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Sentencia CA-163-13 — Registro 2756

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación de los artículos 1, 2, 3 reformado de la Ley de Servicio Civil en relación con 9 numeral 1 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que debieron ser empleados para la solución del fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en los artículos 716, 717, 718, 719.2 del Código Procesal Civil.IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO O PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA Se identifica totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada, con la salvedad de la parte en que declara sin costas. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 1 de la Ley de Servicio Civil expresa “la presente Ley tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el servicio público, regulando las relaciones entre los servidores públicos y el estado ...relacionado con el artículo 2 del mismo cuerpo legal, el cual prescribe “el Régimen del Servicio Civil, comprenderá a todos los Servidores del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos de esta Ley y su Reglamento... la Señora REINA ALVAREZ CACERES, fue cancelada del puesto de SUB-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, en la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, sin ninguna responsabilidad para el Estado de Honduras, por estar nombrada en PUESTO EXCLUIDO; no obstante, la Corte Sentenciadora dejó de aplicar estas disposiciones legales y confirmó la sentencia de primera instancia bajo el argumento que para emitir el acuerdo de cancelación de Señora REINA ALVAREZ CACERES, el Estado de Honduras, debió seguir el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, sin considerar la Corte de Apelaciones en ningún momento que para la cancelación de losPUESTOS DE SERVICIO EXCLUIDO, no es necesario cumplir con procedimiento alguno, porque es contrario al espíritu mismo de la ley, es de conocimiento que estos puestos son de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo.- Es obvio que en el presente caso el Tribunal de Alzada dejó de aplicar los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicio Civil. También podemos decir, que hasta el momento el fondo del asunto lo hemos establecido en que la Señora REINA ALVAREZ CACERES, fue nombrada en Puesto Excluido, situación esta que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo Falla: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación Interpuesto y a su vez confirma la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y esta Ratificando la acción incoada por la parte demandante, contra el Estado de Honduras, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, anulando el Acuerdo de cancelación No.139-2010 de fecha 19 de febrero del 2010, el cual según el Señor Juez y el Honorable Magistrado, fue emitido prescindiendo total y absolutamente los procedimientos establecidos; no obstante podemos decir, que si bien es cierto el Señor Juez de lo Contencioso Administrativo, rechazó categóricamente la interposición y expresión de agravios, según él, porque esta Secretaría de Estado no siguió el procedimiento de cancelación de su acuerdo de nombramiento, con una serie derequisitos que necesariamente debe cumplir la administración, pero también es cierto, que la Señora REINA ALVAREZ CACERES, al momento de ser nombrada en el Puesto de Sub-Gerente de Recursos Humanos, no cumplió con una serie de requisitos establecidos en el Articulo 11 numeral 5) reformado de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, que reza“haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta ley”, por lo que puede nominarse dentro de un PUESTO DE CONFIANZA, “que es la persona natural que ha sido nombrada a través de un acuerdo y que presta sus servicios personales a la Administración Publica; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez, que para sus funciones se exige, cuenta con fe y apoyo especial de parte de la Autoridad Nominadora; por lo que Honorables Magistrados este es considerado dentro de cualquier Secretaria de Estado, como un puesto de mucha confianza para la Autoridad Nominadora; Así mismo, podemos decir, que expresamente se encuentra establecido en el Articulo 9 numeral 1) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que reza: “los Secretarios y Subsecretarios de Estado y sus EMPLEADOS DE CONFIANZA, conforme dispone el Artículo 11 del presente Reglamento, en el cual existe una lista de los mismos, pero si dentro de ella, se clasifican a secretarias, conductores, conserjes y otros, no podemos dejar a un lado el puesto de Sub-Gerente de Recursos Humanos por ser quien a través de ella se administran los recursos humanos; por lo tanto, puede considerarseCOMO PUESTO DE CONFIANZA DE LIBRE REMOCION y sin ninguna responsabilidad para el Estado de Honduras. Honorables Señores Magistrados, llego a la conclusión que por el hecho de haber solicitado por parte nuestra que se declarara la inadmisibilidad de la demanda, solo porque en el acuerdo de cancelación y nombramiento se le plasmo la leyenda de puesto excluido, podemos decir que este nombre de “PUESTO EXCLUIDO”, no fue puesto al libre albedrio, por ser este Puesto de Sub-Gerente de Recursos Humanos, considerado un puesto de Confianza, dentro de cualquier Secretaría de Estado Por último, haciendo referencia al Considerando 4) de la Sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en cuanto al hecho 2) en donde en mi condición de recurrente en la formalización del escrito de interposición y expresión de agravios, según el Juez sentenciador, se relacionó una sentencia que no corresponde a la fecha de la sentencia que se ocupa, ya que dentro del preámbulo del escrito, dice 02 de octubre del 201, y la fecha correcta es 02 de octubre del 2012, Señores Magistrados, lo sucedido fue por este error involuntario de mi parte, habiéndome faltado únicamente el numero (2), el cual no es un motivo suficiente para haber declarado sin lugar dicho recurso; ya que ella misma estableció dentro del considerando cual era la fecha correcta. NULIDAD DE LA SENTENCIA: Los artículos 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil que prescriben: ARTICULO 13 Código Procesal VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El Juez a de valorar la prueba de manera precisay razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. la valoración legal de la prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que los condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad. Articulo 245 Código Procesal VALORACION DE LA PRUEBA. 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración legal d manera expresa e inequívoca.2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de resolución. Articulo 479 Código Procesal VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El Tribunal deberá valorar la prueba conforme al principio de libre valoración, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, motivando siempre la sentencia de manera precisa y razonada. 2. No obstante lo anterior, en las pruebas de interrogatorio de parte y documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado que determinadas declaraciones y documentales tengan atribuido. 3. El tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a probar la existencia de un mismo hecho, o el medio en que se condujo, se deberán poner en común, con especial motivación y razonamiento del resultado final al que se llegue. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 15 de noviembre del año 2012, dictó sentencia en el presente caso, con sujeción a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en cuanto a las formalidades que ha de llenar la misma. En los FUNDAMENTOS DE DERECHO, precisamente en el “ dicha Corte expresa” que del estudio y análisis en su conjunto de la prueba presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones, esta Corte de Apelaciones observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía de la demandante Señora REINA ALVAREZ CACERES, conocida también como MARIA DE JESUS ALVAREZ CACERES, del cargo de Sub-Gerente de Recursos Humanos, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulte procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, por lo consiguiente es un acto nulo este CONSIDERANDO que revela la forma arbitraria con que la Corte Sentenciadora ha procedido porque existiendo normas jurídicas que ordenan como dictarla, lo hizo sin considerarlas en ningún momento. Es así que la Corte de Apelaciones dicta la sentencia estudiando y analizando en su conjunto la prueba, cuando ya dicen los artículos 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil, que fueron antes citados, que no lo puede ni debe hacer, que es obligatorio razonar y atribuirle un valor o significado de manera individual a cada prueba. El artículo 212 Nulidad. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1..., 2..., 3..., 4..., 5... y 6.- En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen. El articulo 13 antes citado expresa que es prohibida la arbitrariedad y el 245.2 dispone la nulidad de la sentencia cuando se ha dictado prescindiendo de las normas jurídicas que la regulan y de la valoración de la pruebaEl articulo 700 también del Código Procesal Civil dispone. ARTICULO 700. PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES. 1. Cuando en los Recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan la nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, se reprodujo la denuncia en la Apelación. 2. Así mismo deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera. En el presente caso la nulidad que ahora reclamamos se produjo en la sentencia recurrida por lo que es hasta este momento en que hacemos la denuncia. Es lógico que si la sentencia se hubiere dictado con base en los artículos 13, 245 y 479 antes transcritos, habríamos podido formular un Motivo de Casación acorde a las circunstancias, es decir, conociendo el razonamiento, la motivación que ha llevado al Tribunal Ad-Quen a rechazar el Recurso de Apelación y confirmar la sentencia de primera instancia valorando la prueba individualmente, pero al no haberlo hecho así, no sabemos cuál o cuáles de las pruebas fueron analizadas y valoradas concretamente, lo que ha causado a mi representado una indefensión, porque no le han permitido formular el recurso como lo prescribe la Constitución de la República y las Leyes. El artículo 720 del Código Procesal Civil excluye la Revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba en Casación, pero si permite que se pueda solicitar el control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo. De manera pues, que estando viciada de nulidad la sentencia impetrada es procedente que se decrete dicha nulidad y que se ordene al Tribunal de Alzada proceder en forma prescrita por la Ley, en este caso, por el Código Procesal Civil”.-“Que el requisito indispensable para que prospere el recurso de casación por la causal indicada es que la norma citada como infringida no se haya aplicado, tal como lo afirma la recurrente en su único motivo. Pero de autos es visto que el Tribunal de segundo grado en su primer considerando aplica el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, por lo tanto no es pertinente ni eficaz atacar la sentencia recurrida por el motivo indicado. Además, en el concepto de la infracción hace extensos alegatos de instancia.- “ Que la Recurrente además alega nulidad de la sentencia por las siguientes razones: “En el presente caso la nulidad que ahora reclamamos se produjo en la sentencia recurrida por lo que es hasta este momento en que hacemos la denuncia. Es lógico que si la sentencia se hubiere dictado con base en los artículos 13, 245 y 479 antes transcritos, habríamos podido formular un Motivo de Casación acorde a las circunstancias, es decir, conociendo el razonamiento, la motivación que ha llevado al Tribunal Ad-Quen a rechazar el Recurso de Apelación y confirmar la sentencia de primera instancia valorando la prueba individualmente, pero al no haberlo hecho así, no sabemos cuál o cuáles de las pruebas fueron analizadas y valoradas concretamente, lo que ha causado a mi representado una indefensión, porque no le han permitido formular el recurso como lo prescribe la Constitución de la República y las Leyes. El artículo 720 del Código Procesal Civil excluye la Revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba en Casación, pero si permite que se pueda solicitar el control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo. De manera pues, que estando viciada de nulidad la sentencia impetrada es procedente que se decrete dicha nulidad y que se ordene al Tribunal de Alzada proceder en forma prescrita por la Ley, en este caso, por el Código Procesal Civil” Que no procede atender la solicitud de nulidad, ya que la Recurrente pide el control de la motivación fáctica para revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico. Siendo estas razones motivos de casación y no de nulidad. Si la censora no está satisfecha en cuanto a la forma y contenido de la sentencia tuvo que haberla atacado por infracción de las normas procesales que rigen esa resolución. Tampoco se advierte que se hayan violentado los derechos de defensa y debido proceso.- “ En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación y sin lugar la nulidad solicitada y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, representado en juicio por la Abogada JANETH ARACELY VARGAS OBANDO y la recurrida: REINA ALVAREZ CACERES, conocida como REINA DE JESUS ALVAREZ CACERES, representada en juicio por el Abogado CARLOS FLORES ALFARO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de las normas y formalidades esenciales, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordene el pago de las prestaciones laborales y salarios dejados de percibir como daños y perjuicios que por ley le corresponde por haber laborado por acuerdo de nombramiento y haberse cancelado con oficio el mismo en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, violando derechos fundamentales y demás leyes sin aplicar el debido proceso, promovida por la señora REINA ALVAREZ CACERES, conocida como REINA DE JESUS ALVAREZ CACERES, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, representada en juicio por la Abogada JANETH ARACELY VARGAS OBANDO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral en la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, el 1 de abril de 2006, mediante acuerdo de nombramiento No.204-2006, en el puesto de Sub Gerente de Recursos Humanos; que mediante oficio SG-119-10, se le notificó el Acuerdo Ministerial No.139-2010 de fecha 19 de febrero de 2010, por el cual se le canceló de su puesto de trabajo a la demandante, cargo que argumenta la demandada es excluido de la Ley de Servicio Civil, siendo esta interpretación muy impropia e ilegal y que violenta los derechos fundamentales establecidos en los artículos 82, 94 y 90 de la Constitución de la República, ya que no se llevó a cabo ninguna audiencia de descargo, ni se estableció cual era la causal de despido por lo tanto el mismo es ilegal, injusto e improcedente.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, contestó dicha demanda señalando que la demandante no se encuentra bajo la tutela del Régimen de Servicio Civil, porque al momento de su ingreso a la administración pública no se cumplieron ni se llenaron las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Servicio Civil, ya que para ostentar a dicho puesto no fue sometida a exámenes de oposición o pruebas de idoneidad, pues el cargo que ostentaba la demandante es de libre nombramiento y remoción, en consonancia a lo que establece el artículo 25 de la Ley de Servicio Civil; que los argumentos expuestos por la demandante son equívocos al citar artículos que no son apegados al caso concreto sino propios en materia penal, siendo al efecto sus alegaciones infundadas, pues desde el momento que interpuso la demanda no se le está violando ningún derecho de defensa como lo manifiesta la demandante.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de octubre de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia, se anula totalmente el acuerdo de cancelación No.139-2010 del 19 de febrero de 2010, por haberse emitido prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos establecidos; reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, y para su pleno restablecimiento se ordena el pago a la demandante de las prestaciones laborales y de los salarios dejados de percibir; diferir para la etapa de ejecución del presente fallo la liquidación del derecho declarado; se decreta extinguida la relación de servicio entre la demandante y el Estado de Honduras, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas por la demandante, no se desprende que se haya seguido alguno de los procedimientos establecidos y con tal omisión, se ha viciado de nulidad el acto administrativo al haberlo emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de noviembre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía de la demandante, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, por lo consiguiente el acto es nulo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada JANETH ARACELY VARGAS OBANDO, presentó en fecha quince de enero de dos mil trece, escrito de interposición y formalización de recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal contra la sentencia dictada en fecha quince de noviembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 328-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 105-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, representado en juicio por el Abogado ANTONIO VARGAS FLORES, presentó en fecha veintiocho de enero de dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha cinco de febrero de dos mil trece, los Abogados JANETH ARACELY VARGAS OBANDO y ANTONIO VARGAS FLORES, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados JANETH ARACELY VARGAS OBANDO y ANTONIO VARGAS FLORES, presentaron escritos en fecha seis y ocho de febrero de dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación de los artículos 1, 2, 3 reformado de la Ley de Servicio Civil en relación con 9 numeral 1 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que debieron ser empleados para la solución del fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en los artículos 716, 717, 718, 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO O PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA Se identifica totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada, con la salvedad de la parte en que declara sin costas. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 1 de la Ley de Servicio Civil expresa “la presente Ley tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el servicio público, regulando las relaciones entre los servidores públicos y el estado ...relacionado con el artículo 2 del mismo cuerpo legal, el cual prescribe “el Régimen del Servicio Civil, comprenderá a todos los Servidores del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos de esta Ley y su Reglamento... la Señora REINA ALVAREZ CACERES, fue cancelada del puesto de SUB-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, en la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, sin ninguna responsabilidad para el Estado de Honduras, por estar nombrada en PUESTO EXCLUIDO; no obstante, la Corte Sentenciadora dejó de aplicar estas disposiciones legales y confirmó la sentencia de primera instancia bajo el argumento que para emitir el acuerdo de cancelación de Señora REINA ALVAREZ CACERES, el Estado de Honduras, debió seguir el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, sin considerar la Corte de Apelaciones en ningún momento que para la cancelación de los PUESTOS DE SERVICIO EXCLUIDO, no es necesario cumplir con procedimiento alguno, porque es contrario al espíritu mismo de la ley, es de conocimiento que estos puestos son de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo.- Es obvio que en el presente caso el Tribunal de Alzada dejó de aplicar los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicio Civil. También podemos decir, que hasta el momento el fondo del asunto lo hemos establecido en que la Señora REINA ALVAREZ CACERES, fue nombrada en Puesto Excluido, situación esta que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo Falla: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación Interpuesto y a su vez confirma la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y esta Ratificando la acción incoada por la parte demandante, contra el Estado de Honduras, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, anulando el Acuerdo de cancelación No.139-2010 de fecha 19 de febrero del 2010, el cual según el Señor Juez y el Honorable Magistrado, fue emitido prescindiendo total y absolutamente los procedimientos establecidos; no obstante podemos decir, que si bien es cierto el Señor Juez de lo Contencioso Administrativo, rechazó categóricamente la interposición y expresión de agravios, según él, porque esta Secretaría de Estado no siguió el procedimiento de cancelación de su acuerdo de nombramiento, con una serie de requisitos que necesariamente debe cumplir la administración, pero también es cierto, que la Señora REINA ALVAREZ CACERES, al momento de ser nombrada en el Puesto de Sub-Gerente de Recursos Humanos, no cumplió con una serie de requisitos establecidos en el Articulo 11 numeral 5) reformado de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, que reza “haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta ley”, por lo que puede nominarse dentro de un PUESTO DE CONFIANZA, “que es la persona natural que ha sido nombrada a través de un acuerdo y que presta sus servicios personales a la Administración Publica; por la responsabilidad que tiene, las delicadas tareas que desempeña o la honradez, que para sus funciones se exige, cuenta con fe y apoyo especial de parte de la Autoridad Nominadora; por lo que Honorables Magistrados este es considerado dentro de cualquier Secretaria de Estado, como un puesto de mucha confianza para la Autoridad Nominadora; Así mismo, podemos decir, que expresamente se encuentra establecido en el Articulo 9 numeral 1) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que reza: “los Secretarios y Subsecretarios de Estado y sus EMPLEADOS DE CONFIANZA, conforme dispone el Artículo 11 del presente Reglamento, en el cual existe una lista de los mismos, pero si dentro de ella, se clasifican a secretarias, conductores, conserjes y otros, no podemos dejar a un lado el puesto de Sub-Gerente de Recursos Humanos por ser quien a través de ella se administran los recursos humanos; por lo tanto, puede considerarse COMO PUESTO DE CONFIANZA DE LIBRE REMOCION y sin ninguna responsabilidad para el Estado de Honduras. Honorables Señores Magistrados, llego a la conclusión que por el hecho de haber solicitado por parte nuestra que se declarara la inadmisibilidad de la demanda, solo porque en el acuerdo de cancelación y nombramiento se le plasmo la leyenda de puesto excluido, podemos decir que este nombre de “PUESTO EXCLUIDO”, no fue puesto al libre albedrio, por ser este Puesto de Sub-Gerente de Recursos Humanos, considerado un puesto de Confianza, dentro de cualquier Secretaría de Estado Por último, haciendo referencia al Considerando 4) de la Sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en cuanto al hecho 2) en donde en mi condición de recurrente en la formalización del escrito de interposición y expresión de agravios, según el Juez sentenciador, se relacionó una sentencia que no corresponde a la fecha de la sentencia que se ocupa, ya que dentro del preámbulo del escrito, dice 02 de octubre del 201, y la fecha correcta es 02 de octubre del 2012, Señores Magistrados, lo sucedido fue por este error involuntario de mi parte, habiéndome faltado únicamente el numero (2), el cual no es un motivo suficiente para haber declarado sin lugar dicho recurso; ya que ella misma estableció dentro del considerando cual era la fecha correcta. NULIDAD DE LA SENTENCIA: Los artículos 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil que prescriben: ARTICULO 13 Código Procesal VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El Juez a de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. la valoración legal de la prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que los condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad. Articulo 245 Código Procesal VALORACION DE LA PRUEBA. 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración legal d manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de resolución. Articulo 479 Código Procesal VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El Tribunal deberá valorar la prueba conforme al principio de libre valoración, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, motivando siempre la sentencia de manera precisa y razonada. 2. No obstante lo anterior, en las pruebas de interrogatorio de parte y documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado que determinadas declaraciones y documentales tengan atribuido. 3. El tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a probar la existencia de un mismo hecho, o el medio en que se condujo, se deberán poner en común, con especial motivación y razonamiento del resultado final al que se llegue. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 15 de noviembre del año 2012, dictó sentencia en el presente caso, con sujeción a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en cuanto a las formalidades que ha de llenar la misma. En los FUNDAMENTOS DE DERECHO, precisamente en el CONSIDERANDO (7) dicha Corte expresa” que del estudio y análisis en su conjunto de la prueba presentadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones, esta Corte de Apelaciones observa y concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía de la demandante Señora REINA ALVAREZ CACERES, conocida también como MARIA DE JESUS ALVAREZ CACERES, del cargo de Sub-Gerente de Recursos Humanos, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulte procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, por lo consiguiente es un acto nulo este CONSIDERANDO que revela la forma arbitraria con que la Corte Sentenciadora ha procedido porque existiendo normas jurídicas que ordenan como dictarla, lo hizo sin considerarlas en ningún momento. Es así que la Corte de Apelaciones dicta la sentencia estudiando y analizando en su conjunto la prueba, cuando ya dicen los artículos 13, 245 y 479 del Código Procesal Civil, que fueron antes citados, que no lo puede ni debe hacer, que es obligatorio razonar y atribuirle un valor o significado de manera individual a cada prueba. El artículo 212 Nulidad. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1..., 2..., 3..., 4..., 5... y 6.- En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen. El articulo 13 antes citado expresa que es prohibida la arbitrariedad y el 245.2 dispone la nulidad de la sentencia cuando se ha dictado prescindiendo de las normas jurídicas que la regulan y de la valoración de la prueba El articulo 700 también del Código Procesal Civil dispone. ARTICULO 700. PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES. 1. Cuando en los Recursos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan la nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, se reprodujo la denuncia en la Apelación. 2. Así mismo deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que la naturaleza del defecto la admitiera. En el presente caso la nulidad que ahora reclamamos se produjo en la sentencia recurrida por lo que es hasta este momento en que hacemos la denuncia. Es lógico que si la sentencia se hubiere dictado con base en los artículos 13, 245 y 479 antes transcritos, habríamos podido formular un Motivo de Casación acorde a las circunstancias, es decir, conociendo el razonamiento, la motivación que ha llevado al Tribunal Ad-Quen a rechazar el Recurso de Apelación y confirmar la sentencia de primera instancia valorando la prueba individualmente, pero al no haberlo hecho así, no sabemos cuál o cuáles de las pruebas fueron analizadas y valoradas concretamente, lo que ha causado a mi representado una indefensión, porque no le han permitido formular el recurso como lo prescribe la Constitución de la República y las Leyes. El artículo 720 del Código Procesal Civil excluye la Revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba en Casación, pero si permite que se pueda solicitar el control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo. De manera pues, que estando viciada de nulidad la sentencia impetrada es procedente que se decrete dicha nulidad y que se ordene al Tribunal de Alzada proceder en forma prescrita por la Ley, en este caso, por el Código Procesal Civil”.- II.- Que el requisito indispensable para que prospere el recurso de casación por la causal indicada es que la norma citada como infringida no se haya aplicado, tal como lo afirma la recurrente en su único motivo. Pero de autos es visto que el Tribunal de segundo grado en su primer considerando aplica el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, por lo tanto no es pertinente ni eficaz atacar la sentencia recurrida por el motivo indicado. Además, en el concepto de la infracción hace extensos alegatos de instancia.- III.- Que la Recurrente además alega nulidad de la sentencia por las siguientes razones: “En el presente caso la nulidad que ahora reclamamos se produjo en la sentencia recurrida por lo que es hasta este momento en que hacemos la denuncia. Es lógico que si la sentencia se hubiere dictado con base en los artículos 13, 245 y 479 antes transcritos, habríamos podido formular un Motivo de Casación acorde a las circunstancias, es decir, conociendo el razonamiento, la motivación que ha llevado al Tribunal Ad-Quen a rechazar el Recurso de Apelación y confirmar la sentencia de primera instancia valorando la prueba individualmente, pero al no haberlo hecho así, no sabemos cuál o cuáles de las pruebas fueron analizadas y valoradas concretamente, lo que ha causado a mi representado una indefensión, porque no le han permitido formular el recurso como lo prescribe la Constitución de la República y las Leyes. El artículo 720 del Código Procesal Civil excluye la Revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba en Casación, pero si permite que se pueda solicitar el control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo. De manera pues, que estando viciada de nulidad la sentencia impetrada es procedente que se decrete dicha nulidad y que se ordene al Tribunal de Alzada proceder en forma prescrita por la Ley, en este caso, por el Código Procesal Civil”.- IV.- Que no procede atender la solicitud de nulidad, ya que la Recurrente pide el control de la motivación fáctica para revisar su suficiencia, racionalidad y carácter lógico. Siendo estas razones motivos de casación y no de nulidad. Si la censora no está satisfecha en cuanto a la forma y contenido de la sentencia tuvo que haberla atacado por infracción de las normas procesales que rigen esa resolución. Tampoco se advierte que se hayan violentado los derechos de defensa y debido proceso.- V.- En razón de lo anterior consecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación y sin lugar la nulidad solicitada y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, profiere el presente AUTO y DECLARA: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Abogada JANETH ARACELY VARGAS OBANDO, en su condición de apoderada de la parte demandada, en su único motivo. 2º) SIN LUGAR LA NULIDAD SOLICITADA. 3º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha diez de septiembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 163-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL