Sentencia CA-200-13 — Registro 2960
Resumen
En primera instancia se dicta sentencia definitiva declarando con lugar parcialmente el Recurso de Apelación y revoca parcialmente el auto recurrido únicamente en lo prescrito en el numeral primero y tercero de su parte dispositiva, ya que no existen las dos causales de inadmisibilidad que fueron decretados en los mismos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “ÚNICO MOTIVO.- APLICACIÓN INDEBIDA E ILEGAL DE LA NORMA DE DERECHO CONTENIDA EN EL ARTICULO NUMERO TREINTA Y UNO (31) LITERAL a) DE LA LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La sentencia recurrida, en el pronunciamiento que se impugna, hace suyos los NUMERALES “SEGUNDO” y “QUINTO”, de la parte DISPOSITIVA del AUTO RESOLUTIVO , dictado por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con fecha treinta (30) de marzo del año dos mil doce (2012), que dicen, por su orden, lo siguiente:”SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEFENSA PREVIA NUMERO DOS, alegada por el incidentista, consistente en “actos no susceptibles de impugnación por ser un acto firme no recurrido en tiempo y forma”, señalado en el artículo 31, literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”; “QUINTO: se declara la inadmisibilidad de la Demanda.” El articulo numero 31, literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dice textualmente lo siguiente: “ARTICULO 31.-No se admitirá la acción contencioso-administrativa respecto de: a) Los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente, y los confirmatorios de los actos firmes consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes;” El numeral “SEGUNDO” relacionado DECLARA CON LUGAR LA DEFENSA PREVIA NUMERO DOS, fundamentándose en el articulo numero 31, literal a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que el ACTO ADMINISTRATIVO CUYA NULIDAD SE DEMANDA, es un “acto firme no recurrido en tiempo y forma”, disposición aplicada indebidamente por cuanto esta disposición lo que comprende son aquellos ACTOS LEGITIMOS Y CON VALIDEZ Y NO LOS AUTOS ABSOLUTAMENTE NULOS COMO EL INVOCADO EN LA DEMANDA DE NULIDAD, ya que fue emitido, en fecha, en que ya los créditos tributarios adeudados por la empresa “INMOBILIARIA CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, se encontraban PRESCRITOS, o sea violando la figura jurídica de la PRESCRIPCION QUE ES DE EXTRICTO DERECHO Y DE ORDEN PUBLICO. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el articulo numero 719, numeral 2, del Código Procesal Civil, que literalmente dice:”Artículo 719.- Causales del recurso.-1…2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. La sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su CONSIDERANDO NUMERO SIETE (7), expresa lo siguiente: “Que la causa de inadmisibilidad que únicamente genera controversia a este tribunal es la declarada con lugar por el A-Quo por estimar que el acto impugnado no es susceptible de impugnación por ser un acto firme no recurrido en tiempo y forma, ya que es criterio de este Tribunal que si bien como lo dice el recurrente los actos nulos de pleno derecho son impugnables en cualquier momento, pero ya la misma ley de esta jurisdicción ordena que cuando los mismos han adquirido el carácter de firme para proceder a su impugnación se debe hacer al tenor de lo prescrito en el artículo 32 del mismo cuerpo legal, y al revisar el escrito de demanda se concluye que en el mismo se impugna directamente el acto administrativo que afecta intereses del demandante, pero no para su anulación e inaplicabilidad futura tal como lo ordena la Ley, ya que reúne los requisitos de ser un acto firme, surtiendo efectos, y según el alegato del demandante que debe ser probado en juicio ser nulo de pleno derecho, en consecuencia es por esta única causa de inadmisibilidad y que este Tribunal estima existente es que se debe declarar la inadmisibilidad de la acción.” Como se aprecia, del CONSIDERANDO transcrito anteriormente, la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, establece que la causa de inadmisibilidad que únicamente genera controversia, es la declarada por el Juez A-Quo, que estima que el ACTO IMPUGNADO ES FIRME AL NO HABER SIDO RECURRIDO EN TIEMPO Y FORMA, al tenor de lo que prescribe el articulo numero 31, literal a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el que de conformidad a nuestro Sistema Jurídico Administrativo, es aplicable a los ACTOS QUE TIENEN VALIDEZ, A LOS DICTADOS APLICANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PUESTO QUE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTA SOMETIDA AL DERECHO, YA QUE EN ÉL RESIDE SU VALIDEZ. En el Sistema Jurídico Administrativo vigente en nuestro país los ACTOS QUE GOZAN DE PRESUNCION DE VALIDEZ SON LOS LEGITIMOS Y NO LOS QUE ADOLEZCAN DE NULIDAD. Los fundamentos de nuestro Sistema Jurídico Administrativo, especialmente en el ámbito de la acción de nulidad promovida, los encontramos en la disposición-contenida en el “CAPITULO IV.-DEL RÉGIMEN FINANCIERO.-Artículo 351, de la Constitución de la República, que literalmente dice:”El sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente”; el articulo numero 13, párrafo primero, del “CAPITULO SEGUNDO.-LEGITIMACION”, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece:”Podrán demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la Administración Pública, los siguientes:...”; el articulo numero 33 de esta misma Ley, establece: “El autor podrá pretender la declaración de no ser conforme a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación, según el Capítulo anterior.- Los motivos de no ser conforme a Derecho en que funde su acción para pretender la declaración, comprenderá cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o competencia, el quebrantamiento de formalidades esenciales, el exceso de poder y la desviación de poder.- Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley.” En la Ley de Procedimiento Administrativo, se encuentran los artículos números 1, 24 y 35, párrafo primero, que literalmente y por su orden, dicen: “ARTICULO 1.- Los órganos y entidades de la Administración Públicaestarán sujetos a la presente Ley, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares”; “ARTICULO 24.-Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico.- El objeto de los actos debe ser licito, cierto y físicamente posible.”; “ARTICULO 35.- SON ANULABLES LOS ACTOS QUE INCURRAN EN CUALQUIER INFRACCION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO INCLUSO EL EXCESO Y LA DESVIACION DE PODER…“(La mayúscula es nuestra) De lo anteriormente señalado se colige que la NULIDAD en el Derecho Administrativo está fundamentada en que la actuación administrativa satisface intereses públicos, sustentada en el principio de LEGALIDAD y que no viole EL ORDEN PUBLICO.- Estos principios los encontramos en la Constitución de la República, en los artículos números 321 y 323, que literalmente y por su orden, dicen lo siguiente: “Articulo 321.Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la les es nulo e implica responsabilidad.”; “Artículo 323.Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”, así como en las disposiciones contenidas en los artículos números 7 y 8, literales 3 y 4, de la Ley General de la Administración Pública, que textualmente dicen “ARTICULO 7.-Los actos de la Administración Pública deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa; 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3) La presente Ley; 4) Las Leyes Administrativas Especiales; 5)Las Leyes especiales y generales vigentes en la República; 6)Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las leyes; 7) Los demás Reglamentos generales o especiales; 8) La Jurisprudencia Administrativa y, 9) Los principios generales del Derecho Público.”; “ARTICULO 8.- Los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán;1)… 2)… 3)Reconocer, declarar o limitar derechos de los particulares, sino tienen atribuidas por Ley tales potestades; y 4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos; y garantías reconocidas por la Constitución de la República.”Es importante resaltar que incluso la Administración Pública puede hacer la DECLARACION DE NULIDAD DE SUS ACTOS, tal como se establece en el artículo numero 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo, contenido en el “TITULO CUARTO.- REVISIÓN DEL ACTO EN VÍA ADMINISTRATIVA.- CAPITULO 1.- REVISIÓN DE OFICIO”, que literalmente dice: “ARTICULO 119.- La declaración de nulidad de los actos enumerados en el Artículo 34, se hará, de oficio y en cualquier momento, por el órgano que dictó el acto o por el superior, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República” y ésta NULIDAD, producirá efecto desde la fecha del ACTO ANULADO, conforme lo establece el artículo 124 de la misma Ley, que literalmente dice; “Salvo disposición legal en contrario, la anulación producirá efecto desde la fecha del acto anulado; la revocación y la modificación desde su fecha.” En el Derecho Común, conforme lo Dispone el Código Civil, en su artículo numero 90 SON NULOS LOS ACTOS CONTRARIOS A LEY Y LA SANCION GENERAL ES LA DE NULIDAD ABSOLUTA. La IMPUGNACION ES DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, que si bien esta firme, POR NO HABERSE RECURRIDO EN TIEMPO Y FORMA, es un acto SIN LEGITIMIDAD, emitido en abierta violación al PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE ES EL INFORMA NUESTRO SISTEMA JURIDICO ADMINISTRATIVO y como consecuencia de ello, no puede tener eficacia en el ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL, dada la violación objetiva de principios legales, pues se trata de la emisión de una CERTIFICACIÓN DE DEUDA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS, de la sociedad mercantil “INMOBILIARIA CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA” que al ser emitida por la Secretaría de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con fecha 22 de noviembre del año 2004, YA SE ENCONTRABAN PRESCRITOS, condición constatada, mediante la propia documentación dela Dirección Ejecutiva de Ingresos como son los informes existentes en el Expediente Administrativo, identificados como el INFORME DE LA REGIONAL CENTROSUR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, que corre agregado a los folios 14, 15 16 y el INFORME TÉCNICO NUMERO 33-03 de fecha 21 de abril del año 2003, que corre agregado a folios 18, 19 20. De lo expuesto anteriormente en la explicación del concepto de la infracción invocada, se llegan a establecer de manera resumida los elementos siguientes: a) El Sistema Jurídico Administrativo vigente en nuestro país, está fundamentado en el principio de LEGALIDAD, QUE EN EL AMBITO TRIBUTARIO TIENE RANGO CONSTITUCIONAL Y NO CONTEMPLA QUE ACTOS ABSOLUTAMENTE NULOS PUEDAN PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS, siendo en consecuencia INEFICACES, INEJECUTABLES E INCONVALIDABLES. b) LA NULIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO, está fundamentada en que la actuación administrativa satisface intereses públicos, respetando el PRINCIPIO DE LEGALIDAD y que NO VIOLE EL ORDEN PUBLICO.- c) El Acto Administrativo cuya nulidad se ha demandado, es un ACTO ABSOLUTAMENTE NULO DE PLENO DERECHO y así lo reconoce el Tribunal recurrido, en el CONSIDERANDO TORAL NUMERO SIETE de su sentencia de fecha 29 de noviembre del año dos mil doce, que dice:”…, ya que es criterio de este Tribunal que si bien como dice el recurrente los actos nulos de pleno derecho son impugnables en cualquier momento, pero ya la misma ley de esta jurisdicción ordena que cuando los mismos han adquirido el carácter de firme para proceder a su impugnación se debe hacer la tenor de lo prescrito en el articulo 32 del mismo cuerpo legal,…” d) De conformidad a lo establecido en el literal “a)” anterior, el articulo numero 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso que relaciona en el CONSIDERANDO NUMERO SIETE el Tribunal recurrido en su sentencia de fecha 29 de noviembre del año 2012 y que INVOCA en su parte DISPOSITIVA, es INAPLICABLE porque CONTRADICE, SE OPONE Y VIOLA el ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE INFORMA EL SISTEMA JURÍDICO ADMINISTRATIVO VIGENTE y aún más VIOLA LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL establecida en el artículo numero 351, que establece: “El SISTEMA TRIBUTARIO SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD....”(La mayúscula es nuestra); el ACTO ADMINISTRATIVO ABSOLUTAMENTE NULO EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO ADMINISTRATIVO QUEDA EXCLUIDO DE LA PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD,’ por lo cual la disposición contenida en el relacionado articulo numero 32, es una copia de los redactores de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de otros sistemas que le dan LLGITIMIDAD.-DARLE LEGITIMIDAD AL ACTO ABSOLUTAMENTE NULO ES ERIGIR EL IMPERIO DE LA ARBITRARIEDAD EN SUSTITUCIÓN DEL IMPERIO DE LA LEY. Como resultante de todo lo señalado con anterioridad, el sentenciador recurrido ha aplicado indebida e ilegalmente el articulo numero 31, literal a) de la vigente Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que lo lleva a DECLARAR con lugar la DEFENSA PREVIA NUMERO DOS, alegada por el incidentista, consistente en “actos no susceptibles de impugnación por ser un acto firme no recurrido en tiempo y forma” y la declaratoria de la INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, siendo en consecuencia admisible el presente ÚNICO MOTIVO.”.-
“ Que el único motivo resulta inadmisible, en razón que el Recurrente en la explicación del cargo hace referencia a diversas normas, como son los artículos 321, 323 y 351 de la Constitución de la República, 13 y 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 1, 24, 35, 119 y 124 de la Ley de Procedimiento administrativo, 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública y 9 del Código Civil, disposiciones que no han sido señaladas como infringidas en la formulación de éste.”
“ Que la forma de preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.”
“ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CA 200-13
CORTE
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de diciembre del dos mil trece, la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), representada en juicio por el abogado EDGARDO CACERES CASTELLANOS; y, Recurrido: ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), representado en juicio por la abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ.-
OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo particular en materia tributaria por infracción del ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio; promovida en fecha once de noviembre del año dos mil once, ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el abogado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, mayor de edad, casado y de éste domicilio, actuando en su condición de apoderado del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), por medio de la Procuradora General de la República, abogada ETHEL DERAS ENAMORADO.-
ANTECEDENTES DE HECHO.-
1.- La parte demandante manifiesta que en fecha 27 de febrero del año 2009, se presentó solicitud al señor Director Ejecutivo de Ingresos para llegar a una TRANSACCION EXTRAJUDICIAL que precaviera una ACCION DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO consistente en la CERTIFICACION DE DEUDA que emitió dicha Dirección, con fecha 22 de noviembre del año 2004, suscrita por el abogado Máximo Jerez Solorzano, en su condición de Secretario General de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el cual comprende deudas por concepto de Impuesto Sobre la Renta, recargos e intereses de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1999, valores ya prescritos adeudados por la sociedad mercantil “INMOBILIARIA CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA”, que suman la cantidad de Diez Millones Seiscientos Once Mil Ochocientos Nueve Lempiras con Ochenta y Dos Centavos (L.10,611,809,82) e IMPUESTO DE ACTIVO NETO, por los años 2000 y 2001, que suman un valor de Ciento Sesenta Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con Cuarenta y Siete Centavos (L.160,795,47) a los cuales, a dicha fecha, no les corre LA PRESCRIPCION y que sirve de fundamento legal para una TERCERIA DE PRELACION DE CREDITO que interpuso la Procuraduría General de la República, en un juicio ejecutivo promovido por el BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS, en el Juzgado Primero de Letras de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, contra los señores JAIME FARAY FRECH, NELSON FRECH FRECH, JACOBO FEDERICO FRECH FRECH y JIMMY FRECH, por préstamos concedidos y garantías hipotecarias de la sociedad mercantil “INMOBILIARIA CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA”, que le ha impedido EJECUTAR DICHA OBLIGACION, al señalar el Juzgado que previamente el EJECUTANTE OTORGUE FIANZA O GARANTIA para responder por el crédito de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por valor de Diecisiete Millones Ochenta Mil Setecientos Seis Lempiras con Setenta y Ocho Centavos (L.17,080,706.78), situación por la cual, EL INSTITUTO considera no estar OBLIGADO LEGALMENTE, al otorgamiento de las mismas, por las siguientes razones: a) porque en la relación JURIDICA TRIBUTARIA entre la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la sociedad mercantil “INMOBILIRIA CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA”, el Instituto De Prevision Militar no tiene la condicion de sujeto pasivo y en consecuencia no le puede afectar creditos de terceros; b) porque la CERTIFICACION DE DEUDA, de fecha 22 de noviembre del año 2004, suscrito por el abogado Máximo Jerez Solórzano, en su condición de Secretario de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, comprende deudas por concepto de Impuesto Sobre la Renta, recargos e intereses de los años de 1993, 1994, 1995, 1996, y 1999, que son valores ya prescritos, que suman la cantidad de Diez Millones Seiscientos Once Mil Ochocientos Noventa Lempiras con Ochenta y Dos Centavos (L.10,611,890,82); y, c) porque considera que lo necesario y legal, para lograr cobrar sus CREDITOS HIPOTECARIOS a cargo de la empresa ejecutada “INMOBILIARIA CORPORATIVA, S.A.”, es pagar las deudas tributarias no prescritas, que es lo que se propone en la solicitud de transaccion extrajudicial. Contra la Resolución número DEI-5029-2010 de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, de fecha 30 de septiembre del 2010, se interpuso recurso de reposición con fecha 14 de octubre del 2010, sobre el cual se pronunció con fecha 17 de diciembre del 2010, mediante Resolución número DEI-DAPL-RCS-001-2010. Que se presento el recurso de apelación, con su correspondiente Expresión de Agravios en fecha 13 de enero del 2011, resolvió la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, mediante Resolución número A.L.- 150- 2011, de fecha 5 de septiembre del 2011. Se hace el señalamiento de esta resolución por situaciones internas de la Secretaría de Estado, le fue notificada con fecha 26 de octubre del año 2011.-
2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), manifiestó que existen causas de inadmisibilidad, la primera causa de inadmisibilidad que se hubiere interpuesto por PERSONA NO LEGITIMADA, la cual se fundamenta en lo que establece el artículo 63, literal a), 80 literal b) en relación con el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de o Contencioso Administrativo. Que de conformidad con la Ley que rige esta jurisdicción únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo; y como de los antecedentes se desprende que el Instituto de Previsión de Militar no se encuentra legitimado para acudir a la vía contencioso administrativo a pretender la nulidad de un acto, ya que la certificación de deuda no es deuda del Instituto de Previsión Militar si no de la sociedad mercantil Inmobiliaria Corporativa S.A., por lo que en el supuesto caso seria esta a quien le correspondería dicha acción. Que la segunda causa de inadmisibilidad es que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación por ser un acto firme no recurrido en tiempo y forma al tenor de lo que establece el artículo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que la tercera causa de inadmisibilidad es que su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual se fundamenta en el artículo 80 literal a) en relación con el artículo 63 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que la certificación de deuda emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), de fecha 22 de noviembre del 2004, no es un acto administrativo impugnable esto en razón de lo que establece el artículo 116 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Que la cuarta causa de inadmisibilidad es que la demanda fuere presentada fuera de los plazos respectivos, que aun cuando el demandante no esta legitimado para demandar ante esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, también es cierto que la demanda ha sido presentada extemporáneamente al tenor de lo que establece el artículo 63 literal a) de dicha Ley. Que el demandante comparece a impugnar la certificación de deuda de fecha 22 de noviembre del 2004, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, es evidente que ha transcurrido mas del plazo establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo.-
3.- El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de marzo del año dos mil doce, dictó auto resolutivo en la cuestión incidental de Defensas Previas que en su parte conducente, dice: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEFENSA PREVIA NUMERO UNO, alegada por el incidentista, Consistente en “que su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” señalado en el articulo 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEFENSA PREVIA NUMERO DOS, alegada por el incidentista, consistente en “actos no susceptibles de impugnación por ser un acto firme no recurrido en tiempo y forma” señalado en el articulo 31, literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-TERCERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEFENSA PREVIA NUMERO TRES, alegada por el incidentista, Consistente en “que su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” señalado en el articulo 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CUARTO: DESESTIMAR LA DEFENSA PREVIA NUMERO CUATRO, alegada por el incidentista, Consistente “en que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos” señalado en el articulo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-QUINTO: Se declara la inadmisíbilidad de la Demanda. SEXTO: Contra el presente Auto Resolutivo de las Defensas Previas procede el Recurso de Apelación, el cual deberá interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo dentro de el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de el presente fallo…SIN COSTAS.”; bajo el criterio que quien tiene la deuda con la Dirección Ejecutiva de Ingresos es la INMOBILIARIA CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA y no el Instituto de Previsión Militar, siendo la primera, la titular del derecho subjetivo, por lo cual se declara con lugar la Defensa Previa alegada por el incidentista. Que en cuanto a la defensa alegada por la parte incidentista demandada; consistente en “actos no susceptibles de impugnación por ser un acto firme no recurrido en tiempo y forma” señalado en el literal a) del artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se constata que el acto que se pretende impugnar es una Certificación de Deuda de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de fecha 9 de mayo del 2003, en la cual consta se agotaron todos los procedimientos administrativos y como es lógico la misma ya adquirió el carácter de firme, por lo cual se declara con lugar la Defensa Previa alegada por el incidentista. Que en cuanto a la defensa alegada por la parte incidentista demandada consistente en “que su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” señalado en el artículo 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción, bien como se constata en el expediente de merito, ambas partes manifiestan que esta pendiente de resolución una Demanda Ejecutiva de Pago en los Juzgados de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, contra la sociedad mercantil Imobiliaria Corporativa S.A. sobre la que recayó TERCERIA DE PRELACION, presentada por la DEI, identificada bajo número 4014 de dicho Juzgado, en virtud de ello, la Juez estimó que no puede conocer en la presente demanda, en virtud de ya estarse ventilando en el Juzgado en mención, por lo cual se declaró con lugar la Defensa previa alegada. Que en cuanto a la defensa alegada por la parte incidentista demandada, consistente “en que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos” señalado en el artículo 80 literal d), como consta en el expediente la misma es una demanda Fiscal por lo cual en virtud al artículo 105 de la Ley de la Jurisdicción, siendo este un procedimiento en materia Tributaria debiendo ser reducidos a la mitad los términos de la misma, por lo que fue presentada dentro de los plazos respectivos, se declara sin lugar la Defensa previa alegada.-
4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintinueve de noviembre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar parcialmente el Recurso de Apelación y revocó parcialmente el auto recurrido únicamente en lo prescrito en el numeral primero y tercero de su parte dispositiva, ya que no existen las dos causales de inadmisibilidad que fueron decretados en los mismos, confirmó en lo demás el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en fecha 30 de marzo del año 2012 y sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto el auto recurrido declaró con lugar la defensa previa número uno, pero al describirla hace referencia a la defensa previa número cuatro, ese Tribunal bajo el principio de celeridad procesal estimó resolver el conflicto jurídico al tenor de las cuestiones debatidas, por ende entendió según la fundamentación de derecho de dicha resolución por lo descrito en su numeral primero se desprende que declaró incorrectamente con lugar la causa de inadmisibilidad consistente en que la acción se hubiere interpuesto por persona no legitimada, esto porque el demandante como litisconsorte esta legitimado a impugnar la decisión administrativa que le ocasiona daños y perjuicios, por lo que se debió revocar el numeral primero de la parte resolutiva del auto recurrido. Que asimismo, de la revisión del auto recurrido, junto con la naturaleza misma de la pretensión incoada por la parte actora y por lo prescrito en el ordenamiento jurídico se desprende que el A-Quo incorrectamente apreció otra causa de inadmisibilidad invocada por el demandado, la que incorrectamente declaró con lugar, por ser esta inexistente, esto porque sí corresponde a los Tribunales de la jurisdicción contencioso administrativo el conocimiento del presente asunto, donde se esta impugnando una decisión administrativa de materia tributaria que esta dentro de la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que se debió revocar el numeral tercero de la parte resolutiva del auto recurrido.-
5.- La representación procesal de la demandante, el abogado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, presentó con fecha veinticinco de enero del dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.266-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 032-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintiocho de enero del dos mil trece, tener por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.-
6.- La representación procesal de la parte demandada, abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, presentó en fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintidós de febrero del año dos mil trece, tener por pronunciado en tiempo y forma sobre la formalización del recurso de casación y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución a la parte demandante abogado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, en fecha uno de marzo del año dos mil trece, y a la parte demandada, abogada JOHANA CRISTINA PONCE, en fecha cinco de marzo del año dos mil trece.-
7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados EDGARDO CACERES CASTELLANOS y JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, presentaron escritos de personamiento en fecha seis y ocho de marzo del año dos mil trece, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “ÚNICO MOTIVO.- APLICACIÓN INDEBIDA E ILEGAL DE LA NORMA DE DERECHO CONTENIDA EN EL ARTICULO NUMERO TREINTA Y UNO (31) LITERAL a) DE LA LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La sentencia recurrida, en el pronunciamiento que se impugna, hace suyos los NUMERALES “SEGUNDO” y “QUINTO”, de la parte DISPOSITIVA del AUTO RESOLUTIVO , dictado por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con fecha treinta (30) de marzo del año dos mil doce (2012), que dicen, por su orden, lo siguiente:”SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEFENSA PREVIA NUMERO DOS, alegada por el incidentista, consistente en “actos no susceptibles de impugnación por ser un acto firme no recurrido en tiempo y forma”, señalado en el artículo 31, literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”; “QUINTO: se declara la inadmisibilidad de la Demanda.” El articulo numero 31, literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dice textualmente lo siguiente: “ARTICULO 31.-No se admitirá la acción contencioso-administrativa respecto de: a) Los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente, y los confirmatorios de los actos firmes consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes;” El numeral “SEGUNDO” relacionado DECLARA CON LUGAR LA DEFENSA PREVIA NUMERO DOS, fundamentándose en el articulo numero 31, literal a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que el ACTO ADMINISTRATIVO CUYA NULIDAD SE DEMANDA, es un “acto firme no recurrido en tiempo y forma”, disposición aplicada indebidamente por cuanto esta disposición lo que comprende son aquellos ACTOS LEGITIMOS Y CON VALIDEZ Y NO LOS AUTOS ABSOLUTAMENTE NULOS COMO EL INVOCADO EN LA DEMANDA DE NULIDAD, ya que fue emitido, en fecha, en que ya los créditos tributarios adeudados por la empresa “INMOBILIARIA CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, se encontraban PRESCRITOS, o sea violando la figura jurídica de la PRESCRIPCION QUE ES DE EXTRICTO DERECHO Y DE ORDEN PUBLICO. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el articulo numero 719, numeral 2, del Código Procesal Civil, que literalmente dice:”Artículo 719.- Causales del recurso.-1…2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. La sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en su CONSIDERANDO NUMERO SIETE (7), expresa lo siguiente: “Que la causa de inadmisibilidad que únicamente genera controversia a este tribunal es la declarada con lugar por el A-Quo por estimar que el acto impugnado no es susceptible de impugnación por ser un acto firme no recurrido en tiempo y forma, ya que es criterio de este Tribunal que si bien como lo dice el recurrente los actos nulos de pleno derecho son impugnables en cualquier momento, pero ya la misma ley de esta jurisdicción ordena que cuando los mismos han adquirido el carácter de firme para proceder a su impugnación se debe hacer al tenor de lo prescrito en el artículo 32 del mismo cuerpo legal, y al revisar el escrito de demanda se concluye que en el mismo se impugna directamente el acto administrativo que afecta intereses del demandante, pero no para su anulación e inaplicabilidad futura tal como lo ordena la Ley, ya que reúne los requisitos de ser un acto firme, surtiendo efectos, y según el alegato del demandante que debe ser probado en juicio ser nulo de pleno derecho, en consecuencia es por esta única causa de inadmisibilidad y que este Tribunal estima existente es que se debe declarar la inadmisibilidad de la acción.” Como se aprecia, del CONSIDERANDO transcrito anteriormente, la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, establece que la causa de inadmisibilidad que únicamente genera controversia, es la declarada por el Juez A-Quo, que estima que el ACTO IMPUGNADO ES FIRME AL NO HABER SIDO RECURRIDO EN TIEMPO Y FORMA, al tenor de lo que prescribe el articulo numero 31, literal a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el que de conformidad a nuestro Sistema Jurídico Administrativo, es aplicable a los ACTOS QUE TIENEN VALIDEZ, A LOS DICTADOS APLICANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PUESTO QUE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTA SOMETIDA AL DERECHO, YA QUE EN ÉL RESIDE SU VALIDEZ. En el Sistema Jurídico Administrativo vigente en nuestro país los ACTOS QUE GOZAN DE PRESUNCION DE VALIDEZ SON LOS LEGITIMOS Y NO LOS QUE ADOLEZCAN DE NULIDAD. Los fundamentos de nuestro Sistema Jurídico Administrativo, especialmente en el ámbito de la acción de nulidad promovida, los encontramos en la disposición-contenida en el “CAPITULO IV.-DEL RÉGIMEN FINANCIERO.-Artículo 351, de la Constitución de la República, que literalmente dice:”El sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente”; el articulo numero 13, párrafo primero, del “CAPITULO SEGUNDO.-LEGITIMACION”, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece:”Podrán demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la Administración Pública, los siguientes:...”; el articulo numero 33 de esta misma Ley, establece: “El autor podrá pretender la declaración de no ser conforme a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación, según el Capítulo anterior.- Los motivos de no ser conforme a Derecho en que funde su acción para pretender la declaración, comprenderá cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o competencia, el quebrantamiento de formalidades esenciales, el exceso de poder y la desviación de poder.- Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por la ley.” En la Ley de Procedimiento Administrativo, se encuentran los artículos números 1, 24 y 35, párrafo primero, que literalmente y por su orden, dicen: “ARTICULO 1.- Los órganos y entidades de la Administración Pública estarán sujetos a la presente Ley, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares”; “ARTICULO 24.-Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico.- El objeto de los actos debe ser licito, cierto y físicamente posible.”; “ARTICULO 35.- SON ANULABLES LOS ACTOS QUE INCURRAN EN CUALQUIER INFRACCION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO INCLUSO EL EXCESO Y LA DESVIACION DE PODER…“(La mayúscula es nuestra) De lo anteriormente señalado se colige que la NULIDAD en el Derecho Administrativo está fundamentada en que la actuación administrativa satisface intereses públicos, sustentada en el principio de LEGALIDAD y que no viole EL ORDEN PUBLICO.- Estos principios los encontramos en la Constitución de la República, en los artículos números 321 y 323, que literalmente y por su orden, dicen lo siguiente: “Articulo 321.Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley.- Todo acto que ejecuten fuera de la les es nulo e implica responsabilidad.”; “Artículo 323.Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”, así como en las disposiciones contenidas en los artículos números 7 y 8, literales 3 y 4, de la Ley General de la Administración Pública, que textualmente dicen “ARTICULO 7.-Los actos de la Administración Pública deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa; 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3) La presente Ley; 4) Las Leyes Administrativas Especiales; 5)Las Leyes especiales y generales vigentes en la República; 6)Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las leyes; 7) Los demás Reglamentos generales o especiales; 8) La Jurisprudencia Administrativa y, 9) Los principios generales del Derecho Público.”; “ARTICULO 8.- Los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán;1)… 2)… 3)Reconocer, declarar o limitar derechos de los particulares, sino tienen atribuidas por Ley tales potestades; y 4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos; y garantías reconocidas por la Constitución de la República.”Es importante resaltar que incluso la Administración Pública puede hacer la DECLARACION DE NULIDAD DE SUS ACTOS, tal como se establece en el artículo numero 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo, contenido en el “TITULO CUARTO.- REVISIÓN DEL ACTO EN VÍA ADMINISTRATIVA.- CAPITULO 1.- REVISIÓN DE OFICIO”, que literalmente dice: “ARTICULO 119.- La declaración de nulidad de los actos enumerados en el Artículo 34, se hará, de oficio y en cualquier momento, por el órgano que dictó el acto o por el superior, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República” y ésta NULIDAD, producirá efecto desde la fecha del ACTO ANULADO, conforme lo establece el artículo 124 de la misma Ley, que literalmente dice; “Salvo disposición legal en contrario, la anulación producirá efecto desde la fecha del acto anulado; la revocación y la modificación desde su fecha.” En el Derecho Común, conforme lo Dispone el Código Civil, en su artículo numero 90 SON NULOS LOS ACTOS CONTRARIOS A LEY Y LA SANCION GENERAL ES LA DE NULIDAD ABSOLUTA. La IMPUGNACION ES DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, que si bien esta firme, POR NO HABERSE RECURRIDO EN TIEMPO Y FORMA, es un acto SIN LEGITIMIDAD, emitido en abierta violación al PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE ES EL INFORMA NUESTRO SISTEMA JURIDICO ADMINISTRATIVO y como consecuencia de ello, no puede tener eficacia en el ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL, dada la violación objetiva de principios legales, pues se trata de la emisión de una CERTIFICACIÓN DE DEUDA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS, de la sociedad mercantil “INMOBILIARIA CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA” que al ser emitida por la Secretaría de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con fecha 22 de noviembre del año 2004, YA SE ENCONTRABAN PRESCRITOS, condición constatada, mediante la propia documentación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos como son los informes existentes en el Expediente Administrativo, identificados como el INFORME DE LA REGIONAL CENTRO SUR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, que corre agregado a los folios 14, 15 16 y el INFORME TÉCNICO NUMERO 33-03 de fecha 21 de abril del año 2003, que corre agregado a folios 18, 19 20. De lo expuesto anteriormente en la explicación del concepto de la infracción invocada, se llegan a establecer de manera resumida los elementos siguientes: a) El Sistema Jurídico Administrativo vigente en nuestro país, está fundamentado en el principio de LEGALIDAD, QUE EN EL AMBITO TRIBUTARIO TIENE RANGO CONSTITUCIONAL Y NO CONTEMPLA QUE ACTOS ABSOLUTAMENTE NULOS PUEDAN PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS, siendo en consecuencia INEFICACES, INEJECUTABLES E INCONVALIDABLES. b) LA NULIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO, está fundamentada en que la actuación administrativa satisface intereses públicos, respetando el PRINCIPIO DE LEGALIDAD y que NO VIOLE EL ORDEN PUBLICO.- c) El Acto Administrativo cuya nulidad se ha demandado, es un ACTO ABSOLUTAMENTE NULO DE PLENO DERECHO y así lo reconoce el Tribunal recurrido, en el CONSIDERANDO TORAL NUMERO SIETE de su sentencia de fecha 29 de noviembre del año dos mil doce, que dice:”…, ya que es criterio de este Tribunal que si bien como dice el recurrente los actos nulos de pleno derecho son impugnables en cualquier momento, pero ya la misma ley de esta jurisdicción ordena que cuando los mismos han adquirido el carácter de firme para proceder a su impugnación se debe hacer la tenor de lo prescrito en el articulo 32 del mismo cuerpo legal,…” d) De conformidad a lo establecido en el literal “a)” anterior, el articulo numero 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso que relaciona en el CONSIDERANDO NUMERO SIETE el Tribunal recurrido en su sentencia de fecha 29 de noviembre del año 2012 y que INVOCA en su parte DISPOSITIVA, es INAPLICABLE porque CONTRADICE, SE OPONE Y VIOLA el ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE INFORMA EL SISTEMA JURÍDICO ADMINISTRATIVO VIGENTE y aún más VIOLA LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL establecida en el artículo numero 351, que establece: “El SISTEMA TRIBUTARIO SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD....”(La mayúscula es nuestra); el ACTO ADMINISTRATIVO ABSOLUTAMENTE NULO EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO ADMINISTRATIVO QUEDA EXCLUIDO DE LA PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD,’ por lo cual la disposición contenida en el relacionado articulo numero 32, es una copia de los redactores de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de otros sistemas que le dan LLGITIMIDAD.-DARLE LEGITIMIDAD AL ACTO ABSOLUTAMENTE NULO ES ERIGIR EL IMPERIO DE LA ARBITRARIEDAD EN SUSTITUCIÓN DEL IMPERIO DE LA LEY. Como resultante de todo lo señalado con anterioridad, el sentenciador recurrido ha aplicado indebida e ilegalmente el articulo numero 31, literal a) de la vigente Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que lo lleva a DECLARAR con lugar la DEFENSA PREVIA NUMERO DOS, alegada por el incidentista, consistente en “actos no susceptibles de impugnación por ser un acto firme no recurrido en tiempo y forma” y la declaratoria de la INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, siendo en consecuencia admisible el presente ÚNICO MOTIVO.”.-
II.- Que el único motivo resulta inadmisible, en razón que el Recurrente en la explicación del cargo hace referencia a diversas normas, como son los artículos 321, 323 y 351 de la Constitución de la República, 13 y 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 1, 24, 35, 119 y 124 de la Ley de Procedimiento administrativo, 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública y 9 del Código Civil, disposiciones que no han sido señaladas como infringidas en la formulación de éste.-
III.- Que la forma de preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-
IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 200-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
Martínez
Paz Haslam
Arita