Sentencia CA-31-13 — Registro 2743
Resumen
En primera instancia declarando parcialmente procedente la acción en el único sentido de reconocerle los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegal cancelación hasta que quede firme la presente sentencia, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo, manifestando lo siguiente: “La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; Consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La Sentenciade Segunda Instancia y, que es motivo de impugnación se basó en que supuestamente fueron violados los presupuestos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil, para proceder a la cancelación de la demandante, al no haberse seguido totalmente el procedimiento para proceder a su cancelación por Cesantía, sin darle el valor real que tienen los medios de pruebas que fueron propuestos y evacuados, la Demandante Señora JOHANA ELIZABETH FLORES MONCADA, prestó sus servicios como Analista de Recursos Humanos y, al interponer esta improcedente demanda, sin fundamento alguno con el único ánimo de lucrarse y obtener un beneficio económico que a todas luces no le corresponde y, tal cometido lo está logrando, al concederle un derecho que no le corresponde, pues los salarios dejados de percibir que se le están reconociendo, no le corresponder, debido a que la autoridad nominadora antes de emitir el correspondiente Acuerdo de Cancelación lleno cada uno de los requisitos legales y siguió con el procedimiento legalmente establecido para tal efecto, por lo tanto el mismo es emitido conforme a derecho y por lo tanto revestido de toda la solemnidad y la legalidad del caso, cumpliendo a cabalidad y en todo momento del procedimiento legal que para tal efecto señala la Ley de Servicio Civil y su respectivo Reglamento y, ha sorprendido en su buena fe al Tribunal tanto de Primera como de Segunda Instancia, puesto los argumentos que utilizo en la demanda no pueden tomarse como válidas para calificar o sustentar la interposición de una improcedente demanda, que a todas luces corresponde la improcedencia de un derecho, más que el que ya se encuentra plenamente identificado y calculado y, que valga la aclaración, con el procedimiento seguido por mi representado, se han salvaguardado en todo momento, todos los derechos que le pudiera corresponder y, que están consignado en la Ley de Servicio Civil y su respectivo Reglamento, ya que se está dejando pasar por alto, intencionalmente o por descuido, todas las estipulaciones legales que al efecto se han emitido, así como las circunstancias que provocaron la cancelación de plazas y posterior reestructuración que sufrió la Dirección General de Servicio Civil, dichas disposiciones las encontramos ampliamente desarrolladas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, pues precisamente atendiendo a dichos preceptos legales y, en apego a la Ley se procedió conforme a derecho a emitir el correspondiente Acuerdo de Cancelación por Cesantía de la demandante y, por lo tanto le corresponde únicamente las indemnizaciones legales que se encuentran a su disposiciones para ser reclamadas porla Señora Johana Elizabeth Flores Moncada, por haber sido Cancelada por medio de Cesantía. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al momento de emitir el fallo, motivo de esta Casación, no valoro así como tampoco lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, pues se probó hasta la saciedad, que efectivamente se cumplió con el procedimiento para proceder a la cancelación por Cesantía, Honorables Magistrados, como es posible que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y la Corte de Apelaciones hiciera una mala apreciación de lo que señala la Ley de Servicio Civil.”.- “ Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes; a) omite el Impetrante la norma o normas que en su concepto fueron infringidas; b) en el desarrollo del cargo hace referencia al material probatorio y su revisión (valoración) lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, está excluido del recurso de casación y c) realiza además alegatos propios de instancia inoportunos en este recurso extraordinario”” Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-“”Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal c (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: Abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, y Recurrida: la señora JOHANA ELIZABETH FLORES MONCADA, representada en juicio por el Abogado DAVID LEONARDO DIAZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia personal para que declare nulidad de un acto administrativo de carácter particular, que se anule totalmente el mismo, se reconozca la situación jurídica individualizada del derecho subjetivo violado y como medida para restablecerla que se reintegre al cargo por el cual se había nombrado y se paguen los salarios caídos dejados de percibir y demás derechos, costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de octubre del dos mil nueve, por la señora JOHANA ELIZABETH FLORES MONCADA, mayor de edad, casada, Licenciada en Economía, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, representado en juicio por la Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a trabajar en fecha 1 de octubre del 2002, en el cargo de Analista de Recursos Humanos, de la Dirección de Servicio Civil, devengando un sueldo mensual, pero fue cancelada por cesantía de su puesto de trabajo, dicho acto se encuentra en el acuerdo de cancelación número 095-DP-2009 a nombre de Johana Elizabeth Flores Moncada de fecha 18 de septiembre del 2009, con efectividad a partir del 21 de septiembre de ese mismo año, que en el referido acuerdo de cancelación es ilegal y no cumple con lo establecido en la Ley de Servicio Civil, ya que esta mal despedida, pues se realizó al margen de lo establecido en las normas y procedimientos legales, por violentar lo establecido en los artículos 64 y 129 de la Constitución de la Republica, los que garantizan la estabilidad laboral y en consecuencia a no ser trasladados ni degradados o despedidos sin justa causa ya que al evacuar la consulta correspondiente y estimen que procede la cesantía por encontrarse comprendido en algunas de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora acredite en forma fehaciente como ser la reducción forzosa de servicios o de personal.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se opone a las pretensiones del demandante, en virtud de alegar que la cancelación por cesantía de la demandante se hizo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicio Civil, esto es, que se solicitó a la Dirección General de Servicio Civil en fecha 10 de septiembre del 2009, sobre la procedencia o no de la cesantía de la ahora demandante, por lo que en fecha 18 de septiembre del 2009 se emitió el acuerdo de cancelación por cesantía número 95-DP-2009, con lo anterior se concluye que el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil establece las excepciones que dan lugar a la cancelación del nombramiento de un servidor público mediante la figura de la cesantía entre ellas la reducción de los servicios o del personal con el fin de obtener para la institución una mas eficaz y económica organización administrativa.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de enero del dos mil doce, dictó sentencia declarando parcialmente procedente la acción en el único sentido de reconocerle los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegal cancelación hasta que quede firme la presente sentencia, todo en virtud de lo manifestado en el considerando ocho del presente fallo por ser materialmente imposible el reintegro por haber sido cancelada la plaza que ocupaba la ahora demandante y condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de la Presidencia al pago a favor del demandante de las prestaciones laborales correspondientes más los salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia, mas los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimotercer mes, decimocuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas, bajo el criterio que hubo infracción al ordenamiento jurídico, al haberse cancelado a la demandante sin seguirse totalmente el procedimiento legalmente establecido, no obstante quedó acreditado también en autos, que la plaza que ocupaba la demandante como analista de recursos humanos de la Dirección General de Servicio Civil, quedó cancelada, por lo tanto ya no procede el reintegro como reconocimiento de la situación jurídica individualizada, pero si los salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta el momento en que quede firme el presente fallo; por consiguiente no existe situación jurídica individualizada que sea digna de tutela jurídica ya que es materialmente imposible el reintegro a la plaza que ocupaba por haber sido cancelada.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el A-Quo venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para dictar el Acuerdo de Cancelación de la Demandante estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de autos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulte ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado y por consiguiente el acto el nulo y quedando acreditado que la plaza que ocupaba la demandante quedó cancelada, por lo que el reintegro no es posible.- 5.- Mediante providencia de fecha treinta de julio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- Mediante providencia de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, declaró la preclusión del plazo señalado por la Ley para que el abogado DAVID LEONARDO DIAZ, se pronunciara sobre el contenido del presente recurso de casación, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, el Abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES y en fecha ocho de enero del dos mil trece, el abogado DAVID LEONARDO DIAZ AVILA.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados EDWIN NATAN PINTO FLORES, en fecha cuatro de octubre del dos mil doce y DAVID LEONARDO DIAZ AVILA, fecha catorce de enero del dos mil trece, presentaron escritos, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo, manifestando lo siguiente: “La Casación se basa en el artículo 719 numeral 2; Consistente en la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. La Sentencia de Segunda Instancia y, que es motivo de impugnación se basó en que supuestamente fueron violados los presupuestos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil, para proceder a la cancelación de la demandante, al no haberse seguido totalmente el procedimiento para proceder a su cancelación por Cesantía, sin darle el valor real que tienen los medios de pruebas que fueron propuestos y evacuados, la Demandante Señora JOHANA ELIZABETH FLORES MONCADA, prestó sus servicios como Analista de Recursos Humanos y, al interponer esta improcedente demanda, sin fundamento alguno con el único ánimo de lucrarse y obtener un beneficio económico que a todas luces no le corresponde y, tal cometido lo está logrando, al concederle un derecho que no le corresponde, pues los salarios dejados de percibir que se le están reconociendo, no le corresponder, debido a que la autoridad nominadora antes de emitir el correspondiente Acuerdo de Cancelación lleno cada uno de los requisitos legales y siguió con el procedimiento legalmente establecido para tal efecto, por lo tanto el mismo es emitido conforme a derecho y por lo tanto revestido de toda la solemnidad y la legalidad del caso, cumpliendo a cabalidad y en todo momento del procedimiento legal que para tal efecto señala la Ley de Servicio Civil y su respectivo Reglamento y, ha sorprendido en su buena fe al Tribunal tanto de Primera como de Segunda Instancia, puesto los argumentos que utilizo en la demanda no pueden tomarse como válidas para calificar o sustentar la interposición de una improcedente demanda, que a todas luces corresponde la improcedencia de un derecho, más que el que ya se encuentra plenamente identificado y calculado y, que valga la aclaración, con el procedimiento seguido por mi representado, se han salvaguardado en todo momento, todos los derechos que le pudiera corresponder y, que están consignado en la Ley de Servicio Civil y su respectivo Reglamento, ya que se está dejando pasar por alto, intencionalmente o por descuido, todas las estipulaciones legales que al efecto se han emitido, así como las circunstancias que provocaron la cancelación de plazas y posterior reestructuración que sufrió la Dirección General de Servicio Civil, dichas disposiciones las encontramos ampliamente desarrolladas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, pues precisamente atendiendo a dichos preceptos legales y, en apego a la Ley se procedió conforme a derecho a emitir el correspondiente Acuerdo de Cancelación por Cesantía de la demandante y, por lo tanto le corresponde únicamente las indemnizaciones legales que se encuentran a su disposiciones para ser reclamadas por la Señora Johana Elizabeth Flores Moncada, por haber sido Cancelada por medio de Cesantía. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al momento de emitir el fallo, motivo de esta Casación, no valoro así como tampoco lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, pues se probó hasta la saciedad, que efectivamente se cumplió con el procedimiento para proceder a la cancelación por Cesantía, Honorables Magistrados, como es posible que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y la Corte de Apelaciones hiciera una mala apreciación de lo que señala la Ley de Servicio Civil.”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes; a) omite el Impetrante la norma o normas que en su concepto fueron infringidas; b) en el desarrollo del cargo hace referencia al material probatorio y su revisión (valoración) lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, está excluido del recurso de casación y c) realiza además alegatos propios de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES en su condición de apoderado de la parte demandada en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional de fecha veinticuatro de mayo del dos mil doce. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de Agosto del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha treinta de julio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 31-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL