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Sentencia CA-24-13 — Registro 2922

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la acción incoada por la parte demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia, y que el Recurrente fundamenta un único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículo 53, de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE:Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna la parte dispositiva de la sentencia recurrida en cuanto debió declarar con lugar el recurso de apelación , en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida y en el pronunciamiento tercero declarar improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Articulo 53, de la Ley de Servicio Civil, establece con claridad meridiana que la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo de Servicio Civil al evacuar la consulta correspondiente estime que procede la cesantía por encontrarse comprendida en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que en el caso que nos ocupa corresponde así se hizo. En tal sentido el Acuerdo de Cancelación No. 049-201 1 del 27 de abril de 2011, fue emitido por esta Secretaría de Estado, después de escuchar el parecer favorable del Consejo de Servicio Civil, y comunicar tal decisión a la Dirección de Servicio Civil, aplicando el Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil”.- “Que el cargo en la forma expuesta resulta inestimable toda vez que por el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil comprende varios literales que el Censor omite precisar. Además, al momento de desarrollar el cargo el Impetrante se limita a repetir lo mismo que ha expresado en todo el proceso en cuanto a que su representado llevó a cabo uno de los requisitos para la cesantía de un servidor público, pero no explica en que consistió la violación alegada, convirtiendo tal argumento en simple alegato de instancia.-“Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por no reunir los requisitos consignados en el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil y por ende incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del mismo Código” Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de octubre del dos mil trece, la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada ponente la segunda para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación interpuesto, y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, representado en juicio por el abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES; y, Recurrido: El señor RAUL ENRIQUE UGARTE ZELAYA, representado en juicio por el abogado GREGORIO TORRES ELVIR.- OBJETO DEL PROCESO: El demandante se contrae a pedir se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho; reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto y como medida para el pleno restablecimiento de sus derechos que se le reintegre a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el reconocimiento de beneficios otorgados a los demás empleados en su ausencia como ser incrementos salariales, décimo tercero y décimo cuarto mes, bonos, vacaciones, el pago de los sueldos dejados de percibir y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de mayo del dos mil once, por el señor RAUL ENRIQUE UGARTE ZELAYA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante en el escrito de su demanda manifiesta que empezó a prestar sus servicios en la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio en fecha 05 de septiembre del 2007, desempeñándose como servidor público en el puesto de AUDITOR DE PRECIOS I. Posteriormente el 27 de abril de 2011, recibió el Acuerdo de Cancelación número 049-2011, mediante el cual se le cancela por cesantía, acuerdo que no reúne los requisitos legales y se limita a señalar el cargo únicamente, sin precisar la unidad a la que pertenece como servidor ni el salario que devengaba, con este acto se desconoce y se violenta el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Asimismo su cancelación es ilegal e injusta por las razones siguientes: a) el acuerdo de cancelación no establece las causales por las que se le cancela; b) el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil establece las excepciones calificadas en que procede la cancelación por cesantía que son: a) reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y, b) reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa y en su caso en particular no se cumplió, ni se observó ninguna de estas excepciones calificadas, pues cuando se refiere a razones de orden presupuestario y a una más eficaz y económica organización administrativa, indica que la plaza vacante debe de desaparecer de la institución en virtud de un estudio.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, manifiesta que el acto impugnado por el demandante fue emitido siguiendo los lineamiento establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de aplicación, previa consulta realizada a la Dirección General, sobre la procedencia o no de la cesantía y autorizando el Consejo del Servicio Civil llevar a cabo la cancelación del demandante, siempre que se contara con el financiamiento respectivo; que se dio fiel cumplimiento al procedimiento que señala la Ley de Servicio Civil en su artículo 53 literal b), por lo que se actuó de conformidad a derecho.- 3.- Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de mayo de dos mil doce, mediante sentencia definitiva declaró procedente la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado y anula el acuerdo de cancelación número 049-2011, de fecha 27 de abril de 2011, reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante RAUL ENRIQUE UGARTE ZELAYA a su cargo de AUDITOR DE PRECIOS I de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, asimismo condena al Estado de Honduras, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que éste sea restituido en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudiera corresponder, se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante, sin costas; bajo el criterio que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado la evaluación periódica respectiva al demandante, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada, por lo cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento, que se haya tomado en cuenta sus años de servicio en la administración pública, que después de emitido el acuerdo de cancelación, la autoridad nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que el demandante sea inscrito con derecho preferente en el registro de reingreso, es decir, no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe de cumplir la autoridad nominadora para prescindir de los servicios de las personas afectadas por las cesantías, en este caso el demandante, pretendiendo la parte demandada que con solo la consulta hecha al Consejo del Servicio Civil y la autorización de éste, se realizó el procedimiento en su totalidad para la cancelación por cesantía, lo que hace que dicho acto infrinja el ordenamiento jurídico, al no realizar el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil, 280 y 281 de su Reglamento de aplicación; asimismo, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 278 de dicho Reglamento hay dos razones por las cuales procede la cesantía de un servidor público, implicando ambas razones la reducción de personal o de servicios, lo cual no fue acreditado en autos, ya que no se acreditó que la plaza del demandante se haya cancelado, para con ello acreditar el cumplimiento del fin de la cesantía, en consecuencia, no se cumplió con el fin de la cesantía en el presente caso, por lo cual debe decretarse la procedencia de la acción, por estar debidamente acreditado en autos que no se siguió totalmente el procedimiento de cesantía para la cancelación del demandante, por lo que el acto administrativo impugnado infringe el ordenamiento jurídico.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de agosto del 2012, mediante sentencia definitiva declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia definitiva venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que la sentencia está dictada conforme a derecho, en virtud que el apelante alega que la cancelación del demandante se realizó conforme a derecho, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en sus artículos 53 y 188 respectivamente; sin embargo, la referida Ley establece los requisitos y el procedimiento para que la autoridad nominadora pueda prescindir de los servicios de un servidor público por cesantía, no constando en autos se haya realizado totalmente el procedimiento establecido en dicha Ley para la cancelación del demandante, por lo cual, el acto impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo por lo tanto nulo el mismo, al haberse dictado sin seguir totalmente para su emisión el procedimiento establecido, ya que todas las disposiciones relacionadas a la cancelación por cesantía están vigentes, por lo cual son de obligatorio cumplimiento y solo el cumplimiento de una de ellas no implica el cumplimiento de todo el procedimiento establecido.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, en su condición de apoderado del Estado de Honduras,presentó en fecha 22 de octubre del 2012 escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha 30 de agosto del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 246-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 241-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 23 de octubre del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, abogado GREGORIO TORRES ELVIR, apoderado del señor RAUL ENRIQUE UGARTE ZELAYA, presentó en fecha 6 de noviembre del 2012, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 7 de noviembre del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el abogado GREGORIO TORRES ELVIR, apoderado de la parte demandante, en fecha 13 de noviembre del 2012 y el abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, apoderado de la parte demandada, en fecha 4 de enero del 2013.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado GREGORIO TORRES ELVIR, apoderado de la parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 14 de noviembre del 2012, en concepto de parte recurrida y el abogado JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES, apoderado de la parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha 11 de enero del 2013, en concepto de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia dictada en segunda instancia, y que el Recurrente fundamenta un único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículo 53, de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna la parte dispositiva de la sentencia recurrida en cuanto debió declarar con lugar el recurso de apelación , en el segundo pronunciamiento revocar la sentencia recurrida y en el pronunciamiento tercero declarar improcedente la acción por encontrarse dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Articulo 53, de la Ley de Servicio Civil, establece con claridad meridiana que la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o mas servidores públicos previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo de Servicio Civil al evacuar la consulta correspondiente estime que procede la cesantía por encontrarse comprendida en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que en el caso que nos ocupa corresponde así se hizo. En tal sentido el Acuerdo de Cancelación No. 049-201 1 del 27 de abril de 2011, fue emitido por esta Secretaría de Estado, después de escuchar el parecer favorable del Consejo de Servicio Civil, y comunicar tal decisión a la Dirección de Servicio Civil, aplicando el Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil”.- II.-Que el cargo en la forma expuesta resulta inestimable toda vez que por el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil comprende varios literales que el Censor omite precisar. Además, al momento de desarrollar el cargo el Impetrante se limita a repetir lo mismo que ha expresado en todo el proceso en cuanto a que su representado llevó a cabo uno de los requisitos para la cesantía de un servidor público, pero no explica en que consistió la violación alegada, convirtiendo tal argumento en simple alegato de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por no reunir los requisitos consignados en el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil y por ende incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del mismo Código.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el representante procesal de la parte demandada en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veintinueve de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 24-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL