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Sentencia CA-357-12 — Registro 7389

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por los demandantes, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en los acuerdos de cancelación y se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que en cuanto al motivo de casación que antecede, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no es claro ni preciso en cuanto al señalamiento del concepto de la infracción alegada, ya que alega violación por falta de aplicación y en la explicación del motivo alude a interpretación errónea, causales que debió haber formulado de formas separada e independiente; b) censura la valoración del material probatorio, improcedente en este extraordinario recurso; y c) realiza extensos alegatos propios de instancia.- " Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS representado en juicio por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo o la nulidad de los actos administrativos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento se adopte el pago en concepto de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales de trabajo, reintegro a los puestos por ser nulos los actos administrativos y costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de abril del dos mil diez por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO en su condición de apoderado legal de los señores DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ y BALLARDO DE JESUS GALEANO SALINAS, contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción que iniciaron su relación de trabajo con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, el señor DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ, en fecha 26 de junio del 2006 mediante acuerdo numero 269-2006, en el cargo de Jefe Regional Tributario; BALLARDO DE JESUS GALEANO SALINAS en fecha 28 de abril del 2006, desempeñándose en el puesto de Auditor Oficina Regional, siendo despedidos en fecha 08 y 09 de marzo del 2010.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, contestó señalando que acepta parcialmente los hechos y otros los rechaza totalmente, alegando que la demanda, en ningún momento da cumplimiento a lo ordenado en el inciso ch) del articulo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha veintiocho de septiembre del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por los señores DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ Y BALLARDO DE JESUS GALEANO SALINAS, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en los acuerdos de cancelación No.048/2010 de fecha 08 de marzo de 2010 y 055/2010 de fecha 09 de marzo de 2010 respectivamente, ambos emitidos por la Secretaría de Finanzas, el primero en el cargo de Jefe Oficina Regional Tributaria de Juticalpa, Olancho y el segundo en el cargo de Auditor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, oficina regional de Juticalpa Olancho, en consecuencia los anula totalmente.-SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el reintegro de los demandantes DARIO MARTIN HERNANDEZ ORDOÑEZ al cargo de Jefe Oficina Regional Tributaria de Juticalpa, Olancho y al BALLARDO DE JESUS GALEANO SALINAS en el cargo de Auditor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, oficina Regional de Juticalpa, Olancho, por ser los cargos en que estaban nombrados.- TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, al pago a favor de los demandantes en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad de cada uno de sus acuerdos de cancelación 07 de abril de 2010, hasta el día en que quede firme la presente sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder.- CUARTO: Se decreta, en su caso, la nulidad de los actos administrativos por los cuales se hayan nombrado a los sustitutos de los demandantes.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que de la apreciación de los hechos alegados de los fundamentos de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones, de las pruebas practicadas y del análisis del expediente administrativo, se ha comprobado que en el presente caso existió infracción al ordenamiento jurídico al haberse cancelado a los demandantes sin seguirse procedimiento ni de cesantía ni de despido, estando protegidos por el Régimen de Servicio Civil, al no estar sus cargos excluidos del mismo, según el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha nueve de febrero del dos mil doce, falló declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, en su condición de apoderado legal del Estado; CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veintiocho de septiembre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes así como el expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones, la corte observa y concluye que la autoridad nominadora estaba obligada al emitir los acuerdos de cancelación de los recurrentes a seguir totalmente el procedimiento legal establecido e la ley del Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos, y al no hacerlo hubo infracción al ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, presentó en fecha veintinueve (29) de febrero del dos mil doce (2012), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha nueve (09) de febrero del dos mil doce (2012), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 032-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 215-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha uno (01) de marzo del dos mil once (2012), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y ordenó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentó en fecha treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diez (10) de abril de dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, apoderado de la parte demandante, en fecha doce (12) de abril del dos mil doce (2012); y el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, apoderado de la parte demandada, en fecha diecinueve (19) de abril de dos mil doce (2012).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO AMADOR, presentó escrito de personamiento en fecha dieciséis (16) de abril del dos mil doce (2012), en concepto de parte recurrida y el Abogado MARCO ANTONIO ROCHA, presentó escrito de personamiento en fecha veintitrés (23) de abril del 2dos mil doce (2012).- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de FONDO del litigio.” DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos: 2 y 12 de la Ley de Servicio Civil, en relación con los artículos 77 y 278 literal b) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; y el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo en relación al artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: La Honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO mediante Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha de fecha nueve (09) de Febrero del año dos mil doce (2012), (segunda pieza de autos a folios N°12 al 18 vuelto ) por el cual en su acápite Primero declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el demandado (Estado de Honduras), y posteriormente el Juez Ad-Quem HACE SUYA la Sentencia Definitiva que se dictó en Primera Instancia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán el día Veintiocho (28) de Septiembre, por el Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo, que corre agregada a folio 173 al 175 de la primero pieza de autos, ya que el Ad-Quem literalmente confirma dicha sentencia definitiva de Primera Instancia, lo cual es objeto che nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el fallo de la Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo contiene violación a los artículos 2 y 12 de la Ley de Servicio Civil en relación con los artículos 77 y 278 literal b) del Reglamento de la misma Ley de servicio Civil, ya que el Juez Ad-Quem hizo caso omiso a lo contenido en dicho Precepto Legal, quien omitió todo conocimiento legal a la existencia de dicho Ordenamiento Jurídico al obviarlo en su fallo, y por ende ignoró el mismo, sin darle la mínima apreciación para emitir su sentencia, lo cual Honorables Magistrados infringe la Ley Sustantiva ya arriba relacionada, de lo cual para ilustración literalmente dice: artículo 2 de la ley de Servicio Civil: “ El Régimen del Servicio Civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en las Secretarías de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento…..“; artículo 12 de la Ley de Servicio Civil: “Corresponde a la Dirección General del Servicio Civil, previa ¡investigación en el terreno y consulta con la Autoridad nominadora correspondiente, elaborar y mantener al día un Manual de clasificación de Cargos, el que deberá contener la nomenclatura de cada clase y grado, los debereé y responsabilidades, y los requisitos más importantes para el desempeño de cada cargo. La finalidad principal del Manual será la de contribuir a la implantación y a la mejor organización e implementación de la carrera administrativa y servirá de base tanto para 1a preparación de las pruebas de selección como para el establecimiento de un régimen uniforme de remuneraciones”. “Artículo 77” del Reglamento de la Ley de Servicio Civil: “Cuando se crearen nuevos puestos o si por otro motivo aparecieren Puestos en el Presupuesto General, sin estar clasificado, se procederá a clasificarlos o incorporarlos a los planes de Clasificación de Puestos y Salarios.- Se exceptúan los comprendidos en el artículo 3 de la Ley y 21 del presente Reglamento. “En Tanto no se clasifiquen o incorporen los Puestos a los Planes supradichos, NÓ PODRÁ HACERSE NINGUNA ACCIÓN DE PERSONAL QUE SE RELACIONE CON ESTOS YLA DIRECCIÓN GENERAL NO DARÁ TRÁMITEALGUNO A EVENTUALES ACCIONES PROPUESTAS...“. Artículo 278 del Reglamento de la ley de Servicio Civil: Procede la Cesantía, de uno o más Servidores públicos solo por las siguientes razones: a)… , b) Reducción forzosa de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. Aunado a lo anterior Honorables Magistrados el Fallo del Juez Ad-Quem violó el Ordenamiento Jurídico anteriormente relacionado, ya que lo preceptuado en el mismo nunca se cumplió, ni se ha efectuado por la Dirección de Servicio Civil y Secretaría de Finanzas (Autoridad nominadora), lo que define claramente que la Dirección de Servicio Civil no podrá hacer ninguna acción de personal contra puestos de trabajo que no estén incorporados a la misma Dirección, asimismo en su momento acompañamos Oficios extendidos por el Director de la Dirección de Servicio Civil y Dirección Ejecutiva de Ingresos, que son copias certificadas en concepto de documentos públicos, los oficios números: No. DEI-RH-25-2005 Y OFICIO No. NP-149-05, mismos que adjuntamos debidamente autenticados por el Funcionario respectivo, los cuales acreditan la situación jurídica que nos ocupa en el presente caso hasta la fecha (corren agregados de folio 9 al 12 de la segunda pieza de autos), por lo que es evidente que los empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, no están aun incorporados al Régimen de Servicio Civil, y por ende a dicho personal no se le puede aplicar a su favor una vez cancelado de su cargo la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- La misma Ley de Servicio Civil, cuando se refiere a la Autoridad Nominadora, es todo funcionario o entidad que tenga facultades legales para nombrar libremente a los servidores públicos, buscando la eficiencia y calidad en el desempeño de las funciones asignadas, tal es el caso de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, cuyo objetivo es eficiente y mejorar las actividades que por mandato de Ley le han sido asignadas, a efecto de mejorar y controlar la recaudación de los impuestos, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con Organismos Internacionales, redundando esta labor en una mejoría sustancial de la economía del Estado; para tal efecto, es necesario contar con personal capacitado, lo que no acontecía con los Señores DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ y BALLARDO DE JESUS GALEANO SALINAS, ya que él no hacía posible que la Institución túviera una mas eficaz y económica organización administrativa, en virtud que su eficiencia ya no era la requerida para el puesto que ocupaba en dicha Dirección; y en aras de establecer un sistema racional para una adecuada administración de personal en el servicio público que regule las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, teniendo como objetivo entre otros, incrementar la eficiencia de la función pública, tal como se establece en el artículo 1 de la Ley de Servicio Civil: “La presente Ley tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el servicio público regulando las relaciones entre los servidores y el Estado. En consecuencia, son objetivos de la misma los siguientes: 1)...; 2...; 3)...; 4) Incrementar la eficiencia de la administración pública, razón por la cual, la Administración demandada se vio en la necesidad de cancelar del Cargo de Auditor del Departamento de Auditoría Región Centro Sur de la Dirección Ejecutiva de Ingresos a los señores los Señores DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ y BALLARDO DE JESUS GALEANO SALINAS, por lo que su labor ya no era necesaria e indispensable en la lnstitución, siendo totalmente improcedente el reintegro de los demandantes.- Es causa misma la creación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), como órgano dependiente de la Secretaría de Finanzas, y en consecuencia está Dirección Ejecutiva se obligó a prescindir de algún personal, para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa.- De lo anteriormente señalado, se colige, que se ha cometido una violación a las disposiciones legales establecidas.- La Sentencia emitida por el Juez Ad-Quem objeto de la presente Casación, hace suya y desconoce totalmente las consideraciones legales en que se fundamenta la parte demandada, y es el caso que nos ocupa que no era física ni legalmente posible cumplir con un dictamen favorable de la Dirección General de Servicio Civil para cancelar el nombramiento de los Señores DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ y BALLARDO DE JESUS 6ALEANO SALINAS, pues su nombramiento nunca se inscribió a través de dicha Entidad, como consecuencia la cancelación se ejecutó tal cual fue el nombramiento, en tal razón si se siguieron los procedimientos respectivos, con lo cual reincidimos que la cancelación suscitada, quedó sujeta al reconocimiento de los derechos y prestaciones laborales que le corresponden al cancelado, por ser imposible el reintegro, por lo innecesario de los servicios del demandante en esta Institución. Por lo antes expuesto se colige que el Juzgador violentó el ordenamiento jurídico al emitir una resolución judicial, interpretando erróneamente normas de Derecho de fondo, al adecuar la Ley en contra del estado de Honduras, lo cual es motivo de este Recurso, no ajustándose a Derecho para la solución objetiva del fondo del presente Juicio. Al confirmar el Juez Ad-Quem la sentencia del A-quo prácticamente hace suya dicha sentencia, lo que deja a trasluz su consentimiento de que la Autoridad Judicial puede verter opiniones análogas, adicionales, nuevas, a la real pretensión consignada en el escrito de demanda, pues simple y sencillamente el demandante nunca mencionó, ni relacionó el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil en su pretensión de demanda, lo cual puede ser revisado a simple vista por la Honorable Corte, por lo anterior expuesto el A-quo con su sentencia recurrida violenta y entra en contravención a lo establecido en el articulo 190 del Código de Procedimientos Civiles, que para ilustración de la Honorable Corte dice: “Las sentencias deben ser claras, precisas, congruentes con las demandas, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito………” Por lo que el Juez AD-QUEM ha intervenido en preceptos jurídicos fuera de la esfera y limites de lo pedido por las partes, siendo dichos preceptos adicionales y fuera de las pretensiones del demandante, por ende infringiendo lo contenido en el artículo 35 de la ley de La Jurisdicción de lo contencioso-administrativo que pira ilustración literalmente dice: “la Jurisdicción de lo contencioso- administrativo juzgara dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición” (ULTRA Y EXTRA PETITA) Es de aclarar a la Honorable Corte, que si tomáramos en cuenta el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, más bien es en contra del demandante, ya que excluye la aplicación de la presente Ley al demandante, por el Cargo que ocupaba DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ como Jefe de Oficina Regional Tributaria de Juticalpa, PUES SEGÚN LEY SI ERA UN CARGO Y EMPLEADO DE CONFIANZA, igualmente reúne todas las características establecidas en artículo 6 numeral 18 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que dice: “Empleado de Confianza: es la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo y que presta sus servicios personales a la Administración Pública; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez que para funciones se exige, cuenta con fe y apoyo especial de parte de la autoridad Nominadora”.- II.- Que en cuanto al motivo de casación que antecede, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) no es claro ni preciso en cuanto al señalamiento del concepto de la infracción alegada, ya que alega violación por falta de aplicación y en la explicación del motivo alude a interpretación errónea, causales que debió haber formulado de formas separada e independiente; b) censura la valoración del material probatorio, improcedente en este extraordinario recurso; y c) realiza extensos alegatos propios de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de Marzo del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha diecinueve de Febrero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 357-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL