Sentencia CA-370-13 — Registro 2946
Resumen
En primera instancia se dicta sentencia declarando procedente la acción promovida por el demandante, anulando el acuerdo de cancelación emitido, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que elabogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, fundamenta su primer motivo manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el día veintiocho de febrero del dos mil trece, violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por interpretación errónea de los artículos 13,14 y 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el marco jurídico del artículo 719 letra b) y c) del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: Según la doctrina la interpretación errónea de la ley se produce cuando el Juez habiendo aplicado la norma correspondiente al caso, le atribuye un sentido y alcance que no tiene, es decir que solo tiene lugar cuando el fallador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la norma considerada en si misma con prescindencia de la cuestión de hecho que se trata de regular. Esta cita corresponde al Jurisconsulto don Miguel A. Constain de la Obra denominada “La Errónea Interpretación de la Ley no puede producirse a través de errores de hecho o de derecho. Tomo II, página 721”. Expresamos que esta causa del Recurso de Casación, está comprendida en el artículo 719, numeral 1), literal b) del Código Procesal Civil. Cuando la Magistrada ponente doña RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, sostiene en su fallo precisamente en el considerando dos, que la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el veintiséis de octubre del año dos mil doce, expresando que dicho juicio se encontraba para sentencia desde el mes de marzo del año dos mil diez (2010), y bien señala la Magistrada ponente, que transcurrieron dos años siete meses (2 años, 7 meses), para lo cual expresó en su fallo que la PARTE ACTORA TENIA QUE IMPULSAR EL JUICIO, tomando en consideración la errónea interpretación del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dicha norma es la que motiva la impugnación de la sentencia, en virtud que los actos y garantías procesales se debió decretar la nulidad, porque la misma produjo INDEFENSION a mi representado por el contenido de la sentencia, pues este artículo antes citado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, precisa que se deberá declarar la caducidad de la instancia por cualquier causa imputable al actor se haya paralizado un proceso durante seis meses; no obstante la Magistrada ponente expresa QUE ERA EL ACTOR QUIEN TENIA QUE IMPULSAR EL JUICIO PARA QuE EL TRIBUNAL DE OFICIO PROCEDIERA A LA CADUCIDAD.- Hagoreferencia que el actor por circunstancias de interés de su cliente no iba a proceder a impulsar el juicio; y la parte demandada tampoco tiene una razón legal para haber impulsado el juicio, pues en todo caso le correspondería al Tribunal de Primera Instancia de oficio haber decretado la caducidad de oficio amparado en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que obliga al Juzgado a dictar la sentencia en el término de diez días hábiles, y ésta fue ignorada totalmente tanto por el Tribunal de Primera Instancia como por la Corte de lo Contencioso Administrativo! atribuyéndole esta carga procesal a la parte actora en su fallo, ignorando que quien interpone el Recurso de Apelación es la parte demandada; ésta equivocación que erróneamente transmite la sentencia le afecta a la parte demandada. Otro punto muy importante es que la Abogada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, violenta el principio de defensa, si la parte demandante según el fallo de primera instancia en el capítulo de la nulidad del acto, sostuvo que se anule el Acuerdo No.021 del año 2008 de fecha 12 de diciembre de dicho año, PERO NO HACE UNA REPRODUCCION QUE ESTA NULIDAD SEA PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA, sostiene la Magistrada ponente, que cuando el demandante no tiene legitimado un derecho subjetivo, no existe violación al debido proceso. El artículo 14 de la Leyde la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien es cierto, cuando la parte demandante si además de la declaración de ilegalidad o nulidad, se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado.- La parte demandante en su acápite NULIDAD DEL ACTO, expresa que pide la nulidad del Acuerdo No.021-2008 de fecha 12 de diciembre de 2008. efectivo a partir del 12 de diciembre del 2008 emitido por la Dirección Nacionalde Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), por ser el mismo violatorio de los artículos 63, 64, 82, 89, 90, 129, 321 y323 de la Constitución de la República; 1. 19, 20, 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 109 y 112 de la Ley dela Jurisdicción de lo Contencioso .Administrativo., 53, 54, 55 de la Ley de Servicio Civil, 239, 278, 279, 280, 281 y 283 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. La doctrina en este caso cuando el demandante únicamente pretende la anulación, basta que el actor acredite un interés legitimo y directo para que el Tribunal admita la acción y conozca la pretensión planteada, y en este caso el Tribunal se limitará al conocimiento de la pretensión de anulación, PERO NO ENTRARA A CONOCER LA PRETENSION DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA lo antes expuesto lo expresa el considerando nueve la sentencia de primera instancia.- Al declarar sin lugar el Recurso de Apelación, hace suyo elconsiderando citado de la primera instancia; el principio del reconocimiento de la situación jurídica individualizada, no fue solicitado en el capitulo nulidad del acto en la demanda. La Magistrada ponente expresa todo lo contrario al contenido de la demanda, lo que al Tribunal no le permite condenar, incluso la indemnización de daños y perjuicios en el presente caso, porque el actor debió formular las siguientes pretensiones: En primer lugar que se declare ilegal y se anule el acuerdo de despido; en segundo lugar que se le reconozca el derecho a ejercer el cargo para el cual fue nombrado; y en tercer lugar que se decrete el reintegro al mismo cargo que ejercía. Sobre estos puntos citados el tribunal de primera instancia igual que el de la Corte de lo Contencioso Administrativo no tenían derecho a pronunciarse, por eso es que esta causa está comprendida en el articulo 719 literal b) del Código Procesal Civil, quedando comprobado que las normas citadas por la Corte de lo Contencioso Administrativo, interpreta y aplica las normas legales a su librealbedrío, tomando en cuenta que la demandante solicita que le apliquen dos sistemas jurídicos: Primero, la del Tribunal Superior de Cuentas, según hechos tercero, cuarto y quinto de la demanda, se cita para mayor comprensión: “TERCERO: Señor Juez para que pueda proceder a la cancelación de un Auditor Interno debe de considerarse lo dispuesto en los artículos 4, 31 y 1O de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y en lo que al respecto dispone el Acuerdo Administrativo No. TSC-027/2003 contentivo del Manual de Normas Generales de Control Interno, Articulo Tercero C) Normas Generales sobre Auditorias Internas Y. Disposiciones comunes al Auditor Numeral 1.3 en donde se establece las causales para la separación cancelación o despido del cargo al establecer EL AUDITOR INTERNO Y/O SUB AUDITOR INTERNO SOLO PUEDE SER DESPEDIDO DEL CARGO POR LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE DONDE PRESTA SUS SERVICIOS CUANDO SE COMPROBARE PLENAMENTE CON LAS GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO, EL INCUMPLIMIENTO O FALTA GRAVE EN EL EJERCICIO DEL CARO. Estas disposiciones legales fueran ratificadas por el Tribunal Superior de Cuentas el 3 de septiembre del 2004 mediante Acuerdo Administrativo No. TSC-082/2004. CUARTO: El artículo 265 de la Constitución de la República establece que el cargo de Auditor Interno no corresponde al de un funcionario de confianza del Ejecutivo como lo son los Directores o Gerentes de las Instituciones Descentralizadas del Estado, por lo tanto las relacionales laborales de este cargo se ajustan régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general y de esta forma la modalidad, contenido y alcances de dicho régimen se regulan por las leyes, reglamentos y convenio colectivo vigente. QUINTO: Señor Juez la cancelación de que fue objeto mi representada se efectué sin seguir el procedimiento establecido en los artículos 4, 31 y 106 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y en lo que al respecto dispone el Acuerdo Administrativo NoTSC-027/2003, ya que en ningún momento de manera formal o informal se le notificó la comisión de alguna de las faltas citadas en las disposiciones antes mencionadas que constituyan una causal justa que faculten a las autoridades superiores de la demandada para separarla del cargo, igualmente no se le ha otorgado el término de ley para desvanecer o justificar dicha falta, si se hubiere dado la cual no existe ni ha existido, por lo que la cancelación de que fue objeto mi representada se está realizando al margen de la ley. La demandada no fundamentó con las justificaciones legales correspondientes los supuestos motivos del despido tal como está establecido en las Normas Generales sobre las Auditorías Internas Capítulo V. Disposiciones Comunes al Auditor Numeral 1, Acápite 1.3, despidiendo a mi representada sin comprobarle con las garantías del debido proceso incumplimiento o falta grave en el ejercicio del cargo. Por lo anteriormente expuesto es evidente Señor Juez que mi representada fue cancelada ilegalmente de su cargo de Auditor Interno III, por lo cual de pleno derecho se debe declarar procedente la acción anulando totalmente el acto administrativo reclamado, reconociendo la situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado se condene al ESTADO DE HONDURAS por medio de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible “DINADERS” al reintegro de mi representada a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que se encontraba antes de su cancelación ilegal, salarios caídos, incrementos salariales y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio más las costas del juicio. Estando reconocido el pago de mis prestaciones me reservo el derecho de hacerlas efectivas en caso de considerar este Juzgado que no es procedente la acción de reintegro”. En segundo lugar, el ordenamiento de la Ley y Reglamento del Servicio Civil, acaso la demandante demostró que estaba dentro de éste sistema, si hubiera cumplido con lo que expresa el artículo 282 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil si hubiera recurrido al Consejo dentro del término de diez (10) días, la demandante hubiese demostrado que ese era el marcojurídico; al no hacerlo, lo único que estaba obligada la Corte de lo Contencioso Administrativo era aplicar el RégimenJurídico de la institución PRONADE, articulo 35 del Acuerdo 1036 de fecha 5 de septiembre del 2000, por cuanto este motivo se deberá declarar CON LUGAR en sentencia definitiva”.- “ Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el precepto autorizante no ha sido señalado en forma precisa al estimarlo comprendido enel “artículo 719 letra b) y c) del Código Procesal Civil”, cuando cada literal hace referencia a una causal o motivo distinto de casación; y, b) realiza una extensa exposición de alegatos propios de instancia y alude a una cuestión de que ha operado la caducidad de instancia, la cual no reclamó en el momento procesal oportuno.- “ Que el Recurrente fundamenta su segundo motivo, manifestando lo siguiente: “Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el veintiocho de febrero del año dos mil trece, por aplicación e interpretación indebida de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, la cual está comprendida en el articulo 719, numeral 2) del Código Procesal Civil, relacionada con el articulo 5 numeral 26) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: Nuestra doctrina en este caso, establece que cuando a una prueba se le ha dado un sentido distinto del que le atribuye la ley, como ser la Resolución, de dar por terminada la relación de trabajo con el pago de sus prestaciones que aún lo reconoce la demandante en su libelo, y que consta en el Expediente personal que se acompañara a la contestación de la demanda; la señora SAGRARIO PALMA MARTINEZ al momento de dar por terminado las relaciones de trabajo desempeñaba el Puesto de Auditor III en DINADERS, institución que no existe, tal como se comprueba con el Acuerdo No. DE-PRONADERS 002-2011.- La Unidad de Auditoria Interna depende de la Dirección Ejecutiva, por lo tanto todos los empleados son de confianza tomando en cuenta el articulo 5 numeral 26) del Reglamente de la Ley del Servicio Civil; la demandante fue nombrada a través de un Acuerdo para prestar sus servicios personales a la Administración Pública, por la responsabilidad que tiene y las delicadas tareas que desempeñaba con la honradez en sus funciones, se exige que cuenta con te y apoyo especial de la autoridad nominadora; al respecto citamos un oficio No.018-UAI-2008 de fecha 19 de septiembre del 2008. firmado por el señor Reniery Cáceres Núñez, Auditor Interno y la Licenciada Mélida Isis Velásquez, Jefe de Recurso Humanos, y dentro de las recomendaciones que se le exigen a la demandante es no hacer comentarios del trabajo con personas ajenas a su departamento, ó sea que se le exigía confidencialidad de los asuntos que está tratando, guardar la honestidad, profesionalismo y ática en sus labores, igual contenido que se hizo del artículo 5 numeral 26), por lo tanto es una EMPLEADA DE C0NFIANZA y no tenia que dársele el trato que la ponente expresa en su fallo. En cuanto a la referencia que hace al Tribunal Superior de Cuentas, la Abogada ponente en la sentencia expresa que no se comprobó que la señora SAGRARIA PALMA MARTINEZ haya sido nombrada por el Tribunal Superior de Cuentas.- En este punto concordamos con el fallo, pero no es la parte demandada quien cita el Acuerdo Administrativo No.TSC-027/200 contentivo del Manual de Normas Generales de Control Interno, sino es la parte demandante en el hecho tercero de su demanda, y que para tomar referencia de dicho acto lo expresa en mayúscula, el cual cito textualmente; “EL AUDITOR INTERNO Y/O SUB-AUDITOR INTERNO SOLO PUEDE SER DESPEDIDO DEL CARGO POR LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE DONDE PRESTA SUS SERVICIOS, CUANDO SE COMPROBARE PLENAMENTE CON LAS GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO, EL INCUMPLIMIENTO O FALTA GRAVE EN EL EJERCICIO DEL CARGO” Estos hechos citados en el considerando dos (2) de la sentencia, eran suficientes para desestimar la demanda, por la misma relación que hace la Magistrada ponente en el fallo, y todo el pronunciamiento en cuanto al nombramiento de la demandante, es totalmente cierto, el cual se hizo a través del Partido Liberal de Honduras; otro punto importante es que todos los Auditores sin excepción alguna según el marco jurídico del Tribunal Superior de Cuentas, éstos no deben participar de actividades políticas partidistas, como tampoco pertenecer a un sindicato, por ser de confianza, aunque no sean nombrados por el Tribunal Superior de Cuentas. La aplicación indebida tal como lo deja de manifiesto don Miguel Gerardo Salazar, procede cuando se ha comprobado un hecho alegado como básico que manifiestamente ha ocurrido y sobre esa base se deberán aplicar las respectivas disposición legal, de una manera indebida que se dejó de aplicar a un hecho existente, como ser el puesto desempeñado por la demandante al momento de su retiro, fue de Auditor Interno III que es el máximo cargo, porque las instituciones gubernamentales cuentan para sus puestos del I al III, por tanto este motivo es más que suficiente para CASAR la sentencia” Que en el cargo se hace referencia al material probatorio, lo cual resulta impropio en este extraordinario recurso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 720, numeral 1) del Código Procesal Civil, por lo que el mismo resulta inestimable” Que el Impetrante fundamenta su tercer motivo, manifestando lo siguiente: “Ser la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo violatoria de ley sustantiva deorden nacional, específicamente en el considerando cuatro (4) que cita el Tribunal de Segunda Instancia en sus antecedentes de derecho, sosteniendo términos sintéticos que se omitió el procedimiento establecidos en la Ley de Servicio Civil; este motivo está comprendido en los articulas 13, 14 y 25 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relacionado con el articulo 282 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE.Artículo 719 numeral 2) en cuanto a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. Cuando la Honorable Corte de lo Contencioso Administrativo establece en su considerando cuatro (4) que no consta en autos ni se acreditó con pruebas que se haya seguido el procedimiento en base a la Ley de Servicio civil, ni con fundamentos en el anual de Normas Generales del Control Interno del Tribunal Superior de Cuentas.- Estas normas que contienen un procedimiento, pero también es cierto que el artículo 282 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, el cual dice: “El servidor público que considere que la cesantía no fue hecha por las causales enumeradas en el artículo 53 de la Ley y/o con inobservancia del procedimiento establecido, podrá recurrir al Consejo, en el término improrrogable de diez días contados a partir de la fecha de la notificación del Acuerdo de Cancelación”. La Magistrada ponente en su relato en el considerando cuatro (4), nada más toma un aspecto de la ley, pero la obligación de la Corte no tiene que ser sublime, sinó de carácter jurídico, no consta en el expediente ni en las pruebas aportadas por la parte demandante, que hayan interpuesto reclamo dentro del término de diez días ante el Consejo del Servicio Civil, contra el Acuerdo de Cancelación; al no hacerlo, expresamente está aceptando el contenido del acuerdo, esta observación la Magistrada ponente no la tomó en consideración, y que era de carácter obligatorio para la solución del fondo del litigio. En cuanto al Manual de Normas Generales de Control Interno del Tribunal Superior de Cuentas, no es mi representado la que se ha fundamentado en su aplicación, sinó es la misma demandante en su demanda en su hecho tercero, por lo tanto más bien, al citar dicho manual, se hace más clara la posición por las normas legales que encierra dicho manual, y que sostiene que todos los Auditores Internos son de confianza, pero la demandante al citar el Acuerdo Administrativo No. DS-O7/2OO que contiene el Manual de Normas Generales de Control Interno, estaba solicitando la aplicación de las disposiciones comunes al Auditor, según su numeral 1.3, donde se establecen las causales de separación, cancelación ó despido del cargo, y no es la parte demandada que puso en vigencia dentro del juicio dicho Manual de Normas Generales; no obstante la magistrada ponente descarga el considerando en contra de la parte demandada, por lo que hace una interpretación desajustada a derecho, por esta razón legal se deberá tornar en consideración este motivo declarándolo CON LUGAR en sentencia definitiva”.- “ Que tampoco resulta admisible el anterior motivo, por las razones siguientes: a) no indica si la infracción proviene de falta o indebida aplicación o interpretación errónea de las disposiciones que cita; y, b) al igual que en el anterior cargo, hace referencia al material probatorio” Que el Censor del fallo fundamenta su cuarto motivo, manifestando lo siguiente: “Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el veintiocho de febrero del año dos mil trece, por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, el cual se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el artículo 35 del Acuerdo 1036-00 publicado el día martes 5 de septiembre del año dos mil. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación está comprendido en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas en forma errónea para la solución del fondo del litigio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. La doctrina que es la fuente formal del derecho, nos indica, que esta actitud de una aplicación indebida, procede cuando se aplica la norma legal pertinente al hecho ó caso regulado por ella, ó sea con acierto por tal aspecto, pero haciéndole producir efectos que la norma legal aplicada no contempla pese al texto claro de la letra; así se contempla en los considerandos cinco, seis, siete y ocho de los antecedentes de derecho que la Magistrada ponente registra en su sentencia, puntualizando en lo siguiente: 1) Haber citado el artículo 5 del Acuerdo 1036-00 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el martes 5 de septiembre del año 2000, mediante número 29,268.- Dicho artículo contiene lo siguiente: El personal de la DINADERS, será objeto de libre nombramiento y REMOCION DEL DIRECTOR EJECUTIVO, conforme a los procedimientos aprobados. Su contratación deberá responder a los requisitos de los perfiles profesionales de cada cargo, contenidos en el Manual de Personal establecido en el Titulo I, Capítulo III de este Reglamento. Cuando la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece con claridad y precisión, que la representación y defensa de las entidades estatales se regirá por lo que dispongan las Leyes Especiales ó su respectivas leyes orgánicas. La Corte de lo Contencioso Administrativo acepta el contenido del Reglamento de la Ley de DINADERSI en cuanto que le corresponde al Director la LIBRE REMOCION DEL PERSONAL, pero no obstante dicho fallo, señala que se hará con los procedimientos aprobados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; en cuanto a esto último es absolutamente falso que contenga dicho reglamento; como tampoco el reglamento se aprobó hasta el año 2010, como antes lo expresara y lo sostengo que fue aprobado el martes 5 de septiembre del año 2000, cuando fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta; para ilustración se vuelve a acompañar Honorables Magistrados. En dicho considerando sigue sosteniendo arbitrariamente que la demandante fue cancelada antes de la emisión de dicho reglamento, por lo tanto estaba protegida par la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; ya acreditamos que dicho reglamento no fue emitido en la fecha que indica la magistrada ponente, por lo tanto es de aplicación obligatoria el contenido del artículo 25 el cual no fue debidamente aplicado, y además expresando un diferente contenido del artículo35 del Reglamento contenido en el Acuerdo No.1036-00 que es de la Ley para el Desarrollo Rural Sostenible, y que dice textualmente: “Artículo 35.- El personal de la DINADERS será objeto de libre nombramiento y remoción del Director Ejecutivo conforme a los procedimientos aprobados. Su contratación deberá responder a los requisitos de los perfiles profesionales de cada cargo contenidos en el Manual de Personal establecido en el Titulo I, Capítulo III de este reglamento”; posteriormente la señora SAGRARIO PALMA MARTINEZ se le dio por terminada su relación de trabajo en uso de las facultades que el artículo 35 de dicho reglamento le confiere al Director Ejecutivo de DINADERS además de haberle demostrado al Tribunal de Primera Instancia que el puesto de la demandante ya no existía porque PRONADERS sufrió una reestructuración mediante Decreto 137-2011, desapareciendo las instituciones de DINADERS y FONADERS.- La demandante laboraba como Auditor III, máximo nombramiento en esta clase de puesto en DINADERS, la cual NO EXISTE. 2) El considerando SEIS expresa que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, la Abogadaponente no señala cuál es el ordenamiento jurídico que infringió mi representada, cuando ésta se apegó estrictamente al articulo 35 del Acuerdo 1036, que la magistrada ponente en su considerando cinco lo deforma jurídicamente. 3) En cuanto al considerando SIETE en cual expresáramos que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo se efectuó a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil doce (2012), habiéndose paralizado dicho juicio dos años siete meses (2 años 7 meses) para dictar el fallo desde el año dos mil diez (2010) del mes de marzo, lo que expusimos en nuestra APELACION, pero la Abogada Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, expresó en el considerando citado que la causa no fue por hechos que se le puedan atribuir al actor; por eso declaró improcedente nuestro alegato, a sabiendas que el Tribunal de primera Instancia en forma ALEVOSA dejó de cumplir el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que manda que dentro de los diez días hábiles de haberse citado las partes se deberá dictar la sentencia, por lo que la apreciación que hace la honorable Magistrada del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es aislado de todas las normas procedimentales y únicamente lo hace con el ánimo de hacer daño al Estado de Honduras. 4) En el considerando OCHO del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, señala la magistrada ponente el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; en ningún momento hemos alegado pretensiones de incompetencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, para que la Corte venga a exponer una norma que no tiene ningún efecto legal en el fallo, por lo tanto, los motivos formulados están debidamente comprendidos en derecho, y solo se persiguen únicamente la aplicación de las normas legales correspondientes, por lo tanto los cuatro motivos del presente recurso deberán declararse CON LUGAR en sentencia que dicte la Honorable Corte Suprema de Justicia, en virtud que la Corte de Apelaciones de lo ContenciosoAdministrativo TRANSGREDIÓ las normas aplicables al presente juicio”.- “ Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no precisa si la infracción proviene de la falta, indebida aplicación o interpretación errónea de las normas citadas; y, b) ataca las denominadas “consideraciones” del fallo y realiza alegatos propios de instancia.- I”Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- X.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 1 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS; y, Recurrido: señora SAGRARIO PALMA MARTINEZ, representada en juicio por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento, consistente en el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios caídos, incrementos salariales, demás derechos que se produzcan y costas del juicio; promovida por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, actuado en su condición de representante procesal de la señora SAGRARIO PALMA MARTINEZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible “DINADERS”, representado en juicio por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a trabajar el 26 de enero del 2006 en el cargo de Asistente de Contabilidad siendo modificado su acuerdo y nombrándola en el cargo de Auditor III; en fecha 12 de diciembre del 2008, la Dirección emitió un acuerdo de cancelación por cesantía el cual era efectivo a partir del mismo día sin seguir el procedimiento establecido en la Ley, violentándole así los derechos a la trabajadora, ya que no se le notifico la comisión de alguna falta ni causal justa para su cancelación.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible “DINADERS”, contestó la demanda expresando que empezó a trabajar para la demandada y que se dio la cancelación en virtud que el puesto que venía despeñando no cumplía con los planes y expectativas que pretendía incrementar dicha institución, tomándose como motivo para emitir tal acto, la reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa en base al artículo 53 de la Ley de Servicio civil.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre del dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida, anulando el acuerdo de cancelación emitido, reconociendo la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento, se ordenó el reintegro a su puesto de trabajo , condenado al Estado de Honduras a el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos en su ausencia, decretando la nulidad del acuerdo de nombramiento en sustitución de su puesto y sin costas, bajo el criterio que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho que se le hayan tomado en consideración las evaluaciones periódicas a la hora demandante y que la disposición contenida en el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, obliga a la autoridad nominadora a tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica y enviar dentro del plazo improrrogable de 7 días hábiles a la Dirección General, no se notifico con un mes de anticipación su cancelación.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiocho de febrero del dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del A quo; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para dictar esta clase de acuerdo y al no hacerlo hubo violación en el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que las acciones interpuesta por los demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y por lo consiguiente los actos son nulos.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en fecha dieciséis de abril del dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la Sentencia dictada en fecha veintiocho de febrero del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 040-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 022-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintitrés de abril del dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la demandante, abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en fecha catorce de mayo del dos mil trece, presento escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de mayo del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fechas dieciséis y veintitrés de mayo del dos mil trece, los abogados OSCAR DOÑAZ CHAVEZ y MARIO GUILLERMO MONTES, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados OSCAR DOÑAS CHAVEZ y MARIO GUILLERMO MONTES, presentaron escritos de personamiento en fechas veintitrés y veintiocho de mayo del dos mil trece, como parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, fundamenta su primer motivo manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el día veintiocho de febrero del dos mil trece, violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por interpretación errónea de los artículos 13,14 y 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el marco jurídico del artículo 719 letra b) y c) del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: Según la doctrina la interpretación errónea de la ley se produce cuando el Juez habiendo aplicado la norma correspondiente al caso, le atribuye un sentido y alcance que no tiene, es decir que solo tiene lugar cuando el fallador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la norma considerada en si misma con prescindencia de la cuestión de hecho que se trata de regular. Esta cita corresponde al Jurisconsulto don Miguel A. Constain de la Obra denominada “La Errónea Interpretación de la Ley no puede producirse a través de errores de hecho o de derecho. Tomo II, página 721”. Expresamos que esta causa del Recurso de Casación, está comprendida en el artículo 719, numeral 1), literal b) del Código Procesal Civil. Cuando la Magistrada ponente doña RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, sostiene en su fallo precisamente en el considerando dos, que la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el veintiséis de octubre del año dos mil doce, expresando que dicho juicio se encontraba para sentencia desde el mes de marzo del año dos mil diez (2010), y bien señala la Magistrada ponente, que transcurrieron dos años siete meses (2 años, 7 meses), para lo cual expresó en su fallo que la PARTE ACTORA TENIA QUE IMPULSAR EL JUICIO, tomando en consideración la errónea interpretación del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dicha norma es la que motiva la impugnación de la sentencia, en virtud que los actos y garantías procesales se debió decretar la nulidad, porque la misma produjo INDEFENSION a mi representado por el contenido de la sentencia, pues este artículo antes citado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, precisa que se deberá declarar la caducidad de la instancia por cualquier causa imputable al actor se haya paralizado un proceso durante seis meses; no obstante la Magistrada ponente expresa QUE ERA EL ACTOR QUIEN TENIA QUE IMPULSAR EL JUICIO PARA QuE EL TRIBUNAL DE OFICIO PROCEDIERA A LA CADUCIDAD.- Hago referencia que el actor por circunstancias de interés de su cliente no iba a proceder a impulsar el juicio; y la parte demandada tampoco tiene una razón legal para haber impulsado el juicio, pues en todo caso le correspondería al Tribunal de Primera Instancia de oficio haber decretado la caducidad de oficio amparado en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que obliga al Juzgado a dictar la sentencia en el término de diez días hábiles, y ésta fue ignorada totalmente tanto por el Tribunal de Primera Instancia como por la Corte de lo Contencioso Administrativo! atribuyéndole esta carga procesal a la parte actora en su fallo, ignorando que quien interpone el Recurso de Apelación es la parte demandada; ésta equivocación que erróneamente transmite la sentencia le afecta a la parte demandada. Otro punto muy importante es que la Abogada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, violenta el principio de defensa, si la parte demandante según el fallo de primera instancia en el capítulo de la nulidad del acto, sostuvo que se anule el Acuerdo No.021 del año 2008 de fecha 12 de diciembre de dicho año, PERO NO HACE UNA REPRODUCCION QUE ESTA NULIDAD SEA PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA, sostiene la Magistrada ponente, que cuando el demandante no tiene legitimado un derecho subjetivo, no existe violación al debido proceso. El artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien es cierto, cuando la parte demandante si además de la declaración de ilegalidad o nulidad, se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado.- La parte demandante en su acápite NULIDAD DEL ACTO, expresa que pide la nulidad del Acuerdo No.021-2008 de fecha 12 de diciembre de 2008. efectivo a partir del 12 de diciembre del 2008 emitido por la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), por ser el mismo violatorio de los artículos 63, 64, 82, 89, 90, 129, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1. 19, 20, 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 109 y 112 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso .Administrativo., 53, 54, 55 de la Ley de Servicio Civil, 239, 278, 279, 280, 281 y 283 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. La doctrina en este caso cuando el demandante únicamente pretende la anulación, basta que el actor acredite un interés legitimo y directo para que el Tribunal admita la acción y conozca la pretensión planteada, y en este caso el Tribunal se limitará al conocimiento de la pretensión de anulación, PERO NO ENTRARA A CONOCER LA PRETENSION DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA lo antes expuesto lo expresa el considerando nueve la sentencia de primera instancia.- Al declarar sin lugar el Recurso de Apelación, hace suyo el considerando citado de la primera instancia; el principio del reconocimiento de la situación jurídica individualizada, no fue solicitado en el capitulo nulidad del acto en la demanda. La Magistrada ponente expresa todo lo contrario al contenido de la demanda, lo que al Tribunal no le permite condenar, incluso la indemnización de daños y perjuicios en el presente caso, porque el actor debió formular las siguientes pretensiones: En primer lugar que se declare ilegal y se anule el acuerdo de despido; en segundo lugar que se le reconozca el derecho a ejercer el cargo para el cual fue nombrado; y en tercer lugar que se decrete el reintegro al mismo cargo que ejercía. Sobre estos puntos citados el tribunal de primera instancia igual que el de la Corte de lo Contencioso Administrativo no tenían derecho a pronunciarse, por eso es que esta causa está comprendida en el articulo 719 literal b) del Código Procesal Civil, quedando comprobado que las normas citadas por la Corte de lo Contencioso Administrativo, interpreta y aplica las normas legales a su libre albedrío, tomando en cuenta que la demandante solicita que le apliquen dos sistemas jurídicos: Primero, la del Tribunal Superior de Cuentas, según hechos tercero, cuarto y quinto de la demanda, se cita para mayor comprensión: “TERCERO: Señor Juez para que pueda proceder a la cancelación de un Auditor Interno debe de considerarse lo dispuesto en los artículos 4, 31 y 1O de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y en lo que al respecto dispone el Acuerdo Administrativo No. TSC-027/2003 contentivo del Manual de Normas Generales de Control Interno, Articulo Tercero C) Normas Generales sobre Auditorias Internas Y. Disposiciones comunes al Auditor Numeral 1.3 en donde se establece las causales para la separación cancelación o despido del cargo al establecer EL AUDITOR INTERNO Y/O SUB AUDITOR INTERNO SOLO PUEDE SER DESPEDIDO DEL CARGO POR LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE DONDE PRESTA SUS SERVICIOS CUANDO SE COMPROBARE PLENAMENTE CON LAS GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO, EL INCUMPLIMIENTO O FALTA GRAVE EN EL EJERCICIO DEL CARO. Estas disposiciones legales fueran ratificadas por el Tribunal Superior de Cuentas el 3 de septiembre del 2004 mediante Acuerdo Administrativo No. TSC-082/2004. CUARTO: El artículo 265 de la Constitución de la República establece que el cargo de Auditor Interno no corresponde al de un funcionario de confianza del Ejecutivo como lo son los Directores o Gerentes de las Instituciones Descentralizadas del Estado, por lo tanto las relacionales laborales de este cargo se ajustan régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general y de esta forma la modalidad, contenido y alcances de dicho régimen se regulan por las leyes, reglamentos y convenio colectivo vigente. QUINTO: Señor Juez la cancelación de que fue objeto mi representada se efectué sin seguir el procedimiento establecido en los artículos 4, 31 y 106 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas y en lo que al respecto dispone el Acuerdo Administrativo NoTSC-027/2003, ya que en ningún momento de manera formal o informal se le notificó la comisión de alguna de las faltas citadas en las disposiciones antes mencionadas que constituyan una causal justa que faculten a las autoridades superiores de la demandada para separarla del cargo, igualmente no se le ha otorgado el término de ley para desvanecer o justificar dicha falta, si se hubiere dado la cual no existe ni ha existido, por lo que la cancelación de que fue objeto mi representada se está realizando al margen de la ley. La demandada no fundamentó con las justificaciones legales correspondientes los supuestos motivos del despido tal como está establecido en las Normas Generales sobre las Auditorías Internas Capítulo V. Disposiciones Comunes al Auditor Numeral 1, Acápite 1.3, despidiendo a mi representada sin comprobarle con las garantías del debido proceso incumplimiento o falta grave en el ejercicio del cargo. Por lo anteriormente expuesto es evidente Señor Juez que mi representada fue cancelada ilegalmente de su cargo de Auditor Interno III, por lo cual de pleno derecho se debe declarar procedente la acción anulando totalmente el acto administrativo reclamado, reconociendo la situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado se condene al ESTADO DE HONDURAS por medio de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible “DINADERS” al reintegro de mi representada a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que se encontraba antes de su cancelación ilegal, salarios caídos, incrementos salariales y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio más las costas del juicio. Estando reconocido el pago de mis prestaciones me reservo el derecho de hacerlas efectivas en caso de considerar este Juzgado que no es procedente la acción de reintegro”. En segundo lugar, el ordenamiento de la Ley y Reglamento del Servicio Civil, acaso la demandante demostró que estaba dentro de éste sistema, si hubiera cumplido con lo que expresa el artículo 282 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil si hubiera recurrido al Consejo dentro del término de diez (10) días, la demandante hubiese demostrado que ese era el marco jurídico; al no hacerlo, lo único que estaba obligada la Corte de lo Contencioso Administrativo era aplicar el Régimen Jurídico de la institución PRONADE, articulo 35 del Acuerdo 1036 de fecha 5 de septiembre del 2000, por cuanto este motivo se deberá declarar CON LUGAR en sentencia definitiva”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) el precepto autorizante no ha sido señalado en forma precisa al estimarlo comprendido en el “artículo 719 letra b) y c) del Código Procesal Civil”, cuando cada literal hace referencia a una causal o motivo distinto de casación; y, b) realiza una extensa exposición de alegatos propios de instancia y alude a una cuestión de que ha operado la caducidad de instancia, la cual no reclamó en el momento procesal oportuno.- III.- Que el Recurrente fundamenta su segundo motivo, manifestando lo siguiente: “Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el veintiocho de febrero del año dos mil trece, por aplicación e interpretación indebida de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, la cual está comprendida en el articulo 719, numeral 2) del Código Procesal Civil, relacionada con el articulo 5 numeral 26) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: Nuestra doctrina en este caso, establece que cuando a una prueba se le ha dado un sentido distinto del que le atribuye la ley, como ser la Resolución, de dar por terminada la relación de trabajo con el pago de sus prestaciones que aún lo reconoce la demandante en su libelo, y que consta en el Expediente personal que se acompañara a la contestación de la demanda; la señora SAGRARIO PALMA MARTINEZ al momento de dar por terminado las relaciones de trabajo desempeñaba el Puesto de Auditor III en DINADERS, institución que no existe, tal como se comprueba con el Acuerdo No. DE-PRONADERS 002-2011.- La Unidad de Auditoria Interna depende de la Dirección Ejecutiva, por lo tanto todos los empleados son de confianza tomando en cuenta el articulo 5 numeral 26) del Reglamente de la Ley del Servicio Civil; la demandante fue nombrada a través de un Acuerdo para prestar sus servicios personales a la Administración Pública, por la responsabilidad que tiene y las delicadas tareas que desempeñaba con la honradez en sus funciones, se exige que cuenta con te y apoyo especial de la autoridad nominadora; al respecto citamos un oficio No.018-UAI-2008 de fecha 19 de septiembre del 2008. firmado por el señor Reniery Cáceres Núñez, Auditor Interno y la Licenciada Mélida Isis Velásquez, Jefe de Recurso Humanos, y dentro de las recomendaciones que se le exigen a la demandante es no hacer comentarios del trabajo con personas ajenas a su departamento, ó sea que se le exigía confidencialidad de los asuntos que está tratando, guardar la honestidad, profesionalismo y ática en sus labores, igual contenido que se hizo del artículo 5 numeral 26), por lo tanto es una EMPLEADA DE C0NFIANZA y no tenia que dársele el trato que la ponente expresa en su fallo. En cuanto a la referencia que hace al Tribunal Superior de Cuentas, la Abogada ponente en la sentencia expresa que no se comprobó que la señora SAGRARIA PALMA MARTINEZ haya sido nombrada por el Tribunal Superior de Cuentas.- En este punto concordamos con el fallo, pero no es la parte demandada quien cita el Acuerdo Administrativo No.TSC-027/200 contentivo del Manual de Normas Generales de Control Interno, sino es la parte demandante en el hecho tercero de su demanda, y que para tomar referencia de dicho acto lo expresa en mayúscula, el cual cito textualmente; “EL AUDITOR INTERNO Y/O SUB-AUDITOR INTERNO SOLO PUEDE SER DESPEDIDO DEL CARGO POR LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE DONDE PRESTA SUS SERVICIOS, CUANDO SE COMPROBARE PLENAMENTE CON LAS GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO, EL INCUMPLIMIENTO O FALTA GRAVE EN EL EJERCICIO DEL CARGO” Estos hechos citados en el considerando dos (2) de la sentencia, eran suficientes para desestimar la demanda, por la misma relación que hace la Magistrada ponente en el fallo, y todo el pronunciamiento en cuanto al nombramiento de la demandante, es totalmente cierto, el cual se hizo a través del Partido Liberal de Honduras; otro punto importante es que todos los Auditores sin excepción alguna según el marco jurídico del Tribunal Superior de Cuentas, éstos no deben participar de actividades políticas partidistas, como tampoco pertenecer a un sindicato, por ser de confianza, aunque no sean nombrados por el Tribunal Superior de Cuentas. La aplicación indebida tal como lo deja de manifiesto don Miguel Gerardo Salazar, procede cuando se ha comprobado un hecho alegado como básico que manifiestamente ha ocurrido y sobre esa base se deberán aplicar las respectivas disposición legal, de una manera indebida que se dejó de aplicar a un hecho existente, como ser el puesto desempeñado por la demandante al momento de su retiro, fue de Auditor Interno III que es el máximo cargo, porque las instituciones gubernamentales cuentan para sus puestos del I al III, por tanto este motivo es más que suficiente para CASAR la sentencia”.- IV.- Que en el cargo se hace referencia al material probatorio, lo cual resulta impropio en este extraordinario recurso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 720, numeral 1) del Código Procesal Civil, por lo que el mismo resulta inestimable.- V.- Que el Impetrante fundamenta su tercer motivo, manifestando lo siguiente: “Ser la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo violatoria de ley sustantiva de orden nacional, específicamente en el considerando cuatro (4) que cita el Tribunal de Segunda Instancia en sus antecedentes de derecho, sosteniendo términos sintéticos que se omitió el procedimiento establecidos en la Ley de Servicio Civil; este motivo está comprendido en los articulas 13, 14 y 25 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relacionado con el articulo 282 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 719 numeral 2) en cuanto a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. Cuando la Honorable Corte de lo Contencioso Administrativo establece en su considerando cuatro (4) que no consta en autos ni se acreditó con pruebas que se haya seguido el procedimiento en base a la Ley de Servicio civil, ni con fundamentos en el anual de Normas Generales del Control Interno del Tribunal Superior de Cuentas.- Estas normas que contienen un procedimiento, pero también es cierto que el artículo 282 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, el cual dice: “El servidor público que considere que la cesantía no fue hecha por las causales enumeradas en el artículo 53 de la Ley y/o con inobservancia del procedimiento establecido, podrá recurrir al Consejo, en el término improrrogable de diez días contados a partir de la fecha de la notificación del Acuerdo de Cancelación”. La Magistrada ponente en su relato en el considerando cuatro (4), nada más toma un aspecto de la ley, pero la obligación de la Corte no tiene que ser sublime, sinó de carácter jurídico, no consta en el expediente ni en las pruebas aportadas por la parte demandante, que hayan interpuesto reclamo dentro del término de diez días ante el Consejo del Servicio Civil, contra el Acuerdo de Cancelación; al no hacerlo, expresamente está aceptando el contenido del acuerdo, esta observación la Magistrada ponente no la tomó en consideración, y que era de carácter obligatorio para la solución del fondo del litigio. En cuanto al Manual de Normas Generales de Control Interno del Tribunal Superior de Cuentas, no es mi representado la que se ha fundamentado en su aplicación, sinó es la misma demandante en su demanda en su hecho tercero, por lo tanto más bien, al citar dicho manual, se hace más clara la posición por las normas legales que encierra dicho manual, y que sostiene que todos los Auditores Internos son de confianza, pero la demandante al citar el Acuerdo Administrativo No. DS-O7/2OO que contiene el Manual de Normas Generales de Control Interno, estaba solicitando la aplicación de las disposiciones comunes al Auditor, según su numeral 1.3, donde se establecen las causales de separación, cancelación ó despido del cargo, y no es la parte demandada que puso en vigencia dentro del juicio dicho Manual de Normas Generales; no obstante la magistrada ponente descarga el considerando en contra de la parte demandada, por lo que hace una interpretación desajustada a derecho, por esta razón legal se deberá tornar en consideración este motivo declarándolo CON LUGAR en sentencia definitiva”.- VI.- Que tampoco resulta admisible el anterior motivo, por las razones siguientes: a) no indica si la infracción proviene de falta o indebida aplicación o interpretación errónea de las disposiciones que cita; y, b) al igual que en el anterior cargo, hace referencia al material probatorio.- VII.- Que el Censor del fallo fundamenta su cuarto motivo, manifestando lo siguiente: “Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el veintiocho de febrero del año dos mil trece, por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, el cual se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el artículo 35 del Acuerdo 1036-00 publicado el día martes 5 de septiembre del año dos mil. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación está comprendido en el articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, por aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas en forma errónea para la solución del fondo del litigio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. La doctrina que es la fuente formal del derecho, nos indica, que esta actitud de una aplicación indebida, procede cuando se aplica la norma legal pertinente al hecho ó caso regulado por ella, ó sea con acierto por tal aspecto, pero haciéndole producir efectos que la norma legal aplicada no contempla pese al texto claro de la letra; así se contempla en los considerandos cinco, seis, siete y ocho de los antecedentes de derecho que la Magistrada ponente registra en su sentencia, puntualizando en lo siguiente: 1) Haber citado el artículo 5 del Acuerdo 1036-00 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el martes 5 de septiembre del año 2000, mediante número 29,268.- Dicho artículo contiene lo siguiente: El personal de la DINADERS, será objeto de libre nombramiento y REMOCION DEL DIRECTOR EJECUTIVO, conforme a los procedimientos aprobados. Su contratación deberá responder a los requisitos de los perfiles profesionales de cada cargo, contenidos en el Manual de Personal establecido en el Titulo I, Capítulo III de este Reglamento. Cuando la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece con claridad y precisión, que la representación y defensa de las entidades estatales se regirá por lo que dispongan las Leyes Especiales ó su respectivas leyes orgánicas. La Corte de lo Contencioso Administrativo acepta el contenido del Reglamento de la Ley de DINADERSI en cuanto que le corresponde al Director la LIBRE REMOCION DEL PERSONAL, pero no obstante dicho fallo, señala que se hará con los procedimientos aprobados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; en cuanto a esto último es absolutamente falso que contenga dicho reglamento; como tampoco el reglamento se aprobó hasta el año 2010, como antes lo expresara y lo sostengo que fue aprobado el martes 5 de septiembre del año 2000, cuando fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta; para ilustración se vuelve a acompañar Honorables Magistrados. En dicho considerando sigue sosteniendo arbitrariamente que la demandante fue cancelada antes de la emisión de dicho reglamento, por lo tanto estaba protegida par la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; ya acreditamos que dicho reglamento no fue emitido en la fecha que indica la magistrada ponente, por lo tanto es de aplicación obligatoria el contenido del artículo 25 el cual no fue debidamente aplicado, y además expresando un diferente contenido del artículo 35 del Reglamento contenido en el Acuerdo No.1036-00 que es de la Ley para el Desarrollo Rural Sostenible, y que dice textualmente: “Artículo 35.- El personal de la DINADERS será objeto de libre nombramiento y remoción del Director Ejecutivo conforme a los procedimientos aprobados. Su contratación deberá responder a los requisitos de los perfiles profesionales de cada cargo contenidos en el Manual de Personal establecido en el Titulo I, Capítulo III de este reglamento”; posteriormente la señora SAGRARIO PALMA MARTINEZ se le dio por terminada su relación de trabajo en uso de las facultades que el artículo 35 de dicho reglamento le confiere al Director Ejecutivo de DINADERS además de haberle demostrado al Tribunal de Primera Instancia que el puesto de la demandante ya no existía porque PRONADERS sufrió una reestructuración mediante Decreto 137-2011, desapareciendo las instituciones de DINADERS y FONADERS.- La demandante laboraba como Auditor III, máximo nombramiento en esta clase de puesto en DINADERS, la cual NO EXISTE. 2) El considerando SEIS expresa que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, la Abogada ponente no señala cuál es el ordenamiento jurídico que infringió mi representada, cuando ésta se apegó estrictamente al articulo 35 del Acuerdo 1036, que la magistrada ponente en su considerando cinco lo deforma jurídicamente. 3) En cuanto al considerando SIETE en cual expresáramos que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo se efectuó a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil doce (2012), habiéndose paralizado dicho juicio dos años siete meses (2 años 7 meses) para dictar el fallo desde el año dos mil diez (2010) del mes de marzo, lo que expusimos en nuestra APELACION, pero la Abogada Magistrada Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, expresó en el considerando citado que la causa no fue por hechos que se le puedan atribuir al actor; por eso declaró improcedente nuestro alegato, a sabiendas que el Tribunal de primera Instancia en forma ALEVOSA dejó de cumplir el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que manda que dentro de los diez días hábiles de haberse citado las partes se deberá dictar la sentencia, por lo que la apreciación que hace la honorable Magistrada del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es aislado de todas las normas procedimentales y únicamente lo hace con el ánimo de hacer daño al Estado de Honduras. 4) En el considerando OCHO del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, señala la magistrada ponente el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; en ningún momento hemos alegado pretensiones de incompetencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, para que la Corte venga a exponer una norma que no tiene ningún efecto legal en el fallo, por lo tanto, los motivos formulados están debidamente comprendidos en derecho, y solo se persiguen únicamente la aplicación de las normas legales correspondientes, por lo tanto los cuatro motivos del presente recurso deberán declararse CON LUGAR en sentencia que dicte la Honorable Corte Suprema de Justicia, en virtud que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo TRANSGREDIÓ las normas aplicables al presente juicio”.- VIII.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no precisa si la infracción proviene de la falta, indebida aplicación o interpretación errónea de las normas citadas; y, b) ataca las denominadas “consideraciones” del fallo y realiza alegatos propios de instancia.- IX.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- X.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN formalizado por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, apoderado del Estado de Honduras, en sus cuatro motivos. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha quince de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 370-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL