Sentencia CA-181-13 — Registro 2944
Resumen
EN primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado ya que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del cardo que desempeñaba el demandante, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su reglamento y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que laRecurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Sexto, con respecto al Acuerdo de cancelación No. 189-2010 de fecha 30 de Septiembre del año 2010, dictado por el Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 14 numerales 1, 2 y 3.PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: En el Considerando Séptimo, para proceder a la cancelación del señor LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ, como pudo observar esteHonorable Tribunal no se consulto a la Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1) El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta sentencia. 2) La cancelación del señor LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ, fue dictada por la Autoridad Competente en base al artículo 14 numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Propiedad, no se tenía que regir por un procedimiento previo para proceder a la cancelación del demandante a su puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo de Cancelación No. 189-2010 claramente lo establece, pues como lo hemos repetido y sostenido, el Instituto de la Propiedadno se RIGE por la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 03 7-2005. Con las claras atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad. TERCERO: El Considerando número Octavo de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar al ciudadano LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos. CUARTO: El Considerando número Once de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por el Instituto de la Propiedad en estricta observancia a la Ley de Propiedad, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho según lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.”.”Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, en el numeral segundo hace referencia al material probatorio cuando en este recurso no es permitible hacerlo, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y por último, en ninguno de los dos numerales señala que norma fue infringida faltándole claridad y precisión por tal omisión.- “ En razón de lo anterior, consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 1 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA; y, Recurrido: LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ, representado en juicio por el abogado FREDIN FUNEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia personal por no ser conforme a derecho por infringir el ordenamiento jurídico, con grave quebrantamiento de las formalidades esenciales, promovida por el señor LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, representado en juicio por el abogado FREDIN FUNEZ, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de octubre del año dos mil diez, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representados en juicio por la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la institución demandada el 1 de septiembre del año 2009 según acuerdo N° 431-2009; que fue cancelado supuestamente por cesantía mediante acuerdo de cancelación No.198-2010 del 30 de septiembre del año 2010, efectivo a partir del 1 de octubre del año 2010; que al emitirse el referido acuerdo de cancelación se infringió el ordenamiento jurídico, quebrantando las formalidades esenciales, incluyendo el exceso y abuso de poder, al cancelarle del cargo sin observar las normas y procedimientos para la cancelación, que la cancelación no está comprendida en las causales que estipula el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil y artículos 261 y 278 de su Reglamento, ni el artículo 54 de la Ley del Servicio Civil y los artículos 279, 280, 281 y 282 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil.- 2.- La parte demandada, INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que la causal de su cancelación fue en forma justificada y legal, pues el acto administrativo impugnado se hizo con firme observancia de los procedimientos establecidos en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, determinando su cancelación en base a lo que establece el artículo 53 literal b) de la Ley del Servicio Civil.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de junio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo la situación jurídica individualizada del demandante y para el pleno restablecimiento resuelve adoptar el reintegro del demandante, por ser el cargo en el cual fue nombrado y del cual fue cancelado, condenando al demandado al pago a favor del demandante, en concepto de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, decretando en su caso la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante. Criterio: que hubo infracción en el ordenamiento jurídico, quedando demostrado que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, ya que se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en el mismo para la cancelación del nombramiento del demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciocho de octubre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del cardo que desempeñaba el demandante, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su reglamento y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA, en fecha dieciséis de agosto del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.304-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 608-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal del demandante, LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ, representado en juicio por el abogado FREDIN FUNEZ, presentó en fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintidós de enero del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha cuatro de febrero del año dos mil trece, el abogado FREDIN FUNES y en fecha uno de marzo del año dos mil trece, la abogada QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados FREDIN FUNES y QUEYDA PTRICIA FUENTES AYALA presentaron escritos de personamiento en fechas once de febrero y ocho de marzo del año dos mil trece, en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que en el Considerando Sexto, con respecto al Acuerdo de cancelación No. 189-2010 de fecha 30 de Septiembre del año 2010, dictado por el Instituto de la Propiedad, podemos demostrar que en ningún momento hay infracción del ordenamiento Jurídico, mucho menos exceso de Poder ya que el mismo fue dictado siguiendo las atribuciones que la Ley de Propiedad consigna en su artículo 14 numerales 1, 2 y 3. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c, del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. SEGUNDO: En el Considerando Séptimo, para proceder a la cancelación del señor LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ, como pudo observar este Honorable Tribunal no se consulto a la Dirección de Servicio Civil por dos Razones Fundamentales: 1) El Instituto de la Propiedad no se rige por el Régimen de Servicio Civil, si no que por el Reglamento de Personal el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según acuerdo No. 037-2005, hecho este que esta Honorable Corte de Apelaciones desconoce al momento de dictar esta sentencia. 2) La cancelación del señor LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ, fue dictada por la Autoridad Competente en base al artículo 14 numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Propiedad, no se tenía que regir por un procedimiento previo para proceder a la cancelación del demandante a su puesto de trabajo, ya que el mismo acuerdo de Cancelación No. 189-2010 claramente lo establece, pues como lo hemos repetido y sostenido, el Instituto de la Propiedad no se RIGE por la Ley de Servicio Civil, sino que por el Reglamento de Personal que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en fecha 31 de mayo del 2005 según Acuerdo No 03 7-2005. Con las claras atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad. TERCERO: El Considerando número Octavo de esta sentencia, vuelvo y repito que no se ha violado ningún ordenamiento jurídico al momento de cancelar al ciudadano LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ, mucho menos existió exceso de poder ya que la autoridad que emitió dicho acto lo hizo en estricta observancia a la Ley de Propiedad basándose en las atribuciones que la misma le Ley le confiere para este tipo de actos. CUARTO: El Considerando número Once de esta sentencia, es muy parco, sin ningún análisis profundo al confirmar la sentencia apelada, hecho este que no es aceptado ya que como se establece en el acuerdo de cancelación dictado por el Instituto de la Propiedad en estricta observancia a la Ley de Propiedad, por lo consiguiente no cabe un reintegro, sino en todo caso el pago de sus prestaciones, por lo que esperamos que sea rectificado por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados, con los fundamentos de derecho en que se baso la defensa, se acredito fehacientemente que el abuso de autoridad relacionada en la presente demanda es Inexistente que como consecuencia, el acto impugnado se encuentra apegado a derecho según lo establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y la Ley de Propiedad, para la cancelación de los empleados y servidores del Instituto de la Propiedad sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el artículo 14 numeral 3 de la Ley de Propiedad, Artículos 206, 207, 208, 719 literal c, del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la Forma y Contenido de la Sentencia.”.- II.- Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, en el numeral segundo hace referencia al material probatorio cuando en este recurso no es permitible hacerlo, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y por último, en ninguno de los dos numerales señala que norma fue infringida faltándole claridad y precisión por tal omisión.- III.- En razón de lo anterior, consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho merito. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha doce de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 181-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL