Sentencia CA-191-12 — Registro 2924
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción, anulando totalmente el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución dictada por la Junta Directiva, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “En primer término, existe una infracción directa a los artículos 3 y 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto la honorable Corte de Apelaciones de lo Contenciosos Administrativo basa su fallo en la figura de la “responsabilidad patrimonial”, interpretando de manera incorrecta lo preceptuado en el literal b), del artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando señala que esta responsabilidad se genera cuando el Estado provoca un daño a una persona física o jurídica, relacionando de esta manera, dicho precepto legal con los artículos 1346, 1360 y 1362 del Código Civil. Esta interpretación es incorrecta porque lo señalado en el literal b), del artículo 3, de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la determinación correcta del ámbito de competencia para el conocimiento de cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales, entendiéndose dicha responsabilidad patrimonial como aquella propia del Estado como persona jurídica, cuando se ve amenazada por actos atribuibles a empleados o funcionarios públicos respecto de la administración de los bienes patrimoniales que el Estado les ha confiado. En otras palabras, lo que protege el legislador a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es el manejo correcto en la administración del patrimonio estatal, responsabilizando y sancionando al empleado o funcionario público, que con su accionar administrativo haya provocado un daño a dicho patrimonio. En base a lo antes expuesto, es que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales, cuando fruto del accionar administrativo del empleado o funcionario público, se haya provocado un perjuicio al Estado. Además los artículos 1346, 1360 y 1362 del Código Civil, no peden servir de fundamento a la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa, ya que estos fundamentos legales son propios de la jurisdicción civil y no de la jurisdicción administrativa, al igual que la figura del fideicomiso, que es propia del derecho mercantil, si embargo, la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al hacer uso de dicho articulado, lo que hace es confirmar la mala interpretación y aplicación de normas legales a un caso que debió ser incoado en el ámbito civil, y que el reclamo presentado por el señor Arturo Osorto Pineda es inadmisible por no pertenecer al ámbito administrativo sino al ámbito civil, como así lo es, sin pronunciarse sobre si los supuestos derechos invocados por el peticionario son procedentes o no, ya que el conflicto surge de relaciones jurídicas que no son administrativas, sino que son de índole civil, derivadas del carácter contractual constituido por la venta de un bien inmueble, circunstancia que demuestra que la jurisdicción y competencia para promover la acción de evicción y saneamiento es la civil y no la contencioso administrativo. En segundo término, existe también una infracción a los artículos 610, 611, 2236, 2263, 2264 y 2265 del Código Civil, ya que la demanda responde a una pretensión sobre un derecho real derivado de una acción sobre un derecho que también tiene el carácter de inmueble, puesto que el objeto de litigio tiene esa característica de ser inmueble. Además existe un agravante a la pretensión del demandante, y es que por su manifiesta negligencia, éste he perdido el derecho al reclamo demandado, en contra del Instituto de Previsión Militar, sobre un supuesto derecho real e inmueble, que ya prescribió por el paso del tiempo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 del Código Procesal Civil el cual literalmente dice: “Artículo 719.- Causales del Recurso. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI. Expresa la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en sus considerandos cinco y siete, que “la Responsabilidad Patrimonial de una entidad de Derecho Público se genera cuando se causa un daño a una persona física o jurídica ya sea intencionadamente, por error o simplemente por el desarrollo normal de la actividad que realiza o por los servicios que presta, de ahí nace una responsabilidad a cargo de quien ha causado ese daño, consistente en una obligación de reparación, de compensación económica, para tratar de devolver las cosas a su estado anterior a ese daño, tal como lo señalan los artículos 1346, 1360 y 1362 del Código Civil con relación al artículo 3 letra b) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con respecto al sujeto pasivo”. Además manifiestan que “la parte demandante o recurrida ha expuesto claramente que no anda en busca de una evicción, siendo lo que ha operado en el presente caso es la responsabilidad patrimonial derivada de los actos u omisiones ilícitas por parte del Instituto de Previsión Militar, quien por ser un ente de derecho público debió garantizar la licitud de sus actos que conlleva al goce de un derecho que se le fuera cedido por la demandada, la omisión de tal obligación trae consigo el reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante, ya que el Instituto de Previsión Militar es un órgano de derecho público, por tanto está sujeto al control de su responsabilidad patrimonial por parte de esta jurisdicción”, en ambos considerandos los argumentos empleados se basan el la supuesta responsabilidad patrimonial que tiene el Estado de Honduras frente a terceros, interpretando de manera incorrecta lo señalado en el literal b), del artículo 3, de la Ley de la Jurisdicciónde lo Contencioso Administrativo, artículo delimita la competencia del ámbito administrativo al presente caso de autos. Se hace una confusión en la interpretación de dicho literal, ya que lo señalado en dicho artículo, es que la Jurisdicciónde lo Contenciosos Administrativo es competente para conocer de la responsabilidad que tienen los empleados y funcionarios públicos por el mal manejo del patrimonio del Estado. Es decir, esta jurisdicción conocerá también de las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales respecto a las personas responsables de su manejo, como por ejemplo las responsabilidades civiles que deduce el Tribunal Superior de Cuentas en aquellos manejos fraudulentos de los bienes del Estado, pero no debe entenderse que la responsabilidad es frente a terceros, sino que se vincula dicha responsabilidad patrimonial entre el empleado y funcionario público y el Estado de Honduras. La génesis de esta mala interpretación de una inexistente responsabilidad patrimonial del Estado frente a terceros sujeta a la competencia de la jurisdicción administrativa, se origina de la formalización y ejecución de un contrato de compra venta de un inmueble y es importante señalar que dicho contrato es un contrato civil, sometido al ámbito jurisdiccional civil, diferenciándose por un elemento característico fundamental que es el “establecimiento de una relación jurídica de subordinación con respecto a la administración pública, mediante un acto de propia voluntad de quien se obliga con ella, y esta subordinación jurídica se manifiesta en la desigualdad de derecho en que se hallan ambos contratantes y se refiere al régimen de ejecución y rescisión del contrato”. De tal manera que el contrato de compra venta, es otorgado por los contratantes en libertad, igualdad y disposición de su autonomía de voluntad, sin condiciones de subordinación, con las formalidades y requisitos para su validez que son propios de los contratos civiles sujetos al Derecho Privado, y esta posición jurídica procesal, la establece la Ley de Contratación del Estado, en el Articulo 2 que se refiere “a otros contratos”, ya que en su párrafo segundo establece que para los efectos y extinción de estos contratos serán aplicables las normas del Derecho Privado, refirmándose esta posición con el párrafo segundo del artículo 3 de esta misma ley, que dice “En cuanto a los contratos a que se refiere al artículo anterior (2), serán competentes para conocer de las controversias que resulten de su ejecución los Tribunales de lo Civil”, y aun los contratos emanados por actos propios de la administración pública, por regla general están sometidos a la jurisdicción y competencia de lo contencioso administrativo, sin embargo existe la excepcionalidad en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que excluye de su jurisdicción y competencia, los contratos civiles de naturaleza privada, contenido en su artículo 4 que señala que “no corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a) Las cuestiones de orden Civil, Mercantil, Laboral Penal etc”. Precisamente por todo lo mencionado, es que la sentencia recurrida presenta fundamentos jurídicos propios del ámbito del derecho civil y no del derecho administrativo como debería ser lo correcto, ya que estamos frente a una jurisdicción totalmente incompetente para conocer del presente caso de autos, tal y como lo establecen los artículos 3 y 4 de Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además de ello y para hacer hincapié en que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ha interpretado de manera equivocada el literal b) del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia recurrida, en su considerando número seis, se utiliza la figura del fideicomiso y van mas allá, cuando señalan ciertos tipos de responsabilidades propias del ámbito civil, al definir la culpa levísima cuando se afirma que dicha culpa “es aquella que se opone a la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes” tal y como lo señala el artículo 1053 del Código de Comercio, argumentos que confirman que la demanda presentada por el señor Arturo Osorto Pineda, es inadmisible en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, misma que debió entablarse en el ámbito civil, como así lo es, sin pronunciarse sobre si los supuestos derechos invocados por el peticionario son procedentes o no, ya que el conflicto surge de relaciones jurídicas que no son administrativas, sino de carácter contractual civil, como lo es el contrato de compra venta de un inmueble reclamado, en el cual nunca ha intervenido fideicomiso alguno, aunque la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de manera incorrecta manifiesta la existencia de un fideicomiso de terceros que no tienen nada que ver en el caso de autos y cuya inexistencia ha quedado plenamente demostrada en juicio, pero que no se tomaron la molestia de profundizar en el presente caso, sino que se hace hincapié en una supuesta responsabilidad patrimonial mal interpretada y mal fundamentada en artículos y figuras propias del Código Civil y del Código de Comercio. En cuanto a lo señalado en los artículos 610 y 611 del Código Civil, las acciones se dividen en reales y personales y en el caso de autos, la acción emprendida corresponde a una acción real, que al derivarse de una pretensión sobre un bien inmueble, también tiene la característica de ser una acción Inmueble. Esta acción real e inmueble, pretende hacer valer un derecho real sobre un bien inmueble, por lo cual siempre estamos dentro del ámbito del Derecho Civil, ya que no se está al frente de un derecho personal. A la vez, el derecho para demandar al Instituto de Previsión Militar ya prescribió, por cuanto desde la fecha de la venta del bien inmueble objeto de litigio, que fue en el mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, hasta el mes de marzo de dos mil nueve, fecha en que se hizo el reclamo administrativo, han transcurrido más de diez años, con lo cual por negligencia del demandante ha perdido su derecho al reclamo objeto de litigio, todo ello en apego a lo señalado en el artículo 2236 del Código Civil, el cual establece que por la prescripción se adquieren de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales, pero que también se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean. A la vez, el artículo 2265 del Código Civil, señala que los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídicas. Sin embargo el demandante nunca presentó acción alguna durante el período que debía hacerlo, ni tampoco se molestó por obtener la posesión en concepto de dueño, de manera pública, pacífica y no interrumpida”.- “Que en cuanto al único motivo de casación expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) su formulación no es clara ni precisa, ya que por un lado alega la existencia de una infracción directa de las normas que cita como infringidas y por otra, invoca la interpretación incorrecta de otras disposiciones legales, cuando en el primer caso dicha causal no se encuentra comprendida en el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) no precisa el precepto autorizante en que se encuentra comprendido dicho cargo; y, c) realiza alegatos propios de instancia, improcedentes en este extraordinario recurso.- “ Que resuelto lo anterior, este Tribunal entiende que en el presente caso, si bien se reclama la responsabilidad patrimonial del demandado, por los daños y perjuicios irrogados por los actos y omisiones del Instituto de Previsión Militar al traspasar un inmueble por medio de un Fiduciario al demandante, a quien no se le garantizó su plena disposición del goce y disfrute de los derechos de propiedad, ya que un tercero detenta el dominio y posesión del mismo, en cuya condena el a-quo incluye, entre otros conceptos, el valor actualizado del referido bien a la fecha de emisión del dictamen pericial practicado en el proceso; también lo es, que el señor ARTURO OSORTO PINEDA al ser repuesto de su pérdida económica por la compra de dicho inmueble debe por lógica consecuencia, proceder junto con la demandada, a dejar sin valor ni efecto la escritura que contiene el traspaso del mismo.- “ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 1 literal a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y un días del mes de octubre del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrido: El señor ARTURO OSORTO PINEDA, representada en juicio por la Abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ y el Recurrente: El INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), representada en juicio por el Abogado JULIO CESAR CRUZ BONILLA.- OBJETO DEL PROCESO: Contraída a que se declare la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada y para su restablecimiento se condene al pago de daños y perjuicios causados, costas; promovida en fecha ocho de septiembre del dos mil nueve, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de éste domicilio, en su condición de apoderado del señor ARTURO OSORTO PINEDA, contra el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), por medio de su Gerente General, el señor DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que mediante instrumento número 54 de fecha 2 de abril de 1998, autorizada ante los oficios del notario SAMUEL SORIANO PIZZATI, adquirió el dominio de un bien inmueble ubicado en la Urbanización Ciudad Nueva de la Ciudad de Comayagüela, M.D.C., identificado como LOTE NUMERO CUATRO (04) DEL BLOQUE “B”, con un área total de cuatrocientos ochenta y nueve punto sesenta metros cuadrados (489.60 mts2), y setecientas dos punto veintiún varas cuadradas (702.21 Vrs2), inscrito bajo el numero 77 tomo 2866 del Registro de la Propiedad de esta Ciudad, por medio de venta hecha por el Señor JORGE ALBERTO FONSECA, en su condición de Representante del Departamento Fiduciario de BANCO CORPORATIVO, S.A. (BANCORP) actuando como Delegado Fiduciario de Instituto de Previsión Militar (IPM). Pues resulta que una vez que se procedió a la inscripción del inmueble en referencia, materialmente nunca se pudo tomar posesión del mismo ya que existen terceros con derechos de propiedad sobre el mismo inmueble vendido por BANCO CORPORATIVO, S. A., en su condición de mandante del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM). Una vez que se compareció ante la demandada a reclamar lo antes expuesto, la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar mediante RESOLUCION administrativa de fecha 15 de Julio del año 2009, denegó el recurso presentado con ocasión al reclamo formulado por mi poderdante, por no pertenecer al ámbito administrativo sino al ámbito jurisdiccional. También dice que el Instituto de Previsión Militar (IPM) pretende deslindarse de su obligación a responder por los daños causados por su mandatario en el cumplimiento de un mandato, lo cual no es lícito habida cuenta que se trata de una institución de derecho público que deviene obligada a responder patrimonialmente por los perjuicios causados a mi mandante que de buena fe, adquirió un inmueble que nunca ha podido ocupar, o sea que no ha obtenido el beneficio de su compra, circunstancia que el caso del Instituto de Previsión Militar (IPM), acontece lo contrario, ya que se obtuvo un beneficio directo, aprovechando las ventajas de la gestión de administración debido a que fue el beneficiario del pago o retribución por la venta del bien transmitido en titularidad dominical. Sin perjuicio de las acciones civiles para ejercitar otros derechos, se hace la observación que en el presente caso, se persigue la responsabilidad patrimonial de una institución que por estar sujeta al derecho administrativo, deviene como se ha dicho, obligada a garantizar que sus actos se enmarquen dentro del principio de la legalidad, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurre, ya que el IPM se pretende deslindar de su responsabilidad a reconocer los daños y perjuicios causados de una acción dolosa ejercitada por los vendedores (BANCO CORPORATIVO, S.A.) actuando como mandatario del IPM, que ha ocasionado al demandante daños y perjuicios. Dichos daños y perjuicios comprenden los frutos civiles dejados de percibir, así como demás daños que el acto doloso se ha provocado.- 2.- La parte demandada INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), manifiesta que le traspasó la titularidad dominical del lote en mención, al Banco Corporativo S.A., según consta en el Instrumento número veinte y tres (23) de fecha dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), autorizado por el Notario Samuel Pizatti, inscrita bajo el número 90 del tomo 2840 del Registro de la Propiedad del departamento de Francisco Morazán; para el cumplimiento del Fideicomiso número 116/95, el que fue constituido por la señora Ana Merrian, a favor de Banco Corporativo, S.A., para que actuara como fiduciario, y no fue otorgado por el Instituto de Previsión Militar, como lo declara el demandante, por lo que el traspaso de dominio que se efectuó a favor del demandante fue hecho por otra persona jurídica y no por el IPM, ya que no le consta la transacción que haya existido entre el Banco Corporativo S.A. y el demandante, en cambio si es cierto que el IPM traspaso la titularidad dominical del inmueble en mención al Banco Corporativo, S.A. pero en ningún momento lo hizo con la intención de perjudicar a nadie, ya que el IPM adquirió el Lote número cuatro (04) del Bloque “B” de la Lotificación “Ciudad Nueva”, según Instrumento número ciento treinta y ocho (138) de fecha veinte y nueve (29) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), autorizado por el Notario Jerónimo Sandoval, inscrito bajo el número 21 del tomo 1390 del Registro de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán, por parte del señor Calvin H. Merrian en representación de la compañía “Promotor S.A. de C.V.”, teniendo estos últimos como antecedentes de dominio la Escritura, autorizada por el Notario René López Rodezno de fecha 06 de octubre de 1963, cuya primera copia esta reinscrita bajo el número 52 del tomo 589 del Registro de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán, lo que a simple vista denota que el IPM en ningún momento actuó con dolo, negligencia, morosidad o culpa como lo quiere hacer ver el demandante, ya que el IPM contaba con toda la documentación legal debidamente inscrita en Registro de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán. En respuesta a los numerales tercero y cuarto, el demandante exige la indemnización de daños y perjuicios, en virtud de una supuesta acción dolosa por parte del Instituto de Previsión Militar, sin fundamentarla en ningún precepto conceptual ni jurídico, ya que el demandante fue comprador de buena fe, ya que los antecedentes de dominio y la inscripción de la compra venta a favor del Instituto, hechas por el señor Calvin H. Merrian en representación de la Compañía “Promotor S.A de C.V.”, contaban con los requisitos de Ley correspondientes, además al traspasar el Instituto, la titularidad Dominical a favor del el Banco Corporativo, S.A., este último fue el que celebró el Contrato Compra Venta, con el señor Arturo Osorto Pineda, y no el IPM, como lo quiere hacer ver el reclamante.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de junio del 2011, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción, en consecuencia se Anula totalmente el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución de fecha 15 de Julio del año 2009, dictada por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar (IPM), reconocer la Situación Jurídica Individualizada al Señor ARTURO OSORTO PINEDA, y como medida para su pleno restablecimiento se condena al Instituto de Previsión Militar al pago de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L.1,431,946.41) en concepto de pago por los daños y perjuicios ocasionados al demandante, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto, el reclamante puede ejercitar la acción correspondiente al saneamiento por evicción, no es menos cierto que en el caso de autos ha operado una responsabilidad patrimonial derivada de los actos u omisiones ilícitas por parte del Instituto de Previsión Militar, ya que este órgano por su misma naturaleza pública, no puede desentenderse de sus obligaciones entre ellas, la de reconocer el derecho del ahora demandante, derecho que consiste en garantizarle que su inversión, no tiene más limitaciones que las que la ley impone, la omisión de tal obligación por parte de la demandada, trae consigo el reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados, ya que no se ha podido hacer uso del inmueble que obtuvo mediante venta. La responsabilidad patrimonial nace de las normas de nuestra ley Civil que dispone entre otros en su artículo 1356 del Código Civil que reza “las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia”.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de septiembre del 2011, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación, y CONFIRMA la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio de que la parte demandante o recurrida ha expuesto claramente que no anda en busca de una evicción, siendo lo que ha operado en el presente caso es la responsabilidad patrimonial derivada de los actos u omisiones ilícitas por parte del Instituto de Previsión Militar, quien por ser un ente de derecho público debió garantizar la licitud de sus actos que conlleva al goce de un derecho que se le fuera cedido por la demandada, la omisión de tal obligación trae consigo el reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante, ya que el Instituto de Previsión Militar es un órgano de derecho público, por tanto está sujeto al control de su responsabilidad patrimonial por parte de esta jurisdicción.- 5.- La representación procesal de la demandante, el Abogado JULIO CESAR CRUZ BONILLA, presentó con fecha 2 de diciembre del 2011, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 27 de octubre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 259-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp.275-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha 6 de diciembre del 2011, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- Que mediante providencia de fecha 15 de febrero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, se declaró tener por pronunciado en tiempo y forma sobre la formalización del recurso de casación presentado por la Abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, en su condición de apoderada recurrida y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificada a ambas partes dicha resolución como parte demandante, Abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, en fecha 23 de febrero de 2012 y a la parte demandada, Abogado JOSE CLAUDIO SANTOS REYES, en fecha 2 de marzo de 2012, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la Abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, en su condición de apoderada parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 28 de febrero del 2012, en concepto de parte recurrida, y al Abogado JOSE CLAUDIO SANTOS REYES, personándose en concepto de parte recurrente en fecha 6 de marzo del 2012.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “En primer término, existe una infracción directa a los artículos 3 y 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto la honorable Corte de Apelaciones de lo Contenciosos Administrativo basa su fallo en la figura de la “responsabilidad patrimonial”, interpretando de manera incorrecta lo preceptuado en el literal b), del artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando señala que esta responsabilidad se genera cuando el Estado provoca un daño a una persona física o jurídica, relacionando de esta manera, dicho precepto legal con los artículos 1346, 1360 y 1362 del Código Civil. Esta interpretación es incorrecta porque lo señalado en el literal b), del artículo 3, de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la determinación correcta del ámbito de competencia para el conocimiento de cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales, entendiéndose dicha responsabilidad patrimonial como aquella propia del Estado como persona jurídica, cuando se ve amenazada por actos atribuibles a empleados o funcionarios públicos respecto de la administración de los bienes patrimoniales que el Estado les ha confiado. En otras palabras, lo que protege el legislador a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es el manejo correcto en la administración del patrimonio estatal, responsabilizando y sancionando al empleado o funcionario público, que con su accionar administrativo haya provocado un daño a dicho patrimonio. En base a lo antes expuesto, es que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales, cuando fruto del accionar administrativo del empleado o funcionario público, se haya provocado un perjuicio al Estado. Además los artículos 1346, 1360 y 1362 del Código Civil, no peden servir de fundamento a la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa, ya que estos fundamentos legales son propios de la jurisdicción civil y no de la jurisdicción administrativa, al igual que la figura del fideicomiso, que es propia del derecho mercantil, si embargo, la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al hacer uso de dicho articulado, lo que hace es confirmar la mala interpretación y aplicación de normas legales a un caso que debió ser incoado en el ámbito civil, y que el reclamo presentado por el señor Arturo Osorto Pineda es inadmisible por no pertenecer al ámbito administrativo sino al ámbito civil, como así lo es, sin pronunciarse sobre si los supuestos derechos invocados por el peticionario son procedentes o no, ya que el conflicto surge de relaciones jurídicas que no son administrativas, sino que son de índole civil, derivadas del carácter contractual constituido por la venta de un bien inmueble, circunstancia que demuestra que la jurisdicción y competencia para promover la acción de evicción y saneamiento es la civil y no la contencioso administrativo. En segundo término, existe también una infracción a los artículos 610, 611, 2236, 2263, 2264 y 2265 del Código Civil, ya que la demanda responde a una pretensión sobre un derecho real derivado de una acción sobre un derecho que también tiene el carácter de inmueble, puesto que el objeto de litigio tiene esa característica de ser inmueble. Además existe un agravante a la pretensión del demandante, y es que por su manifiesta negligencia, éste he perdido el derecho al reclamo demandado, en contra del Instituto de Previsión Militar, sobre un supuesto derecho real e inmueble, que ya prescribió por el paso del tiempo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 del Código Procesal Civil el cual literalmente dice: “Artículo 719.- Causales del Recurso. 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia, genérica, objetiva, funcional y la adecuación de procedimiento. b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. c) La forma y contenido de la sentencia. 2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI. Expresa la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en sus considerandos cinco y siete, que “la Responsabilidad Patrimonial de una entidad de Derecho Público se genera cuando se causa un daño a una persona física o jurídica ya sea intencionadamente, por error o simplemente por el desarrollo normal de la actividad que realiza o por los servicios que presta, de ahí nace una responsabilidad a cargo de quien ha causado ese daño, consistente en una obligación de reparación, de compensación económica, para tratar de devolver las cosas a su estado anterior a ese daño, tal como lo señalan los artículos 1346, 1360 y 1362 del Código Civil con relación al artículo 3 letra b) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con respecto al sujeto pasivo”. Además manifiestan que “la parte demandante o recurrida ha expuesto claramente que no anda en busca de una evicción, siendo lo que ha operado en el presente caso es la responsabilidad patrimonial derivada de los actos u omisiones ilícitas por parte del Instituto de Previsión Militar, quien por ser un ente de derecho público debió garantizar la licitud de sus actos que conlleva al goce de un derecho que se le fuera cedido por la demandada, la omisión de tal obligación trae consigo el reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante, ya que el Instituto de Previsión Militar es un órgano de derecho público, por tanto está sujeto al control de su responsabilidad patrimonial por parte de esta jurisdicción”, en ambos considerandos los argumentos empleados se basan el la supuesta responsabilidad patrimonial que tiene el Estado de Honduras frente a terceros, interpretando de manera incorrecta lo señalado en el literal b), del artículo 3, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, artículo delimita la competencia del ámbito administrativo al presente caso de autos. Se hace una confusión en la interpretación de dicho literal, ya que lo señalado en dicho artículo, es que la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo es competente para conocer de la responsabilidad que tienen los empleados y funcionarios públicos por el mal manejo del patrimonio del Estado. Es decir, esta jurisdicción conocerá también de las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales respecto a las personas responsables de su manejo, como por ejemplo las responsabilidades civiles que deduce el Tribunal Superior de Cuentas en aquellos manejos fraudulentos de los bienes del Estado, pero no debe entenderse que la responsabilidad es frente a terceros, sino que se vincula dicha responsabilidad patrimonial entre el empleado y funcionario público y el Estado de Honduras. La génesis de esta mala interpretación de una inexistente responsabilidad patrimonial del Estado frente a terceros sujeta a la competencia de la jurisdicción administrativa, se origina de la formalización y ejecución de un contrato de compra venta de un inmueble y es importante señalar que dicho contrato es un contrato civil, sometido al ámbito jurisdiccional civil, diferenciándose por un elemento característico fundamental que es el “establecimiento de una relación jurídica de subordinación con respecto a la administración pública, mediante un acto de propia voluntad de quien se obliga con ella, y esta subordinación jurídica se manifiesta en la desigualdad de derecho en que se hallan ambos contratantes y se refiere al régimen de ejecución y rescisión del contrato”. De tal manera que el contrato de compra venta, es otorgado por los contratantes en libertad, igualdad y disposición de su autonomía de voluntad, sin condiciones de subordinación, con las formalidades y requisitos para su validez que son propios de los contratos civiles sujetos al Derecho Privado, y esta posición jurídica procesal, la establece la Ley de Contratación del Estado, en el Articulo 2 que se refiere “a otros contratos”, ya que en su párrafo segundo establece que para los efectos y extinción de estos contratos serán aplicables las normas del Derecho Privado, refirmándose esta posición con el párrafo segundo del artículo 3 de esta misma ley, que dice “En cuanto a los contratos a que se refiere al artículo anterior (2), serán competentes para conocer de las controversias que resulten de su ejecución los Tribunales de lo Civil”, y aun los contratos emanados por actos propios de la administración pública, por regla general están sometidos a la jurisdicción y competencia de lo contencioso administrativo, sin embargo existe la excepcionalidad en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que excluye de su jurisdicción y competencia, los contratos civiles de naturaleza privada, contenido en su artículo 4 que señala que “no corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a) Las cuestiones de orden Civil, Mercantil, Laboral Penal etc”. Precisamente por todo lo mencionado, es que la sentencia recurrida presenta fundamentos jurídicos propios del ámbito del derecho civil y no del derecho administrativo como debería ser lo correcto, ya que estamos frente a una jurisdicción totalmente incompetente para conocer del presente caso de autos, tal y como lo establecen los artículos 3 y 4 de Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además de ello y para hacer hincapié en que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ha interpretado de manera equivocada el literal b) del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia recurrida, en su considerando número seis, se utiliza la figura del fideicomiso y van mas allá, cuando señalan ciertos tipos de responsabilidades propias del ámbito civil, al definir la culpa levísima cuando se afirma que dicha culpa “es aquella que se opone a la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes” tal y como lo señala el artículo 1053 del Código de Comercio, argumentos que confirman que la demanda presentada por el señor Arturo Osorto Pineda, es inadmisible en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, misma que debió entablarse en el ámbito civil, como así lo es, sin pronunciarse sobre si los supuestos derechos invocados por el peticionario son procedentes o no, ya que el conflicto surge de relaciones jurídicas que no son administrativas, sino de carácter contractual civil, como lo es el contrato de compra venta de un inmueble reclamado, en el cual nunca ha intervenido fideicomiso alguno, aunque la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de manera incorrecta manifiesta la existencia de un fideicomiso de terceros que no tienen nada que ver en el caso de autos y cuya inexistencia ha quedado plenamente demostrada en juicio, pero que no se tomaron la molestia de profundizar en el presente caso, sino que se hace hincapié en una supuesta responsabilidad patrimonial mal interpretada y mal fundamentada en artículos y figuras propias del Código Civil y del Código de Comercio. En cuanto a lo señalado en los artículos 610 y 611 del Código Civil, las acciones se dividen en reales y personales y en el caso de autos, la acción emprendida corresponde a una acción real, que al derivarse de una pretensión sobre un bien inmueble, también tiene la característica de ser una acción Inmueble. Esta acción real e inmueble, pretende hacer valer un derecho real sobre un bien inmueble, por lo cual siempre estamos dentro del ámbito del Derecho Civil, ya que no se está al frente de un derecho personal. A la vez, el derecho para demandar al Instituto de Previsión Militar ya prescribió, por cuanto desde la fecha de la venta del bien inmueble objeto de litigio, que fue en el mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, hasta el mes de marzo de dos mil nueve, fecha en que se hizo el reclamo administrativo, han transcurrido más de diez años, con lo cual por negligencia del demandante ha perdido su derecho al reclamo objeto de litigio, todo ello en apego a lo señalado en el artículo 2236 del Código Civil, el cual establece que por la prescripción se adquieren de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales, pero que también se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean. A la vez, el artículo 2265 del Código Civil, señala que los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídicas. Sin embargo el demandante nunca presentó acción alguna durante el período que debía hacerlo, ni tampoco se molestó por obtener la posesión en concepto de dueño, de manera pública, pacífica y no interrumpida”.- II.- Que en cuanto al único motivo de casación expuesto por el Recurrente, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) su formulación no es clara ni precisa, ya que por un lado alega la existencia de una infracción directa de las normas que cita como infringidas y por otra, invoca la interpretación incorrecta de otras disposiciones legales, cuando en el primer caso dicha causal no se encuentra comprendida en el artículo 719 del Código Procesal Civil; b) no precisa el precepto autorizante en que se encuentra comprendido dicho cargo; y, c) realiza alegatos propios de instancia, improcedentes en este extraordinario recurso.- III.- Que resuelto lo anterior, este Tribunal entiende que en el presente caso, si bien se reclama la responsabilidad patrimonial del demandado, por los daños y perjuicios irrogados por los actos y omisiones del Instituto de Previsión Militar al traspasar un inmueble por medio de un Fiduciario al demandante, a quien no se le garantizó su plena disposición del goce y disfrute de los derechos de propiedad, ya que un tercero detenta el dominio y posesión del mismo, en cuya condena el a-quo incluye, entre otros conceptos, el valor actualizado del referido bien a la fecha de emisión del dictamen pericial practicado en el proceso; también lo es, que el señor ARTURO OSORTO PINEDA al ser repuesto de su pérdida económica por la compra de dicho inmueble debe por lógica consecuencia, proceder junto con la demandada, a dejar sin valor ni efecto la escritura que contiene el traspaso del mismo.- IV.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- V.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de diciembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha treinta y un días del mes de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 191-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL