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Sentencia CA-393-12 — Registro 7392

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la señora demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no señala las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, cuando esa situación fue la señalada como causa o motivo en el precepto autorizante; b) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de mayo del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD representado en juicio por el Abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no ser conforme a derecho por infringir el ordenamiento jurídico, con quebrantamiento de las formalidades esenciales establecidas en la ley, que se reconozca una situación jurídica individualizada de titular de los derechos que se reclaman y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, el reintegro al cargo de auxiliar de tesorería dependiente de la Dirección General Administrativa del Instituto de la Propiedad o a otro de igual o mejor salario y categoría, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que sea reintegrada al puesto del cual fue despedido ilegalmente durante la secuela del juicio, mas el pago de los derechos laborales que ocurran durante el juicio como décimo tercero y décimo cuarto mes de salario vacaciones y bonificación por concepto de vacaciones y costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de noviembre del dos mil diez por la señora BERTHA MARCIA SANTOS, contra EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo con el Instituto de la Propiedad, el 16 de mayo del 2005 mediante acuerdo número 008-2005, en el cargo de Auxiliar de Tesorería; siendo despedida en fecha 01 de noviembre del 2010, con efectividad a partir del 02 de noviembre del 2010, sin invocar ningún tipo de causal.- 2.- La parte demandada, el Instituto de la Propiedad, contestó señalando que acepta unos hechos y rechaza otros y en cuanto a las pretensiones de la demanda los rechaza de pleno derecho lo que se demanda por no estar apegado a la verdad alegando la defensa que el acto administrativo que se impugna es legal ya que para tomar la decisión se siguió el procedimiento legal establecido en la Ley de Propiedad y la Ley de Servicio Civil.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha veintisiete de mayo del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por la señora BERTHA MARCIA SANTOS, representada en juicio por el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación 301-10 de fecha Uno de Noviembre del 2010 emitido por el Instituto de la Propiedad, por medio del cual se canceló por cesantía al demandante. SEGUNDO: Anular el acuerdo de cancelación número 310-10de fecha uno de noviembre del 2010. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante BERTHA MARCIA SANTOS a su cargo de AUXILIAR DE TESORERIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA del Instituto de la Propiedad. CUARTO: Condenar al Estado de Honduras, a través del instituto de la Propiedad, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que este restituido en su cargo, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieren corresponder. QUINTO: Se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante. CON COSTAS”. Bajo el criterio que de la apreciación de los hechos alegados y las pruebas practicadas y los fundamentos de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones, se ha comprobado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico, al haberse cancelado al demandante sin seguirse totalmente el procedimiento legalmente establecido.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional en fecha siete de octubre del dos mil once, emitió resolución mediante la cual falló declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA, en su condición de apoderado legal sustituto del Instituto de la Propiedad; CONFIRMO la sentencia definitiva de fecha veintisiete de mayo del dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sin costas. Bajo el criterio que del estudio y análisis del presente caso de autos se desprende que se encuentra ante un acto administrativo nulo de pleno derecho, esto porque la autoridad nominadora dictó el mismo sin seguir procedimiento alguno para su emisión.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado RUBEN DARIO PONCE AMAYA, presentó en fecha seis (06) de diciembre del dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha siete (07) de octubre del dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 257-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 673-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha siete (07) de diciembre del dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación, y ordenó dar copia del escrito de merito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, presentó en fecha siete (07) de febrero de dos mil doce (2012), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho (08) de febrero del dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ, apoderado de la parte demandante, en fecha diez (10) de febrero del dos mil doce (2012); y mediante tabla de avisos el Abogado RUBEN DARIO PONCE, apoderado de la parte demandada, en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2012).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado LEE ANTONIO RAMIREZ, presentó escrito de personamiento en fecha diecisiete (17) de abril del dos mil doce (2012), en concepto de parte recurrida y el Abogado RUBEN DARIO PONCE, presentó escrito de personamiento en fecha cuatro (04) de mayo del dos mil doce (2012).- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: El Magistrado ponente en el cuarto considerando argumenta “……que del estudio y análisis del presente caso, de autos se desprende que nos encontramos ante un acto administrativo nulo de pleno derecho, esto porque la Autoridad Nominadora dictó el mismo, sin seguir procedimiento alguno para su emisión.” y en el quinto considerando arguye...“Que la Ley de Procedimiento Administrativo, así como la Ley de lo Contencioso Administrativo son claras al ordenar respectivamente que el acto administrativo es nulo cuando ha sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; y que la sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder”. Es de resaltar Señores Magistrados que al momento de la contestación de la demanda incoada ante mi representada por parte de la señora BERTHA MARCIA SANTOS, se acreditó fehacientemente que todos los empleados del Instituto de la Propiedad NO ESTAMOS SUJETOS AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL, por los siguientes preceptos legales: 1) El Articulo 118 de la Ley General de la Administración Pública, establece que se emitirán por Acuerdo: 1...2 “Los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria”. 2) Es así, que el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, mediante Acuerdo No 037-2005, en sesión ordinaria de fecha 31 de Mayo del 2005, aprobó el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, publicado en el Diario Oficial La Gaceta con el No 30,847, de fecha 11 de Noviembre del año 2005, para su eficacia. El precitado Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, regula las condiciones de trabajo a que deberán sujetarse el Instituto de Propiedad y los servidores y funcionarios dentro de la clasificación como tales que el mismo contrate para la prestación de sus servicios, en cada una de las dependencias en todo el territorio nacional. El Artículo 2 de dicho Reglamento estipula “que quedan sujetos al presente Reglamento de Personal todos los Servidores y Funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) aplicándose el mismo a todas aquellas personas que ejecuten labores bajo su dirección, dependencia o subordinación, en cada una de sus unidades en todo el territorio nacional”. Y en virtud de que el mismo no ha sido derogado, por ende continúa vigente para todos los empleados que laboran para el Instituto de la Propiedad. En consecuencia la demanda promovida por la Señora BERTHA MARCIA SANTOS, tuvo que haber sido ventilada a la luz de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y no como erróneamente lo ha venido realizando el respectivo juzgador. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me basé para defender a mi representada, de que si se llevó a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo a la señora BERTHA MARCÍA SANTOS, del cargo de Auxiliar de Tesorería, dependiente de la Dirección General Administrativa del Instituto de la Propiedad. La inobservancia de los Honorables Magistrados a lo que Establece el Artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad: “son funciones de los Directores Generales” 3) Nombrar y remover el personal a su cargo, es la que nos motiva a interponer este Recurso de Casación ante esta Honorable Corte , todo esto en virtud de que la Señora BERTHA MARCIA SANTOS, fue cancelada de su cargo respaldando tal decisión, las atribuciones propias de los Directores Generales provistas en el Articulo 14, numeral 3 de la Ley de Propiedad y las del Reglamento de Personal.”.- II.- Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no señala las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, cuando esa situación fue la señalada como causa o motivo en el precepto autorizante; b) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que también se solicita la nulidad de los fallos dictados en primera y segunda instancia, en la forma siguiente: “NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA TANTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violentó el procedimiento según su considerando que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la “DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR EN MATERIA DE PERSONAL POR NO SER CONFORME A DERECHO POR INFRINGIR EL ORDENAMIENTO JURIDICO, CON GRAVE QUEBRANTAMIENTO DE FORMALIDADES ESENCIALES .QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD Y SU NULIDAD.- QUE SE RECONOZCA UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA AFECTADA POR LA EMISION DEL ILEGAL ACTO ADMINISTRATIVO, TOMANDOSE CUANTAS MEDIDAS SEAN NESESARIAS PARA EL PLENO RESTABLECIMIENTO DE LA MISMA, ENTRE ELLAS EL REINTEGRO, MAS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION LABORAL. Promovida por la Señora BERTHA MARCIA SANTOS, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día veintisiete (27) de Mayo del año dos mil once (2011), asimismo EN LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dictó sentencia de fecha siete (07) de Octubre de dos mil once (2011), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de ser cierto los hechos que constan en expedientes tanto en la demanda como en su pieza conocida en apelación, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma.- La Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha siete (07) de Octubre de dos mil once (2011), Honorables Magistrados, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicción en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de merito. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el articulo Artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.”.- IV.- Que tal pretensión resulta improcedente, ya que las sentencias proferidas en ambas instancias han sido dictadas llenando los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, tampoco se advierte la existencia de alguna situación que pudiera afectar el derecho de defensa de las partes, así como el debido proceso.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y sin lugar la nulidad absoluta solicitada, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad absoluta solicitada de los fallos de primera y segunda instancia. 3) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha catorce de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 393-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL