Sentencia CA-278-12 — Registro 2749
Resumen
En primera instancia se declara con lugar las defensas previas interpuestas por la parte demandada, como ser que la acción intentada por la parte demandante no le corresponde su conocimiento a la jurisdicción Contencioso Administrativo, declara inadmisible la acción presentada por el apoderado de la parte demandant
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que de lo anteriormente transcrito, se llega a la evidente conclusión de que el mismo no reúne los requisitos del recurso de casación, ya que se omitió: el precepto autorizante, el o los motivos de casación, las disposiciones que en su caso se consideren violadas. Se limita el recurrente a efectuar una narración de lo acontecido en el proceso, bajo el acápite intitulado HECHOS y a realizar alegatos de instancia impropios en este recurso extraordinario. Las graves deficiencias antes señaladas impiden la prosperidad del recurso en cuestión.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir lo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de agosto de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, S. DE R. L. (SERMAN, S. DE R.L.), representado en juicio por el Abogado MARCO ENRIQUE ORTEZ COLINDRES y el Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada en juicio por el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad contra la resolución de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil nueve, emitida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), así como la resolución No.02-1169 y No.03-1178 emitidas por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), que se reconozca la situación jurídica individualizada para el pago de la indemnización por daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante) por un valor de trescientos treinta y dos millones quinientos setenta lempiras a favor de la empresa SERMAN S. DE R. L., promovida por la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SERMAN S. DE R.L.), representada en juicio por el Abogado MARCO ENRIQUE ORTEZ COLINDRES, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, contra el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP)representada en juicio por el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que la demandada adquirió un inmueble a inmediaciones del anillo periférico etapa III de esta ciudad al que se le realizó una rectificación; que el 8 de abril del año 2008, se encontraba el personal de la empresa realizando trabajos técnicos para levantar curvas o nivel del terreno adquirido y aproximadamente a las nueve de la mañana se presentó en el terreno antes mencionado el Jefe Administrativo de la demandante acompañado por personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Gerencia de Catastro, con el objeto de investigar las coordenadas pertinentes para configurar el polígono del terreno y continuar posteriormente a obtener la clave catastral de dicho inmueble y, de esa manera, continuar los trámites correspondientes a fin de poder desarrollar el proyecto; el personal informó que de manera sorpresiva apareció en el terreno un vehículo oficial asignado a INJUPEMP, número once (11), cuyos ocupantes estacionaron dicho automóvil frente al vehículo de la persona encargada del proyecto habitacional y que de manera amenazante personeros del INJUPEMP fuertemente armados, incluyendo guardias de seguridad privada, identificados con vestimentas y uniformes de guardias de seguridad privada, actuaron, con uso de violencia y amenazas, advirtiendo con las armas de fuego que portaban y dando orden para que se suspendieran los trabajos, y que nuestro personal técnico y administrativo, tanto de la demandante como de la Alcaldía Municipal, procedieran inmediatamente a desalojar el terreno. Que al percatarse de las acciones que INJUPEMP estaba realizando, se puso en contacto con el abogado NELSON ENRIQUEZ FLORES de la División Legal del INJUPEMP, quien se encontraba en el inmueble, para poder llegar a un acuerdo pacífico, manifestándole que se permitiera realizar la parte técnica dentro del terreno propiedad de la demandante y que, si había alguna divergencia jurídica que resolver, se establecieran los documentos pertinentes para resolver legal y pacíficamente cualquier controversia, quien comunicó dicha propuesta vía teléfono celular a su Jefe, Abogado CESAR AUGUSTO GIRÓN Director Legal del INJUPEMP, quien puso de manifiesto un rotundo NO a lo solicitado y más bien, dio instrucciones para que los guardias de seguridad de INJUPEMP procedieran a sacar a todo el personal bajo sus órdenes y no dejaran trabajar a ninguno de ellos en lo encomendado y, si fuese necesario, que utilizaran la fuerza para impedirlo. Al asumir que sus vidas corrían peligro, el personal técnico-administrativo de la demandante se comunicó con la Gerencia General, haciéndole saber lo que estaba aconteciendo y, al no encontrar una reacción pacífica y conciliadora, sino mas bien una todo lo contrario, obligó a la Gerencia de la Empresa SERMAN a que instruyera a todo su personal se retirara del lugar, por temor a que fueran a correr riesgos, incluyendo la posibilidad real de perder la vida. Que esos hechos se llevaron a cabo sin ningún fundamento jurídico, violentando el ordenamiento jurídico, ya que todas ellas carecían de respaldo legal para ejecutar cualquier orden de desalojo perpetrado contra el personal de la empresa, constituyendo de esa manera una directa violación a todo el estamento jurídico; que posteriormente, el día nueve de abril del dos mil ocho, los representantes de la empresa demandante acompañados del notario José Reynaldo Andino, al llegar al inmueble en mención, se llevaron la sorpresa que el personal de INJUPEMP estaba instalando un portón y una verja en la entrada principal del terreno propiedad de la empresa, impidiendo así el ingreso del personal de la compañía, violentando los derechos de dominio y posesión del mismo desde el mes de enero del año dos mil ocho, agregando en él la posesión libre y pacifica que habían ejercido los anteriores propietarios de dicho inmueble; que la empresa al verse despojada violentamente de la posesión efectiva de su inmueble, interpuso varias acciones civiles y penales, asimismo, el titular del INJUPEMP, señor Lucio Izaguirre, fue objeto de parte de la empresa de un proceso penal, así como también le fue promovida una querella de restitución de posesión sobre la cual el Juzgado ordenó agotar previamente la vía administrativa, por lo que en fecha 8 de diciembre de 2008, interpuso en legal y debida forma el respectivo reclamo administrativo ante las oficinas de la demandada, para obtener el pago en concepto de gastos, daños y perjuicios, causados por las acciones llevadas a cabo en contra de la demandante, que ante estas circunstancias solicitó jurídicamente le devuelvieran la tierra despojada, presentándose las pruebas contundentes que demostraban jurídicamente que el INJUPEMP cometió delito en su comportamiento, al actuar con toda indiferencia, no participando en el cumplimiento del debido proceso establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos. En el mismo reclamo administrativo, solicitó la recusación del entonces Director Ejecutivo del INJUPEMP, Licenciado Lucio Izaguirre y el Jefe de la División Legal, Abogado Cesar Augusto Girón, para que se abstuvieran de conocer dicho reclamo administrativo, expresando las justificaciones legales del caso. En forma arbitraria e ilegal y existiendo méritos suficientes para declarar con lugar la recusación interpuesta por la compañía, la Junta Directiva del INJUPEMP en el periodo en que fungió como Director Ejecutivo el señor Lucio Izaguirre, declaro SIN LUGAR la solicitud de recusación interpuesta, permitiendo así que dichas autoridades en funciones continuaran conociendo y resolviendo el reclamo administrativo interpuesto por la demandante, que al no haberse aceptado la recusación de los señores LUCIO IZAGUIRRE ROMERO y CESAR AUGUSTO GIRON, la empresa se enfrentó a un proceso con vicios de irregularidad, entre ellos se señaló que en auto de fecha 13 de febrero del 2009, los señores LUCIO IZAGUIRRE ROMERO y CESAR AUGUSTO GIRON, abrieron el reclamo a pruebas y, con fecha 23 de marzo del 2009, los mismos señores desestimaron la prueba testifical, pericial e inspecciones, aduciendo que: “...por cuestiones de practica procesal no fue posible evacuarlas en los últimos dos días de prueba que quedaban pendientes... “ Esta decisión a todas luces contradice lo estipulado en la Ley de Procedimientos Administrativos, ya que la obligación era PRESENTAR la prueba, acreditando por cualquier medio los hechos invocados y que siguiendo el debido proceso, se le permitiera evacuar o practicar la misma para la más acertada decisión del asunto. Que con fecha 31 de agosto del 2009, la Dirección Ejecutiva del INJUPEMP emitió resolución sobre el reclamo administrativo interpuesto por la demandante el día 8 de diciembre del 2008, declarándolo improcedente. En contravención a lo estipulado en el artículo 30, párrafo tercero, de la Ley de Procedimiento Administrativo, el INJUPEMP esperó más de tres meses para notificar a la demandante la resolución adoptada por ellos, agravando los daños y perjuicios de SERMAN y sus socios, en virtud de que los anteriores apoderados y representantes en varias ocasiones solicitaron ver el expediente y no permitieron mostrárselos, imposibilitando el debido proceso y el derecho a defensa, por el ocultamiento de dicho expediente administrativo; que en dicho reclamo administrativo, se estableció la forma violenta, sin fundamento legal y sin la observancia de los procedimientos administrativos estipulados en la ley, con que el INJUPEMP despojó de la posesión que SERMAN ejercía sobre el inmueble. En ningún documento del expediente administrativo, ni en el dictamen legal ni en la resolución, la Dirección Ejecutiva del INJUPEMP niega estos hechos, ignorando por completo las alegaciones y argumentos legales de la empresa, considerando que el silencio jurídico y la no oposición o aclaración de los cargos puestos de manifiesto, daban por sentado que los mismos se llevaron a cabo; que en el escrito de presentación de pruebas, a SERMAN le fueron admitidas las siguientes pruebas documentales para sustentar los actos ilegales perpetrados por el INJUPEMP a través de la Dirección Ejecutiva y la Dirección Legal del INJUPEMP: a) Acta Notarial extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en fecha nueve de abril del año dos mil ocho. b)- Fotografías en donde aparece personal de INJUPEMP realizando trabajos luego de perpetrar el desalojo violento contra personal de la empresa, claramente en una de las fotos aparece el Licenciado Nelson Flores de la División Legal del INJUPEMP. c)- Denuncia ante el Ministerio Público para que se investigara el delito de usurpación por parte del INJUPEMP, a través de su Director Ejecutivo, Lucio Izaguirre, expediente No.2008-19213. Esta denuncia desencadenó un requerimiento fiscal contra el señor Lucio lzaguirre Romero, quien a la fecha mantiene la calidad de IMPUTADO. Que en fecha 2 de marzo de 2010, la empresa remitió a la actual Junta Directiva, como a las nuevas autoridades administrativas del INJUPEMP, un resumen ejecutivo de todas las acciones legales que en su defensa fueron incoadas y en fecha 13 de abril del 2010, fue remitida a la Junta Directiva del INJUPEMP, como a la División Legal del Instituto, toda la información pertinente relacionada con el reclamo administrativo interpuesto, con el fin de permitir actuar con la diligencia del caso y tratar de generar una decisión justa y oportuna, para ambas partes, no obstante, ante la falta de una pronta resolución por parte de la Junta Directiva del INJUPEMP, en relación al RECURSO DE APELACIÓN y al no considerar que la resolución emitida el treinta y uno de agosto del dos mil nueve a través de la Dirección Ejecutiva del INJUPEMP, haya sido resuelta conforme a Derecho, se remitió una nota el día 27 de abril del 2010 a todos los honorables miembros de la Junta Directiva del INJUPEMP, en la cual, respetuosamente, se solicitaba que esa Honorable Junta Directiva resolviera el recurso de apelación interpuesto el 13 de enero de 2010, que en fecha 28 de julio de 2010 ,la Junta Directiva del INJUPEMP ratificó la resolución con fecha 12 de mayo de 2010, en violación, una vez más el debido proceso al que el INJUPEMP debió ajustarse en el reclamo administrativo interpuesto por mi la demandante el 8 de Abril de 2008, de todo lo anteriormente expuesto, con base en los hechos y antecedentes jurídicos, podrá establecerse que la falta del debido proceso con que INJUPEMP ha manejado esta situación al tratar de resolver nuestro reclamo administrativo, han dado origen y justifican nuestro reclamo de daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente, comprendiendo en ellos la erogación de gastos legales e investigativos, severos perjuicios económicos, e inclusive morales que han lesionado el prestigio de la demandante, tanto a la empresa Servicios de Mantenimiento Sociedad de Responsabilidad Limitada (SERMAN S DE RL), como a los socios de la misma, los cuales se detallan así: 1. Gastos Legales, 2. Intereses pagados por interrupción de trabajos en el terreno, sin poder realizar trámites necesarios para la lotificacion del terreno y construcción de viviendas, 3. Costo de oportunidad por pérdida de financiamiento: a raíz de las acciones y actuaciones perpetradas por parte de INJUPEMP, el financista del proyecto al ver el conflicto suscitado decidió retirar el financiamiento del proyecto, 4. Gastos de escrituración de línea de financiamiento, la cual fue retirada por el financista, 5. Gastos administrativos desde que INJUPEMP usurpó las tierras de SERMAN hasta el 20 de septiembre del 2010, 6. Perjuicio por lucro cesante: el proyecto a desarrollar en el terreno, residencial “Monte Los Olivos”, consistía de 140 unidades habitacionales, 7. Daño emergente.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que el instituto cuenta con la documentación fehaciente donde se acredita que el terreno mencionado por la parte demandante lo adquirió la demandada mediante subasta pública, no acreditando la demandante en los órganos jurisdiccionales competentes ser el legítimo propietario del terreno en mención, siendo así que no existe el despojo ni desalojo de lo que por derecho le pertenece al INJUPEMP, además en cuanto a que si se ha o no cometido abuso de autoridad y cualquier otra infracción al derecho sustantivo, el mismo sólo se resuelve en los tribunales o juzgados competentes y es algo que el mismo demandante acepta, pues no se puede traer a que el juzgado de lo Contencioso Administrativo conozca litigios que por su materia correspondan a otro órgano jurisdiccional. Que el derecho privado establece con mucha claridad que el dominio, la posesión uso y goce de un bien inmueble pertenecen al que ha adquirido la tradición sobre el mismo y el INJUPEMP goza de esos derechos desde el momento que adquirió de buena fe y mediante subasta pública dicho inmueble, por lo que no se puede discutir que se ha interrumpido derechos o ha privado, mediante la fuerza o violencia, a ningún particular, por el contrario cuando quien protege sus bienes lo que hace es impedir que se los destruyan o le afecten, a eso no se le puede llamar desalojo o privación de derechos; que se rechazan en su totalidad todos y cada una de las peticiones descritas, así como sus valores por los supuestos daños y perjuicios,así como los gastos por honorarios profesionales, investigaciones, gastos de escrituración que supuestamente el INJUPEMP le ha ocasionado a la demandante, cabe destacar que ya se había expuesto que todos los alegatos infundados no se pueden dirimir en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, por falta de competencia por la materia, no olvidando que los asuntos de materia civil o penal se dirimen en los juzgados competentes, por lo que no se puede mediante sentencia definitiva admitir esta demanda por carecer de los elementos objetivos y subjetivos del proceso.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha trece de abril del año dos mil once, dictó sentencia interlocutoria declarando con lugar las defensas previas interpuestas por la parte demandada, como ser que la acción intentada por la parte demandante no le corresponde su conocimiento a la jurisdicción Contencioso Administrativo, declara inadmisible la acción presentada por el apoderado de la parte demandante, sin costas. Criterio: que al analizar el escrito de la demanda se encuentra con la misma hace referencia estrictamente a una indemnización por actos de despojo de forma violenta e ilegal de la posesión pacífica del terreno por parte de las autoridades del INJUPEMP, asimismo se encuentra en el expediente principal que el Director del INJUPEMP, fue requerido por el Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de usurpación en perjuicio de la empresa demandante, aspectos más que suficientes para establecer que la génesis del presente conflicto es de índole penal, para determinar la responsabilidad criminal y de ello derivada la responsabilidad pecuniaria de los daños ocasionados o en su caso de fondo civil, en lo que respecta a determinar quien es el propietario del bien.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintidós de agosto del año dos mil once, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación, confirmando la sentencia interlocutoria proferida por el A-quo, bajo su mismo criterio.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado MARCO ENRIQUE ORTEZ COLINDRES, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil once, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha veintidós de agosto del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.193-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 582-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandada, el catorce de diciembre del año dos mil once representada en juicio por el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO, presentó en fecha catorce de diciembre del año dos mil once escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cinco de enero del año dos mil doce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante ese alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha veintitrés de enero del año dos mil doce el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO y en fecha nueve de abril del año dos mil doce el Abogado MARCO ENRIQUE ORTEZ COLINDRES.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO, presentó escrito en fecha veintiséis de enero del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida y el Abogado MARCO ENRIQUE ORTEZ COLINDRES, presentó escrito en fecha trece de abril del año dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta manifiestando: “HECHOS. PRIMERO: En fecha 5 de Octubre del año 2010, en representación de la Empresa Servicios de Mantenimiento S. de R. L. (SERMAN S. de R.L.), Interpuse una demanda ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE FRANCISCO MORAZÁN, solicitando nulidad contra la resolución de fecha treinta y uno de agosto del dos mil nueve, emitida por la Dirección Ejecutiva Del Instituto Nacional De Jubilaciones Y Pensiones De Los Empleados Y Funcionarios Del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), así como de la resolución no.02-1169 y no. 03-1178 emitidas por la JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).-Y que se reconozca la situación jurídica individualizada para el pago de la indemnización por daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante ) trescientos treinta y dos millones quinientos setenta lempiras (1. 332,000,000.570.00) a favor de la Empresa SERMAN S. DE R. L. SEGUNDO: En fecha once de Noviembre del año 2010 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo emite un Auto en el que da por presentado el escrito de la demanda que antecede; con el Precio a resolver sobre la admisión de la presente demanda, el juez conocedor del reclamo aprecia la existencia de falta de jurisdicción para conocer de la misma. TERCERO: En fecha 30 de Noviembre del año 2010 se interpusieron los ALEGATOS, FUNDAMENTOS LEGALES Y PROCESALES para que la demanda contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) POR LA EMPRESA SERMAN S. DE R. L., contenida en el Expediente número 582-10, fuese conocida por EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE FRANCISCO MORAZAN. CUARTO: En fecha once de enero del año 2011, EL HONORABLE JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE FRANCISCO MORAZAN, admitió la demanda interpuesta por SERMAN S. DE R. L., contenida en el Expediente número 582-10, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). QUINTO: En fecha 24 de Marzo del año 2011 el INJUPEMP a través de su apoderado legal interpone EL RECURSO de Defensas Previas por considerar que la acción intentada por la demandante corresponde a una materia excluida del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativo de conformidad al Artículo 4 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo. SEXTO: Las Defensas Previas, interpuestas por el Apoderado Legal del INJUPEMP, son las mismas que las apreciaciones que tenía el Juzgado Contencioso Administrativo antes de admitir la demanda contra el INJUPEMP, y de igual manera, el Artículo en que se fundamentó, primordialmente, dicho Juzgado fue el Artículo 4 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo inciso a.-) .Al analizar los ALEGATOS, FUNDAMENTOS LEGALES Y PROCESALES presentados por la parte demandante e interpuestos contra dicha apreciación del Juzgado, este Honorable Juzgado Admite la Demanda y posteriormente la deniega argumentando que el demandado aporto nueva información al caso, cuando el demandado argullo las mismas apreciaciones del juzgado antes de admitir la demanda en mención; y esas fueron subsanadas según el Auto del 11 de Enero del año 2011. SEPTIMO: El Fundamento que posteriormente el Honorable Juzgado Contencioso Administrativo argumenta para denegar la admisibilidad de la demanda que nos compete lo analiza y razona con argumentos estrictamente DEL PREAMBULO de la demanda, fundamentos que en el Auto de Admisibilidad, dicho juzgado dice: “habiéndose subsanado los defectos señalados” y unos de los defectos señalados lo encontramos en el considerando número 2 , 3 y 6 de la sentencia Interlocutoria de las defensas Previas ; en los que se le hizo ver a dicho juzgado que dicha información era únicamente el preámbulo de lo acontecido NO EL FONDO DE LA DEMANDA. Con ese fundamento dicho Juzgado admitió en primera instancia el conocer de la Demanda contra el INJUPEMP. Pero, posteriormente, cambia de opinión con los mismos argumentos y fundamentos con los que admitió dicha demanda, dejando a mi representada EN INDEFENCION ANTE UN ENTE ESTATAL QUE VIOLENTO FLAGRANTEMENTE TODOS LOS DERECHOS DE MI REPRESENTADA EN DERECHO ADMINISTRATIVO. OCTAVO: Al percibir que mi representada se encuentra ante un estado de indefensión, acudimos ante una segunda Instancia en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y esta Honorable Corte, Resuelve con fundamentos IGUALMENTE DEL PREAMBULO DE LA DEMANDA: EN LOS ANTECEDENTES DE DERECHO: CONSIDERANDO (4),(5) Y (6). NOVENO: Que en el DECRETO NUMERO 189-87, EL CONGRESO NACIONAL, a través la Constitución de la República creó la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo en su Artículo 318 remitiendo su regulación a la Ley secundaria que corresponde emitir al Soberano Congreso Nacional, con los siguientes fines: a.-Que el Gobierno Constitucional se ha impuesto el deber dedotar al Estado de los instrumentos necesarios para GARANTIZAR al ciudadano el ejercicio del Poder Público dentro del marco de la legalidad. b.- Que el actuar del Estado no podrá entenderse sujeto a Derechomientras no existan efectivamente los órganos jurisdiccionales con competencia para revisar la legalidad de sus actos y con potestades para decidir sobre las eventuales irregularidades. c.- Que es imperativo integrar el ordenamiento jurídico administrativomediante la regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, organizando los órganos jurisdiccionales y atribuyéndoles las funciones y potestades necesarias para ejercerla. DECIMO: En su Artículo uno y tres incisos (b-) Dicha ley claramente establece: Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo encargada de conocer las pretensionesque se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. Articulo 3. La Jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo conocerá también de:……………… b.- Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales. En el Articulo (4) inciso a.-) claramente específica y manda: No corresponderá a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo: a) Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una Ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario. El caso que nos compete y lo que hoyacontece en el ámbito jurídico es que el ESTADO DE HONDURAS, a través de una de sus Instituciones y a través de otro Poder del mismo, tienen a mi representada en un completo estado de INDEFENSIÓN, debido a la no aplicación de la Ley en su máxima expresión, en virtud que la Ley de lo Contencioso Administrativo fue creadafundamentalmentepara GARANTIZAR al ciudadano el ejercicio del Poder Público dentro del marco de la legalidad. En nuestro caso el Juzgado Contencioso Administrativo no quiere aplicar el PESO DE LA LEY a una Institución Pública como lo es INJUPEMP al haber ejercido EL PODER PUBLICO fuera del marco de la legalidad y, al no emitir RESOLUCIONES conforme a derecho. El juzgado de lo Contencioso Administrativo en sus dos Instancias se ha limitado a referir a mi representada al juzgado de lo Penal, Instancia en la que ya se está dirimiendo el DELITO DE USURPACION CON VIOLENCIA, ABUSO DE AUTORIDAD, ASI COMO LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR EL INJUPEMP, CONTRA MI REPRESENTADA A TRAVES DE SU Director Ejecutivo. Lo que en este Juzgado Contencioso Administrativo se trata de dirimir, preferentemente, es: EL USO DEL PODER PUBLICO a través de dicha institución del Estado, pero fuera del marco de la legalidad en contra de mi representada al haberle negado su derecho al debido proceso en el Reclamo Administrativo interpuesto por la misma, el 8 de Diciembre del año 2008, en los siguientes actos: a. - Permitir que los actores que hicieron uso del poder público en contra de Ciudadanos dedicados a actividades mercantiles y que ayudan al crecimiento económico del País, como lo es mi representada; conocierandel Reclamo Administrativo, presentado por la misma,habiéndose sustentado en legal y debida forma, el motivo por el cual se les recusaba. b.- Que al emitir el INJUPEMP a través de su Director Ejecutivo la Resolución sobre el Reclamo Administrativo Interpuesto por mi representada, en ningún momento fue considerada toda la prueba documental, testigos, inspecciones y peritajes expuestos por la antes mencionada para obtener una resolución conforme a derecho. c.- Que al haberse hecho la apelación Y reposición correspondiente a una resolución en la que según mi representada no se lo dio el debido proceso, las mismas fueron resueltasimplementando un recurso de uso exclusivo para el administrado. DECIMO PRIMERO: Con Todo lo antes expuesto Honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia, fundamentado jurídica y constitucionalmente, en relación al derecho de mi representada de obtener justicia, ante el órgano jurisdiccional con competencia, para revisar la legalidad de los actos ejercidos por el INJUPEMP en relación al Reclamo Administrativo interpuesto por mi representada y, por consiguiente, con las potestades para decidir sobre las eventuales irregularidades en que las Instituciones del Estado incurran como la antes mencionada y, a la vez, se puedan evitar se sigan cometiendo las misma deshonrandoa la Administración Publica o al Estado de Honduras, lo que obliga a acudir por denegación de justicia a la interposición de inminentes demandas Internacionales por violaciones de los Derechos Humanos de los Ciudadanos de este nobley sufrido Pueblo. A nuestro entender, seguimos considerando que el Juzgado Contencioso Administrativo es la Instancia Jurisdiccional pertinentepara conocer la demanda interpuesta por la Empresa Servicios de Mantenimiento, Sociedad de Responsabilidad Limitada (SERMAN S. de R.L.); en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).”.- II.- Que de lo anteriormente transcrito, se llega a la evidente conclusión de que el mismo no reúne los requisitos del recurso de casación, ya que se omitió: el precepto autorizante, el o los motivos de casación, las disposiciones que en su caso se consideren violadas. Se limita el recurrente a efectuar una narración de lo acontecido en el proceso, bajo el acápite intitulado HECHOS y a realizar alegatos de instancia impropios en este recurso extraordinario. Las graves deficiencias antes señaladas impiden la prosperidad del recurso en cuestión.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir lo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el abogado MARCO ENRIQUE ORTEZ COLINDRES, en su condición de apoderado de la parte demandante. 2º) DECLARAR FIRME LA RESOLUCION recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veinte de agosto del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 278-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL