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Sentencia CA-30-12 — Registro 2941

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida por infracción en la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia: (Artículos 200.2, 206, 207, 208 del Código Procesal Civil)… El Artículo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe: “1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” El Artículo 719 inciso c) del numeral 1) prescribe: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) La forma y contenido de las sentencias.” Pues bien Honorable Corte, solicito por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación e interpretación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil regulaba a través del Artículo 200, en sus ordinales 1) y 2) el contenido formal de las sentencias; estipulando en el literal d) del numeral 2 lo siguiente: “...2)... d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación.” (El subrayado es propio)”, disposición que en el presente caso debe relacionarse con el Artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece “Los recursos se regirán por la legislación procesal civil, salvo lo dispuesto por esta Ley.” y con el Artículo 134 de la misma Ley que establece “En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletorios, el Código de Procedimientos Civil y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.” La sentencia es un proceso lógico de pensamiento en donde la conclusión a que se llega es el resultado del análisis de los diversos elementos fácticos que se presentan en el juicio enmarcándolos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, debiendo por tanto, haber una conexión lógica entre estos y esa conclusión, que del estudio de la sentencia en cuestión se manifiesta una situación ajena a la ley. El Tribunal Ad quem mediante la Sentencia impugnada en este recurso de fecha tres (03) de Agosto del año dos mil once (2011) confirmó la Sentencia de fecha quince (15) de Abril del año dos mil once (2011) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial en la que reconoció la situación jurídica individualizada del demandante y para el pleno restablecimiento resolvió reintegrar al demandante a su Cargo de Sub Gerente de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente y condenó a mi representado el Estado de Honduras a través de la misma Secretaría de Estado a pagarle a la demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que se produzca el reintegro, más el pago de los beneficios obtenidos durante su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, motivando la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial la sentencia recurrida de la siguiente manera:“” Que del estudio y análisis del presente caso de autos se desprende que la sentencia definitiva venida en recurso de apelación está dictada conforme a derecho esto porque consta de autos que la autoridad nominadora no siguió procedimiento alguno de los señalados en la ley de servicio civil y su reglamente para cancelar a la demandante ya sea por cesantía o por despido lo que hace que nos encontremos ante un acto nulo de pleno derecho porque el acto impugnado se dictó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido (artículo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo) CONSIDERANDO (5): Que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en sus artículos 3 y 21 respectivamente señalan cuales son los cargos que se encuentran excluidos del régimen de servicio civil y el cargo que ocupaba la demandante no se encuentra dentro de dichos cargos excluidos, por lo que si la autoridad nominadora pretendía cancelarle, esto tenía que ser dentro de los presupuestos prescritos en el ordenamiento jurídico aquí mencionado, y lo que no ocurrió viciando de nulidad de pleno derecho acto impugnado. “ Que por los motivos antes expuestos esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva apelada por estar dictada conforme a derecho.” La parte apelante recurre la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en vista que tal como se establece en la expresión de agravios “a la demandante ya se reconocieron los derechos que reclama en virtud de la cancelación de su cargo mediante el reclamo administrativo presentando ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), tal como se acreditó en autos con la copia debidamente autenticada de la Resolución No. 1177-2010 de fecha uno (01) de Junio del dos mil diez (2010) y demás medios probatorios, por lo que la presente demanda carece de objeto ya que sus derechos fueron reconocidos en vía administrativa, otorgándole derechos a la demandante que ya le habían sido reconocidos por la parte demandada a petición de la propia actora” y “los derechos de la demandante fueron reconocidos mediante la resolución antes transcrita, sin embargo, no han sido liquidados en virtud que la demandante igualmente es deudora del Estado de Honduras por la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS (L. 9,379.23), cantidades que pueden ser compensadas como forma de extinción de las obligaciones, correspondiendo únicamente a la demandante solicitar la liquidación en virtud de encontrarse firme la Resolución números 1177-2010 antes relacionada. Asimismo, al encontrarse firme y no proceder ningún recurso contra la Resolución número 1177-2010 de fecha uno (01) de Junio del dos mil diez (2010) dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), se entiende que el reconocimiento de los derechos de la demandante ya fueron reconocidos en su totalidad, siendo la liquidación únicamente una consecuencia de ese reconocimiento y una potestad única de la demandante para solicitarlo, debiendo haberse declarado sin lugar la demanda de mérito en virtud de estar reconocidos los derechos de la demandante.” Tal como apreciarse, la forma y contenido de la sentencia impugnada mediante el presente recurso no cumple con lo establecido en el Artículo 200 del Código Procesal Civil, mismo que regula el contenido formal de las sentencias, ya que no cumple con lo establecido en el literal d) del numeral 2) del precitado Artículo, ya que la Corte de Apelaciones de Contencioso Administrativo en ningún momento se pronunció sobre la pretensión de la parte demandada referente a que los derechos que reclama la parte demandante ya le fueron reconocidos en vía administrativa, requisito que debió haber contenido la sentencia impugnada, tal como ordena el precitado Artículo “…el fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o alguna de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos...” (el subrayado es propio).Asimismo, el Artículo 207 del Código Procesal Civil establece la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón, situación que no se da en el caso de la sentencia recurrida, ya que no considera en ningún momento los agravios expresados por la parte apelante, siendo esta una obligación ineludible al momento de dictarse el fallo, no siendo la sentencia congruente con los agravios expresados en el recurso de apelación. Tal como se ha expuesto anteriormente procede el presente motivo de casación en virtud que la forma y contenido de la sentencia recurrida no se encuentra ajustada a derecho y en vista que la falta de motivación sobre los aspectos antes indicados es determinante para un sentido diferente del fallo, siendo procedente la revisión de la motivación fáctica en virtud de lo establecido en el Artículo 720.2 del Código Procesal Civil en relación con los Artículos 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.- “ Que en relación al motivo expuesto por el Recurrente, en base al estudio realizado, se puede apreciar que el mismo no resulta admisible, en virtud de lo siguiente: a) no constituye una proposición jurídica completa en virtud que no precisa si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales citadas; b) no demuestra la incidencia en el sentido de la resolución impugnada, convirtiendo su explicación en alegatos propios de instancia; y,c) revisada la sentencia en su motivación de hechos no se encuentra violación en los términos expuestos por el Impetrante.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado ALBERTO GARCIA FORTIN y Recurrida: SAGRARIO CARIDAD MOLINA PRUDOT, representada en juicio por el abogado MARCELO ERASMO AGUILERA ESCOBAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, que se declare la ilegalidad y su nulidad por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de formalidades esenciales, que se reconozca una situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento se ordene el reintegro al trabajo con el reconocimiento de incrementos salariales en ausencia, salarios dejados de percibir, vacaciones y colaterales causadas y proporcionales, promovida por la señora SAGRARIO CARIDAD MOLINA PRUDOT, representada en juicio por el abogado MARCELO ERASMO AGUILERA ESCOBAR, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, representado en juicio por el abogado ALBERTO GARCIA FORTIN.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició a prestar sus servicios a la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, en fecha 1 de febrero de 2008, desempeñándose en el cargo de Sub Gerente de Recursos Humanos, que mediante acuerdo No.1157-2009 de fecha 24 de agosto de 2009, se le canceló del puesto de trabajo del que venía desempeñando la demandante, bajo el argumento de ser un puesto excluido del Régimen de Servicio Civil, fundamentándose en los artículos 3 inciso f) de dicha Ley y 21 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; que la autoridad nominadora no observó el procedimiento de cancelación o de despido de conformidad con la Ley, siendo inadmisible calificar el puesto de la demandante como de confianza o excluido, sino se encuentra dentro de los parámetros o presupuestos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su reglamento.- 2.- La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, contestó la demanda señalando que se rechaza que dicha Secretaría haya emitido el acuerdo No.1157-2009, con el objeto de dejar sin valor y efecto el nombramiento de la demandante, contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente, tal como lo afirma la demandante en su demanda, ya que el cargo desempeñado por la demandante se encuentra comprendido dentro de los servicios excluidos enumerados en la Ley de Servicio Civil, además de lo anterior, la demandante en fecha 18 de diciembre de 2009, presentó ante la Secretaría demandada el reclamo administrativo por las actuaciones de la administración violatorias de sus derechos laborales, por lo que se emitió la resolución en la que reconoce a la demandante el pago de los derechos laborales, en consecuencia, la presente acción debe ser declarada improcedente, puesto que habiendo solicitado la demandante el pago de los derechos laborales pendientes de pago, es incompatible que solicite la acción de reintegro al trabajo, sin desestimar que en la demanda, la demandante ha invocado hechos y derechos distintos a los sustentados en el reclamo administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de abril de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación No.1157-2009 de fecha 24 de agosto de 2009, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, por medio del cual se canceló a la demandante, se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar a la demandante al puesto de trabajo y condena al Estado de Honduras al pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio de que no se acreditó en juicio elementos indispensables que debe cumplir la autoridad nominadora para prescindir de los servicios de las personas afectadas por las cesantías, lo que hace que dicho acto, infrinja el ordenamiento jurídico al no realizar el procedimiento tal y como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 280, 281 de su respectivo reglamento.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 3 de agosto de 2011, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-Quo, sin costas; bajo el criterio de que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en sus artículos 3 y 21 respectivamente, señalan cuales son los cargos que se encuentran excluidos del régimen de servicio civil y el cargo que ocupaba la demandante no se encuentra dentro de dichos cargos excluidos, por lo que si la autoridad nominadora pretendía cancelarle, esto tenía que ser dentro de los presupuestos prescritos en el ordenamiento jurídico y lo que no ocurrió, viciando de nulidad de pleno derecho al acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, presentó en fecha diecisiete de octubre de dos mil once, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha tres de agosto de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 195-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.287-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandante, representada en juicio por el abogado MARCELO ERASMO AGUILERA ESCOBAR, presentó en fecha uno de diciembre de dos mil once, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cinco de diciembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificada personalmente de dicha resolución en fecha cuatro y nueve de enero de dos mil doce, los abogados ALBERTO GARCIA FORTIN y MARCELO ERASMO AGUILERA ESCOBAR, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, los abogados ALBERTO GARCIA FORTIN y MARCELO ERASMO AGUILERA ESCOBAR, presentaron escritos en fecha cinco y once de enero de dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida por infracción en la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia: (Artículos 200.2, 206, 207, 208 del Código Procesal Civil)… El Artículo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe: “1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” El Artículo 719 inciso c) del numeral 1) prescribe: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) La forma y contenido de las sentencias.” Pues bien Honorable Corte, solicito por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda Instancia en la aplicación e interpretación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil regulaba a través del Artículo 200, en sus ordinales 1) y 2) el contenido formal de las sentencias; estipulando en el literal d) del numeral 2 lo siguiente: “...2)... d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación.” (El subrayado es propio)”, disposición que en el presente caso debe relacionarse con el Artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece “Los recursos se regirán por la legislación procesal civil, salvo lo dispuesto por esta Ley.” y con el Artículo 134 de la misma Ley que establece “En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletorios, el Código de Procedimientos Civil y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.” La sentencia es un proceso lógico de pensamiento en donde la conclusión a que se llega es el resultado del análisis de los diversos elementos fácticos que se presentan en el juicio enmarcándolos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, debiendo por tanto, haber una conexión lógica entre estos y esa conclusión, que del estudio de la sentencia en cuestión se manifiesta una situación ajena a la ley. El Tribunal Ad quem mediante la Sentencia impugnada en este recurso de fecha tres (03) de Agosto del año dos mil once (2011) confirmó la Sentencia de fecha quince (15) de Abril del año dos mil once (2011) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial en la que reconoció la situación jurídica individualizada del demandante y para el pleno restablecimiento resolvió reintegrar al demandante a su Cargo de Sub Gerente de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente y condenó a mi representado el Estado de Honduras a través de la misma Secretaría de Estado a pagarle a la demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que se produzca el reintegro, más el pago de los beneficios obtenidos durante su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, motivando la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial la sentencia recurrida de la siguiente manera: “CONSIDERANDO (4): Que del estudio y análisis del presente caso de autos se desprende que la sentencia definitiva venida en recurso de apelación está dictada conforme a derecho esto porque consta de autos que la autoridad nominadora no siguió procedimiento alguno de los señalados en la ley de servicio civil y su reglamente para cancelar a la demandante ya sea por cesantía o por despido lo que hace que nos encontremos ante un acto nulo de pleno derecho porque el acto impugnado se dictó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido (artículo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo) CONSIDERANDO (5): Que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento en sus artículos 3 y 21 respectivamente señalan cuales son los cargos que se encuentran excluidos del régimen de servicio civil y el cargo que ocupaba la demandante no se encuentra dentro de dichos cargos excluidos, por lo que si la autoridad nominadora pretendía cancelarle, esto tenía que ser dentro de los presupuestos prescritos en el ordenamiento jurídico aquí mencionado, y lo que no ocurrió viciando de nulidad de pleno derecho acto impugnado. CONSIDERANDO (6): Que por los motivos antes expuestos esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva apelada por estar dictada conforme a derecho.” La parte apelante recurre la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en vista que tal como se establece en la expresión de agravios “a la demandante ya se reconocieron los derechos que reclama en virtud de la cancelación de su cargo mediante el reclamo administrativo presentando ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), tal como se acreditó en autos con la copia debidamente autenticada de la Resolución No. 1177-2010 de fecha uno (01) de Junio del dos mil diez (2010) y demás medios probatorios, por lo que la presente demanda carece de objeto ya que sus derechos fueron reconocidos en vía administrativa, otorgándole derechos a la demandante que ya le habían sido reconocidos por la parte demandada a petición de la propia actora” y “los derechos de la demandante fueron reconocidos mediante la resolución antes transcrita, sin embargo, no han sido liquidados en virtud que la demandante igualmente es deudora del Estado de Honduras por la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS (L. 9,379.23), cantidades que pueden ser compensadas como forma de extinción de las obligaciones, correspondiendo únicamente a la demandante solicitar la liquidación en virtud de encontrarse firme la Resolución números 1177-2010 antes relacionada. Asimismo, al encontrarse firme y no proceder ningún recurso contra la Resolución número 1177-2010 de fecha uno (01) de Junio del dos mil diez (2010) dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), se entiende que el reconocimiento de los derechos de la demandante ya fueron reconocidos en su totalidad, siendo la liquidación únicamente una consecuencia de ese reconocimiento y una potestad única de la demandante para solicitarlo, debiendo haberse declarado sin lugar la demanda de mérito en virtud de estar reconocidos los derechos de la demandante.” Tal como apreciarse, la forma y contenido de la sentencia impugnada mediante el presente recurso no cumple con lo establecido en el Artículo 200 del Código Procesal Civil, mismo que regula el contenido formal de las sentencias, ya que no cumple con lo establecido en el literal d) del numeral 2) del precitado Artículo, ya que la Corte de Apelaciones de Contencioso Administrativo en ningún momento se pronunció sobre la pretensión de la parte demandada referente a que los derechos que reclama la parte demandante ya le fueron reconocidos en vía administrativa, requisito que debió haber contenido la sentencia impugnada, tal como ordena el precitado Artículo “…el fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o alguna de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos...” (el subrayado es propio).Asimismo, el Artículo 207 del Código Procesal Civil establece la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón, situación que no se da en el caso de la sentencia recurrida, ya que no considera en ningún momento los agravios expresados por la parte apelante, siendo esta una obligación ineludible al momento de dictarse el fallo, no siendo la sentencia congruente con los agravios expresados en el recurso de apelación. Tal como se ha expuesto anteriormente procede el presente motivo de casación en virtud que la forma y contenido de la sentencia recurrida no se encuentra ajustada a derecho y en vista que la falta de motivación sobre los aspectos antes indicados es determinante para un sentido diferente del fallo, siendo procedente la revisión de la motivación fáctica en virtud de lo establecido en el Artículo 720.2 del Código Procesal Civil en relación con los Artículos 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.- II.- Que en relación al motivo expuesto por el Recurrente, en base al estudio realizado, se puede apreciar que el mismo no resulta admisible, en virtud de lo siguiente: a) no constituye una proposición jurídica completa en virtud que no precisa si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas procesales citadas; b) no demuestra la incidencia en el sentido de la resolución impugnada, convirtiendo su explicación en alegatos propios de instancia; y, c) revisada la sentencia en su motivación de hechos no se encuentra violación en los términos expuestos por el Impetrante.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, en su condición de apoderado de la parte demandada, en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de diciembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veintinueve días del mes de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 30-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL