Sentencia CA-358-11 — Registro 7390
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente, la acción incoada por el demandante, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución emitida por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en cuanto al único motivo expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) el precepto autorizante señalado invoca normas del Código de Procedimientos Civiles, que ya no eran aplicadas al momento de formalizar el recurso, aun si fueren del Código Procesal civil, los mismos se refieren a dos causales distintas de casación; b) alega interpretación errónea de normas que en su mayoría no fueron aplicadas en el fallo; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hace referencia al material probatorio.-"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: CONSORCIO PROCONAZA representada en juicio por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN, Recurrido: ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República, en ese entonces la Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) representada en juicio por el Abogado MIGUEL ANGEL MEZA CHOTO.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir el pago en concepto de ejecución de obras no estipuladas en el Contrato inicial de construcción pero ordenadas y totalmente aceptadas por la autoridad administrativa mediante la modificación del mismo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada encaminada al reconocimiento del pago de lo no debido y su inmediata devolución, mas el reconocimiento de daños y perjuicios, el lucro cesante dejado de percibir; que se dicte sentencia condenatoria por el error administrativo al haberse autorizado pago de las obras ejecutadas a otra empresa mercantil que no fue la suscriptora del contrato inicial de construcción ni de su modificación, nulidad de pleno derecho de la resolución No.CD-01-SE-2008 tomada en la sesión extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2008, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de marzo del año dos mil nueve, por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN, en su condición de Apoderado de la señora ANY DORIN ZABLAH BENDECK, quien es mayor de edad, casada, Arquitecta, hondureña y de este domicilio, quien a su vez es la Representante Legal y Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada “CONSORCIO PROCONSA”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que en instancia administrativa la demandada denegó el recurso de apelación interpuesto por la demandante, a través del cual solicitaba que se enmendara con arreglo a derecho la resolución de fecha 19 de septiembre del 2008, mediante la cual la demandada declara sin lugar el reclamo presentado por la demandante para que se ordenara la ejecución inmediata de lo ordenado en un dictamen legal por ser un acto de carácter firme, pago de lucro cesante y daño emergente en concepto de daños y perjuicios, en virtud de alegar, entre otras cosas, que en febrero del 2008 interpuso ante la demandada, solicitud para que se emitiera resolución definitiva de un reclamo administrativo y que se ordenara la ejecución inmediata de lo ordenado en un dictamen legal, por considerar que dicho dictamen legal es un “acto de carácter firme”, cursándose dicha solicitud a los departamentos respectivos para la emisión de la correspondiente opinión en cuanto a si en efecto las obras por las cuales se reclamaba su pago, se habían ejecutado y se verificara si se había cancelado el monto de lo contratado, así como la opinión legal; que posteriormente presentó otro escrito porque no se emitía una de las opiniones solicitadas, con el objetivo que no se le atrasara mas el trámite, emitiéndose la opinión en el sentido que en efecto las obras estaban ejecutadas, pero que las misma ya habían sido pagadas a la Empresa Mercantil denominada Proyectos Mecanizados S.A., conocida comúnmente con la siglas “PROMECASA”, por lo que procedió nuevamente a presentar ante la demandada un escrito de “Se Reclama el Pago de Obras Ejecutadas según la Modificación del Contrato N° CEO-086-99, en vista de que el Pago se hizo de manera equivocada a otra Empresa Mercantil”, es así, que el Departamento de Asesorìa Legal de la demandada emite dictamen legal el cual declara con lugar el reclamo planteado y ordena que se haga el pago reclamado en concepto de obras ejecutadas y autorizadas mediante la modificación del Contrato inicial, fundamentando dicho dictamen legal, en que en efecto, la culpa de haberse hecho mal el pago no era de la reclamante sino del mismo Instituto; que con dicho dictamen legal el expediente administrativo es devuelto a la Secretaria General para que se dictara la respectiva resolución, sin embargo, en una clara desviación de poder, el señor Secretario General violenta el procedimiento y en vez de emitir el auto para que se dicte la resolución, remite el expediente administrativo a la Junta Directiva y ésta desconociendo el trámite, conforma una comisión especial y elaboran un informe respecto al asunto en el cual recomiendan no hacer el pago solicitado, en vista que supuestamente la demandante le canceló a la Empresa Mercantil denominadas “Pavimentos de Honduras” un cheque por la cantidad de L,500,000.00, por la supuesta interposición de una demanda ejecutiva de pago, que la misma Empresa “Pavimentos de Honduras” había interpuesto en contra del Consorcio “PROCONAZA”, siendo esta aseveración completamente falsa pues jamás han sido demandados por “Pavimentos de Honduras”; pues según antecedentes en el año 2000, la Gerente General y Representante Legal del Consorcio “PROCONAZA” suscribe con la demandada el contrato para la ejecución del proyecto denominado “Pavimentación Calle de Acceso y Estacionamiento del Centro de Exposiciones INFOPMIRAFLORES”, el cual se le registró administrativamente con el número CEO-086-99; así mismo, en septiembre del 2002 se suscribió nuevamente de parte de la Gerente General y Representante Legal de la demandante una modificación al contrato relacionado, por un monto de L.678,614.65 y en agosto del 2002, la supervisión del proyecto, conformado por personal del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de la demandada, dan por recibidas las obras estipuladas en la modificación del contrato referido; que en mayo del 2002, se promueve demanda ejecutiva de pago por la Sociedad Mercantil denominada “Pavimentos de Honduras”, contra la Sociedad Mercantil denominada “Proyectos Mecanizados”, conocida por las siglas “PROMECASA”; que el 11 de Octubre del 2002, se dictamina favorablemente por parte de la Junta Directiva de la demandada que se le pague al Consorcio “PROCONAZA” lo adeudado por la ejecución de las obras según la modificación del contrato relacionado y se le informa por parte de la Directora Ejecutiva de la demandada a la demandante que no se le puede pagar porque se ha trabado un embargo contra dicho Consorcio y que han cumplido con su obligación al respecto y que por existir dicho embargo no se le puede pagar la cantidad hasta de de L.800,000.00, que era en ese entonces el saldo aproximado a esa fecha, y el cual se ha ido incrementando por el escalamiento, daño emergente, lucro cesante e intereses generados por el atraso del trámite administrativo del pago que no se ha hecho efectivo y que quedó pendiente por las obras ejecutadas según la modificación del contrato; que posteriormente el Jefe de la Unidad de Asesoria Legal de la demandada le informa al Jefe de la División Administrativa, que según la orden emitida por el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil trabado en junio del 2002, el mismo era contra la Sociedad Mercantil denominada “Proyectos Mecanizados S.A. DE C.V.”, conocida por las siglas de “PROMECASA”, y que no existía tal embargo contra el Consorcio “PROCONAZA”, que por lo tanto la opinión legal era que se le entregara el cheque a “PROCONAZA”, sin embargo el Gerente Administrativo no lo hizo así, pues ya le había entregado el cheque a la Empresa “Pavimentos de Honduras”, afectando los intereses de la demandante, quién no tenía nada que ver en el asunto litigioso; que con lo anteriormente relacionado queda establecido que la suscriptora del contrato CEO-086-99 y su modificación es la Sociedad Mercantil denominada “PROCONAZA” y que la obligación contraída con la Empresa Mercantil “Pavimentos de Honduras”, era la Empresa conocida como “Proyectos Mecanizados S.A. DE C.V.”“PROMECASA” o Consorcio “PROMECASA”, quién jamás suscribió ningún contrato con la demandada; que es así, que en septiembre del 2008, la demandada emite la resolución respectiva del reclamo administrativo, el cual declara sin lugar, aduciendo que la comisión ad-hoc, nombrada por la Junta Directiva, era del parecer que dicha pretensión no procedía, en vista de que la Institución ya había cancelado a la Empresa “Pavimentos de Honduras” la supuesta obligación que ésta mantenía con la sociedad mercantil denominada “PROMECASA”, por lo que interpuso en tiempo y forma el respectivo recurso de apelación ante el Consejo Directivo, el que fue resuelto por parte de la Asesoría legal de la demandada mediante el dictamen vinculante y legal, el cual ratifica en todas y cada una de sus partes lo también ya dictaminado por el Asesor Legal de la demandada en fecha anterior, al declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, por lo tanto al haber ya dos dictámenes legales emitidos por la Dirección Legal de la demandada que concuerdan en declarar con lugar lo reclamado por su parte, siendo éstos dos dictámenes legales los únicos vinculantes, por lo que lo único que tenia que hacer el Consejo Directivo de la demandada era emitir la resolución apegada y fundamentada en el dictamen que declaró con lugar el recurso de apelación, sin embargo, en una clara violación a la Ley no se hizo así, sino que emiten la resolución tomada en la sesión extraordinaria, de la cual interpuso el respectivo recurso de reposición, el cual se le declaró sin lugar; que considera que los hechos que vician de nulidad la resolución impugnada, son los siguientes: 1) Que el Consejo Directivo de la demandada, en una clara violación al procedimiento legal establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y en una clara desviación de poder, no permitió que el señor Director Ejecutivo de la demandada fuese autónomo al emitir tal resolución; 2) Que el Consejo Directivo ordenó la conformación de una comisión, por terceras personas ajenas a la demandada, para que opinaran sobre un asunto eminentemente Estatal y de exclusividad de la demandada, la cual en ningún momento tomó en consideración los dictámenes ya emitidos, en primer lugar por el Director Legal de la demandada y en segundo lugar la de la resolución del recurso de apelación, en el cual se declaró con lugar y ratificó la procedencia del reclamo planteado y que orientó al Director Ejecutivo a no tener una opinión facultativa de su persona o de sus Asesores Legales, lo que lo inclinó a declarar sin lugar el reclamo en la resolución de la cual se pide su nulidad; que propone que el reclamo de mérito sea transado mediante la vía de la Conciliación; que señala como cuantía de lo demandado la suma de L.14,000,000.00.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), manifiesta que el dictamen legal ofrecido por la Unidad de Asesoria Legal es un acto de carácter firme, ya que como es de conocimiento público, la Ley General de la Administración Pública establece claramente la forma que adoptaran los actos de los órganos de la Administración Pública, por lo que el dictamen legal a que hace referencia la parte demandante esta fuera de contexto legal ya que la misma solo es una simple manifestación de juicio de un Asesor Legal, que no puede ser tomada como vinculante al momento de emitirse la resolución que en derecho corresponda; que si bien es cierto que para una decisión mas acertada del asunto en su momento procesal oportuno se solicitó las opiniones de los Departamentos de Ingeniería y de Auditoria, las que fueron ofrecidas en su oportunidad pero las mismas no constituyen un acto de la administración, ni tampoco autorizan a pagar valor alguno a la parte demandante, por no existir hasta este momento procesal resolución alguna en la que se declare procedente o improcedente lo solicitado por la parte demandante; que si tan cierto es que se pagó valor alguno a la Empresa “Pavimentos de Honduras”, se efectuó en cumplimiento a una orden judicial en relación a una demanda ejecutiva interpuesta en los juzgados respectivos por la misma, en contra de “Proyectos Mecanizados, S.A.” o Consorcio PROCONAZA, la cual se hizo para cumplir con una orden de embargo emitido por juez competente y que para no incurrir en el delito de desobediencia y violación de los deberes de los funcionarios públicos, se vieron en la obligación de ejecutar el mismo, por lo que no hay deuda pendiente que pagar a la demandante en relación a los conceptos reclamados; que después de que la comisión de alto nivel nombrada por el Consejo Directivo de la demandada, solicitó al titular de la Unidad de Asesoria Legal que hiciera las investigaciones del caso para conocer si el Consorcio PROCONAZA era un Consorcio diferente al Consorcio PROMECASA, quién se personó a realizar revisión en los archivos de la Corte Suprema de Justicia al expediente que contiene las diligencias de la demanda ejecutiva referida, logrando establecer que el Consorcio PROCONAZA por interposición de sus apoderados legales intentó ante las instancias judiciales correspondientes se reconociera que el señalado consorcio no era la misma entidad que el consorcio PROMECASA, no logrando tal pretensión, por lo que quedó convalidada la medida de embargo precautorio ordenada por los juzgados correspondientes; que así mismo, consta en el expediente administrativo un embargo que les fue practicado por el Juzgado primero de Letras del Trabajo, por un valor de L.331,183.41, correspondiente al pago de prestaciones laborales a favor del señor Marco Antonio Piloña Morazán, quién laboraba hasta ese entonces con la Empresa Consorcio PROCONAZA, el cual se vieron obligados a pagar por orden judicial y que la parte demandante no incorporó en la presentación de la demanda este pago realizado, por lo que consideran que la demandante les adeuda mas bien dicha cantidad.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de Noviembre de 2010, dictó sentencia definitiva declarando IMPROCEDENTE, la acción incoada por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN, actuando en su condición de Apoderado Legal de la señora ANY DORIN ZABLAH BENDECK, quien a su vez es Representante Legal y Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada “CONSORCIO PROCONAZA”, por ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado consistente en la Resolución N° CD-01-SE-11-2008, emitida en sesión celebrada en fecha 22 de Diciembre del 2008, por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP”; bajo el criterio que se ha comprobado que en el presente caso no hubo infracción al ordenamiento jurídico, en virtud, que el Acto Administrativo Impugnado se dictó conforme a derecho, ya que la demandada le dio el trámite respectivo a lo solicitado por la demandante, solicitando los dictámenes respectivos y emitiendo la resolución correspondiente, no constando que el Director no haya sido autónomo en la emisión de la misma tal como lo alega la demandante; ya que los dictámenes son únicamente opiniones, que pueden ser considerados o no por la autoridad superior, no son mandatos ni decisiones finales; acreditándose que la modificación del Contrato relacionado, fue pagado en virtud de un embargo, contra Consorcio PROCONAZA, por haber emitido ésta un cheque para pagarle a una Empresa que fue contratada para realizar trabajos del contrato celebrado por la demandante con la demandada, el cual no tenia fondos, realizándose dicho embargo por orden de juzgado competente, quien le ordenó realizar el mismo a Consorcio PROCONAZA, que era a quién la demandada le adeudaba por el cumplimiento del contrato referido, por lo cual, consta en autos que la demandada efectuó el pago en legal y debida forma a la demandante sobre la modificación del contrato referido, pues dicho Juzgado rectificó el nombre ordenado pagar a Consorcio PROCONAZA, que es la demandante, por obras adicionales debidamente acreditadas, por orden judicial de Juzgado competente.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 04 de mayo del 2011, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN, CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintinueve de noviembre del dos mil diez y que consta a folios quinientos ochenta y tres frente (583f) al quinientos noventa y tres frente inclusive (593f) de la primera pieza de autos; bajo el criterio que no se puede alegar el cumplimiento de los elementos necesarios para la existencia del pago de lo no debido, esto porque no consta que el pago no se haya hecho al acreedor, porque el pago se hizo a una empresa que forma parte del consorcio, como se dijo, el pago es correcto y extingue la obligación del demandado con el demandante. Que sobre los dictámenes dé órganos del demandado, que alega el apelante le son favorables, vale aclarar que los dictámenes son meras opiniones dentro del procedimiento administrativo y no vinculantes con la decisión final de la administración, al momento de adoptar una decisión final que finalice dicho proceso.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN, presentó en fecha seis (06) de junio del dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diez (2010), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 074-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el numero 099-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha ocho (8) de junio del dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación y a la vez ordenó entregar copia a la parte contraria para que en el plazo de diez días pueda pronunciarse sobre el contenido del recurso interpuesto por el recurrente.- 7.- Mediante providencia de fecha 19 de julio del año 2011 la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por contestado en tiempo y forma el recurso de casación presentado por el Abogado MIGUEL ANGEL MEZA CHOTO, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días siguientes al de la notificación, señalando a las partes el plazo de cinco (05) días para que se personen.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN, presentó escrito de personamiento en fecha uno (1) de abril del dos mil once (2011), en concepto de parte recurrente, y el Abogado MIGUEL ANGEL MEZA CHOTO, presentó escrito de personamiento en fecha dos (2) de abril del año dos mil once (2011), en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia recurrida infractora a lo establecido en los Artículos; 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 82, de la Constitución De La República; 72, 83, 87, 88, 89 y 90 de la Ley De Procedimiento Administrativo; 49 de la Ley De La Jurisdicción De Lo Contencioso Administrativo y Articulo 32 del Decreto Legislativo Numero 10 del 28 de Diciembre de 1972, reformado mediante Decreto Numero 808 y Decreto Numero 142-91; Por interpretación errónea de los mismos.- PRECEPTOS AUTORIZANTES Este motivo está comprendido en el Artículo 719, Numeral 1, Letra b), del Código de Procedimientos Civiles, y el Articulo 719 Numeral 2, del precitado código.- EL CONCEPTO DE LA INFRACCION SE EXPLICA ASI: El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Resulta Honorable Señoría, que la sentencia definitiva, emitida por la Honorable Corte de Apelaciones en fecha cuatro (04) de mayo del 2011, y que corre a folios diez, once y doce de la pieza separada de autos, con Registro Numero. 074-2011, los Honorables Magistrados fundamentan la misma según consta en el Considerando Numero cuatro (4), que la doctrina dice: que en los Consorcios la Sociedades Mercantiles persiguen un fin común, y adquieren derechos, obligaciones, y responsabilidades de manera solidaria, por todas las consecuencias derivadas de su participación y en el Considerando cinco (5), Los honorables Magistrados explican lo anterior estableciendo que la Sociedad demandante es un consorcio de empresas y al adquirir derechos, obligaciones y responsabilidades solidarias, se encuentra acreditado en Autos que el demandado por mandato judicial efectuó el pago, y que en consecuencia la obligación queda extinguida para con el demandante.- En el considerando seis (6), los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones, aseveran que no se puede alegar en el presente caso de autos, que se den los elementos necesarios para la existencia del pago de lo no debido, esto porque no consta que el pago se haya hecho al acreedor, porque el pago se hizo a una empresa que forma parte del consorcio, y aseveran que el pago es correcto y extingue la obligación del demandado para con el demandante, también en el Considerando Numero siete (7) de la Sentencia hoy recurrida los Honorables Magistrados, opinan que los dictámenes legales de los órganos del demandado son favorables, sin embargo los desmeritan y no los vinculan pues establecen que son meras opiniones dentro del procedimiento administrativo, por lo que no vinculan con la decisión final de la administración, al momento de adoptar una decisión final que finalice dicho proceso; a la vez en este mismo considerando mencionan que en cuanto a la apreciación de los medios probatorios propuestos por las partes de la revisión de los mismos, y de la fundamentación del fallo definitivo apelado, se desprende que el Aquo bajo el principio de la sana critica aprecio en su conjunto las pruebas aportadas por las partes, la verdad Honorables Magistrados es que lo expresado y considerado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al momento de emitir el fallo en el considerando número cuatro (4), establece que los consorcios las sociedades mercantiles persiguen un fin común y adquieren derechos, obligaciones, y responsabilidades de manera solidaria por todas las consecuencias derivadas de su participación, sin embargo basta con la simple lectura del Testimonio de la Escritura Pública Numero sesenta (60), en cuyas cláusulas segunda, octava y décima, se probo en juicio que el Consorcio PROCONAZA, en ningún momento estaba constituyéndose como una nueva sociedad mercantil que en consecuencia no era solidario con las obligaciones que las mismas empresas unidas en conjunto para ejecutar proyectos adquiriesen, para eso había que autorizar la solidaridad a través de simples notas cursadas entre sí, la parte demandada jamás desvaneció esta aseveración, lo expresado en el Considerando número cinco (5) por la Corte hoy acusada, en el cual la Corte considera que la supuesta nueva sociedad mercantil, que como ya se dijo PROCONAZA, no es una nueva sociedad mercantil, adquirió derechos, obligaciones y responsabilidades solidarias, y que el demandado por mandato judicial efectuó el pago, que en consecuencia extingue su obligación con el demandante, esta es una aseveración falsaria, pues se comprobó en el juicio con el medio de prueba documental numero veintiocho (28), que corre agregado a los folios 396 al 398 frente a las presentes diligencias que la Demanda nunca fue promovida en contra de mi representada PROCONAZA, sino que fue promovida en contra de la Sociedad Mercantil denominada Proyectos Mecanizados SA. o Consorcio PROMECASA, así se probo con la Escritura Pública Numero ochenta y seis (86), adjunta al medio de prueba numero dos (2), agregada a las diligencias de merito, con respecto a lo que se asevera la Corte acusada, en el Considerando número seis (6) de la sentencia hoy recurrida de que no se puede alegar en el presente caso de autos que se den los elementos necesarios para la existencia del pago de lo no debido, esto porque no consta que el pago no se haya hecho al acreedor, porque el pago se hizo a una empresa que forma parte del Consorcio, los Honorables Magistrados de la Corte acusada, dicen que el pago es correcto y que extingue la obligación del demandado para con el demandante, esta apreciación tampoco es correcta en vista de que como ya se dijo, el pago se hizo a una empresa o sociedad mercantil que precisamente era la acreedora de una deuda que mantenía la Sociedad Mercantil que en su momento fue demandada denominada Proyectos Mecanizados S.A. o Consorcio PROMECASA, y esta jamás suscribió obligación contractual con el hoy demandado INFOP, el cheque del cual hoy se reclama que se pago indebidamente se le pago a la Sociedad Mercantil denominada “Pavimentos de Honduras”, como es posible que los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, establezcan que la obligación para con mi representada PROCONAZA, y que le adeuda INFOP, quede hoy extinguida; sobre los dictámenes legales emitidos por el Órgano Legal competente dependiente de la Instituto demandada INFOP, la Corte acusada asegura que son meras opiniones dentro del procedimiento administrativo, y que no son vinculantes con la decisión final de la administración, al momento de adoptar esta la decisión final que finalice la vía administrativa, sin embargo la violación a lo establecido al Articulo setenta y dos (72) de la Ley de Procedimiento Administrativo, acarrea nulidad absoluta de los actos pues la resolución final no fue emitida directamente por el Director Ejecutivo del INFOP, que tal y como lo establece el Articulo dieciséis (16) de la Ley Constitutiva del INFOP, es el único competente para emitir las resoluciones: Articulo treinta dos (32) Párrafo tres (3), en consecuencia, el Consejo Directivo jamás debió de emitir dicha resolución ya que no era competencia del mismo hacerlo, por otra parte el legislador tuvo la visión de que a sabiendas de que en el aparato administrativo del Estado, los Ministros, Gerentes, o Directores, según sea el caso de repente no iban a ser profesionales del derecho, tal y como actualmente ha sucedido desde que se inicio el sistema democrático en nuestro país, por lo tanto lo establecido en el Articulo setenta y dos (72) de la Ley de Procedimiento Administrativo hace referencia a la vinculación y obligación del funcionario que no emita tales dictámenes en un término máximo de diez (10) días y aun va mas allá al imponerles sanciones administrativas, o penales en el caso de omitir la emisión de dichos dictámenes; estos dictámenes que son tres, fueron favorables a mi representada PROCONAZA, por lo que decir que son meras opiniones, es una aseveración muy lejana de la lógica jurídica que debe de seguirse en todo procedimiento.”.- II.- Que en cuanto al único motivo expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) el precepto autorizante señalado invoca normas del Código de Procedimientos Civiles, que ya no eran aplicadas al momento de formalizar el recurso, aun si fueren del Código Procesal civil, los mismos se refieren a dos causales distintas de casación; b) alega interpretación errónea de normas que en su mayoría no fueron aplicadas en el fallo; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hace referencia al material probatorio.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de Febrero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha doce de Febrero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 358-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL