cantidades en “concepto de daños y perjuicios” al pago de Salarios dejados de percibir, cuando en la realidad nunca dejan de percibir, el patrono que es siempre el Estado de Honduras sigue haciendo efectivo sus salarios lo que cambia es la secretaría o dirección a la cual prestan sus servicios. Insisto estos valores deben ser considerados al momento de que el Juzgado ordene hacer efectivo el pago, al no hacerse esto ocasionará grande perjuicio al Instituto de la Propiedad y por ende al ESTADO DE HONDURAS. Y en el SEPTIMO considerando arguye... “Que por los motivos antes expuestos esta Corte Ele Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva y su aclaración venidas en apelación por estar dictadas conformes a derecho”. Es de resaltar Señores Magistrados que al momento de la contestación de la demanda incoada ante mi representada por parte del Abogado Max Rodríguez Bustillo, se acreditó fehacientemente que todos los empleados del Instituto de la Propiedad NO ESTAN SUJETOS AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL; es por esa razón que cuando se han hecho inspecciones a dicho ente, no hay un pronunciamiento favorable al demandante al respecto porque ellos mismos aseveran que el Instituto de la Propiedad no está adscrito a dicho régimen por lo que no están obligados a llevar el procedimiento que servicio civil utiliza al momento de cancelar su personal y con respecto al Acuerdo de cancelación No. 006-2010 de fecha 04 de Enero del año 2010, dictado por el Instituto de la Propiedad, en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 14 numerales 1,2 y 3. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. TERCERO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me basé para defender a mi representada, de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo al señor José Francisco Morales Martínez, del cargo de Registrador Adjunto, dependiente de la Dirección General de Registro del Instituto de la Propiedad. La inobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establece el Artículo 14 numeral 1, 2 y 3 de la Ley de Propiedad: “Son funciones de los Directores Generales las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, sus reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo; 2) Dirigir y organizar sus respectivas direcciones; 3) Nombrar y remover el personal a su cargo;.. es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte, todo esto en virtud de que el Señor José Francisco Morales Martínez, fue cancelado de su cargo respaldando tal decisión, las atribuciones propias de los Directores Generales provistas en el Articulo 14, numeral 1, 2 y 3, de la Ley de Propiedad y las del Reglamento de Personal vigente para tal efecto. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, podemos demostrar que el 3cto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, siguiendo lo establecido en la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en los artículos 11 numeral 3 y 7 de la Ley de Propiedad, artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.”.-

II.- Que la Censora en la forma que expone su demanda de casación, lo hace en ausencia manifiesta de la técnica del recurso de casación, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, en ninguno de los dos numerales señala que norma fue infringida, faltándole claridad y precisión por tal omisión.-

III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-

IV.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.-

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintiocho de enero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 394-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

Paz

Arita

Martínez