Sentencia CA-392-12 — Registro 7391
Resumen
En primera instancia se declaró procedente la acción y reconocer la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento ordena el pago de los salarios dejados de percibir por la demandante, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en el motivo que antecede, la Impetrante no formula una proposición jurídica completa e incurre en una serie de defectos que lo vuelven inadmisible, por lo siguiente: a) invoca al mismo tiempo dos formas diferentes de violar la ley (falta de aplicación e interpretación errónea), las que debió haber formulado en forma separada e independiente; b) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, representada en juicio por la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ y Recurrido: La señora RUTH BELINDA ESCOBER LOPEZ, representado en juicio por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS.- OBJETO DEL PROCESO: Que la demandante se contrae a pedir la nulidad de un acto administrativo en particular en materia de personal por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pronto restablecimiento se ordene el reintegro al cargo en iguales o mejores condiciones con el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios con sus respectivos incrementos en ausencia, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis de noviembre del dos mil tres, por la señora RUTH BELINDA ESCOBER LOPEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que mediante el Acuerdo del Poder Ejecutivo número 0870-SE-1998, emitido en Comayagüela M.D.C. el 28 de septiembre de 1998, efectivo a partir del 7 de julio de 1998, empezó a laborar con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación en el cargo Auxiliar de Contabilidad, asignada en el Centro Educativo Oficial Instituto MANUEL DE JESUS SUBIRANA, de Saba, Colon, devengando un salario mensual; posteriormente en fecha 17 de noviembre del 2003, se le notificó el Acuerdo número 3843-SE-03, emitido en Comayagüela M.D.C. el 7 de noviembre del 2003, por el Secretario de Estado en el Despacho de Educación mediante el cual acuerda cancelarla del cargo por cesantía efectivo a partir del 17 de noviembre del 2003; este acuerdo por cancelación es ilegal e injustificado, en virtud de que no se señala con precisión ni califica las excepciones que establece el articulo 53 de la Ley de Servicio Civil, si es por reducción forzosa de servicio, o por razones de orden presupuestario, o por reducción de servicios para obtener una más eficaz economía y organización administrativa, es el caso que todas las plazas ya se ha nombrado los sustitutos como en el caso de la demandante, tampoco se le evaluó en el servicio. Además manifiesta que se le adeudan el salario que corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2003, hasta la fecha en que fue cancelada.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, manifiesta que se opone a las pretensiones de la demandante, en virtud de alegar que el acto administrativo no contiene vicios de ilegalidad y se justifica en que ésta se efectuó por la figura de la cesantía, la cual conlleva el reconocimiento de las prestaciones e indemnizaciones laborales que al servidor público pudieren corresponderle y las cuales le hubiesen sido cubiertas a la demandante a su entera satisfacción, de conocer la administración su petición en tal sentido, sin embargo, desconociendo la demanda al mismo puesto y en el mismo lugar de trabajo que ocupara antes de su cancelación por cesantía. Además manifiesta que estando reincorporada la autora de la misma, correspondería a esta reclamar lo supuestamente adecuado ante el órgano administrativo correspondiente.- 3.- Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 16 de febrero del 2011, mediante sentencia definitiva declaró procedente la acción y reconocer la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento ordena el pago de los salarios dejados de percibir por la señora Ruth Belinda Escobar Lopez, desde la fecha en que fue cancelada (07 de noviembre del 2003) hasta la fecha que fue nombrada nuevamente (29 de junio del 2006) en su puesto de auxiliar de contabilidad del instituto Manuel de Jesús Subirana del municipio de Saba, Departamento de Colon, sin costas; bajo el criterio de que si bien la Ley de Servicio Civil establece que procede la cesantía de uno o mas servidores públicos por reducción forzosa de servicios o personal para obtener eficacia y economía en la organización administrativa, esta disposición no debe de constituirse en una herramienta para realizar un despido sin causa justificada, es así que si los puestos que han sido cesados siguen en la vigencia presupuestaria de la institución del Estado que la esgrime como causa de despido, la misma se convierte en un despido injustificado, razón por la cual debe reconocérsele a la demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación (07 de Noviembre del 2003) hasta la fecha de su nuevo nombramiento (29 de Junio del 2006).- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 10 de octubre del 2011, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que la demandante no fue reintegrada al puesto que ocupaba, si no que fue nombrada nuevamente a su puesto de auxiliar de contabilidad del INSTITUTO MANUEL DE JESÚS SUBIRANA, en el Municipio de Saba, Departamento de Colon, mediante acuerdo número 1836-SE-2006, de fecha veintinueve de junio del dos mil seis, y a ésta no se le reconocieron los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios ni los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos de salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación (07/11/2003), hasta la fecha de su nuevo nombramiento (29/06/2006), en vista de que su despido fue injustificado y a titulo de daños y perjuicios los salarios que ésta habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales sea reintegrada a su puesto de trabajo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, representada en juicio por la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, presentó en fecha 18 de enero del 2012, escrito de interposición y formalización del recurso de casación, contra la sentencia de fecha 10 de octubre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 234-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 007-05 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- 6.- Mediante providencia de fecha 20 de enero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, apoderado de la señora RUTH BELINDA ESCOBER LOPEZ, presentó en fecha 21 de febrero del 2012, escrito de contestación del Recurso de Casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 22 de febrero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, apoderado de la parte demandante, en fecha 2 de marzo del 2012 y la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, apoderada de la parte demandada, en fecha 28 de marzo del 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, apoderado de la parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 5 de marzo del 2012, en concepto de parte recurrida y la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMINGUEZ CHAVEZ, apoderada de la parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha 10 de abril del 2012, en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que la Recurrente fundamenta su único motivo manifestando lo siguiente: “Infracción por violación o falta de aplicación e interpretación de las normas de Derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en cuanto a la interpretación de los Artículos 53 de la Ley del Servicio Civil, 278 y 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil produciéndose la ilegalidad de la resolución por no estar apegada a derecho, al considerarse que el acto administrativo impugnado no fue dictado conforme a derecho, siendo que la cancelación por cesantía de la cual fue objeto la demandante se enmarco dentro de los procedimientos establecidos en la Ley. Por lo que el perjuicio sufrido por el Estado con motivo de la infracción a las normas de derecho imperativas es evidente según se desprende de la lectura del proceso venido a conocimiento a este Honorable Tribunal Superior de Justicia. El motivo de la cancelación de la Ex-servidora pública RUTH BELINDA ESCOBAR LOPEZ, fue por CESANTIA, Régimen de Cancelación que está instituido en la Ley, como una de las facultades discrecionales y excepcionales que ostenta la Administración Pública para prescindir de los Servicios de un Servidor Público, siendo una de las excepciones al Principio Constitucional de estabilidad y permanencia en el puesto de trabajo, de acuerdo con el Artículo 53, literales a) y b) de la Ley de Servicio Civil.- Ambas razones implican la reducción de personal; por consiguiente la cancelación que contiene el Acto Administrativo Impugnado no es motivo de ilegalidad ni de violación al ordenamiento jurídico, en virtud que el Consejo del Servicio Civil dictaminó favorable LA PROCEDENCIA DE LA CESANTIA SOLICITADA POR LA AUTORIDAD NOMINADORA, siendo la decisión de la Administración pública independiente de la voluntad del empleado, decisión adoptada para una más eficaz y económica organización administrativa, a fin de que cada función se ejercite por el menor número posible de personas de en mayor capacidad disponible a tales fines. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTAN EL MOTIVO. El Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil establece que se podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el consejo del servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la Cesantía por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indica: b) Reducción de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 5 numeral 14: Cesantía es la separación de un empleado de su cargo, debido a reducción forzosa de servicios o de personal, por razones de orden presupuestario o para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, pero que no constituye suspensión o despido. Artículo 278 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil en el cual se establece cuando precede la Cesantía de uno o más servidores públicos por las siguientes razones: b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Artículo 279 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil: Antes de decretarse la cesantía, es necesario primeramente consultar al Consejo del Servicio Civil, si procede o no, justificándola en las causas establecidas en el artículo 278. Luego se deberá comunicar por escrito a la Dirección General la cancelación de los servidores que serán cesanteados con los nombres, apellidos, direcciones, cargos de estos y demás datos en el respectivo formulario de acción de personal. En el caso que nos ocupa hay una clara infracción a la normas de derecho empleadas donde se demostró por esta representación legal del Estado que el acto de la Cesantía aplicada a la demandante fue realizado siguiendo el procedimiento establecido en la Ley y Reglamento de Servicio Civil, habiéndose presentado al proceso las pruebas que sustentan la cancelación por cesantía de la demandante la cual fue realizada siguiendo los parámetros legales establecidos para ese fin. Mi representado en ningún momento violo el ordenamiento jurídico ya que la cancelación por cesantía se ajusto a derecho pues su fundamento se encuentra regulado en el artículo 53 inciso b) de la Ley del Servicio Civil, en relación a los artículos 278 b), 279 y 284 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Habiéndose seguido el procedimiento indicado para cancelar por cesantía a los servidores públicos y el cual se preceptúa en la Ley de Servicio Civil y su reglamento de aplicación, habiéndose comprendido esta cancelación por cesantía en el Artículo 53 numeral b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. PARTE DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. PRIMERO: En cuanto a que se declara Sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por esta representación Legal del Estado de Honduras. SEGUNDO: En cuanto a que se confirma la sentencia definitiva de fecha Dieciséis de Febrero del Dos Mil Once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes y que corre agregada a folio Ciento Cincuenta y Ocho (158) al Ciento Sesenta (160)”.- II.- Que en el motivo que antecede, la Impetrante no formula una proposición jurídica completa e incurre en una serie de defectos que lo vuelven inadmisible, por lo siguiente: a) invoca al mismo tiempo dos formas diferentes de violar la ley (falta de aplicación e interpretación errónea), las que debió haber formulado en forma separada e independiente; b) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de Mayo del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha catorce de Mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 392-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL