Sentencia CA-375-12 — Registro 2757
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el aceurdo de cancelacion de su lugar ade trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “CONSIDERACIONES LEGALES. PRIMERO: Que el Magistrado ponente obvió el hecho que el demandante erróneamente cita el Acuerdo de cancelación No.15-2006 efectivo el treinta y uno (31) de marzo de dos mil seis (2006) por ser inexistente el cual no se encuentra acreditado en el expediente de merito.- Es evidente Honorables Magistrados que puesto que constan en autos tanto la pieza principal como la pieza conocida en apelación esta argumentación. SEGUNDO: Que es evidente la inobservancia de los señores Magistrados de las diligencias por parte de los honorables magistrados en virtud de que efectivamente la demanda es viseada de nulidad en virtud de no existir acto administrativo impugnado probado como es el acuerdo de cancelación Número 015-2006.- establecido en el escrito de subsanación de demanda en el ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO lo expone “El Acto Administrativo Impugnado cuya ¡legalidad y nulidad se pide, consistente en el acuerdo de cancelación número 15-2006, efectivo el 31 de marzo de 2006… “; reconoce la pretensión del demandante, reiterada su equivocación una vez más de la honorable Corte de Apelaciones.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. TERCERO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me base para defender a mi representada de que si se llevo a cabo elprocedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo a la señora EVA ALICIA RODRIGUEZ ELVIR, del cargo que desempeñaba. Con los medios de prueba aportados y con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acreditó fehacientemente, el acto administrativo impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, llevando a cabo el procedimiento legal establecido en el Reglamento de personal del Instituto de la Propiedad, para la cancelación, de empleados y servidores del IP sin responsabilidad de su parte; asimismo es evidente de que la presente sentencia carece de fundamentos y argumentaciones validos para que se lleve a cumplimentar la misma..”.-“Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no señala las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, cuando esa situación se indica como causa o motivo en el precepto autorizante; b) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- “ Que también se solicita la nulidad de los fallos dictados en primera y segunda instancia, en la forma siguiente: “NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA TANTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO MINISTRATIVO ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según su considerandos que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- 2.- La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- El Artículo 79 inciso a) en relación con el articulo 80 inciso e), se debe declarar inadmisible la demanda.- De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la “DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR EN MATERIA DE PERSONAL POR NO ESTAR CONFORME A DERECHO.- QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD Y SU NULIDAD.- QUE SE RECONOZCA UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA.- ADOPTAR COPMO MEDIDAS NECESARIAS PARA EL PLENO RESTABLECIMIENTO DE LA MISMA, EL REINTEGRO AL CARGO EN IGUALES CONDICIONES.- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DE LA FECHA DECANCELACIÓN HASTA QUE SEA REINTEGRADO AL PUESTO DE TRABAJO, SE RECONOZCA LOS RESPECTIVOS INCREMENTOS SALARIALES QUE EN SU CASO TUVIERA EL CARGO DEL CARGO DEL CUAL FUE DESPEDIDO DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO, MAS EL PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES QUE OCURRAN DURANTE EL JUICIO, COMO DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, VACACIONES Y DEMÁS INDEMNIZACIONES; Promovida por la señora EVA ALICIA RODRIGUEZ ELVIR, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día ocho (8) de diciembre del año dos mil diez (2010), asimismo EN LA CORTE DEAPELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dicto sentencia de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de ser cierto los hechos que constan en expedientes tanto en la demanda como en su pieza conocida en apelación, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma. a Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011), Honorables Magistrados, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicción en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de merito.”.-“ Que tal pretensión de nulidad resulta improcedente, ya que las sentencias proferidas en ambas instancias han sido dictadas llenando los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; tampoco se advierte la existencia de alguna situación que pudiera afectar el derecho de defensa de las partes, así como el debido proceso.-V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.-Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y sin lugar la nulidad absoluta solicitada, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiuno días del mes de mayo del año dos mil trece, la SALA LABORAL–CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, habiéndose designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA ALVARADO y el Recurrido: La señora EVA ALICIA RODRIGUEZ ELVIR, representado en juicio por la Abogada TIRSA NAARA DIAZ LUPIAN.- OBJETO DEL PROCESO: Que la demandante se contrae a pedir la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto y como medida para el restablecimiento de su derecho el reintegro al trabajo, pago de salarios caídos y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora EVA ALICIA RODRIGUEZ ELVIR, contra INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA ALVARADO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que fue nombrada como Transcriptora de la Dirección General de Regularización Predial dependencia del Instituto de la Propiedad mediante Acuerdo Número 2-2006 de fecha 2 de enero de 2006, desempeñando dicho empleo en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. devengando un salario mensual de NUEVE MIL LEMPIRAS (L.9,000.00). Que el 31 de marzo de 2006 de forma sorpresiva e intempestiva se le hizo entrega del Acuerdo de Cancelación Número 18-2006 sin que se invocara en el mismo una causa justificada legalmente y citando artículos de una ley inexistente, ya que expresa que se fundamenta en los artículos 2 y 3 de la LEY DE REGULARIZACION PREDIAL siendo que la ley que rige esa dependencia se llama LEY DE PROPIEDAD, violentando el derecho constitucional de su estabilidad laboral. El acto administrativo es absolutamente ilegal por que el mismo fue dictado y ejecutado prescindiendo del procedimiento establecido legalmente.- 2.- La parte demandada INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, manifiesta que se rechaza las pretensiones de la demandante por no ser cierto su contenido.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de diciembre del 2010, dictó sentencia definitiva declarando Procedente la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia lo anula totalmente, reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para el pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el reintegro de la demandante al cargo de TRANSCRIPTORA de la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad, por ser el cargo en el cual fue nombrada y del cual fue cancelada, condenar al Instituto de la Propiedad al pago a favor de la demandante, en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de efectividad del Acuerdo de Cancelación, 31 de Marzo de 2006, hasta la fecha en que sea restituida en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder; se decreta, en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico al haberse cancelado a la demandante sin seguirse el procedimiento legalmente establecido, ya que dicha cancelación se materializó sin alegar causa válida legal y fáctica y sin observar las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, dicho Reglamento de Personal especifica en su artículo 68 los casos en que el Instituto de la Propiedad podrá dar por cancelado el respectivo acuerdo de nombramiento sin responsabilidad alguna de su parte, debiendo seguir el procedimiento establecido en el articulo 71 del aludido Reglamento, que establece que en caso de faltas graves deberá llamarse al servidor a una audiencia de descargos, misma que no fue realizada, violentándose así su legítimo derecho a defenderse de cualquier cargo en su contra y de presentar cuantas pruebas sirvieren en su descargo, violentando además la garantía constitucional de estabilidad en el trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de septiembre del 2011, dictó sentencia definitiva declarando sin Lugar el recurso de apelación y CONFIRMA la sentencia definitiva de mérito, sin costas; bajo el criterio que nos encontramos ante un acto administrativo nulo de pleno derecho, esto porque la autoridad nominadora dictó el mismo sin seguir procedimiento alguno para su emisión.- 5.- La representación procesal de la demandada, el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA ALVARADO, en su condición de apoderado del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, presentó con fecha 25 de noviembre del 2011, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia de fecha 30 de septiembre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 235-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 205-06 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 29 de noviembre del 2011, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- Que mediante providencia de fecha 6 de marzo del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, se declaró tener por pronunciado en tiempo y forma sobre la formalización del recurso de casación presentado por la Abogada TIRZA NAARA DIAZ LUPIAC, en su condición de apoderada recurrida y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada a ambas partes dicha resolución como parte demandante, Abogada TIRZA NAARA DIAZ LUPIAC y a la parte demandada Abogado JESUS ALFREDO PINEDA ALVARADO, en fecha 27 de abril de 2012.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto de fecha 23 de julio del 2012, declarando precluído el termino concedido y dejado de utilizar por los abogados TIRZA NAARA DIAZ LUPIAC y Abogado JESUS ALFREDO PINEDA ALVARADO, para personarse a este Tribunal, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite de Ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “CONSIDERACIONES LEGALES. PRIMERO: Que el Magistrado ponente obvió el hecho que el demandante erróneamente cita el Acuerdo de cancelación No.15-2006 efectivo el treinta y uno (31) de marzo de dos mil seis (2006) por ser inexistente el cual no se encuentra acreditado en el expediente de merito.- Es evidente Honorables Magistrados que puesto que constan en autos tanto la pieza principal como la pieza conocida en apelación esta argumentación. SEGUNDO: Que es evidente la inobservancia de los señores Magistrados de las diligencias por parte de los honorables magistrados en virtud de que efectivamente la demanda es viseada de nulidad en virtud de no existir acto administrativo impugnado probado como es el acuerdo de cancelación Número 015-2006.- establecido en el escrito de subsanación de demanda en el ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO lo expone “El Acto Administrativo Impugnado cuya ¡legalidad y nulidad se pide, consistente en el acuerdo de cancelación número 15-2006, efectivo el 31 de marzo de 2006… “; reconoce la pretensión del demandante, reiterada su equivocación una vez más de la honorable Corte de Apelaciones.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. TERCERO: Que es evidente con todas las pruebas aportadas en primera instancia y las argumentaciones en que me base para defender a mi representada de que si se llevo a cabo el procedimiento adecuado para poder cancelar de su cargo a la señora EVA ALICIA RODRIGUEZ ELVIR, del cargo que desempeñaba. Con los medios de prueba aportados y con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acreditó fehacientemente, el acto administrativo impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizo causa legal válida, llevando a cabo el procedimiento legal establecido en el Reglamento de personal del Instituto de la Propiedad, para la cancelación, de empleados y servidores del IP sin responsabilidad de su parte; asimismo es evidente de que la presente sentencia carece de fundamentos y argumentaciones validos para que se lleve a cumplimentar la misma..”.- II.- Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) no señala las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, cuando esa situación se indica como causa o motivo en el precepto autorizante; b) pretende la revisión del material probatorio, lo cual es improcedente en este recurso extraordinario, tal como lo determina el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que también se solicita la nulidad de los fallos dictados en primera y segunda instancia, en la forma siguiente: “NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA TANTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO MINISTRATIVO ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según su considerandos que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- 2.- La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- El Artículo 79 inciso a) en relación con el articulo 80 inciso e), se debe declarar inadmisible la demanda.- De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la “DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR EN MATERIA DE PERSONAL POR NO ESTAR CONFORME A DERECHO.- QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD Y SU NULIDAD.- QUE SE RECONOZCA UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA.- ADOPTAR COPMO MEDIDAS NECESARIAS PARA EL PLENO RESTABLECIMIENTO DE LA MISMA, EL REINTEGRO AL CARGO EN IGUALES CONDICIONES.- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DE LA FECHA DE CANCELACIÓN HASTA QUE SEA REINTEGRADO AL PUESTO DE TRABAJO, SE RECONOZCA LOS RESPECTIVOS INCREMENTOS SALARIALES QUE EN SU CASO TUVIERA EL CARGO DEL CARGO DEL CUAL FUE DESPEDIDO DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO, MAS EL PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES QUE OCURRAN DURANTE EL JUICIO, COMO DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, VACACIONES Y DEMÁS INDEMNIZACIONES; Promovida por la señora EVA ALICIA RODRIGUEZ ELVIR, y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día ocho (8) de diciembre del año dos mil diez (2010), asimismo EN LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dicto sentencia de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de ser cierto los hechos que constan en expedientes tanto en la demanda como en su pieza conocida en apelación, por lo que dicha sentencia lo que demuestra es un total desconocimiento de la ley por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma. a Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011), Honorables Magistrados, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicción en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de merito.”.- IV.- Que tal pretensión de nulidad resulta improcedente, ya que las sentencias proferidas en ambas instancias han sido dictadas llenando los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; tampoco se advierte la existencia de alguna situación que pudiera afectar el derecho de defensa de las partes, así como el debido proceso.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y sin lugar la nulidad absoluta solicitada, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en el motivo expuesto. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad absoluta solicitada de los fallos de primera y segunda instancia. 3) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veintiuno de mayo del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 375-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERA