Sentencia CA-260-11 — Registro 5989
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
e en el motivo que antecede expuesto por la Recurrente incurre en una serie de defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) se alega la interpretación errónea de las normas precitadas, sin embargo no se indica en que consistió la misma y cual seria la interpretación correcta de dicha disposición; b) El precepto autorizante no esta enmarcado en el concepto de la infracción alegada lo que expone es una pretensión de que el juzgador declare la inadmisibilidad de la acción, es decir, una cuestión de fondo
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de enero del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) representado en juicio por la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA.- OBJETO DEL PROCESO: Que el demandante se contrae a pedir reintegro pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, nulidad del acto administrativo, que se declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas necesarias para el pleno restablecimiento, quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, que se declare la ilegalidad de actos administrativos, daños y perjuicios , intereses y costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de (21) de octubre del dos mil ocho (2008) por el señor RODOLFO HERNANDEZ AYALA, contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS TRANASPORTE Y VIVIENDA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que inicio su relación de trabajo con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en fecha 16 de junio del 2006, desempeñándose en el cargo de Conductor de Automóviles II, siendo cancelado por cesantía mediante el acuerdo número 976 de fecha 22 de septiembre del 2008, siendo efectiva la cancelación a partir del 29 de septiembre del 2008, por lo que considera que su despido es ilegal, ya que viola el ordenamiento jurídico, solicita reintegro, pago de salarios de percibir y demás derechos laborales, nulidad del acto administrativo, que se declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada , que se dicten las medidas necesarias para el pleno restablecimiento, quebrantamiento de las formalidades esenciales y costas del juicio.- 2.- La parte demandada el Estado de Honduras, manifiesta que se opone a las pretensiones del demandante alegando que el acto que se impugna esta dictado conforme a derecho, ya que se ha seguido el procedimiento que establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, previa consulta a la Dirección General de Servicio Civil autorizando el Consejo de Servicio Civil se lleve a cabo la cancelación por cesantía del demandante.- 3.- Que el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de noviembre del 2010, mediante sentencia definitiva: PRIMERO: declaró PROCEDENTE la Acción, en consecuencia SE ANULA TOTALMENTE.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandantes y para su pleno restablecimiento se Resuelve: A) Adoptar el Reintegro del demandante RODOLFO HERNANDEZ AYALA, a su cargo de CONDUCTOR DE AUTOMOVILES II, o a otro de igual categoría y sueldo.- B) Condenar al Estado de Honduras a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PUBLICA TRANSPORTE Y VIVIENDA “SOPTRAVI”, Al pago a favor del demandante RODOLFO HERNANDEZ AYALA, los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelaciones (29 de septiembre de 2008), hasta la fecha en que sea restituido en su cargo, así como el pago de los demás derechos laborales que le correspondan; quedando diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía.- TERCERO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por cual se haya nombrado al sustituto del demandante.- CUARTO: Condenar al Estado de Honduras a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA “SOPTRAVI”, a reconocer, ejecutar y pagar al demandante RODOLFO HERNANDEZ AYALA, los conceptos señalados en los numerales PRIMERO, SGUNDO, TERCERO de este fallo.- SIN COSTAS; Bajo el criterio de que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que la sentencia declarara procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder. “Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley” Quedando demostrado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable por desviación de poder, específicamente a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, articulo 53 de la ley; articulas 278,279, 280,281, 283, 284 del Reglamento, en virtud de no haberse seguido el procedimiento establecido para la canceración del nombramiento del demandante por cesantía; ni se cumplió con el fin que persigue la ley aplicando esta figura.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 14 de marzo del 2011, mediante sentencia definitiva declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y CONFIRMA la sentencia venida en apelación, sin costas; El Tribunal de Alzada comparte el mismo criterio del Juez A-quo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, presentó en fecha once (11) de abril del dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha catorce (14) de marzo del dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 066-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 303-2008 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha trece (13) de abril del dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y ordenó dar copia del escrito de merito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA, presentó en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR, Apoderada de la parte demandada, en fecha veinte (20) de mayo de dos mil once (2011), y el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA, apoderado de la parte demandante en fecha veintitrés (23) de mayo del dos mil once (2011).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, presentó escrito de personamiento en fecha veintitrés (23) de mayo del dos mil once (2011), en concepto de parte recurrente.- 9. Que el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA, presentó escrito en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil once, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto el Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “Primer motivo: Ser la sentencia recurrida violatoria por interpretación errónea de los artículo 48, 105 y 111 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; en relación el artículo 80 literal d) del mismo cuerpo de leyes. Precepto autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil. La infracción la paso a explicar así: Contrario a lo establecido en el Considerando (11) del fallo de Primera Instancia, mediante el cual se manifiesta que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgaría dentro de los límites y pretensiones formulados por las partes y las alegaciones deducidas para fundamental la acción y la oposición ya lo que establece el artículo 200 literal b) del Código Procesal Civil dentro del contenido formal de la sentencia impugnada no consta la pretensión hecha por la parte demandada y debidamente acreditada con la misma fecha de presentación de la demanda, que ésta debía ser declarada inadmisible, en razón que había sido presentada un día después de su vencimiento, pues a tales razonamientos, el artículo 48 citado anteriormente reza: “La demanda deberá presentarse dentro de un plazo de treinta días hábiles, atendiendo a las reglas siguientes: a) Si la acción se pretendiere contra una resolución expresa y ésta fuere de aquellas que deba notificarse personalmente, el plazo empezará a contarse desde el día hábil siguiente al de su notificación”. El artículo 105 prescribe: “Los plazos para la presentación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de la prueba y para formular conclusiones, quedan reducidos a la mitad en lo referente a este procedimiento”. El artículo 111 referente a Materia Personal, establece: “Será aplicable a este procedimiento el artículo 105 de la Sección anterior”. Y a tal respecto el articulo 80 literal d) textualiza: “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a)...; b)..., c)..., ch),.., d) Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos. En el caso que nos ocupa Honorable Corte, al demandante se le notificó su cesantía el día veintinueve (29) de septiembre del 2008, e interpuso su acción hasta el veintiuno (21) de octubre del 2008, fuera del plazo respectivo. Siendo lo procedente para que la Corte acusada hubiese dictado una sentencia conforme a derecho, haber consignado en los antecedentes de hecho la causa de inadmisibilidad alegada y acreditada por la demandada y en razón a los puntos de derecho y, fundamentos legales en que sustenté y acredité oportunamente tal pretensión, misma que teniendo relación con la cuestión a resolver, la Corte acusada debió declarar la inadmisibilidad de la demanda promovida, por haber sido ésta presentada extemporáneamente. Por lo anteriormente expuesto, procede se case la sentencia impugnada en el presente motivo, o en su defecto se manda anular la sentencia de primera instancia.- II.- Que en el motivo que antecede expuesto por la Recurrente incurre en una serie de defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) se alega la interpretación errónea de las normas precitadas, sin embargo no se indica en que consistió la misma y cual seria la interpretación correcta de dicha disposición; b) El precepto autorizante no esta enmarcado en el concepto de la infracción alegada lo que expone es una pretensión de que el juzgador declare la inadmisibilidad de la acción, es decir, una cuestión de fondo.- III.- Que la Recurrente en su segundo motivo expone: “Ser la sentencia recurrida violatoria por interpretación errónea del artículo 282 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en relación con la aplicación e interpretación errónea de los artículos 280 y 281 del mismo Reglamento. Precepto autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. La infracción la paso a explicar así: El artículo 282 de la Ley del Reglamento de Servicio Civil preceptúa: El servidor público, que considere quela Cesantía no fue hecha por las causales enumeradas en el artículo 53 de la Ley y/o con inobservancia del procedimiento establecido, podrá recurrir al Consejo en el término improrrogable de diez días, contados a partir de la fecha de notificación del Acuerdo de Cancelación’. El Artículo 280 y 281 del mismo reglamento establecen: Artículo 280: “La Autoridad Nominadora, podrá prescindir de los servicios de las personas afectadas por la Cesantía, deberá tomar en cuenta los resultados de: a) La evaluación periódica de cada uno de ellos, b) Los años de servicio en la Administración Pública; y c) La condición de ser padre de familia pobre con cinco o más hijos menores, Artículo 281: “Después de emitido el Acuerdo de Cancelación correspondiente, la nómina de los cesantes deberá ser enviada por la Autoridad Nominadora, a la Dirección General, dentro del término de 7 días hábiles, para que los empleados cesanteados, sean inscritos con derecho en el Registro de Reingreso. En el caso que nos ocupa la Corte Sentenciadora emplea de fondo la precitada normativa jurídica, interpretándola erróneamente se pronuncia: CONSIDERANDO (10): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que la sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, “Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la Ley”. Quedando demostrado que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, POR DESVIACIÓN DE PODER, específicamente a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, artículo 53 de la Le, artículos 278, 279, 280, 281, 283 y 284 del Reglamento, en virtud de no haberse seguido el procedimiento establecido para la cancelación del nombramiento del demandante por cesantía. Para que la Corte Sentenciadora hubiese emitido un fallo de conformidad a derecho, debió haber interpretado tal normativo bajo los siguientes términos: “Que si bien es cierto del examen de autos y de conformidad a lo señalado en los artículos 280 y 281 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, se concluye que la Autoridad Nominadora no agotó en su totalidad el procedimiento establecido para proceder a la cesantía.- No es menos cierto que el demandante no acreditó que, en atención a lo preceptuado en el artículo 282 del mismo Reglamento, haya recurrido al Consejo, en el término improrrogable de diez días, contados a partir de la fecha de la notificación del Acuerdo de Cancelación a realizar reclamo alguno.- Situación ésta que convalida la inobservancia del procedimiento establecido.- No procediendo por lo tanto la anulación del Acuerdo de Cesantía reclamado”. Cabe manifestar Honorables Magistrados, que al haber la Corte acusada interpretado la normativa jurídica de a forma en que lo hizo, se colocó en rebeldía y causó grandes daños y perjuicios en el lacónico presupuesto con que actualmente cuenta mi representado.- Procediendo por tal razón la enmienda, a fin de que se proteja la normativa del ordenamiento jurídico y se promueva la más adecuada interpretación del derecho objetivo. Debiendo por lo tanto casar la sentencia en el presente motivo”.- IV.- Que en el motivo que antecede resulta inadmisible ya que la Impetrante invoca la interpretación errónea del artículo 282 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, y con la vigencia de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no resulta aplicable, por lo que el Consejo del Servicio Civil, no es competente para conocer los reclamos de los servidores públicos contra las cancelaciones por cesantías que se efectúen, siendo entonces la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la que debe tutelar dichas acciones; además se relacionan otras disposiciones del mismo reglamento donde se aduce la aplicación e interpretación errónea de las mismas, cuando debió haber precisado un modo de infracción.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los dos motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de Enero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha once de enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 260-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL