Sentencia CA-151-12 — Registro 7384
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción, confirmar el acuerdo en el cual se cancela a la demandante, en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en el motivo que antecede, se incurre en una serie de defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) impugna la forma y contenido de la sentencia, pero en vez de señalar las normas procesales que la regulan, invoca otras normas de derecho que tienen relación con el fondo del litigio; b) hace referencia a la valoración del material probatorio, improcedente en este extraordinario recurso conforme lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, y: c) Introduce en su explicación un acápite sobre la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, lo cual es improcedente ya debió hacerlo en forma separada"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de abril de dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: señora XIOMARA ENCARNACION LEMUS BARNICA, representado en juicio por el Abogado CESAR AUGUSTO PAVON PERLA y el Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada ANGELA MARIA MADRID LOPEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento, el reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás aumentos o beneficios; promovida por la señora XIOMARA ENCARNACION LEMUS BARNICA, representado en juicio por el Abogado CESAR AUGUSTO PAVÒN PERLA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada ANGELA MARIA MADRID LOPEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que mediante acuerdo en fecha 6 de septiembre del 2004 con efectividad a partir del 9 de agosto del año 2004, comenzó a laborar en el puesto de Bibliotecario I, en la Secretaria de Estados en los Despachos de Educación, en fecha 30 de agosto del 2006, fui cancelada por cesantía del cargo efectivo desde el 28 de septiembre del 2006, sin existir causa o motivo legal, no siguiendo ningún procedimiento previo a su cancelación.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estados en los Despachos de Educación, contestó dicha demanda señalando que como causal se tuvo la contenida en el artículo 53 letra b) de la ley del Servicio Civil no violentando ninguna disposición legal.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de enero del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando: improcedente la acción, confirmar el acuerdo No. 2804-SE-06 en el cual se cancela a la demandante y sin costas, bajo el criterio que la parte demandante no propuso ni evacuó un medio de prueba con el que pudiera probar lo alegado, el Juez se limita a juzgar dentro de sus limites de pretensiones formuladas y alegadas por las partes.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiséis de julio del dos mil once, dictó sentencia definitiva confirmar la proferida por el a-quo y sin costas, bajo el criterio que la actora no presentó prueba de ninguna naturaleza, no probando los hechos alegados. El tribunal no puede suplir las obligaciones de las partes, al no comprobar lo que se demanda.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado CESAR AUGUSTO PAVÒN PERLA, en fecha cinco de octubre del dos mil once, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha veintiséis de julio del dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 175-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 152-2007 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San pedro Sula, Departamento de Cortés.- 6.- Mediante providencia de fecha cinco de octubre del dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada ANGELA MARIA MADRID LOPEZ, presentó, en fecha catorce de diciembre del dos mil once, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de diciembre del dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha diecinueve de enero del dos mil doce el Abogado CESAR AUGUSTO PAVÒN PERLA y en fecha veintitrés de febrero del dos mil doce, la Abogada ANGELA MEDINA MADRID, por medio de notificación por vía telefónica.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado CESAR AUGUSTO PAVON PERLA, presentó escrito en fecha veinte de enero del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrente.- 9.- Que la Abogada ANGELA MEDINA MADRID, presentó escrito en fecha veintiocho de febrero del dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO 1-) Infracción de la forma y contenido de la sentencia por cuanto se impone la necesidad y así se hace al solicitar en este Recurso de Casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico ya que esto es determinante para darle un sentido diferente al fallo, ya que éste como está dictado basado en una motivación fáctica inexistente produce la ilegalidad de la resolución por no estar apegada al derecho adjetivo y substantivo infringido, al fundamentar la Sentencia en una motivación fáctica (existencia de un expediente administrativo) evidentemente inexistente en el expediente judicial lo que impone y justifica la solicitud del control de esa motivación fáctica inexistente a fin de que se determine como habrá de determinarse no solo su inexistencia sino también en virtud de ello la insuficiencia e irracionalidad y falta de carácter lógico de la Sentencia lo que determina consecuentemente y necesariamente un sentido diferente del fallo. Consecuentemente el perjuicio sufrido por la demandante con motivo de la infracción a las normas de derecho imperativas es evidente según se desprende de la simple lectura del proceso judicial venido a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTAN EL MOTIVO. a-) Letra b del artículo 53 de fa Ley de Servicio Civil que establece: “No obstante lo dispuesta en el Articulo 48 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la “cesantía” por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá de acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) Reducción forzosa de servicios o personal por razones de orden presupuestario; y, b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.”. b-) Artículo 54 de la Ley de Servicio Civil que establece “Para prescindir de los servicios de las personas afectadas, a que se refiere el artículo anterior, la autoridad nominadora deberá de tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas, y enviara dentro del plazo improrrogable de siete días hábiles a la Dirección General, la nomina del o de los cesanteados para inscribirlos en el lugar preferente en las respectivas listas de reingresos ………….”.c-) Artículo 58 de la Ley de Servicio Civil que establece “Las disposiciones de esta Ley son de orden público y en consecuencia, su observancia es obligatoria”. d-) Artículo 187 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que establece “De acuerdo con lo previsto en el articulo 53 de la Ley, procederá la cesantía de uno o más servidores públicos en cualquiera de los casos excepcionales siguientes: 1- Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; y, 2- Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.”. e-) Artículo 188 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que establece “Antes de ejecutarse la cesantía deberá consultarse al Consejo del SERVICIO civil acerca de su procedencia, debiendo fundamentar su opinión en cualquiera de las circunstancias previstas en el articulo que antecede, la cual deberá ser acredita de manera fehaciente con los documentos, informes y demás medios que se agreguen al expediente.- En cuanto proceda, deberá también tenerse presente, lo previsto en el articulo catorce (14) reformado de la Ley General de la Administración Pública. Si el Consejo del Servicio Civil expresa una opinión contraria no podrá continuarse con el procedimiento. La contravención a lo dispuesto en el párrafo primero hará incurrir en responsabilidad.”. f-) Artículo 207 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que establece “Las disposiciones de la Ley y del presente reglamento son de orden público y, en consecuencia, su observancia es obligatoria”. La imperatividad de las normas relacionadas imponen la observancia de las mismas, igualmente el principio IURIT NOVIT CURIA impone al Juzgador el conocimiento de dichas normas y su ineludible aplicación. SE FUNDAMENTA CON SUFICIENTE SEPARACION Y CLARIDAD PRECISANDO Y JUSTIFICANDO LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA I-) La demandante presento en el Juicio junto con su planteamiento los documentos que le competían para justificar e impetrar la tutela judicial cuales son los documentos siguientes: 1. Acuerdo de nombramiento y 2. Acuerdo de Cancelación, mismos que fueron aceptados por la demandada e incluso propuestas y evacuadas por ella como pruebas documentales. II-) El Juzgador da por hechos probados los siguientes: 1. Acuerdo de nombramiento y 2. Acuerdo de Cancelación. III-) Las pruebas documentales y hechos probados antes referidos que constan en el expediente judicial no constituyen la existencia del expediente administrativo que refieren las normas imperativas del ordenamiento jurídico tanto adjetivas y substantivas que han sido infringidas. IV-) La inobservancia e infracción de las normas adjetivas y substantivas que ordenan y regulan la creación del expediente administrativo preña de ilicitud el acto administrativo impugnado por lo que el mismo no es ajustado derecho y es conforme a las normas referidas, inexistente. V-) De manera que el razonamiento que llevo a la convicción del Juzgador a valorar una inexistente prueba fundamentando su Sentencia en ello es absoluta y totalmente violatorio de las normas adjetivas y substantivas y del principio esencial que debe de informar el criterio y el razonamiento del Juzgador enmarcándole dentro del principio IURIT NOVIT CURIA”.- II.- Que en el motivo que antecede, se incurre en una serie de defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) impugna la forma y contenido de la sentencia, pero en vez de señalar las normas procesales que la regulan, invoca otras normas de derecho que tienen relación con el fondo del litigio; b) hace referencia a la valoración del material probatorio, improcedente en este extraordinario recurso conforme lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, y: c) Introduce en su explicación un acápite sobre la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, lo cual es improcedente ya debió hacerlo en forma separada.- III.- Que el Recurrente en su segundo motivo expone lo siguiente: “2-) Infracción de fondo en la sentencia recurrida que produce la ilegalidad de la resolución por no estar apegada al derecho adjetivo y sustantivo infringido, al considerar ajustado a derecho el acto administrativo de carácter particular impugnado, que contiene la cancelación del cargo de Bibliotecaria de la demandante, siendo como es que en el propio expediente judicial consta documentalmente el error en el razonamiento que condujo al Juzgador a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento produciendo entonces arbitrariedad e irracionalidad por cuanto la imperatividad de la normas adjetivas y substantivas establecen la inobjetable e ineludible creación de un procedimiento que debe contenerse en un expediente administrativo conforme el cual evacuado todo el proceso podría ejecutarse licitante la cesantía lo que no ocurrió en el caso de autos. Consecuentemente el perjuicio sufrido por la demandante con motivo de la infracción a las normas de derecho imperativas es evidente según se desprende de la simple lectura del proceso judicial venido a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia. NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO a-) Letra b del artículo 53 de la Ley de Servicio Civil. b-) Artículo 54 de la Ley de Servicio Civil. c-) Artículo 58 de la Ley de Servicio Civil. d-) Artículo 187 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. e-) Artículo 188 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. f-) Artículo 207 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. La imperatividad de las normas relacionadas imponen la observancia de las mismas, igualmente el principio IURIT NOVIT CURIA impone al Juzgador el conocimiento de dichas normas y su ineludible aplicación. SE FUNDAMENTA CON SUFICIENTE SEPARACION Y CLARIDAD PRECISANDO Y JUSTIFICANDO LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA En el caso de autos se dan particularidades que demandan la sabia atención e inteligencia del Tribunal por cuanto las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio demandan así mismo la imperatividad obligatoria de su observancia de lo que resulta que el Juzgador las invoca lo mismo que el demandado y sin embargo el expediente judicial demuestra que hay una ausencia total del contenido de dichas normas que justificarían y legalizarían el acto de la cesantía de la demandante ya que son inexistentes en el expediente judicial, por lo que exigirle al demandante la prueba diabólica o negativa es absoluta y totalmente incorrecto o ilícito. I-) La demandante documentó su cesantía que es el único presupuesto que tenia que documentar para su pretensión. II-) El demandado acepta lo expuesto por la demandante en cuanto a la existencia de la cesantía y pretende probar que fué apegada a derecho como una forma de extinguir la obligación. III-) Sin embargo no obra en el expediente judicial la prueba documental a que quedo obligada la demandada con el reconocimiento de la existencia de la cesantía cual es el expediente administrativo que imponen las normas de derecho infringidas para legalizar el acto administrativo para que procediera la cesantía. IV-) No esta en la capacidad del demandante probar la no existencia del expediente administrativo puesto que es de orden interno de la administración pública y el único presupuesto a que esta obligado a documentar fué que existió la cesantía, hecho éste que esta probado en Juicio y aceptado por la demandada. V-) Las normas imperativas infringidas imponen a la demandada la ineludible presentación del expediente administrativo cuyo contenido del mismo esta debidamente descrito en las normas infringidas…”.- IV.- Que el motivo que antecede, igual que en el cargo anterior se pretende instar la revisión de los hechos y la valoración de las pruebas, lo cual resulta improcedente en este recurso; además omite indicar el precepto autorizante en que considera comprendido el mismo.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los dos motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de junio del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha veintitrés de Abril del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 151-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL