Sentencia CA-38-12 — Registro 2744
Resumen
En primera instancia se declara inadmisible la demanda promovida por el recurrente en contra del Estado de Honduras por actos del Ministerio Publico teniendo como no presentada la Demanda y se manda a archivar las actuaciones en segunda instancia se declarao sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto que vino en apelación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Respecto al cargo que antecede, este Tribunal de Casación observa que el mismo no puede prosperar ya que adolece de los siguientes defectos técnicos: 1) el Recurrente manifiesta que este motivo está comprendido en el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, precepto legal que puntualiza las causas de inadmisibilidad de la demanda, olvidando que los supuestos que hacen viable este recurso se encuentran especificados en el artículo 719 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria en el presente caso; 2) se hace mención del artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, pero no se expresa si dicha norma de derecho es la que considera infringida; y, 3) no se fundamenta con la suficiente claridad que requiere todo libelo casacional.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Analizado el cargo que antecede, se advierte: 1) que el Impetrante señala como precepto autorizante el artículo 47 párrafo penúltimo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, disposición legal que trata de la documentación que debe acompañarse a la demanda y de la oportunidad que tiene el demandante para subsanar su falta de presentación, olvidando que las causales de casación se encuentran detalladas en el artículo 719 del Código Procesal Civil; y, b) no se fundamenta con la suficiente claridad el concepto de la infracción. Estas falencias hacen que este motivo tampoco puede ser estimado.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por la parte recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual concluye con la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, pues contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de junio del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: MIGUEL TROCHEZ TRIMINIO, representado en juicio por el Abogado HUMBERTO BARDALES DOMINGUEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir se reconozca judicialmente que la afirmativa ficta ha operado, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, pago de indemnización por daños, perjuicios y daños morales, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado HUMBERTO BARDALES DOMINGUEZ, quién actúa en su condición de apoderado del MIGUEL TROCHEZ TRIMINIO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la FISCALÍA GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que laboraba en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), desde el año 1993, hasta el 28 de julio del 2005, a las 17:20 horas, fecha en que fue capturado dentro de su casa de habitación ubicada en la colonia Santa Marta de San Pedro Sula, por elementos de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio Público, por ser interpuesta una denuncia en las oficinas de la Dirección de Investigación Criminal de Tegucigalpa, por su cónyuge la señora Azucena de Jesús Baca Hernández, en fecha 26 de junio del año 2005, por supuestamente por pertenecer a una organización criminal y que le obligaban a tener relaciones sexuales con su hija, por lo tanto el Ministerio Público calificó los hechos de delitos de VIOLACIÓN E INCESTO, MALTRATO POR TRASGRESIÓN en perjuicio DE MARTHA JACQUELINE TROCHEZ; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en perjuicio de AZUCENA DE JESÚS BACA HERNÁNDEZ, Y MALTRATO POR TRASGRESIÓN en perjuicio de MIGUEL TROCHEZ BACA, sin tener pruebas o evidencias de tales delitos, consecuentemente el 29 de julio del año 2005, el demandante notificó a la Empresa Hondutel, el hecho de haber sido detenido y puesto a las órdenes del Juzgado Penal de San Pedro Sula, lo que le provocaba una suspensión involuntaria al contrato colectivo de trabajo; que en fecha 25 de julio del año 2008, el demandante fue absuelto mediante Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula de los delitos que se le imputaban, en virtud que la Fiscalía del Ministerio Público no aportó los elementos probatorios que sustentaran la acusación; que desde el momento en que el demandante ingresó injustamente al presidio sampedrano hasta la fecha que recobró su libertad, su persona ha sufrido daños, perjuicios y daños morales provocados por el Acto Administrativo emitido por el Ministerio Público, como la pérdida de su empleo, por lo que en fecha 16 de agosto del año 2010, se impugnó el Acto Administrativo ante la Fiscalía General del Ministerio Público y se presentó ante esa misma Institución el Reclamo Administrativo correspondiente de lo cual no se obtuvo resolución alguna dentro de los términos legales; Asimismo el 29 de noviembre del mismo año se presentó escrito para una pronta resolución dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 de la ley de Procedimiento Administrativo. Que el 10 de noviembre del año 2010, se exhibió ante la Fiscalía General del Ministerio Público el trámite de la solicitud de la impugnación del Acto Administrativo y de lo peticionado en el Reclamo Administrativo, así como la solicitud de pronta resolución, para los efecto legales correspondientes.- 2.- Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 29 de marzo del 2011, dicto Auto el cual resuelve: “1.- Declarar inadmisible la demanda promovida por el Abogado Humberto Bardales Domínguez, en su condición de apoderado Judicial del señor Miguel Trochez Triminio, contra el Estado de Honduras por actos del Ministerio Publico Representado Legalmente por el Abogado Luís Alberto Rubí, en consecuencia se tiene como no presentada la Demanda y se manda a archivar las actuaciones.- 2) Ordenar la devolución de los documentos acompañados a la presente demanda previa constancia de lo actuado.- 3) Se le hace saber al interesado que por ser éste un auto Definitivo que pone fin al proceso procede el Recurso de Apelación”, bajo el criterio de que entre la documentación acompañada a la presente demanda se encuentra una sentencia de fecha 16 de junio del 2008, en la cual el Tribunal de Sentencia de esta Ciudad Absuelve al Señor Miguel Trochez Triminio de los delitos de Violación e Incesto razón por la cual el acto cuya nulidad pretende que sea declarada Judicialmente ya no tiene validez alguna pues la Sentencia Absolutoria dictada por un órgano jurisdiccional, por su naturaleza invalida un auto de detención preventiva dictado por el Ministerio Público; dicho en otras palabras es improcedente acudir a la vía Contencioso Administrativo solicitando la Nulidad de un acto que carece de valor razón por la cual y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es procedente declarar de Oficio la INADMISIBILIDAD de la presente demanda.- 3.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 23 de agosto del 2011, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación y confirmando el auto que vino en apelación, sin costas; bajo el criterio de que el demandante dando cumplimiento al previo señalado, presentó como acto impugnado la certificación de un auto motivado de detención preventiva, emitido por la Fiscalía Especial de la Mujer, motivo por el cual, la Juez declaró inamisible la acción, por no corresponder a dicha jurisdicción el conocimiento del mismo y no ser susceptible de impugnación ante la referida jurisdicción, por ser de orden penal, con lo cual no se altera el petitorio como señala el apelante, sino que con la subsanación respectiva el demandante peticiona la nulidad del Acto Impugnado que es el presentado al momento de la subsanación, el cual no corresponde su conocimiento a la relacionada Jurisdicción, así como tampoco corresponde el conocimiento a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la ejecución o el reconocimiento de una afirmativa ficta, ya que esta es una Resolución en sentido afirmativo que únicamente debe ejecutarse por la Autoridad respectiva.- 4.- La representación procesal de la demandante, Abogado HUMBERTO BARDALES DOMINGUEZ, presentó en fecha 31 de octubre del 2011, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 23 de agosto del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 206-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 0501-2011-00004 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- 5.- Mediante providencia de fecha 7 de noviembre del 2011, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de Casación y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a la parte del respectivo personamiento del mismo ante este alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución a la parte demandante, Abogado HUMBERTO BARDALES DOMINGUEZ, en fecha 2 de diciembre del 2011.- 6.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado HUMBERTO BARDALES DOMINGUEZ, presentó escrito de personamiento en fecha 8 de diciembre del 2011, en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, producidas en las mismas, o bien por vulneración de la normativa sustancial o jurídico-material aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser apegadas a derecho y acertadas, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del derecho administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- II.- El Abogado HUMBERTO BARDALES DOMÍNGUEZ estructura su primer motivo de casación de la siguiente manera: “El Tribunal de Apelación de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo, se fundamenta en los antecedentes de Derecho como causa de inadmisibilidad de la acción entre otras, cuando su conocimiento no correspondiere a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y cuando tuviere por objeto autos no susceptibles de impugnación, mediante la acción contencioso administrativa; Así mismo establece que no corresponde a dicha jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral, penal y aquellas otras que aunque relacionadas con actos de la Administración Pública se atribuyen por una Ley a otra jurisdicción y que no se admitirá la acción contencioso administrativa de los actos que se dicten en virtud de una Ley que expresamente les excluya de dicha vía. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 51 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual estipula: Articulo 51: El Juzgado podrá declarar inadmisible la Demanda cuando conste cualquiera de las siguientes causas: a) La falta de jurisdicción o incompetencia del Juzgado con arreglo al Capitulo 1, del Titulo Primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lo cual no es el caso, ya que según el mencionado Capitulo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del Juicio, tal como lo expresa la Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo en la Resolución que corre en el expediente de mérito, en folio 30 del expediente. El literal “b” como causa de inadmisibilidad expresa: Que la acción se deduce contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación conforme a las reglas del Capitulo 1 del Titulo III, de igual manera no aplica ya que la pretensión que se deduce en la Demanda esta regulada en el Artículo 29, Titulo Tercero, Capitulo Primero (Actos Impugnables) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que estipula: Artículo 29: Cuando se formulare alguna petición ante la administración y esta no notificare la resolución en los plazos señalados en el artículo 84 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el interesado podrá denunciar el retrazo y transcurrido ocho días desde la denuncia podrá considerar denegada su petición, a efecto de formular esta denegación presunta el correspondiente recurso administrativo o la Acción Jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolución expresa de su petición. En cuanto a los literales “c” y “ch” del Articulo 51 en cuanto a las causas de inadmisibilidad no concurren de igual manera que los literales mencionados”.- III.- Respecto al cargo que antecede, este Tribunal de Casación observa que el mismo no puede prosperar ya que adolece de los siguientes defectos técnicos: 1) el Recurrente manifiesta que este motivo está comprendido en el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, precepto legal que puntualiza las causas de inadmisibilidad de la demanda, olvidando que los supuestos que hacen viable este recurso se encuentran especificados en el artículo 719 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria en el presente caso; 2) se hace mención del artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, pero no se expresa si dicha norma de derecho es la que considera infringida; y, 3) no se fundamenta con la suficiente claridad que requiere todo libelo casacional.- IV.- El Impetrante estructura su segundo motivo de casación de la siguiente manera: “Se infringe el debido proceso al señalar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo los defectos procesales que se deben subsanar y los documentos que se deben acompañar, y una vez cumplidos los requisitos el Tribunal resuelve que no es competente para conocer del proceso por no ser el acto administrativo de los sujetos a impugnación según el Titulo III del Capitulo 1 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 47, ante penúltimo párrafo, de la Ley de lo Contencioso Administrativo estipula: Si no se acompañaren tales documentos o los presentados fueren incompletos, y en general siempre que el Juzgado estime que no concurren los requisitos necesarios para la validez de la comparecencia, señalará un plazo de cinco días hábiles para que el demandante subsane el defecto, y si no lo hiciere se tendrá por no presentado el Escrito y ordenará archivar las actuaciones. EXPLICACION DE MOTIVO: El Tribunal fundamenta la inadmision de la Demanda en que el documento presentado, en cumplimiento al previo señalado por el Tribunal Contencioso Administrativo que consiste en la certificación de un auto motivado de detención preventiva emitido por la Fiscalia de la Mujer. Acreditándose y subsanándose con dicho documento el Escrito de Demanda para su validez”.- V.- Analizado el cargo que antecede, se advierte: 1) que el Impetrante señala como precepto autorizante el artículo 47 párrafo penúltimo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, disposición legal que trata de la documentación que debe acompañarse a la demanda y de la oportunidad que tiene el demandante para subsanar su falta de presentación, olvidando que las causales de casación se encuentran detalladas en el artículo 719 del Código Procesal Civil; y, b) no se fundamenta con la suficiente claridad el concepto de la infracción. Estas falencias hacen que este motivo tampoco puede ser estimado.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por la parte recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual concluye con la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, pues contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190 numeral 1), 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 200, 700, 701 numeral 1), 703, 704, 716, 717, 719 numeral 1) literal c), 720 numeral 2), 721 numeral 2), 723 numeral 2) literal a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) INADMITIR el recurso de casación de que se ha hecho mérito, en sus dos motivos. 2) declara FIRME la sentencia recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar que existió razón suficiente para litigar. Y MANDA: remitir las actuaciones de instancia, junto con la certificación de esta resolución, al órgano jurisdiccional de su procedencia. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de junio del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha once de junio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 38-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL