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Sentencia CA-149-12 — Registro 2772

Resumen

En segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la parte demandada rescindió unilateralmente el contrato de servicios profesionales y técnicos que tenía con la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional (SETCO) con el demandante, fundamentándose en una cláusula que es nula, porque restringe, disminuye y tergiversa los derechos, sin escuchar previamente al demandante y sin acreditar fehacientemente el incumplimiento de las obligaciones señaladas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso a) y 206 numeral 1 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil establece literalmente que:“En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de de las cuales actúen”. En relación a lo anterior, luego de una revisión del ENCABEZAMIENTO de la sentencia recurrida se puede constatar que la misma estableció erróneamente que su servidor actúa en su condición de “Apoderado Legal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETCO)”, cuando en realidad comparecí en juicio en mi condición de“APODERADO LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN)”, ya que SEPLAN absorbió a SETCO según lo instaurado en el artículo 35 del Decreto Legislativo número 286-2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 2 de febrero del 2010, error que se repite a su vez en la parte resolutiva de la sentencia recurrida. En consecuencia, la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en el artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia...”. II.- El cargo anterior no procede y debe ser desestimado, ya que el señalamiento de que no se consignara en una parte de la sentencia recurrida el señalamiento de que el apoderado de la parte demandada, en este caso del Estado de Honduras, se realizara de forma incorrecta al no indicarse que es “a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETCO)”, cuando en realidad comparecí en juicio en mi condición de “APODERADO LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN)”, resulta fuera de contexto al no justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en los términos que determina el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil. Por otro lado el demandado es el Estado de Honduras y por ello no hay dudas de quien es la parte que representa el Recurrente en el proceso, el cual cuando se inició con el escrito de la demanda presentado el 15 de enero del año 2010, donde se señaló que la misma era promovida contra el Estado de Honduras por medio dela Secretaría Técnica De Cooperación Internacional (Setco) y en el escrito de contestación de la demanda, así se dio respuesta, ya que el cambio a Secretaría Técnica De Planificación Y Cooperación Externa (Seplan) ocurrió con la emisión del decreto legislativo 286-2009 de fecha 2 de febrero del año 2010. III.- Que en el segundo motivo el Recurrente expone: “Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso b) y 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil instaura literalmente que: “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso...”. En relación a lo anterior, luego de una revisión de los ANTECEDENTES DE HECHO de la sentencia recurrida se puede constatar que los mismos carecen de la debida CLARIDAD, PRECISIÓN y EXHAUSTIVIDAD, requisitos internos de toda sentencia según lo estipulado en el artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil, ya que no se consignaron todas las pretensiones de las partes ni tampoco los hechos en que las mismas se fundaron y que fueron alegados oportunamente y tenían relación con las cuestiones que debían resolverse y las pruebas propuestas y evacuadas y los hechos probados. Del mismo modo, este Tribunal tampoco se pronunció sobre todos los puntos objeto del litigio con la debida separación, infringiendo directamente lo instaurado en el artículo 206 numeral 3 del Código Procesal Civil. En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en el artículo 206 numeral 1 y 3 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia...”. IV.- Que al igual que en el primer cargo, se reitera en una situación de la estructura del fallo, que tampoco es relevante para incidir en el sentido de la resolución; además, al revisarse la sentencia recurrida se observa que en el acápite de los ANTECEDENTES DE HECHO se relacionan los hechos en que las partes fundan sus pretensiones alegados oportunamente y que tienen relación con las cuestiones que deban de resolverse, por lo que resulta inadmisible este segundo motivo. V.- Que el Censor del fallo en el tercer motivo de casación sostiene: “Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso c), 206 numerales 1, 2 y 3 y 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso c) del Código Procesal Civil establece literalmente que: “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b)...; c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso...”. En relación a lo anterior, luego de una revisión de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia recurrida se comprueba que lo único hicieron los señores magistrados fue una vaga relación de argumentos legales, sin que en ningún momento se hayan establecido: 1. Los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas; y 2. Las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión CONCRETA de las normas jurídicas aplicables al caso. En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en los artículos 206 numerales 1, 2 y 3 y 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)....; b)....; c) La forma y contenido de la sentencia...”. VI.- Que el Impetrante cuestiona la forma y contenido de la sentencia aduciendo que la misma carece de los requisitos sobre los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas y las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso; cuando al revisarse el acápite de LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO se aprecia que si contiene la motivación suficiente, que si bien no es realmente amplia,el ad-quem en dicho apartado ha dejado claramente establecida su decisión de confirmar el fallo de primera instancia, donde además por esa situación, hace suyos los argumentos del juez de primer grado, por lo que resulta inviable el ataque a la sentencia por esa vía. VII.- Que como cuarto motivo se alega: “Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso d) y 206 numerales 1 y 3 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción:infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso d) del Código Procesal Civil establece literalmente que “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b)....; c)...; d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o alguna de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación...”. En relación al artículo citado, si se revisa detenidamente la parte de la sentencia recurrida denominada FALLOo también conocida como PARTE RESOLUTIVA, se podrá constatar que la misma no se pronuncia sobre todas las pretensiones establecidas por el apelante en su recurso de apelación, requisito que deben poseer todos fallos aún y cuando la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos. En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en los artículos 206 numerales 1 y 3 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)..; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia...”. VIII.- De nuevo en este motivo se acusa al fallo de ser incompleto, aduciéndose que el mismo no se pronuncia sobre todas las pretensiones establecidas por el apelante en su recurso, lo cual resulta improcedente porque basta la lectura de la sentencia para determinar que la misma reúne ese requisito, ya que si bien es cierto existe un señalamiento del apelante sobre la solicitud de nulidad de la sentencia de primer grado, porque una causa de inadmisiblidad si bien consta en la motivación de la misma, pero no es su parte resolutiva, también lo es que tal petición fue expuesta como parte de los agravios formalizados contra dicha resolución y no una cuestión alegada de forma separada y/o subsidiaria, que en todo caso al resolverse y desestimarse el recurso, se entiende implícitamente denegada. Por lo anterior, el cargo resulta inadmisible. “ Que el Recurrente en su quinto motivo invoca: “Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículo 1548 del Código Civil.Concepto de la infracción: aplicación indebida. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo aplicó indebidamente el artículo citado, pues argumenta equivocadamente en los considerandos 6 y 7 de la sentencia recurrida que la cláusulaDÉCIMA INCISO C) del contrato de servicios profesionales suscrito por el demandado, que establece que el mismo podrá ser rescindido por “Decisión unilateral de una parte siempre que mediare causa de justificación”, es contraria a la Ley y al orden público porque supuestamente violenta derechos y garantías constitucionales del demandante, no pudiendo los órganos y entidades de la Administración Pública, es decir, la demandada, pactar o ejecutar actos que restrinjan, disminuyan o tergiversen los derechos y garantías de las personas reconocidos en la Constitución de la República. Como dije anteriormente, se da la aplicación indebida del artículo 1548 del Código Civil, pues el contrato de servicios profesionales celebrado entre el demandante y el Estado de Honduras es un contrato administrativo, el cual tanto la doctrina como la jurisprudencia ecuménicamente aceptadas definen como “Una especie dentro del género de los contratos, con características especiales, tales como que una de las partes intervinientes es una persona jurídica estatal, que su objeto es un fin público y que llevan insertas CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL DERECHO PRIVADO”. En este sentido, el autor Farías Mata señala que el rasgo característico del régimen del contrato administrativo aparece fundamentalmente concretado en relación al “ATENTADO que dicho régimen supone contra los principios básicos de la técnica contractual del derecho privado, específicamente el de la “Libertad contractual” y el de la “Igualdad de las partes”.Para el autor Hildegard Rondón de Sansó, la noción de contrato administrativo comprende ciertos negocios jurídicos bilaterales que poseen las siguientes características: “a. Que son celebrados por una Administración Pública, esto es, aquellos en los cuales por lo menos una de las partes sea una Administración Pública; b. El objeto es la prestación directa de un servicio público; y c. Los contratos administrativos, por estar vinculados a la prestación de un servicio público, incluyen CLÁUSULAS EXORBITANTES, ESTO ES, CLÁUSULAS QUE EXCEDEN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN DE LOS PARTICULARES”. Armando Rodríguez, por su parte, considera que los contratos administrativos revisten cualidades o condiciones especiales o excepcionales y por ello constituyen una categoría jurídica específica y singular, exorbitante de la cualidad genérica de contrato propio del Derecho Civil, y en la cual entrarían las otras fórmulas de contratación empleadas por la Administración. Sin embargo, en opinión de este autor, la característica esencial del contrato administrativo no es la noción de servicio público, sino el “Conjunto de prerrogativas que en su contenido ofrecen a la Administración, a los efectos de su manejo general y en especial en cuanto a la ejecución de su objeto”. En virtud de los conceptos esgrimidos, queda claro que las cláusulas exorbitantes constituyen uno de los caracteres básicos de los contratos administrativos, siendo definidas por la doctrina como “Aquellas que otorgan a la Administración derechos sobre su co-contratante que serían nulos o ilícitos dentro del derecho privado”. Para una mejor ilustración debo manifestar que la figura de las cláusulas exorbitantes tuvo su origen en Francia, donde se las define como estipulaciones “Cuyo objeto es conferir a las partes derechos u obligaciones ajenos por su naturaleza a aquellos que son susceptibles de ser libremente consentidos por una persona en el marco de las leyes civiles o comerciales” o “Cláusulas que por su naturaleza, difieren de aquellas que pueden insertarse en un contrato análogo de Derecho civil”. En países hermanos y que se rigen por la misma legislación que el nuestro como Costa Rica, las cláusulas exorbitantes han sido definidas por la jurisprudencia como potestades de la Administración. En este sentido, el fallo número 530-96 de fecha 28 de noviembre de 1996, emitido por la Sala Constitucional de aquel país estableció que “Efectivamente, en razón de que una de las partes es precisamentela Administración, la contratación administrativa se rige por principios diferentes de los que regulan la contratación civil. Así, tales contratos son preparados en forma unilateral por la Administración, y el concesionario, si tiene ventajas, no las discute, sólo las acepta; el contrato debe interpretarse en el sentido del interés general y no del particular o del contratante, y por último y los más importante, la Administración tiene poderes especiales en la ejecución de los contratos administrativos que dimanan de sus prerrogativas como tal. De esta manera, la Administraci6n tiene un privilegio especial, la DECISIÓN UNILATERAL-EJECUTIVA Y PREVIA en mérito de la cual puede intervenir en la ejecución del contrato. Tal intervención comporta la existencia de determinados poderes, los cuales habrán de aplicarse a la ejecución del contrato. Estos se refieren al control y dirección del contrato administrativo, luego, a las sanciones que pueden imponerse por la vía de la ejecución defectuosa del mismo y por último, a las modificaciones impuestas por el cambio de circunstancias...”. Como consecuencia de todos los argumentos invocados, queda claro que en la sentencia recurrida emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se aplicó indebidamente la norma legal contenida en el artículo 1548 del Código Civil, al considerar que la cláusula DÉCIMA INCISO C), que contempla la rescisión unilateral del contrato de servicios profesionales que el demandante tenía suscrito con el Estado de Honduras “Adolece de vicios de nulidad por ser supuestamente contraria a la Ley y al orden público y restringir, disminuir y tergiversar derechos y garantías constitucionales”, pues al argumentar dicho extremo se están obviando y desconociendo las prerrogativas de las cuales goza la Administración Pública al momento de contratar y por ende está convirtiendo al Estado de Honduras en un simple particular cuyos actos y contratos sólo interesan a él mismo, cuestión inaplicable cuando se habla de la Administración Pública, cuyos intereses son los intereses de la sociedad misma, agravando la situación el hecho de que el Estado de Honduras probó en primera instancia que el demandado había realizado una pésima gestión administrativa, con los informes de auditoría que obran en el expediente. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil.” X.- Que en este último cargo, además de que el Impetrante realiza alegatos propios de instancia, olvida que en este extraordinario recurso no se puede instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, conforme lo dispone el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, lo cual vuelve inadmisible el mismo. XI.- Que también el Censor introduce en su recurso un apartado que textualmente en su parte conducente señala: “CAUSA DE INADMISIBILIDAD NO DETECTADA EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA. Luego de la exposición de motivos relacionada, considero oportuno hacer notar que la acción de mérito debió ser declarada INADMISIBLE sobre la base de lo establecido en el artículo 80 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que la misma se interpuso contra un ACTO FIRME, pues no fue recurrido en FORMA (artículo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo), tal como se expone a continuación: Es un hecho probado que el demandante se desempeñaba como Administrador del Proyecto Forcuencas en virtud de un contrato de servicios profesionales y técnicos que suscribió con la SECRETARÍA TÉCNICA Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (SETCO), órgano que según lo instaurado en el artículo 96 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo “Estaba adscrito ala Presidencia de la República...”. Digo que estaba adscrito debido a que dicho órgano fue absorbido por la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) en fecha posterior a la presentación de esta demanda, según lo estipulado en el artículo 37 de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Adopción de un Plan de Nación. Al establecerse que SETCO “Estaba adscrito a la Presidencia de la República...”, es claro que era un órgano subordinado a la Presidencia de la República, por lo que era imprescindible que previo a interponer la presente acción, el demandante interpusiera, primero el recurso de apelación ante el propio órgano que dictó el acto impugnado (en este caso SETCO) y luego el recurso de reposición ante el órgano superior (en este caso la Secretaría del Despacho Presidencial según el artículo 48 numeral 1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo), todo lo anterior en base a los artículos 137, 138 y 140 de la Ley de Procedimiento Administrativo. No obstante la claridad del procedimiento relatado y que en la propia resolución número 002-ST-009 (la cual declaró sin lugar el reclamo administrativo presentado por el demandante) se le advirtió al demandante que contra la misma procedía el recurso de apelación, el aludido únicamente interpuso el recurso de reposición contra el acto impugnado, mismo que fue declarado SIN LUGAR de conformidad con la Ley. En consecuencia, es indudable que el acto impugnado no era susceptible de impugnación ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues el mismo está FIRME, debido a que no fue recurrido en FORMA, tal como lo ordena el artículo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo””.- Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ya establece los momentos procesales para hacer valer en juicio las causas de inadmisiblidad de las demandas, ya que dicha normativa indica que los demandados o coadyuvantes pueden alegarlas como defensas previas dentro de los 5 días hábiles siguientes al emplazamiento y en caso de no hacerlo bajo esa vía, las mismas son potestad o facultad exclusiva de resolverlas del Juzgado de primera instancia, con base a las disposiciones legales contenidas en los artículos 51 literal a), 63 literal a) y 80 literal a) de la Ley antes referida, por ello no cabe su estimación en este extraordinario recurso y tal solicitud debe declararse sin lugar.”.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y sin lugar la petición de invocar una causa de inadmisibilidad de la demanda no detectada en primera y segunda instancia, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de agosto del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrido: El señor CARLOS HUMBERTO VALLE CORRALES, representada en juicio por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE y el Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN), representada en juicio por el Abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS. OBJETO DEL PROCESO: Contraída a solicitar la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución N-004-ST-009, emitida por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETCO), en fecha dieciocho de noviembre del dos mil nueve, por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por rescisión unilateral e injusta de un Contrato de Servicios Profesionales, pago de salarios adeudados desde el mes de agosto hasta diciembre del dos mil nueve, más los colaterales que generan el mismo de conformidad con la ley, costas; promovida en fecha quince de enero del dos mil diez, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS HUMBERTO VALLE CORRALES, mayor de edad, casado, hondureño y de éste domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN), por medio de su Procuradora General de la República, Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Representante Legal del Estado, quien confirió poder para el ejercicio. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante manifiesta que inició su relación contractual con la demandada como Administrador del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Patuca, Choluteca y Negro “FORCUENCAS”, en virtud de Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Limitado, con una vigencia del 31 de Marzo al 31 de Diciembre del 2006, fue así y bajo esa modalidad que el titular de SETCO renovó su contrato de trabajo para el periodo fiscal 2007, con una vigencia del 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2007, posteriormente para los ejercicios fiscales 2008 y 2009, la titular de SETCO renovó sus contratos de trabajo bajo la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos, con una vigencia comprendida desde el 02 de Enero al 31 de Marzo en ambos casos, inicialmente, y renovando los mismos del 01 de Abril al 31 de Diciembre, para ambos ejercicios fiscales ( 2008 y 2009 ), hasta llegar a devengar un salario para el periodo 2009 de L.34,500.00; que en fecha 29 de Julio del 2009, mediante el respectivo Oficio se le notifica que a partir del 31 de Julio del mismo año se da por rescindido en forma unilateral el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, argumentándose incumplimiento en el desempeño de sus funciones, específicamente en lo dispuesto en sus numerales 1, 2 y 6, de los términos de referencia que forman parte del referido Contrato y de conformidad a lo dispuesto en los literales c), d) y j) de la cláusula décima del referido Contrato; que dicha rescisión es nula, arbitraria e ilegal, ya que los argumentos en que está fundamentada son contradictorios, en vista que en el informe de la Auditoria Externa correspondiente al periodo comprendido del 01 de Diciembre del 2008 al 30 de Abril del 2009, refleja que en su gestión llevó a cabo una administración sana y responsable y que cumplió con todas las recomendaciones señaladas por las firmas auditoras que intervinieron los ejercicios fiscales anteriores de su gestión hasta el 31 de Marzo del 2006; que por otra parte, la rescisión del contrato adolece de vicio de nulidad, ya que en virtud del Acuerdo de Delegación de fecha 14 de Febrero del 2005, emitido por SETCO y demás beneficiarios establece que la firma de los Contratos se llevará a cabo directamente por SETCO y el Comité de Dirección, a propuesta del Director del Proyecto, por lo que se deduce que en la rescisión de los mismos deberá hacerse bajo el mismo esquema, es decir, dichos contratos deben rescindirse por él o la titular de SETCO, a propuesta del Director del Proyecto, por lo que queda claramente evidenciado que el Director del Proyecto FORCUENCAS, no estaba facultado para rescindir el referido contrato; que es preciso señalar, que en fecha 18 de Noviembre del 2008, mediante el respectivo Oficio, la Comunidad Europea recomendó al Director del Proyecto FORCUENCAS, incrementar en el nuevo Acuerdo de Delegación por un monto superior a los Diez Mil Euros, los Contratos de Servicios, Obras y Suministros, que debería autorizar el Director del Proyecto, esto con el propósito de hacer más ágil y eficiente la Gestión Administrativa del referido Proyecto, pero las Autoridades de FORCUENCAS y SETCO, hicieron caso omiso a dicha recomendación y la nueva versión del referido Acuerdo de Delegación no fue aprobada. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, manifiesta que se opone a las pretensiones del demandante, en virtud de alegar, entre otras cosas, que dio por rescindido en forma unilateral el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos que tenia con el demandante motivado en el hecho que la gestión administrativa que estaba realizando el demandante en el Proyecto FORCUENCAS obtuvo una calificación escasa o nula eficiencia y eficacia administrativa del Proyecto, haciendo más crítico y débil esto a nivel de gestión administrativa en las cinco áreas del Proyecto, lo que provocó tomar decisiones en beneficio del Proyecto y con carácter urgente prioritario y gradualmente, sobre la base del escenario posible y realizable, al tiempo que el demandante se desempeñaba como administrador del proyecto FORCUENCAS, comprometido a realizar su gestión administrativa, mostrando habilidad y eficiencia extrema en beneficio del Proyecto; que del análisis del Contrato firmado con el demandante, en su cláusula décima las causas por las que se puede rescindir el Contrato, ejecutándole dicha rescisión por haber vulnerado los términos de referencia para la cual fue nombrado, así mismo el demandante dejó evidenciado su incumplimiento de las cláusulas relacionadas, por lo que en uso de sus facultades determina la decisión unilateral de rescindir la relación laboral con el demandante, en virtud de haberse producido causa justificada para tomar la decisión de rescindir el contrato unilateralmente, cuando el demandante incumple y vulnera lo pactado en el contrato, a pesar que estaba sujeto a términos de referencia, para su gestión en el Cargo, incumplimiento que fue demostrado mediante los informes que la Dirección del Proyecto y la Unión Europea como cooperante en la ejecución de esta Proyecto recibieron; que en cuanto al Acuerdo de Delegación firmado por el Representante de Honduras y la Comisión Europea, el Director del Proyecto esta facultado para tomar toda decisión, corrección, en cuanto a personal y ejecución del proyecto. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de mayo del 2011, dictó sentencia definitiva declarar procedente la acción, en consecuencia se anula totalmente, reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve: condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria Técnica y de Cooperación Internacional (SETCO), ahora Secretearía Técnica de Planificación y cooperación Externa (SEPLAN), a pagarle al demandante, en concepto de daños y perjuicios, los salarios correspondientes a los meses de Agosto a Diciembre del 2009, en base al salario mensual que devengaba que era de L.34,500.00, haciendo la cantidad de L.172,500.00, así como el decimocuarto y decimotercer mes de salario proporcional, en virtud que al momento de rescindirle el contrato respectivo se le hicieron dichos pagos proporcionalmente al tiempo trabajado, tal como consta en el expediente administrativo, siendo la cantidad de dichos meses, de LP.14,375.00 por cada uno, por ser dicha cantidad la solicitada por el demandante, siendo el gran total que le debe pagar la demandada de DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.201,250.00).- TERCERO: Se declara finalizada la relación de trabajo entre las partes en juicio, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico, en virtud de haber sido rescindido el contrato del demandante unilateralmente por la demandada, en aplicación de una cláusula que por restringirle, disminuirle y tergiversarle sus derechos y garantías constitucionales es nula y no puede ser ejecutada por la demandada, ya que con eso se estaría dejando el cumplimiento de dicho contrato al arbitrio de la parte demandada. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 14 de septiembre del 2011, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación, y CONFIRMA la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio de que la parte demandada rescindió unilateralmente el contrato de servicios profesionales y técnicos que tenía con la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional (SETCO) con el demandante, fundamentándose en una cláusula que es nula, porque restringe, disminuye y tergiversa los derechos, sin escuchar previamente al demandante y sin acreditar fehacientemente el incumplimiento de las obligaciones señaladas, ya que los informes de auditoria presentados para demostrar el supuesto incumplimiento no son contundentes y por lo expuesto la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a Derecho el acto impugnado. 5.- La representación procesal de la demandada, el Abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS, presentó con fecha 21 de octubre del 2011, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 14 de septiembre del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación N. 232-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 020-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial. 6.- Mediante providencia de fecha 25 de octubre del 2011, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- Que mediante providencia de fecha 10 de enero del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, se declaró tener por presentado en tiempo y forma sobre la formalización del recurso de casación presentado por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su condición de apoderado recurrido y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado de dicha resolución como parte demandante, Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en fecha 12 de enero del 2012 y a la parte demandada, Abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS, en fecha 16 de enero de 2012, respectivamente. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado FRANCISCO AYES CALLEJAS, en su condición de apoderado de la parte demandada, presentó escrito de personamiento en fecha 18 de enero del 2012, en concepto de parte recurrente y al Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, personándose en concepto de parte recurrida en fecha 19 de enero del 2012. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso a) y 206 numeral 1 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil establece literalmente que: “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a) En el encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de de las cuales actúen”. En relación a lo anterior, luego de una revisión del ENCABEZAMIENTO de la sentencia recurrida se puede constatar que la misma estableció erróneamente que su servidor actúa en su condición de “Apoderado Legal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETCO)”, cuando en realidad comparecí en juicio en mi condición de “APODERADO LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN)”, ya que SEPLAN absorbió a SETCO según lo instaurado en el artículo 35 del Decreto Legislativo número 286-2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 2 de febrero del 2010, error que se repite a su vez en la parte resolutiva de la sentencia recurrida. En consecuencia, la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en el artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia...”. II.- El cargo anterior no procede y debe ser desestimado, ya que el señalamiento de que no se consignara en una parte de la sentencia recurrida el señalamiento de que el apoderado de la parte demandada, en este caso del Estado de Honduras, se realizara de forma incorrecta al no indicarse que es “a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETCO)”, cuando en realidad comparecí en juicio en mi condición de “APODERADO LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN)”, resulta fuera de contexto al no justificar la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, en los términos que determina el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil. Por otro lado el demandado es el Estado de Honduras y por ello no hay dudas de quien es la parte que representa el Recurrente en el proceso, el cual cuando se inició con el escrito de la demanda presentado el 15 de enero del año 2010, donde se señaló que la misma era promovida contra el Estado de Honduras por medio de la Secretaría Técnica De Cooperación Internacional (Setco) y en el escrito de contestación de la demanda, así se dio respuesta, ya que el cambio a Secretaría Técnica De Planificación Y Cooperación Externa (Seplan) ocurrió con la emisión del decreto legislativo 286-2009 de fecha 2 de febrero del año 2010. III.- Que en el segundo motivo el Recurrente expone: “Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso b) y 206 numerales 1 y 3 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso b) del Código Procesal Civil instaura literalmente que: “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso...”. En relación a lo anterior, luego de una revisión de los ANTECEDENTES DE HECHO de la sentencia recurrida se puede constatar que los mismos carecen de la debida CLARIDAD, PRECISIÓN y EXHAUSTIVIDAD, requisitos internos de toda sentencia según lo estipulado en el artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil, ya que no se consignaron todas las pretensiones de las partes ni tampoco los hechos en que las mismas se fundaron y que fueron alegados oportunamente y tenían relación con las cuestiones que debían resolverse y las pruebas propuestas y evacuadas y los hechos probados. Del mismo modo, este Tribunal tampoco se pronunció sobre todos los puntos objeto del litigio con la debida separación, infringiendo directamente lo instaurado en el artículo 206 numeral 3 del Código Procesal Civil. En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en el artículo 206 numeral 1 y 3 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia...”. IV.- Que al igual que en el primer cargo, se reitera en una situación de la estructura del fallo, que tampoco es relevante para incidir en el sentido de la resolución; además, al revisarse la sentencia recurrida se observa que en el acápite de los ANTECEDENTES DE HECHO se relacionan los hechos en que las partes fundan sus pretensiones alegados oportunamente y que tienen relación con las cuestiones que deban de resolverse, por lo que resulta inadmisible este segundo motivo. V.- Que el Censor del fallo en el tercer motivo de casación sostiene: “Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso c), 206 numerales 1, 2 y 3 y 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso c) del Código Procesal Civil establece literalmente que: “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b)...; c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso...”. En relación a lo anterior, luego de una revisión de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia recurrida se comprueba que lo único hicieron los señores magistrados fue una vaga relación de argumentos legales, sin que en ningún momento se hayan establecido: 1. Los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas; y 2. Las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión CONCRETA de las normas jurídicas aplicables al caso. En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en los artículos 206 numerales 1, 2 y 3 y 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)....; b)....; c) La forma y contenido de la sentencia...”. VI.- Que el Impetrante cuestiona la forma y contenido de la sentencia aduciendo que la misma carece de los requisitos sobre los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas y las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso; cuando al revisarse el acápite de LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO se aprecia que si contiene la motivación suficiente, que si bien no es realmente amplia, el ad-quem en dicho apartado ha dejado claramente establecida su decisión de confirmar el fallo de primera instancia, donde además por esa situación, hace suyos los argumentos del juez de primer grado, por lo que resulta inviable el ataque a la sentencia por esa vía. VII.- Que como cuarto motivo se alega: “Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículos 200 numeral 2 inciso d) y 206 numerales 1 y 3 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Concepto de la infracción: infracción directa. El artículo 200 numeral 2 inciso d) del Código Procesal Civil establece literalmente que “En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: a)...; b)....; c)...; d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o alguna de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación...”. En relación al artículo citado, si se revisa detenidamente la parte de la sentencia recurrida denominada FALLO o también conocida como PARTE RESOLUTIVA, se podrá constatar que la misma no se pronuncia sobre todas las pretensiones establecidas por el apelante en su recurso de apelación, requisito que deben poseer todos fallos aún y cuando la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos. En consecuencia, se ha hecho patente que la sentencia recurrida carece de algunos de los requisitos internos con que deben contar todas las sentencias, mismos que se establecen en los artículos 206 numerales 1 y 3 y 208 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1 literal c) del Código Procesal Civil, que establece claramente que “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulen: a)..; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia...”. VIII.- De nuevo en este motivo se acusa al fallo de ser incompleto, aduciéndose que el mismo no se pronuncia sobre todas las pretensiones establecidas por el apelante en su recurso, lo cual resulta improcedente porque basta la lectura de la sentencia para determinar que la misma reúne ese requisito, ya que si bien es cierto existe un señalamiento del apelante sobre la solicitud de nulidad de la sentencia de primer grado, porque una causa de inadmisiblidad si bien consta en la motivación de la misma, pero no es su parte resolutiva, también lo es que tal petición fue expuesta como parte de los agravios formalizados contra dicha resolución y no una cuestión alegada de forma separada y/o subsidiaria, que en todo caso al resolverse y desestimarse el recurso, se entiende implícitamente denegada. Por lo anterior, el cargo resulta inadmisible. IX.- Que el Recurrente en su quinto motivo invoca: “Precepto legal sustantivo que se considera violado: artículo 1548 del Código Civil. Concepto de la infracción: aplicación indebida. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo aplicó indebidamente el artículo citado, pues argumenta equivocadamente en los considerandos 6 y 7 de la sentencia recurrida que la cláusula DÉCIMA INCISO C) del contrato de servicios profesionales suscrito por el demandado, que establece que el mismo podrá ser rescindido por “Decisión unilateral de una parte siempre que mediare causa de justificación”, es contraria a la Ley y al orden público porque supuestamente violenta derechos y garantías constitucionales del demandante, no pudiendo los órganos y entidades de la Administración Pública, es decir, la demandada, pactar o ejecutar actos que restrinjan, disminuyan o tergiversen los derechos y garantías de las personas reconocidos en la Constitución de la República. Como dije anteriormente, se da la aplicación indebida del artículo 1548 del Código Civil, pues el contrato de servicios profesionales celebrado entre el demandante y el Estado de Honduras es un contrato administrativo, el cual tanto la doctrina como la jurisprudencia ecuménicamente aceptadas definen como “Una especie dentro del género de los contratos, con características especiales, tales como que una de las partes intervinientes es una persona jurídica estatal, que su objeto es un fin público y que llevan insertas CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL DERECHO PRIVADO”. En este sentido, el autor Farías Mata señala que el rasgo característico del régimen del contrato administrativo aparece fundamentalmente concretado en relación al “ATENTADO que dicho régimen supone contra los principios básicos de la técnica contractual del derecho privado, específicamente el de la “Libertad contractual” y el de la “Igualdad de las partes”. Para el autor Hildegard Rondón de Sansó, la noción de contrato administrativo comprende ciertos negocios jurídicos bilaterales que poseen las siguientes características: “a. Que son celebrados por una Administración Pública, esto es, aquellos en los cuales por lo menos una de las partes sea una Administración Pública; b. El objeto es la prestación directa de un servicio público; y c. Los contratos administrativos, por estar vinculados a la prestación de un servicio público, incluyen CLÁUSULAS EXORBITANTES, ESTO ES, CLÁUSULAS QUE EXCEDEN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN DE LOS PARTICULARES”. Armando Rodríguez, por su parte, considera que los contratos administrativos revisten cualidades o condiciones especiales o excepcionales y por ello constituyen una categoría jurídica específica y singular, exorbitante de la cualidad genérica de contrato propio del Derecho Civil, y en la cual entrarían las otras fórmulas de contratación empleadas por la Administración. Sin embargo, en opinión de este autor, la característica esencial del contrato administrativo no es la noción de servicio público, sino el “Conjunto de prerrogativas que en su contenido ofrecen a la Administración, a los efectos de su manejo general y en especial en cuanto a la ejecución de su objeto”. En virtud de los conceptos esgrimidos, queda claro que las cláusulas exorbitantes constituyen uno de los caracteres básicos de los contratos administrativos, siendo definidas por la doctrina como “Aquellas que otorgan a la Administración derechos sobre su co-contratante que serían nulos o ilícitos dentro del derecho privado”. Para una mejor ilustración debo manifestar que la figura de las cláusulas exorbitantes tuvo su origen en Francia, donde se las define como estipulaciones “Cuyo objeto es conferir a las partes derechos u obligaciones ajenos por su naturaleza a aquellos que son susceptibles de ser libremente consentidos por una persona en el marco de las leyes civiles o comerciales” o “Cláusulas que por su naturaleza, difieren de aquellas que pueden insertarse en un contrato análogo de Derecho civil”. En países hermanos y que se rigen por la misma legislación que el nuestro como Costa Rica, las cláusulas exorbitantes han sido definidas por la jurisprudencia como potestades de la Administración. En este sentido, el fallo número 530-96 de fecha 28 de noviembre de 1996, emitido por la Sala Constitucional de aquel país estableció que “Efectivamente, en razón de que una de las partes es precisamente la Administración, la contratación administrativa se rige por principios diferentes de los que regulan la contratación civil. Así, tales contratos son preparados en forma unilateral por la Administración, y el concesionario, si tiene ventajas, no las discute, sólo las acepta; el contrato debe interpretarse en el sentido del interés general y no del particular o del contratante, y por último y los más importante, la Administración tiene poderes especiales en la ejecución de los contratos administrativos que dimanan de sus prerrogativas como tal. De esta manera, la Administraci6n tiene un privilegio especial, la DECISIÓN UNILATERAL-EJECUTIVA Y PREVIA en mérito de la cual puede intervenir en la ejecución del contrato. Tal intervención comporta la existencia de determinados poderes, los cuales habrán de aplicarse a la ejecución del contrato. Estos se refieren al control y dirección del contrato administrativo, luego, a las sanciones que pueden imponerse por la vía de la ejecución defectuosa del mismo y por último, a las modificaciones impuestas por el cambio de circunstancias...”. Como consecuencia de todos los argumentos invocados, queda claro que en la sentencia recurrida emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se aplicó indebidamente la norma legal contenida en el artículo 1548 del Código Civil, al considerar que la cláusula DÉCIMA INCISO C), que contempla la rescisión unilateral del contrato de servicios profesionales que el demandante tenía suscrito con el Estado de Honduras “Adolece de vicios de nulidad por ser supuestamente contraria a la Ley y al orden público y restringir, disminuir y tergiversar derechos y garantías constitucionales”, pues al argumentar dicho extremo se están obviando y desconociendo las prerrogativas de las cuales goza la Administración Pública al momento de contratar y por ende está convirtiendo al Estado de Honduras en un simple particular cuyos actos y contratos sólo interesan a él mismo, cuestión inaplicable cuando se habla de la Administración Pública, cuyos intereses son los intereses de la sociedad misma, agravando la situación el hecho de que el Estado de Honduras probó en primera instancia que el demandado había realizado una pésima gestión administrativa, con los informes de auditoría que obran en el expediente. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil.” X.- Que en este último cargo, además de que el Impetrante realiza alegatos propios de instancia, olvida que en este extraordinario recurso no se puede instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, conforme lo dispone el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, lo cual vuelve inadmisible el mismo. XI.- Que también el Censor introduce en su recurso un apartado que textualmente en su parte conducente señala: “CAUSA DE INADMISIBILIDAD NO DETECTADA EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA. Luego de la exposición de motivos relacionada, considero oportuno hacer notar que la acción de mérito debió ser declarada INADMISIBLE sobre la base de lo establecido en el artículo 80 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que la misma se interpuso contra un ACTO FIRME, pues no fue recurrido en FORMA (artículo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo), tal como se expone a continuación: Es un hecho probado que el demandante se desempeñaba como Administrador del Proyecto Forcuencas en virtud de un contrato de servicios profesionales y técnicos que suscribió con la SECRETARÍA TÉCNICA Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (SETCO), órgano que según lo instaurado en el artículo 96 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo “Estaba adscrito a la Presidencia de la República...”. Digo que estaba adscrito debido a que dicho órgano fue absorbido por la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) en fecha posterior a la presentación de esta demanda, según lo estipulado en el artículo 37 de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Adopción de un Plan de Nación. Al establecerse que SETCO “Estaba adscrito a la Presidencia de la República...”, es claro que era un órgano subordinado a la Presidencia de la República, por lo que era imprescindible que previo a interponer la presente acción, el demandante interpusiera, primero el recurso de apelación ante el propio órgano que dictó el acto impugnado (en este caso SETCO) y luego el recurso de reposición ante el órgano superior (en este caso la Secretaría del Despacho Presidencial según el artículo 48 numeral 1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo), todo lo anterior en base a los artículos 137, 138 y 140 de la Ley de Procedimiento Administrativo. No obstante la claridad del procedimiento relatado y que en la propia resolución número 002-ST-009 (la cual declaró sin lugar el reclamo administrativo presentado por el demandante) se le advirtió al demandante que contra la misma procedía el recurso de apelación, el aludido únicamente interpuso el recurso de reposición contra el acto impugnado, mismo que fue declarado SIN LUGAR de conformidad con la Ley. En consecuencia, es indudable que el acto impugnado no era susceptible de impugnación ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues el mismo está FIRME, debido a que no fue recurrido en FORMA, tal como lo ordena el artículo 31 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. XII.- Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ya establece los momentos procesales para hacer valer en juicio las causas de inadmisiblidad de las demandas, ya que dicha normativa indica que los demandados o coadyuvantes pueden alegarlas como defensas previas dentro de los 5 días hábiles siguientes al emplazamiento y en caso de no hacerlo bajo esa vía, las mismas son potestad o facultad exclusiva de resolverlas del Juzgado de primera instancia, con base a las disposiciones legales contenidas en los artículos 51 literal a), 63 literal a) y 80 literal a) de la Ley antes referida, por ello no cabe su estimación en este extraordinario recurso y tal solicitud debe declararse sin lugar. XIII.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil. XIV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y sin lugar la petición de invocar una causa de inadmisibilidad de la demanda no detectada en primera y segunda instancia, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cinco motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de revisión de una causa de inadmisibilidad de la demanda no detectada en primera y segunda instancia. 3) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.”. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de Agosto del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha trece de Agosto del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 149-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL