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Sentencia CA-317-13 — Registro 2945

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por los demandantes por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnados, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que si bien es cierto el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de ley, no es menos cierto que es un acto general de obligatorio cumplimiento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea de los artículos que regulan la forma y contenido de la sentencia.DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea de los Artículos 200.2 literal c) y 207 del Código Procesal Civil.PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 literal c) en relación con el 720, ambos del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna toda la parte resolutiva de la sentencia, salvo en cuanto declara sin costas. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 720 del Código Procesal Civil, prescribe: 1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” El artículo 719 inciso c) del numeral 1) prescribe: 1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan:... c) La forma y contenido de las sentencias. Pues bien Honorable Corte, solicitamos por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil en sus artículos 200 y 207 impone de manera meridiana, y cito textualmente: Artículo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1... 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente:... c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. ARTICULO 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. La sentencia recurrida tiene entre otros, la siguiente motivación: “CONSIDERANDO (6): Que si bien es cierto, el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de Ley, no es menos cierto, que es un Acto General de obligatorio cumplimiento, el cual está en vigencia, por lo cual, al cumplir los demandantes los requisitos que dicho Arancel establece para su aplicación, debe de aplicárseles el mismo en su favor, específicamente lo establecido en su artículo 89, desde la fecha de nombramiento de los demandantes o en su caso de la entrada en vigencia del relacionado Arancel.” La equivocación del Juzgador es por más que evidente, sustenta su sentencia en un Arancel que reconoce no tener el rango de ley, no obstante dispone que es un acto general de obligatorio cumplimiento, al margen que la misma Corte de Apelaciones ha declarado en otros casos que dicho Arancel es un acto nulo, por lógica consecuencia, no tiene ninguna validez. Para demostrar la equivocación del Tribunal recurrido cito a continuación los fallos en que han sostenido la nulidad de dicho acto: Sentencia de 14 de agosto de 2007, dictada en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ROBERTO LOZANO, apoderado del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia de fecha 20 de febrero de 2006 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la demanda promovida por el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO como apoderado de los señores SERGIO DANIEL ELVIR AMAVA y OTROS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, contraída a pedir la ilegalidad de una resolución emitida, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento de los derechos el pago de reajuste y nivelación de salarios, más el pago de los derechos colaterales, más el incremento del índice inflacionario decretado por el banco Central de Honduras a los salarios adeudados, en vista de recuperar el poder adquisitivo de la moneda con base a los porcentajes sobre el incremento al índice de precios al consumidor (IPC) desde que entró en vigencia a partir del 9 de julio de dos mil tres, publicado en el diario oficial La Gaceta. ExpedienteNo. 052-2006. “CONSIDERANDO: Que de los antecedentes resulta que el objeto del juicio lo constituye la aplicación o no, a los demandantes del artículo 80 del Arancel del Profesional del Derecho, que establece que los profesionales que laboren permanentemente a tiempo completo en Instituciones Públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semi-autónomas, empresas mixtas de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativa y Judicial) y Empresa Privada en general, que se desempeñen como tal, devengarán un sueldo mínimo de (L. 21,000.00) Veintiún mil Lempiras. CONSIDERANDO: Que la Honorable Corte Suprema de Justicia-Sala Constitucional en sentencia dictada en fecha diez de octubre del dos mil seis, en las diligencias de garantías de inconstitucionalidad interpuestas por vía de excepción del artículo 89 del arancel del Profesional del Derecho, estableció que dicho Arancel “no tiene el rango de Ley, puesto que el origen, discusión y aprobación de su contenido, no ha sido efectuada a través del órgano competente (Congreso Nacional) y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la ley, razón suficiente para concluir que las disposiciones de dicho Arancel no se encuentran dentro del ámbito de conocimiento de la garantía de inconstitucionalidad”, de lo anterior se desprende que de conformidad a la Ley Sobre Justicia Constitucional la acción de inconstitucionalidad procede contra las leyes y el Arancel del Profesional del Derecho es un acto de carácter general de naturaleza normativa, que solo es susceptible de impugnación por la vía Contencioso Administrativo con lo cual queda dilucidada la controversia sobre si el arancel es una ley de carácter obligatorio o no, dando sumamente claro que el referido Arancel no es una Ley y no tiene obligatoriedad. CONSIDERANDO: Que el Arancel del Profesional del Derecho al no tener rango de un cuerpo legal emitido por el Congreso, ni observado los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la Ley, no tiene carácter obligatorio, en tal sentido no puede contravenir la libertad contractual establecida en el artículo 331 constitucional y el artículo 320 que manda que en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinario se aplicará la primera. CONSIDERANDO: Que no obstante en el inciso d) de la Ley Orgánica fija como un derecho de los colegiados convenir sus honorarios con el cliente sin rebajar las tarifas asignadas en los Aranceles Judiciales, Notarial y Administrativo, pero en aplicación de la libre contratación, en su momento la Administración y los profesionales del derecho tuvieron la oportunidad de pactar sus condiciones de trabajo como consta en los acuerdos de nombramiento de los demandantes, los que al momento de ser contratados aceptaron sus sueldos asignados, por lo que no pueden en estos momentos solicitar reajuste de conformidad con el artículo 89 del Arancel del Profesional del derecho ya que solamente a falta de convenio se aplicarán dichos aranceles, asimismo la misma Ley en el inciso ñ) del artículo 33 señala como atribución de la Junta Directiva del Colegio, decidir sobre honorarios, cuando surja sobre los mismos, desacuerdos entre los colegiados y sus clientes, si ambas partes determinan someter a sus conocimientos la discrepancia lo cual sería un procedimiento a seguir por los profesionales del derecho para resolver sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que se han dictado sentencias en las cuales se ha reconocido el reajuste salarial de conformidad con el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, las mismas fueron emitidas cuando estaban pendiente de la resolución ante la Honorable CorteSuprema de Justicia la controversia sobre la inconstitucionalidad del Arancel del Profesional del Derecho tampoco pueden ser consideradas como antecedentes o jurisprudencia pues las mismas no se encuentran firmes, tan es así que en sentencia dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha quince de mayo de dos mil siete declaró de oficio la nulidad de la proferida por esta Corte en fecha treinta y uno de julio de dos mil seis por considerar que adolece de congruencia, en tal sentido y, habiéndose pronunciado en que no ha lugar a la garantía de inconstitucionalidad por razón de fondo del Decreto No. 82-96 del treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis, contentivo del Arancel del Profesional del Derecho y en particular de su artículo 89, porque no es una ley sino que un acto de carácter general, de naturaleza normativa emitido por una entidad de derecho público, pues esta Corte procede a dictar nueva sentencia de acuerdo a lo dispuesto en las sentencias emitidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia.” Sentencia de 24 de enero de 2011, dictada en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR como apoderado del COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en esta ciudad, en fecha 27 de noviembre de 2009 en la demanda promovida por el Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, Procurador General de la República contra la entidad de derecho público el COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, contraída a pedir la nulidad parcial de un acto administrativo de carácter general. Expediente No. 95-2010. Es preciso señalar que esta sentencia fue recurrida en casación, pero la Sala Laboral-Contencioso Administrativo en resolución de fecha 19 de febrero de 2013 inadmitió el recurso de casación declarando firme la resolución recurrida. “CONSIDERANDO: Que el acto administrativo impugnado se encuentra firme y está surtiendo sus efectos es un hecho notorio por lo que no admite duda; asimismo que la entidad de derecho público demandada tiene entre sus facultades la de emitir su propio arancel que regule los honorarios profesionales de sus agremiados es una verdad, pero a través de dicho arancel no tiene la facultad de fijar salarios por relaciones laborales, ya que esto es potestad del poder legislativo, potestad esta indelegable por mandato expreso de nuestra carta magna, lo que hace que el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho este dictado con desviación de poder al invadir facultades de un poder del Estado, facultad de legislar que no tiene la institución de derecho público demandada, y en consecuencia al haber invadido facultades de un poder del Estado hace que el acto administrativo de carácter general parcialmente impugnado este entre las nulidades de pleno derecho que prescribe el artículo 34 a) de la Ley de Procedimiento Administrativo, por ser dictado por órgano absolutamente incompetente. CONSIDERANDO (7): Que al ser evidente que el acto administrativo de carácter general parcialmente impugnado es nulo de pleno derecho por lo motivado anteriormente, y por estar surtiendo efectos, la sentencia definitiva venid en apelación esta dictada conforme a derecho, por lo que procede su confirmación; y sobre la alegada falta de legitimación del actor a demandar, esto es incorrecto ya este tiene legitimación directa, en virtud que el acto parcialmente impugnado le es creador de obligaciones.” Resulta por demás incuestionable que la motivación es defectuosa ya que se sustenta en un acto general emitido en una Asamblea General del Colegio de Abogados de Honduras al que el Tribunal sentenciador le ha dado el carácter de ley, que aunque dice lo contrario, al declarar su obligatoriedad lo coloca al mismo nivel de la Ley, es decir, le da el rango de tal. De ahí entonces, que si dicho Arancel es nulo porque así lo ha dicho el mismo Tribunal, no puede por manera alguna considerarse como de obligatorio cumplimiento y por supuesto tampoco obligar a un Tribunal a sujetarse a su cumplimiento para motivar una sentencia. Además, el Tribunal Ad quem ha declarado en la sentencia impugnada que es un acto general de obligatorio cumplimiento, pero en las sentencias citadas ha declarado algo distinto, que es de carácter general sin expresar que es de obligatorio cumplimiento. Y no puede tener la obligatoriedad que declara el Ad quem precisamente porque los aranceles establecen regulaciones entre los miembros del gremio profesional que lo integran, es a ellos a quienes obliga, pero no a los terceros pues estos no tienen por qué sujetarse a dichas regulaciones ya que no forman parte de dicho gremio; las relaciones entre el profesional del derecho y el cliente es consensual, es de libre contratación, así lo ha declarado la misma Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.Es cierto que un Tribunal puede cambiar sus criterios con respecto a asuntos similares sometidos a su competencia exponiendo para ello las razones que lo llevan a ese proceder, como bien lo ha hecho la Corte recurrida en anteriores ocasiones, pero es inaceptable, como en este caso particular, que lo hagan sin exponer las razones que los motivan a ello, ya que cuando eso se produce lo que genera es, por una parte inseguridad jurídica y por otra parte una inestabilidad en el mismo Tribunal que redunda en motivaciones defectuosas. El artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil permite que por medio del recurso de casación se llegue a controlar la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo y en el presente caso de autos, es evidente que se manifiesta una falta de racionalidad y lógica en la motivación fáctica por no darle cumplimiento a la legislación vigente y con los mismos criterios expresados anteriormente en otros procesos por la Corte recurrida, trascendiendo al fallo con una conclusión equivocada, infringiendo de esa manera los artículos 200 y 207 del Código Procesal Civil por interpretación errónea de los mismos, ya que aunque hace aplicación de los artículos antes citados, les da un sentido distinto al que prescribe el Código, habida cuenta que la motivación no es más que el razonamiento lógico que resulta del análisis de las pretensiones de as partes y de las pruebas aportadas, subsumiéndolas en la norma jurídica para establecer una conclusión y está visto que en este caso el Tribuna[ Sentenciador no se ajustó a lo prescrito en dichos artículos y les dio la interpretación que consideró conveniente, pero no conveniente a la Ley. El artículo 17 del Código Civil es claro cuando expresa que “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador.” Por lo anterior, considero que se debe estimar la procedencia de este motivo de casación”.- II.- Que en el cargo que antecede la Impetrante incurre en los defectos técnicos siguientes: a) alega interpretación errónea de normas procesales que regulan la forma y contenido de las sentencias, pero en su explicación, censura el criterio jurídico aplicado por el juzgador en el fallo recurrido, citando la existencia de otros fallos con resolución y circunstancias diferentes al impugnado; b) cita en su explicación el articulo 17 del Código Civil, el cual no fue enunciado en su formulación; y, c) realiza extensos alegados de instancia.- “ Que la Recurrentehace referencia en la explicación del anterior motivo, al auto que dictara este Tribunal en el recurso de casación interpuesto y formalizado a raíz de la demanda promovida por el abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, Procurador General de la República en representación del Estado de Honduras, contra el COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, contraída a pedir la nulidad parcial de un acto administrativo de carácter general, el cual fuera inadmitido y por ello quedara firme la sentencia de primera instancia, que declaró la procedencia de tal acción y la inaplicabilidad futura del artículo 89 del Arancel Profesional del Derecho, como una situación que no ha sido advertida por el juzgador; sin embargo, tal nulidad de dicha norma es con los efectos que señala el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es decir, declara la inaplicabilidad futura de tal disposición, lo cual implica que no afecta los casos anteriores donde se haya debatido su aplicación al caso concreto. Como es el sub judice.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de noviembre de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representado en juicio por la Abogada GLENDA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ y Recurridos: los señores REYNA ELIZABETH AYALA REYES, MIGUEL SANTIAGO HERNANDEZ Y OTROS, representados en juicio por el abogado LUIS ALONSO BARAHONA ZUNIGA.- OBJETO DEL PROCESO: La demanda se contrae a pedir la nulidad de un acto administrativo, así como el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, como es el pago del salario de Veintiún mil Lempiras más el reajuste salarial desde el 09 de julio de 2003 y en consecuencia el reajuste de vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes de salario proporcional en forma retroactiva hasta el momento en que se haga efectivo en relación a la cantidad relacionada, todo según el articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado SEBASTIAN ORTEZ AMAYA, quién actúa en su condición de apoderado de los señores REYNA ELIZABETH AYALA REYES Y OTROS, contra el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, representada en juicio por la abogada GLENDA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que la Asamblea del Colegio de Abogados de Honduras celebrada en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida autorizó a la Junta Directiva aprobar el Reglamento del Arancel del Profesional del Derecho que estipula los honorarios mínimos que devengarán los profesionales del derecho que laboran en instituciones del Estado y privadas, facultad otorgada por el Congreso Nacional de la República, en el artículo 89 de dicho Arancel se estipula que el empleado permanente en instituciones públicas y privadas devengarán un sueldo mínimo mensual de L.21, 000.00 y aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras y en caso que las instituciones privadas otorguen un aumento mayor, se aplicará este según la conveniencia del profesional del Derecho incluyendo los que laboran en la Policía Nacional, no reconociéndose en dicha institución ese derecho mediante reajuste. Los demandantes realizaron el reclamo correspondiente agotando los recursos de ley dictando la institución resolución no. SEDS-197-2008, de fecha 31 de octubre del 2008, siendo negativa a la petición, mediante oficio SEDS-1417-2008 del 12 de noviembre del 2008.- 2.- El ESTADO DE HONDURAS, contestó la demanda señalando que el Arancel del Profesional del Derecho no tiene estatus de ley, al igual no por tener la facultad de imponer aranceles tenga facultad o potestad legal para regular una materia de índole laboral para imponer salario mínimo para el profesional del Derecho, la Secretaría se basa en las leyes para hacer efectivo los salarios de acuerdo a la escala de sueldos y salarios aprobados por las disposiciones de puestos y sueldos, al momento de la libre contratación los demandantes aceptaron el sueldo establecido en las plazas por lo que no cabe el reclamo ya que a falta de convenio se aplica el arancel no sujetándose en este caso.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha veinte de mayo del dos mil once, declarando procedente la acción, en consecuencia se anuló la resolución emitida por la Secretaría de Seguridad, se reconoció la situación jurídica de los demandantes y para su pleno restablecimiento se condenó al Estado de Honduras a pagarle a los demandantes el ajuste que corresponda al salario que devengan en la Secretaria de Seguridad calculado desde la relación de servicio o desde que entró en vigencia el Arancel aplicando el incremento por el índice inflacionario, pagar los reajustes correspondientes a las vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario devengado, sin costas; bajo el criterio que el Arancel del Profesional del Derecho es un instrumento jurídico de carácter especial formando parte del ordenamiento jurídico vigente en el país y por ende es de obligatorio cumplimiento.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de febrero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo, siendo del criterio que si bien es cierto el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de ley, no es menos cierto que es un acto general de obligatorio cumplimiento, el cual esta en vigencia, por lo cual, al cumplir los demandantes los requisitos que dicho arancel establece para su aplicación debe aplicárseles el mismo en su favor, específicamente lo establecido en el artículo 89.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada GLENDA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ, en fecha ocho de abril del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha quince de febrero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.190-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 007-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha quince de abril del año dos mil trece, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado LUIS ALONSO BARAHONA ZUNIGA, presentó, en fecha veintiséis de abril del año dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, siendo notificados de dicha resolución personalmente y vía llamada telefónica los abogados LUIS ALONSO BARAHONA ZUNIGA y GLENDA XIOMARA RAMIREZ, respectivamente, en fecha tres de mayo del año dos mil trece.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados LUIS ALONSO BARAHONA ZUNIGA y GLENDA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ, presentaron escritos de personamiento en fechas siete y nueve de mayo del año dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea de los artículos que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea de los Artículos 200.2 literal c) y 207 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 literal c) en relación con el 720, ambos del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna toda la parte resolutiva de la sentencia, salvo en cuanto declara sin costas. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 720 del Código Procesal Civil, prescribe: 1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” El artículo 719 inciso c) del numeral 1) prescribe: 1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan:... c) La forma y contenido de las sentencias. Pues bien Honorable Corte, solicitamos por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil en sus artículos 200 y 207 impone de manera meridiana, y cito textualmente: Artículo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1... 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente:... c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. ARTICULO 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. La sentencia recurrida tiene entre otros, la siguiente motivación: “CONSIDERANDO (6): Que si bien es cierto, el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de Ley, no es menos cierto, que es un Acto General de obligatorio cumplimiento, el cual está en vigencia, por lo cual, al cumplir los demandantes los requisitos que dicho Arancel establece para su aplicación, debe de aplicárseles el mismo en su favor, específicamente lo establecido en su artículo 89, desde la fecha de nombramiento de los demandantes o en su caso de la entrada en vigencia del relacionado Arancel.” La equivocación del Juzgador es por más que evidente, sustenta su sentencia en un Arancel que reconoce no tener el rango de ley, no obstante dispone que es un acto general de obligatorio cumplimiento, al margen que la misma Corte de Apelaciones ha declarado en otros casos que dicho Arancel es un acto nulo, por lógica consecuencia, no tiene ninguna validez. Para demostrar la equivocación del Tribunal recurrido cito a continuación los fallos en que han sostenido la nulidad de dicho acto: Sentencia de 14 de agosto de 2007, dictada en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ROBERTO LOZANO, apoderado del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia de fecha 20 de febrero de 2006 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la demanda promovida por el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO como apoderado de los señores SERGIO DANIEL ELVIR AMAVA y OTROS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, contraída a pedir la ilegalidad de una resolución emitida, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento de los derechos el pago de reajuste y nivelación de salarios, más el pago de los derechos colaterales, más el incremento del índice inflacionario decretado por el banco Central de Honduras a los salarios adeudados, en vista de recuperar el poder adquisitivo de la moneda con base a los porcentajes sobre el incremento al índice de precios al consumidor (IPC) desde que entró en vigencia a partir del 9 de julio de dos mil tres, publicado en el diario oficial La Gaceta. Expediente No. 052-2006. “CONSIDERANDO: Que de los antecedentes resulta que el objeto del juicio lo constituye la aplicación o no, a los demandantes del artículo 80 del Arancel del Profesional del Derecho, que establece que los profesionales que laboren permanentemente a tiempo completo en Instituciones Públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semi-autónomas, empresas mixtas de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativa y Judicial) y Empresa Privada en general, que se desempeñen como tal, devengarán un sueldo mínimo de (L. 21,000.00) Veintiún mil Lempiras. CONSIDERANDO: Que la Honorable Corte Suprema de Justicia-Sala Constitucional en sentencia dictada en fecha diez de octubre del dos mil seis, en las diligencias de garantías de inconstitucionalidad interpuestas por vía de excepción del artículo 89 del arancel del Profesional del Derecho, estableció que dicho Arancel “no tiene el rango de Ley, puesto que el origen, discusión y aprobación de su contenido, no ha sido efectuada a través del órgano competente (Congreso Nacional) y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la ley, razón suficiente para concluir que las disposiciones de dicho Arancel no se encuentran dentro del ámbito de conocimiento de la garantía de inconstitucionalidad”, de lo anterior se desprende que de conformidad a la Ley Sobre Justicia Constitucional la acción de inconstitucionalidad procede contra las leyes y el Arancel del Profesional del Derecho es un acto de carácter general de naturaleza normativa, que solo es susceptible de impugnación por la vía Contencioso Administrativo con lo cual queda dilucidada la controversia sobre si el arancel es una ley de carácter obligatorio o no, dando sumamente claro que el referido Arancel no es una Ley y no tiene obligatoriedad. CONSIDERANDO: Que el Arancel del Profesional del Derecho al no tener rango de un cuerpo legal emitido por el Congreso, ni observado los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la Ley, no tiene carácter obligatorio, en tal sentido no puede contravenir la libertad contractual establecida en el artículo 331 constitucional y el artículo 320 que manda que en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinario se aplicará la primera. CONSIDERANDO: Que no obstante en el inciso d) de la Ley Orgánica fija como un derecho de los colegiados convenir sus honorarios con el cliente sin rebajar las tarifas asignadas en los Aranceles Judiciales, Notarial y Administrativo, pero en aplicación de la libre contratación, en su momento la Administración y los profesionales del derecho tuvieron la oportunidad de pactar sus condiciones de trabajo como consta en los acuerdos de nombramiento de los demandantes, los que al momento de ser contratados aceptaron sus sueldos asignados, por lo que no pueden en estos momentos solicitar reajuste de conformidad con el artículo 89 del Arancel del Profesional del derecho ya que solamente a falta de convenio se aplicarán dichos aranceles, asimismo la misma Ley en el inciso ñ) del artículo 33 señala como atribución de la Junta Directiva del Colegio, decidir sobre honorarios, cuando surja sobre los mismos, desacuerdos entre los colegiados y sus clientes, si ambas partes determinan someter a sus conocimientos la discrepancia lo cual sería un procedimiento a seguir por los profesionales del derecho para resolver sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que se han dictado sentencias en las cuales se ha reconocido el reajuste salarial de conformidad con el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, las mismas fueron emitidas cuando estaban pendiente de la resolución ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la controversia sobre la inconstitucionalidad del Arancel del Profesional del Derecho tampoco pueden ser consideradas como antecedentes o jurisprudencia pues las mismas no se encuentran firmes, tan es así que en sentencia dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha quince de mayo de dos mil siete declaró de oficio la nulidad de la proferida por esta Corte en fecha treinta y uno de julio de dos mil seis por considerar que adolece de congruencia, en tal sentido y, habiéndose pronunciado en que no ha lugar a la garantía de inconstitucionalidad por razón de fondo del Decreto No. 82-96 del treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis, contentivo del Arancel del Profesional del Derecho y en particular de su artículo 89, porque no es una ley sino que un acto de carácter general, de naturaleza normativa emitido por una entidad de derecho público, pues esta Corte procede a dictar nueva sentencia de acuerdo a lo dispuesto en las sentencias emitidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia.” Sentencia de 24 de enero de 2011, dictada en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR como apoderado del COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en esta ciudad, en fecha 27 de noviembre de 2009 en la demanda promovida por el Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, Procurador General de la República contra la entidad de derecho público el COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, contraída a pedir la nulidad parcial de un acto administrativo de carácter general. Expediente No. 95-2010. Es preciso señalar que esta sentencia fue recurrida en casación, pero la Sala Laboral-Contencioso Administrativo en resolución de fecha 19 de febrero de 2013 inadmitió el recurso de casación declarando firme la resolución recurrida. “CONSIDERANDO: Que el acto administrativo impugnado se encuentra firme y está surtiendo sus efectos es un hecho notorio por lo que no admite duda; asimismo que la entidad de derecho público demandada tiene entre sus facultades la de emitir su propio arancel que regule los honorarios profesionales de sus agremiados es una verdad, pero a través de dicho arancel no tiene la facultad de fijar salarios por relaciones laborales, ya que esto es potestad del poder legislativo, potestad esta indelegable por mandato expreso de nuestra carta magna, lo que hace que el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho este dictado con desviación de poder al invadir facultades de un poder del Estado, facultad de legislar que no tiene la institución de derecho público demandada, y en consecuencia al haber invadido facultades de un poder del Estado hace que el acto administrativo de carácter general parcialmente impugnado este entre las nulidades de pleno derecho que prescribe el artículo 34 a) de la Ley de Procedimiento Administrativo, por ser dictado por órgano absolutamente incompetente. CONSIDERANDO (7): Que al ser evidente que el acto administrativo de carácter general parcialmente impugnado es nulo de pleno derecho por lo motivado anteriormente, y por estar surtiendo efectos, la sentencia definitiva venid en apelación esta dictada conforme a derecho, por lo que procede su confirmación; y sobre la alegada falta de legitimación del actor a demandar, esto es incorrecto ya este tiene legitimación directa, en virtud que el acto parcialmente impugnado le es creador de obligaciones.” Resulta por demás incuestionable que la motivación es defectuosa ya que se sustenta en un acto general emitido en una Asamblea General del Colegio de Abogados de Honduras al que el Tribunal sentenciador le ha dado el carácter de ley, que aunque dice lo contrario, al declarar su obligatoriedad lo coloca al mismo nivel de la Ley, es decir, le da el rango de tal. De ahí entonces, que si dicho Arancel es nulo porque así lo ha dicho el mismo Tribunal, no puede por manera alguna considerarse como de obligatorio cumplimiento y por supuesto tampoco obligar a un Tribunal a sujetarse a su cumplimiento para motivar una sentencia. Además, el Tribunal Ad quem ha declarado en la sentencia impugnada que es un acto general de obligatorio cumplimiento, pero en las sentencias citadas ha declarado algo distinto, que es de carácter general sin expresar que es de obligatorio cumplimiento. Y no puede tener la obligatoriedad que declara el Ad quem precisamente porque los aranceles establecen regulaciones entre los miembros del gremio profesional que lo integran, es a ellos a quienes obliga, pero no a los terceros pues estos no tienen por qué sujetarse a dichas regulaciones ya que no forman parte de dicho gremio; las relaciones entre el profesional del derecho y el cliente es consensual, es de libre contratación, así lo ha declarado la misma Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Es cierto que un Tribunal puede cambiar sus criterios con respecto a asuntos similares sometidos a su competencia exponiendo para ello las razones que lo llevan a ese proceder, como bien lo ha hecho la Corte recurrida en anteriores ocasiones, pero es inaceptable, como en este caso particular, que lo hagan sin exponer las razones que los motivan a ello, ya que cuando eso se produce lo que genera es, por una parte inseguridad jurídica y por otra parte una inestabilidad en el mismo Tribunal que redunda en motivaciones defectuosas. El artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil permite que por medio del recurso de casación se llegue a controlar la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo y en el presente caso de autos, es evidente que se manifiesta una falta de racionalidad y lógica en la motivación fáctica por no darle cumplimiento a la legislación vigente y con los mismos criterios expresados anteriormente en otros procesos por la Corte recurrida, trascendiendo al fallo con una conclusión equivocada, infringiendo de esa manera los artículos 200 y 207 del Código Procesal Civil por interpretación errónea de los mismos, ya que aunque hace aplicación de los artículos antes citados, les da un sentido distinto al que prescribe el Código, habida cuenta que la motivación no es más que el razonamiento lógico que resulta del análisis de las pretensiones de as partes y de las pruebas aportadas, subsumiéndolas en la norma jurídica para establecer una conclusión y está visto que en este caso el Tribuna[ Sentenciador no se ajustó a lo prescrito en dichos artículos y les dio la interpretación que consideró conveniente, pero no conveniente a la Ley. El artículo 17 del Código Civil es claro cuando expresa que “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador.” Por lo anterior, considero que se debe estimar la procedencia de este motivo de casación”.- II.- Que en el cargo que antecede la Impetrante incurre en los defectos técnicos siguientes: a) alega interpretación errónea de normas procesales que regulan la forma y contenido de las sentencias, pero en su explicación, censura el criterio jurídico aplicado por el juzgador en el fallo recurrido, citando la existencia de otros fallos con resolución y circunstancias diferentes al impugnado; b) cita en su explicación el articulo 17 del Código Civil, el cual no fue enunciado en su formulación; y, c) realiza extensos alegados de instancia.- III.- Que la Recurrente hace referencia en la explicación del anterior motivo, al auto que dictara este Tribunal en el recurso de casación interpuesto y formalizado a raíz de la demanda promovida por el abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, Procurador General de la República en representación del Estado de Honduras, contra el COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, contraída a pedir la nulidad parcial de un acto administrativo de carácter general, el cual fuera inadmitido y por ello quedara firme la sentencia de primera instancia, que declaró la procedencia de tal acción y la inaplicabilidad futura del artículo 89 del Arancel Profesional del Derecho, como una situación que no ha sido advertida por el juzgador; sin embargo, tal nulidad de dicha norma es con los efectos que señala el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es decir, declara la inaplicabilidad futura de tal disposición, lo cual implica que no afecta los casos anteriores donde se haya debatido su aplicación al caso concreto. Como es el sub judice.- IV.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- V.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha quince de noviembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 317-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL