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Sentencia CA-146-13 — Registro 2923

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por la parte demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo, en segunda instancia se reforma la sentencia, en cuanto a declarar parcialmente la acción promovida por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como el acto administrativo presunto por silencio negativo, constituido por la Corporación Municipal, en consecuencia se anuló totalmente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se han tenido por interpuestos recursos de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que los Recurrentes fundamentaron sus motivos así: los abogados JESUS MANUEL MARTINEZ SUAZO Y JORGE JESUS KAWAS MEJIA, en su condición de apoderados de la sociedad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESUTUR), expresan en su primer motivo de casación: “Quebrantamiento de forma por violación, o falta de aplicación, de normas que regulan actos y garantías procesales contenidas en el Artículo 704 del Código Procesal Civil, en relación con el párrafo primero del Artículo 90 de la Constitución de la Republica que recoge la garantía del debido proceso. PRECEPTO HABILITANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido dentro del Artículo 719 numeral 1 literal b) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El concepto de la infracción, lo explicamos de la siguiente manera: El artículo 704 del Código Procesal Civil, que alegamos directamente como infringido, dispone lo siguiente: “ARTICULO 704. REGLA GENERAL DE FUNDAMENTACION DE LOS RECURSOS DEVOLUTIVOS. Sin perjuicio de las concretas exigencias que puedan regularse en este Código, los escritos de interposición, adhesión, oposición o impugnación de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, se identificara con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna.” Por su parte, el párrafo primero del Artículo 90 de la Constitución de la Republica, dispone lo siguiente: “Articulo 90.- Nadie puede ser juzgado, sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” La sentencia dictada en primera instancia en fecha 15 de febrero de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Civil, contiene CINCO PRONUNCIAMIENTOS en su parte resolutiva, correspondientes a las pretensiones de las partes. [Folios 273 y 274 de la pieza principal) Por su parte, el Recurso de Apelación interpuesto contra dicha sentencia contiene en su estructura los siguientes acápites: I. PREAMBULO II. ANTECEDENTES III. EXPRESION DE AGRAVIOS IV. NULIDAD SUBSIDIARIA V. PETICION. En la exposición del presente motivo, haremos referencia, específicamente a dos de ellos; al primero, “PREAMBULO”, en el cual el apelante/demandado, en la parte final de dicho acápite, únicamente expone lo que en lo conducente se transcribe a continuación: “I...1 Con muestras de mi mayor respecto comparezco interponiendo el RECURSO DE APELACION contra la sentencia definitiva de fecha 15 de febrero de 2012, que declara CON LUGAR la demanda de merito y a la vez Expreso los Agravios que la sentencia recurrida causa a mi representada, lo que hago de la siguiente forma: (...) Luego, en acápite “PETICION”, siempre del citado recurso de apelación, el recurrente, expone lo siguiente: “(...) PETICION. Por las razones antes expuestas, en reitero de mis respetos PIDO: Admitir el presente descrito (sic) junto con su copia simple, tener por interpuesto y admitir el RECURSO DE APELACION contra la sentencia definitiva dictada en le (sic) presente caso de fecha 15 de febrero de 2012; tener por formulados los agravios contra la misma, así como la solicitud de nulidad de la sentencia; darle traslado de los mismos a la parte demandante para que los conteste en el termino legal; conceder a las partes el termino para comparecer a la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, quien deberá declarar con lugar el Recurso de Apelación y revocar la sentencia apelada, dictando una nueva declarando la improcedencia de la acción por ajustarse a derecho al denegación presunta impugnada.- Tegucigalpa, M.D.C. 22 de marzo de 2012(...)” Solamente en estos dos únicos acápites, es donde la parte recurrente, hace mención de interponer recurso de apelación. En el resto del contenido de su escrito, el representante procesal de la corporación municipal demandada, se dedica a exponer aspectos propios de su opinión jurídica en el presente caso, pero en ninguna parte el recurrente fundamenta lo pedido, determina el perjuicio o agravio sufrido, ni identifica con total precisión el pronunciamiento o parte de él que impugna, como lo exige el artículo 704del Código Procesal Civil, sino que generaliza, manifestando que interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva. La violación del Artículo 704 del CPC atinente al contenido constitucional constituye una violación a los actos y garantías del proceso, sancionada tanto con la nulidad prevista en el CPC como en la nulidad constitucional prevista en el Artículo 321 de la Constitución de la República en relación con el Artículo 90 de la Ley Fundamental.” .- “.- Que en relación al motivo que antecede, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa ya que en la explicación del cargo hace una relación de que la parte demandada no fundamento su escrito mediante el cual interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sin embargo estos son alegatos impropios en este momento procesal, cuando en primer lugar, no sirven de fundamento al motivo alegado ya que el recurso de casación confronta la violación alegada contra el fallo impugnado y no contra actuaciones de las partes, por otra parte, dichas actuaciones de la parte demandada han sido consentidas por su oponente al no señalar o impugnar oportunamente y de acuerdo a los medios procesales para su saneamiento, constando en la primera pieza de autos que el Impetrante contesto los agravios del recurso de apelación interpuesto por la demandada sin hacer pronunciamiento al respecto, ya que sus alegatos y fundamentación a dicha contestación de cargos fueron otros, todo lo anterior no resulta justificada la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, por ello resulta inadmisible este motivo” Los mismos abogados JESUS MANUEL MARTINEZ SUAZO Y JORGE JESUS KAWAS MEJIA, invocan un segundo motivo en los términos siguientes: “Quebrantamiento de forma por violación, o falta de aplicación de normas que regulan la forma y contenido de las sentencias establecidas en los artículos 206 numeral 1, y 208, párrafos primero y segundo, del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 701 párrafo primero y 713 del mismo cuerpo legal; y Artículos 35 párrafo primero y 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRESUPUESTO HABILITANTE: Este motivo se encuentra comprendido dentro del numeral primero, literal c) del artículo 719 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El concepto de la infracción, lo explicamos así: El artículo 206 en su numeral 1, del Código Procesal Civil establece que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; y, el artículo 208 del mismo cuerpo legal recoge el principio de congruencia de las resoluciones judiciales al disponer que las sentencias deben ser congruentes con las pretensiones de las partes y decidir sobre los puntos litigiosos que sean objeto del debate. La Regla de que el juez debe pronunciarse sólo sobre lo que se le pide, es de ordinario expresada por medio de la máxima: Sententia debet esse conformis libello, ne eat iudex ultra peala partum, y como consecuencia directa de la misma, está prohibido al Juez fallar sobre cosa no demandada y adjudicar más de lo que fue pedido, debiendo fallar con claridad precisión y exhaustividad. Este principio vertebral de nuestro sistema de justicia es a su vez reiterado en el artículo 701 del Código Procesal Civil, que expresamente delimita el ámbito de los Recursos de Apelación y Casación disponiendo que en estos supuestos, el tribunal únicamente podrá decidir en relación con los pronunciamientos recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente. La Corte Suprema de Justicia en los comentarios al artículo 713 del Código Procesal Civil en relación con la emisión de Sentencia en materia de Apelación ha declarado expresamente lo que a continuación reproducimos: “El tribunal de segunda instancia deberá emitir su sentencia solamente en relación a los agravios expresados por el recurrente [...j La sentencia deberá contener también los requisitos establecidos en los artículos 200, 206, 207 y 208 del CPC [...] La motivación de la resolución deberá expresar si en efecto el tribunal a quo obvió parcial o totalmente aplicar el razonamiento fáctico y jurídico, lo que produjo una valoración arbitraria de la prueba.” (El énfasis es nuestro). Y, a su vez, esto mismo se recoge en la doctrina mayoritaria recopilada por el magistrado Español AROCA en su tratado de Derecho Jurisdiccional Torno II, el cual recoge en este punto lo que a continuación reproducimos:“Independientemente de que se trate de un recurso ordinario o extraordinario la competencia del tribunal que conoce del mismo queda limitada a decidir sobre lo que el recurrente ha determinado como objeto del mismo, sin que se pueda entrar a conocer de lo no recurrido. La sentencia de Apelación también tiene que ser exhaustiva y congruente, pues en la Apelación sigue rigiendo el principio dispositivo. Lo especifico es que: a) La sentencia debe pronunciarse únicamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso, en el sentido de que: 1.) Se tratara del objeto del o de los recursos, tal y como fue o fueron planteados por el o los apelantes principales. 2.) También podrá tratarse del objeto del debate propio del recurso de apelación, planteado por el apelado en el escrito de oposición. El recurso tiene necesariamente un objeto del debate propio (por ejemplo el apelado pide la desestimación del recurso por causa de inadmisibilidad del mismo), y la congruencia ha de referirse también al mismo.”.- “ Que en relación al motivo que antecede, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, ya que adolece de requisitos como ser: a) dentro de las normas citadas como violadas se encuentra el artículo 208 del Código Procesal Civil, sin embargo no es claro ni preciso si se refiere a los numerales 1) y 2), en vez de párrafos, y a su vez si hace referencia a dichos numerales, no indica a cuál de las situaciones jurídicas que regulan dichas disposiciones va dirigido su ataque, por otra parte, en el desarrollo del cargo hace referencia a disposiciones no citadas como infringidas, tal es el caso de los artículos 181 y 200 numeral 2) del Código Procesal Civil y 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo; y b) que en el sub judice, no se observa la incongruencia que expone los Recurrentes, ya que el Ad quem reforma el ordinal primero de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el sentido de declarar parcialmente la acción promovida por no ajustarse a derecho el acto impugnado, en consecuencia se anula totalmente, siendo que no le otorga al demandante todo lo pedido como consecuencia de la anulación total, por no corresponderle, siendo dicha reforma una de las atribuciones concedidas por la ley al Tribunal de apelación.-“Los mismos Impetrantes, demandan un tercer motivo manifestando: “Infracción de Ley por aplicación indebida del articulo 28, párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, en relación con los artículos 1546, 1547 1562, 1573 y 1576 del Código Civil; y 4, 71, 72, 98, 121 y 129 de la Ley de Contratación del Estado y en relación con el párrafo primero del Artículo 90 de la Constitución de la Republica que recoge la garantía del debido proceso. PRECEPTO HABILITANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719, numeral segundo, del Código Procesal Civil.EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El concepto de la infracción lo explicamos seguidamente así: La norma que alegamos corno infringida en el presente motivo, o sea elartículo 28 en su párrafo segundo, de la Ley de Contratación del Estado, dispone lo siguiente: “Articulo 28. Pagos al Contratista. 1...] La Administraciónreconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta cinco (45) días calendario contados a partir de la presentación correcta de los documentos de cobro correspondientes. El pago de intereses, se hará a más tardar en la fecha del siguiente pago parcial. En el contrato se establecerá el procedimiento de pago de estos intereses [...j.” (Las negritas son nuestras, puestas para destacar). La sentencia del Ad Quem de fecha 27 de septiembre de 2012, dispone en el ORDINAL TERCERO de su PARTE DISPOSITIVA, reformar la sentencia de fecha 15 de febrero de 2012 dictada por el Tribunal A quo, en el sentido de revocar el literal B del numeral 1 de la sentencia que condenaba a la Corporación Municipal de San Lorenzo, al pago 1% en concepto de multa por incumplimiento. Esta determinación la adoptó el Ad Quem con base en el CONSIDERANDO (8) de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia recurrida, que citarnos a continuación: “....CONSIDERANDO (8): Que el 1% del interés pactado por falta de pago, equivale al cobro del 365% sobre el valor de la obligación, mismos que están por encima de los intereses establecidos por el Banco Central de Honduras, para las operaciones de la Banca Privada, intereses que resultan contrarios al ordenamiento jurídico, tomando en consideración que este tipo de contrato se rige por la Ley de Contratación del Estado, que en su artículo 28 ya establece los intereses que devengarán las obligaciones que no sean pagadas en su oportunidad……“ (Folio 27 de la pieza de apelación” Que el motivo que antecede no resulta admisible por las siguientes consideraciones: a) Que el alegato de los Recurrentes respecto al interés o multa así como la clausula séptima del contrato en mención fue objeto de la controversia y del material probatorio, en razón de la exclusión de la revisión probatoria en casación; y, b) que alegando aplicación indebida de una norma de derecho en el fallo impugnado, era impropio referirse a normas que regulan el debido proceso.- VII.- Que el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, actuando en su condición de apoderado de laALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LORENZO, VALLE, en su primer motivo arguye: “Se impugna la sentencia Recurrida por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia contenidas en los artículos 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y artículo 208 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 33, 34 y 82 de la misma Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (LJCA) y con los artículos 429.1, 447 y 458.1 del Código Procesal Civil (CPC). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los artículos 35 en su primer párrafo de la LJCA y 208 del CPC establecen lo siguiente: “ARTICULO 35 de la LJCA. - La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición. Artículo 208 del CPC.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” En materia Contencioso Administrativa las pretensiones de las partes están expresamente señaladas en la ley; y, se establecen en la Demanda y en la Contestación, concretamente en la parte petitoria de dichos escritos cuando se le solicita al tribunal lo que debe resolver. Con relación al Actor, los artículos 33, 34 y 82 de la LJCA establecen que debe realizar diferentes solicitudes como ser: en primer lugar debe solicitar la anulación de un acto administrativo; en segundo lugar el demandante debe solicitar el Reconocimiento de una Situación Jurídica Individualizada; en tercer lugar debe solicitar las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada, entre ellas el resarcimiento de daños y perjuicios en su caso. Esto es así porque cada pretensión es consecuencia de la anterior, de modo que no se puede solicitar el reconocimiento de una situación jurídica individualizada sin haber solicitado antes la anulación del acto administrativo que viola el derecho subjetivo público protegido por el ordenamiento jurídico y que da lugar al nacimiento de esta pretensión; de igual forma, no se puede pedir ni conceder que se tomen las medidas necesarias para el restablecimiento de la situación jurídica individualizada, entre ellas el pago de daños y perjuicios, si no se solicitó el Reconocimiento de esta Situación Jurídica individualizada. Los artículos 33 y 34 de la LJCA establecen lo relativo a la nulidad del acto administrativo y al reconocimiento de la situación jurídica individualizada y el artículo 82 de la misma LJCA señala la forma en que debe resolver el tribunal que declara procedente la acción, dependiendo de las pretensiones del Actor. El artículo 429.1 del CPC claramente establece que el objeto del proceso se establece en la Demanda y en la Contestación, prohibiendo que las partes puedan alterarlo posteriormente. Y si bien, el artículo 447 del CPC establece que la Audiencia Preliminar servirá para “fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos de su debate”, esto no significa que se pueda modificar la pretensión de las partes, sino que se refiere a las situaciones que se pueden presentar cuando de la contestación de la demanda se puede inferir que algunas hechos o pretensiones sean admitidas y para determinar los términos del debate en relación a lo que las partes no están de acuerdo. El artículo 458.1 del CPC aclara esto al establecer que en la Audiencia Preliminar el demandante o el reconviniente podrá hacer las precisiones, aclaraciones y concreciones que estime oportunas en relación con la pretensión deducida en la demanda o reconvención. En ningún caso podrá alterar o modificar sustancialmente la misma. En su demanda el Actor solicitó la anulación del Acto Administrativo Presunto por el que tuvo por desestimada su petición en vía administrativa y solicitó que se indemnice y paguen los daños y perjuicios más intereses legales por el incumplimiento del contrato celebrado entre la Municipalidad de San Lorenzo y Francisca Zelaya Cárcamo en su calidad de Representante Legal de CESUTUR y en la Cuantía de la Demanda estableció que el daño es 1) La cantidad pendiente de Cancelar por L 365,000.00; 2) el Monto en concepto de mora según la cláusula SEPTIMA del contrato; y 3) el interés legal del 6% anual. PERO EN NINGÚN MOMENTO ESTABLECIÓ COMO PRETENSIÓN EL RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA. No obstante lo anterior, tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia reconocen a favor de la parte Actora la situación jurídica individualizada que nunca solicitó. La sentencia de primera instancia no justifica la citada decisión no obstante que se le hizo saber la inexistencia de dicha pretensión tanto en la Audiencia Preliminar como en las conclusiones; y, la sentencia de Segunda Instancia crea una figura nueva, según la cual debido a que la suma de la demanda menciona la situación jurídica individualizada y que en la petición se solicita el pago de daños y perjuicios, “se puede deducir” que la parte Actora tenía la pretensión de reconocimiento de una situación jurídica individualizada, aunque en el momento procesal oportuno que es en la petición de la demanda, no haya formulado dicha pretensión. En realidad lo que la Sentencia Recurrida hace es evadir el cumplimiento de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y que establecen que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. (Lo subrayado es nuestro). Lo que hace la sentencia es suponer equivocadamente que no es necesario formular las pretensiones pues bastaría que el tribunal “DEDUZCA” las pretensiones del contenido de la demanda, con lo que se trasgrede la ley que ordena en forma categórica que las pretensionesdeben formularse oportunamente por las partes y que el tribunal pude resolver sobre ellas solamente si han sido formuladas. Habiéndose establecido con claridad que la sentencia interpreta en forma incorrecta las normas procesales sobre la forma y contenido de la demanda, procede se case la sentencia por este motivo.”.-“ Que en relación al motivo que antecede, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, ya que adolece de requisitos como ser: a) dentro de las normas citadas como violadas se encuentra el artículo 208 del Código Procesal Civil, sin embargo no es claro ni preciso si se refiere a los numerales 1) y 2), en vez de párrafos, y a su vez si hace referencia a dichos numerales, no indica a cuál de las situaciones jurídicas que regulan dichas disposiciones va dirigido su ataque; y b) que en el sub judice, no se observa la incongruencia que expone el Recurrente, ya que el Ad quem reforma el ordinal primero de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el sentido de declarar parcialmente la acción promovida por no ajustarse a derecho el acto impugnado, en consecuencia se anula totalmente, siendo que no le otorga al demandante todo lo pedido como consecuencia de la anulación total por no corresponderle, siendo dicha reforma una de las atribuciones concedidas por la ley al Tribunal de apelación.- “ Que el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO en su segundo motivo fundamenta: “Se impugna la sentencia Recurrida la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia contenidas en los artículos 207 y 245 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 28, 80 y 98 de la Ley de Contratación del Estado. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El artículo 207 del Código Procesal Civil regula la obligación de Motivación de la sentencia al establecer lo siguiente: “1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón.” El artículo 245 del mismo CPC establece con relación a la Valoración de la Prueba: “1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.” (Lo subrayado es nuestro). El fundamento de la demanda es el supuesto incumplimiento del contrato por parte de la Alcaldía de San Lorenzo, con base en ello, la Parte Actora pide el cumplimiento del remanente del pago establecido en el contrato y la indemnización de daños y perjuicios consistentes en el pago de la leonina cláusula penal (interés convenido) más el pago del interés legal. Pero como consecuencia lógica de pedir el cumplimiento del contrato y pago de daños y perjuicios, la Parte Actora devenía en la obligación de acreditar como presupuesto necesario que ella sí cumplió con su parte del contrato para poder solicitar el cumplimiento de parte de la Alcaldía demandada de su parte de la obligación contractual. Esta obligación de probar el cumplimiento de la prestación del contratista para poder reclamar el pago está regulada en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado que establece en sus párrafos primero y tercero lo siguiente: PAGOS AL CONTRATISTA. El precio será cierto y determinado y se papará al contratista de acuerdo a la ejecución real de las prestaciones a su cargo.” Y el párrafo tercero del mismo artículo agrega: “No podrán alegar incumplimiento de la Administración y solicitar el pago de intereses mencionados en el párrafo anterior, los contratistas que presenten en forma incompleta o incorrecta los documentos de cobro.” (Lo subrayado es nuestro) De modo que, como presupuesto necesario para cobrar el remanente del valor del contrato y el pago de daños y perjuicios a través de los intereses pactados o los legales, la Parte Actora estaba obligada a probar el cumplimiento real de las prestaciones a su cargo establecidas en el contrato; y, de acuerdo con los artículos 80 y 98 de la Ley de Contratación del Estado, la prueba del cumplimiento de las prestaciones del contratista es a través del ACTA DE RECEPCIÓN. El artículo 80 de la Ley de Contratación del Estado regula la “Recepción de la Obra” estableciendo que terminada la obra ésta se recibe de acuerdo a las especificaciones del contrato y se levanta el acta correspondiente que es la denominada ACTA DE RECEPCIÓN. Esta norma que regula los contratos de obra pública es aplicable también a los contratos de consultoría como el que nos ocupa, según lo ordenado por el artículo 98 de la misma Ley de Contratación del Estado. Es decir, la ley establece la forma en que se deberá acreditar la ejecución de la obra por parte del contratista y esta forma es a través del documento denominado ACTA DE RECEPCIÓN. no se puede deducir ni suponer otra forma de demostrar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista o Consultor porque la ley ya establece la forma de hacerlo. La parte Actora pretendió demostrar el cumplimiento de las prestaciones del Contrato de Consultoría, pero no lo hizo a través del documento que la ley señala que es el ACTA DE RECEPCIÓN, sino que lo intentó probar con documentos que no acreditan dicho cumplimiento por las siguientes razones: a) Se trata de notas del entonces Alcalde Municipal en el que manifiesta su satisfacción por el trabajo realizado o que dicen se le envía copia del trabajo al entonces Ministro de Turismo, PERO DICHOS DOCUMENTOS FUERON ELABORADAS ANTES DE QUE EL CONTRATO SE CELEBRARA. El contrato fue celebrado el 4 de febrero de 2004, y las notas citadas presentadas como prueba por la Parte Actora son de fecha anterior a la celebración del contrato, de modo que es obvio que no demuestran el cumplimiento de una obligación que ni siquiera había nacido. b) Se trata de documentos de cobro que la Parte Actora realiza a la Alcaldía de San Lorenzo, es claro que un documento de cobro no prueba el cumplimiento del contrato, además de que muchas notas de cobro también son de fecha anterior a la fecha de celebración del contrato. c) Es una Opinión o Dictamen Legal en el que se manifiesta que se entregó el producto de la consultoría, pero esta es una afirmación en un dictamen legal sin un documento que respalde la entrega de dichos productos; es claro los productos de la Consultoría no se reciben a través de un dictamen legal; y como dictamen es un documento no vinculante sino meramente ilustrativo de una opinión, no de hechos. Tan claro está que estos documentos no acreditan el cumplimiento de las prestaciones de la contratista que ni la sentencia de Primera Instancia, ni la de Segunda instancia los señalan como prueba de dicho cumplimiento. Y es lógico pues la ley establece que el cumplimiento de las prestaciones de los contratistas se acreditan con el ACTA DE RECEPCIÓN, según se mencionó antes. La sentencia de primera instancia establece en “Los Antecedentes de Hecho” bajo el apartado OCTAVO numeral 7 que se tiene por probado “que la demandante cumplió los términos del contrato de Consultoría al entregar el “Trifolio, Revista CD y Asesoría video Turístico de la ciudad de San Lorenzo, Valle a la demandante.” (sic) Lo que ratifica en el número DÉCIMO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO siempre de la sentencia del A Quo donde nuevamente señala que los alegatos de la parte demandada sobre Excepción de Contrato no Cumplido se consideran sin lugar “ya que como se refirió en los hechos probados en la sentencia, la parte demandante si probo que cumplió con lo establecido en el Contrato de Consultoría y que fue la Alcaldía la que no cumplió con su obligación de realizar el pago por dichos servicios.” Con relación a este punto que también fue objeto de apelación, la sentencia de Segunda Instancia, que ahora recurrimos, establece: “el A Quo claramente reconoce el valor de la obligación contractual derivada del contrato mismo, que dieron origen al reconocimiento de la obligación principal por parte del juzgador.” Ni el razonamiento de la sentencia del A Quo ni del AD Quem demuestran a través de ninguna motivación ni valoración de prueba determinada el cumplimiento de las prestaciones contractuales que tenía a su cargo el la contratista demandante; prueba de cumplimiento de prestaciones que debía acreditarse para poder condenar a la Alcaldíademandada de conformidad a las normas antes señaladas. En resumen, la sentencia recurrida no establece cómo o a través de qué prueba llegó a la conclusión de que la parte demandante probó haber cumplido con su parte de las obligaciones contenidas en el contrato de consultaría para que se diera el presupuesto necesario para condenar a la Alcaldía Demandada a cumplir con el pago del remanente del contrato y al pago de daños y perjuicios. Conforme a las normas del Código Procesal Civil antes transcritas, la sentencia debía obligatoriamente motivar las conclusiones a las que llegó haciendo un análisis de las pruebas que la llevaron a dicho convencimiento, pero en relación con este punto la sentencia no motiva de manera precisa y razonada la forma en que llegó a dicha conclusión, especialmente cuando la ley de manera inequívoca y expresa la forma en que debe acreditarse la ejecución de los contratos de consultoría que es con el ACTA DE RECEPCIÓN. Y si bien conforme al artículo 720.1 del CPC en la casación no se puede instar la revisión de los hechos e interpretación de la prueba, el artículo 720.2 del mismo código establece que dentro del literal c) del artículo 719.1, se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante en un sentido diferente al fallo. Incluso, la parte final del artículo 245 numeral 2 del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el incumplimiento de la obligación de valoración de la prueba en la fundamentación fáctica y jurídica de la sentencia tiene como sanción la nulidad de la resolución. Es evidente que no se demostró con pruebas racionales, lógicas y suficientes que la Parte Actora cumplió con las contraprestaciones que el contrato de consultoría le imponía; es decir, la obligación de entrega del producto de su consultoría. Al no hacer presentado la prueba que demuestra dicho cumplimiento no podría condenarse a la Alcaldía Demandada al pago de los valores que corresponden al remanente del pago y al pago de daños y perjuicios establecidos a través de la aplicación de los intereses convenidos en la cláusula penal ni de los intereses legales, razones suficientes para que se case la sentencia por este motivo.”.- “ Que en relación al motivo que antecede, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, ya que adolece de requisitos como ser: a) En el desarrollo del cargo hace referencia a las pruebas aportadas y practicadas en el proceso, lo cual es impropio en este extraordinario recurso de acorde a lo establecido en el articulo 720 numeral 1)de del Código Procesal Civil; y, b) que en el sub judice, no se observa las falencias en el fallo que alega el Recurrente.- “ Que la defectuosa preparación de los recursos de casación suponen, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en ambos recursos en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible los recursosde casación interpuestos y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el primero ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrentes-Recurridos: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESUTUR), representado en juicio por el abogado JORGE JESUS KAWAS MEJIA y la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO, VALLE, representada en juicio por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se decrete la nulidad administrativa de un acto presunto negativo emitido por la administración pública, que se reconozca la situación jurídica individual consistente en obligar a la Corporación Municipal de San Lorenzo, Departamento de Valle al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, así como al pago de daños y perjuicios, e intereses legales, costas, promovida por la abogada FRANCISCA SAGRARIO ZELAYA CÁRCAMO, en su condición de representante legal de la empresa mercantil CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESUTUR) conocida como COMPUTER 2000, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, contra la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE representada en juicio por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que a inicios del año dos mil tres, la Corporación Municipal de San Lorenzo, Departamento de Valle, comenzó a estudiar la posibilidad de desarrollar un proyecto que permitiera evaluar el potencial turístico de la región y establecer las bases necesarias para la divulgación de los atractivos turísticos de la ciudad de San Lorenzo, en complemento del Plan Nacional de Desarrollo Turístico elaborado en el mes de Agosto del año dos mil por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT). Por lo tanto se buscó de su asesoramiento, otorgándole amplia autorización para que procediera, conformado también por la misma Alcaldía, para recabar información que sirviera de fundamento para la posterior elaboración de un proyecto de consultoría que culminara con el diseño y divulgación de un plan de desarrollo turístico, así como de material básico para la promoción del mismo. Por el interés manifestado por las autoridades municipales de San Lorenzo en concretizar y desarrollar el Proyecto de Consultoría en Materia de Turismo, CESUTUR presentó en fecha cuatro de junio de dos mil tres, una oferta formal para prestar los servicios en el Proyecto Trifolio, Revista, CD y Asesoría Video Turístico de la ciudad de San Lorenzo, Valle; habiendo detallado en su respectiva oferta, la naturaleza de los servicios de Consultoría que estaba en disposición de prestar, así como el presupuesto estimado y la fecha de duración aproximada de la misma, tiempo después, la Corporación Municipal de San Lorenzo, Departamento de Valle, manifestó su visto bueno a la propuesta presentada; por lo que, sin más dilaciones, y con la venia de las autoridades municipales, CESUTUR procedió a prestar sus servicios, tomando como marco de referencia, los términos contenidos en la propuesta. Sin embargo, la empresa NO recibió el pago correspondiente al cincuenta por ciento de adelanto (50%), porque la Corporación de San Lorenzo, Valle, prometió que el desembolso se haría en el corto plazo. De buena fe, CESUTUR dio comienzo a las labores que le habían sido encomendadas que al inicio de la prestación de servicios por parte de la empresa, tampoco se había firmado el correspondiente Contrato para la Prestación de Servicios de Consultoría, debido a un error involuntario por parte de la Alcaldía, que se les manifestó que oportunamente se llevaría a cabo la firma del mismo; pues no se había registrado en Acta la decisión de la Corporación Municipal, sobre el Proyecto Turístico del Municipio de San Lorenzo que comprendía la Revista, Trifolio CD y Video de la Ciudad de San Lorenzo, concertado por consultoría única con valor de L.475,000.00. CESUTUR hizo entrega oficial de del Proyecto Trifolio, Revista y CD y Asesoría Video de la Ciudad de San Lorenzo, Valle a finales del mes de junio del año 2003, igualmente se hizo entrega oficial del trabajo elaborado al Ministro de Turismo. El trabajo elaborado incluso recibió el visto bueno de las autoridades municipales, según Constancia de fecha quince de Diciembre de 2003 que literalmente dice respecto de los servicios prestados por la empresa: “Ha sido de nuestra completa satisfacción los servicios que nos ha proporcionado CESUTUR a través de la Licenciada Francis Sagrario Zelaya, por lo que de llevar nuevamente a cabo de esta Alcaldía proyectos turísticos sostenibles, de capacitación y obtención de financiamientos, con mucha satisfacción y seguridad solicitaremos nuevamente sus servicios.” Que a la fecha de entrega del proyecto, ni siquiera se había hecho el pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de anticipo pactado entre las partes, a pesar de los múltiples requerimientos de pago efectuados según: nota de fecha 24 de julio de 2003; fax de fecha 28 de julio de 2003; nota de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, Valle, de fecha 11 de agosto de 2003; carta de fecha 16 de septiembre de 2003 dirigida a la Licenciada Francis Sagrario Zelaya por parte del Alcalde Municipal de San Lorenzo, Valle; nota de fecha 11 de diciembre de 2003 referente al “Pago Estudio Trifolio, Revista y CD San Lorenzo Valle”; carta de fecha 30 de diciembre del año dos mil tres dirigida al señor Alcalde Municipal de San Lorenzo, Departamento de Valle; respectivamente. Que la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, Valle, no ha hecho más que incumplir sistemáticamente, de forma reiterada, los arreglos de pago acordados con la empresa y/o propuestos por ellos mismos; lo que constituye a todas luces, prueba irrefutable de la mala fe con que han actuado las autoridades Municipales; todo ello en perjuicio y detrimento económico de CESUTUR. En el año 2004, tras meses de insistencia por parte de CESUTUR para que se plasmara por escrito el acuerdo existente entre esta última y la Corporación Municipal de San Lorenzo; las autoridades municipales finalmente firmaron el prometido “Contrato de Consultoría para la Elaboración del Proyecto “Trifolio, Revista, CD y Video Turístico de la Ciudad de San Lorenzo, Valle”; el día cuatro de Febrero del año dos mil cuatro. En dicho contrato se recoge la totalidad del acuerdo entre las partes y se plasma expresamente, en su cláusula TERCERA y SÉPTIMA, por una parte, el monto total del contrato y el procedimiento de pago, así como la multa correspondiente del uno por ciento diario (1%) en caso de incumplimiento por cualquiera de los contratantes. Nuevamente, la alcaldía incumplió parcialmente el acuerdo de pago firmado entre las partes. CESUTUR no recibió más que ciento diez mil Lempiras (L.10,000.00) de los cuatrocientos setenta y cinco mil Lempiras (L.475,000.00) que le eran debidos. La empresa ha buscado incesantemente, durante años, llegar a un acuerdo de pago con la alcaldía de San Lorenzo. Se han dado por parte de CESUTUR una infinidad de oportunidades para que la citada Corporación Municipal cumpla con las obligaciones contractuales que libremente ha asumido. Que a la fecha, los funcionarios municipales de San Lorenzo, concientes de este problema; no han tenido la integridad de pagar lo que es debido, ni han hecho el mínimo esfuerzo por ir saliendo de la deuda que esa Corporación Municipal contrajo. Que ni siquiera el requerimiento de pago de fecha siete de diciembre de 2004, Que durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; se hicieron intentos reiterados por obtener el pago de lo debido conforme al contrato firmado. Que se interpuso un primer reclamo administrativo en fecha 10 de junio de 2008. Si bien es cierto que por un error de cálculo, estimé la mora pendiente de pago en base a dos por ciento diario (2%), en lugar del uno por ciento (1%) que establece el contrato; no es menos cierto que a fin de cuentas, la opinión jurídica de la Procuradora Legal de la Corporación Municipal de San Lorenzo, Valle, fue contundente acerca de la procedencia del reclamo efectuado por la empresa. Así, la Opinión Jurídica de fecha 4 de diciembre del año dos mil nueve, establece en su parte dispositiva lo siguiente: “POR LO TANTO: Recomiendo a esta Corporación Declarar con lugar el Reclamo Administrativo interpuesto y cancelar la deuda que la Corporación presidida por el señor Gonzalo Mauricio Alvarado, contrajo con el CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO, por la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (365,000.00) o en su defecto llegar a convenios de pagos. Debido al error cometido en el primer reclamo administrativo, finalmente se optó por interponer un segundo reclamo en fecha 18 de Septiembre de 2010, por la cantidad de Diez Millones Ochocientos Diecisiete Mil Ciento Cinco Lempiras (Lps.10,817,105.00); posteriormente, solicitando pronta resolución los días 24 de Noviembre del año 2010; y el 1 de Diciembre del año 2010. Finalmente, transcurrieron ocho días hábiles de la Administración Pública, por lo que consideró denegado el reclamo interpuesto; motivo por el cual se acude ante este Juzgado en virtud de silencio administrativo.- 2.- La parte demandada, CORPORACION MUNICIPAL DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE, contestó dicha demanda señalando que se rechaza pues no existe en los registros ninguna documentación sobre el supuesto estudio del potencial turístico en la municipalidad de San Lorenzo en el año 2003. Se reconoce y acepta que en el año 2003 no existía ningún contrato celebrado entre la Alcaldía Municipal de San Lorenzo y la señora FRANCISCA SAGRARIO ZELAYA CARCAMO, como Comerciante Individual constituida con el nombre de CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESATU). Cabe aclarar que no existe en los registros de la Alcaldía Municipal ninguna propuesta de la señora FRANCISCA SAGRARIO ZELAYA CARCAMO, como CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESATUR) sobre oferta de servicios de consultoría en turismo, lo que existe es la documentación presentada en el expediente administrativo por la ahora demandante. Se rechaza por ser totalmente falso que la Corporación Municipal haya dado un Visto Bueno a la supuesta propuesta de la señora FRANCISCA SAGRARIO ZELAYA CARCAMO o a la empresa CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESATUR) sobre servicios de consultoría en el año 2003; la Corporación Municipal como máximo órgano dentro de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo no tomó ninguna resolución al respecto como puede observarse en los libros de actas respectivos. Cabe señalar lo contradictorio de la afirmación de la demandante quien reconoce que no existía ningún Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría, pero que ella empezó a trabajar porque se le dijo que oportunamente se iba a firmar; además se rechaza que la inexistencia del contrato sea un “error involuntario”, la realidad es que no existía contrato y nada más pues la Ley de Contratación del Estado es categórica cuando afirma en su artículo 110 lo siguiente: “Formalización. La formalización de los contratos no requerirá el otorgamiento de Escritura Pública. Ni uso de papel sellado y timbres y se entenderán perfeccionados a partir de sus suscripción, sin perjuicio de la aprobación requerida en los casos previstos en los artículos 11 y 13 de la presente ley.” Iguales regulaciones sobre la obligatoriedad de un contrato por escrito se desprenden de los artículos 1, 20, 97 y demás aplicables de la Ley de Contratación del Estado. Es imposible que se haga una “Entrega Oficial” como la llama la demandante a finales del mes de junio del 2003 (nótese que no se establece claramente la fecha), si el contrato fue suscrito el día 4 de febrero del 2004, como lo reconoce la misma parte demandante en el hecho “CUARTO” de su demanda, es decir 8 meses después de la supuesta entrega. Nótese que la demandante afirma que el 4 de junio del 2003 presentó una oferta formal de servicios en el Proyecto Trifolio, Revista, CD y Asesoría Video Turístico de la ciudad de San Lorenzo, Valle; y afirma que se hizo entrega formal del proyecto en junio del 2003, sin mencionar fecha, pero agrega que el 17 de junio del 2003 el Alcalde de San Lorenzo, quien supuestamente lo había recibido antes, le hizo entrega formal del trabajo realizado al Ministro de Turismo de ese entonces THIERRY DE PIERREFEU; es decir, el supuesto trabajo realizado por la demandante fue ejecutado en un período de menos de trece (13 días naturales, pero por el mismo están cobrando la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L. 475,000.00), sin que exista en la Alcaldía ni siquiera rastros del supuesto trabajo realizado. Lo cual demuestra junto con el contenido del contrato que el mismo no es sino una simulación para aprovecharse de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo con contratos leoninos, de notoria mala fe, injustificado y sin beneficio alguno para la Alcaldía Municipal, con el único fin de tener pingues beneficios sin justificación, con obvia contubernio de las entonces autoridades municipales. Nótese también que la demandante afirma que recibió el Visto Bueno del Alcalde Municipal en fecha 15 de diciembre del 2003, sin importarle que a esa fecha tampoco existía ningún contrato suscrito entre las partes a esa fecha. Igualmente afirma la demandante, FRANCISCA SAGRARIO ZELAYA CÁRCAMO, que a la fecha de entrega del proyecto, (supuestamente junio del 2003), ni siquiera se había hecho el pago correspondiente al 50% del pago del anticipo “pactado” entre las partes y que hizo diferentas cobros a la Alcaldía; pero nuevamente olvida que no existió contrato sino hasta el día 4 de febrero del 2004, por lo que no existía ninguna obligación entre las partes al no haber contrato suscrito entre las mismas, pues conforme al artículo 1346 del Código Civil, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. Por lo que al no haber contrato no existía ninguna obligación de ninguna de las partes. Se acepta que el Alcalde, sin tener autorización de la Corporación Municipal, firmó el 4 de febrero del 2004 con la señora FRANCISCA SAGRARIO ZELAYA CARCAMO, como Comerciante Individual constituida con el nombre de CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESATUR), el Contrato de Consultoría para la Elaboración del Proyecto “Trifolio, Revista, CD y Video Turístico de la ciudad de San Lorenzo, Valle”, lo que se acepta en vista de haber sido presentado en el expediente administrativo, pues en la Alcaldía Municipal que represento no existía dicho documento. Se acepta también que la Alcaldía que represento le adelantó la cantidad de CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 110,000.00) a la contratista. Que en dicho contrato no se establece ninguna descripción del contenido del supuesto trabajo a realizar, no detalla nada en relación con el supuesto trifolio, sobre colores, tamaño, número de trifolios a elaborar; en relación a la supuesta revista no dice el número de páginas, tamaño de la revista, número de ejemplares que se editarán, que contendrá, ni ninguna otra descripción; sobre el CD del que podemos suponer que se trata de música porque por aparte es el video, no dice qué música, su duración, cuántas canciones, de qué artistas, si son inéditas, cuantos CD se entregarían, etcétera; finalmente sobre el video no dice sobre qué trataría; que lugares incluiría, no dice su duración en minutos, sobre qué se hará, cuántas copias serían presentadas, ni nada; es decir, es un contrato sin descripción alguna de las prestaciones del contratista, solamente se hace una mención y se establece el valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 475,000.00). Que basta dar lectura al contrato para darse cuenta de que el mismo no es más que una simulación para obtener dinero de la Alcaldía de San Lorenzo, sin establecer claramente las contraprestaciones por parte del contratista, violando en forma evidente el contenido del artículo 97 de la Ley de Contratación del Estado que establece en relación con los Contratos de Consultoría que: “Los contratos deberán redactarse suficientemente detallados, definiendo con claridad los términos de referencia, la descripción completa de los trabajos y su programación general, las demás obligaciones de las partes y los sistemas de pago.” Que se establece la Cláusula SEPTIMA de dicho contrato una multa equivalente al pago del uno por ciento (1%) diario del valor del contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de los contratantes. Esta cláusula intencionalmente está establecida para defraudar maliciosamente a la Alcaldía de San Lorenzo, porque el contrato fue firmado sin tener un respaldo presupuestario; es decir, NO EXISTIO NUNCA EN EL PRESUPUESTO DE LA ALCALDÍA DE SAN LORENZO UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA AFRONTAR EL PAGO ESTABLECIDO EN DICHO CONTRATO; es decir, desde la firma misma del contrato, los suscriptores del mismo conocían que si el mismo era cumplido por la contratista, la Alcaldía de San Lorenzo NO PODRÍA CUMPLIR CON SU CONTRAPARTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL VALOR ESTABLECIDO EN EL MISMO. Es así porque las disposiciones presupuestarias establecen que no se puede pagar lo que no está presupuestado. Significa que los suscriptores del contrato pretendían de antemano que la Alcaldía de San Lorenzo pagara la leonina y gigantesca multa establecida en el mismo; y esto si es deliberada y notoria mala fe. Para evitar este tipo de circunstancias la Ley de Contratación del Estado establece en su artículo 27 lo siguiente: “Nulidad por falta de presupuesto. Serán nulos los contratos que al suscribirse carezcan de asignación presupuestaria. La resolución del contrato por esta causa hará incurrir a los funcionarios responsables en las sanciones administrativas, civiles o penales que determinen las leyes. La asignación presupuestaria deberá constar en el expediente de contratación.” Es por el contenido de este artículo de la ley, del cual nadie puede alegar ignorancia, que decimos que los suscriptores tenían perfecto conocimiento de la falta de asignación presupuestaria y que el objetivo era evidente: cobrar enormes sumas de dinero a la Alcaldía de San Lorenzo, sin que ésta tenga ningún provecho por una consultoría cuyo contrato no detalla con caridad los términos de referencia, la descripción completa de los trabajos y su programación como lo ordena el artículo 97 de la Ley de Contratación del Estado. Además de que no fue entregado ningún trabajo en relación al contrato suscrito. Se desconoce y por tanto se rechaza que la demandante FRANCISCA SAGRARIO ZELAYA CARCAMO constituida como comerciante Individual bajo el nombre de CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESATUR), haya buscado llegar a un acuerdo de pago, se conoce es del reclamo administrativo presentado por la misma. Se rechaza que la demandante, tenga derecho a ningún pago; en realidad el contrato en que funda su reclamación contra la Alcaldía de San Lorenzo es visto como un notorio acto de corrupción con leoninas cláusulas establecidas para beneficiarse de los pocos recursos económicos con que la alcaldía cuenta y que están destinados a buscar el beneficio de sus habitantes y no para enriquecer a quien no ha cumplido con la satisfacción de ninguna necesidad de la población del municipio, ni el contrato suscrito. que la demandante señala la existencia de un dictamen de una Procuradora Legal de la Alcaldía de San Lorenzo, pero es de hacer notar dos cosas, a saber: que la opinión de la abogada SOLAMENTE ES ILUSTRATIVA NO OBLIGATORIA PARA LA TOMA DE DECISIONES, es decir, dicha opinión no tiene ninguna fuerza legal ni obligatoria, la misma opinión establece que “RECOMIENDA”; y que la demandante convenientemente señala que la opinión ilustrativa de la procuradora recomienda pagar el valor que falta del contrato, pero deniega el pago de todos los intereses y daños y perjuicios solicitados por la demandante, que obviamente son la parte más grande de la pretensión de la demandante. Y no se puede aceptar una opinión por partes, aceptando lo que le conviene y rechazando lo que no le conviene, si bien la ahora demandante pretendió presentar una nueva reclamación, ambas se tramitaron juntamente en un mismo expediente, si bien se presentó un escrito de pronta resolución y luego del plazo señalado en la ley, la demandante entiende que existió un acto presunto de denegación de su petición; la demandante previo a presentar su demanda debió agotar el procedimiento administrativo presentando el Oportuno Recurso de Apelación ante los entes competentes, lo que no hizo, por lo que el acto administrativo presunto que deniega su solicitud y contra el cual reclama se encuentra firme y así deberá establecerse en la sentencia definitiva, declarando la inadmisibilidad de la Demanda y que en el caso que nos ocupa la demandante nunca presentó el acta de entrega y recepción del trabajo contratado. Incluso en la demanda que ahora se contesta la demandante señala que entregó el contrato en el mes de junio del 2003, lo que no puede tenerse como acta de recepción puesto que el contrato fue firmado el 4 de febrero del 2004; es decir ocho (8) meses después de la supuesta entrega del trabajo que la demandante dice que realizó, es imposible cumplir con un trabajo antes de que exista la obligación. Para cumplir con el contrato debió oportunamente presentar el acta de entrega los trabajos y forzosa e ineludiblemente esta tiene que haberse realizado después de la firma del contrato. En el escrito de Contestación de la demanda Interpuso EXCEPCIONES PERENTORIAS DE NULIDAD DE UN CONTRATO Y EXCEPTIO NON RITE ADEMPLETI CONTRACTUS alegando: 1.- EXCEPTIO NON RITE ADEMPLETI CONTRACTUS La excepción de contrato no cumplido está contenida en el artículo 1356 del Código Civil. La Alcaldía de San Lorenzo no está obligada de pagar el monto del contrato suscrito con la señora FRANCISCA SAGRARIO ZELAYA CARCAMO, como Comerciante Individual constituida con el nombre de CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESATUR), en vista de que la señora ZELAYA CÁRCAMO no ha cumplido con su parte del contrato. 2.- EXCEPCIÓN DE NULIDAD De acuerdo al artículo 1595 la nulidad siempre puede oponerse como excepción y conforme al artículo 1589 la Nulidad de los actos y contratos puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, por lo que me permito oponer dicha excepción, señalando que el Contrato de Consultoría para la Elaboración del Proyecto “Trifolio, Revista, CD y Video Turístico de la ciudad de San Lorenzo, Valle suscrito entre la señora FRANCISCA SAGRARIO ZELAYA CARCAMO, como Comerciante Individual constituida con el nombre de CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESATUR) y la Alcaldía de San Lorenzo en fecha 4 de febrero de 2004 en el que la demandante funda su reclamación es nulo absolutamente, nulidad que de acuerdo al artículo 1586 del Código Civil, En las Municipalidades el órgano de dirección superior es la Corporación Municipal, pero la Corporación Municipal de San Lorenzo, como órgano Superior de la municipalidad NO AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA SEÑORA FRANCISCA SAGRARIO ZELAYA CARCAMO, COMO COMERCIANTE INDIVIDUAL CONSTITUIDA CON EL NOMBRE DE CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESATUR). Este artículo exige la existencia de un Acuerdo, el que no existe, la única referencia al tema en Corporación Municipal es la Manifestación del entonces alcalde sobre dicho contrato, pero la Corporación municipal NO EMITIÓ EL ACUERDO QUE EL ARTICULO CITADO EXIGE. El contrato en mención nunca tuvo asignación presupuestaria ni fue autorizado mediante el Acuerdo respectivo por la Corporación municipal como órgano de Dirección Superior de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, por lo que el contrato es nulo de acuerdo con la ley y siendo nulo no puede pedirse su cumplimiento.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de febrero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por la parte demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo a favor de la demandante, la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se tomaron las medidas de condenar a la demandada a pagar a favor del demandante, los daños y perjuicios de la forma siguiente: a) al pago del complemento del contrato de consultoría para la elaboración del Proyecto demandado, b) el pago del concepto de multa por incumplimiento, señalado en la cláusula séptima del contrato de consultoría consistente en el 1% de interés diario sobre la cantidad de L.365,000.00, calculados a partir de la fecha del vencimiento del contrato hasta la fecha que adquiera el carácter de firme la presente sentencia, absolviendo a la Alcaldía del pago del interés legal del 6%, reclamado por el demandante por ser improcedente, eximiendo del pago de costas. Criterio: que si existe responsabilidad de la administración pública para cumplir con los términos bajo los cuales fue suscrito el contrato de consultoría, pero esta obligación nace a partir de la fecha del mismo y no antes, en virtud de que en la administración pública rige el principio de escrituriedad y no son válidos los contratos verbales y de otro tipo que no sean la forma y suscritos con las formalidades que ya señala la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, por lo tanto debe pagarse a la demandante el complemento del contrato de consultoría, más la multa sobre este valor del 1% diario tal como lo establece la cláusula séptima del contrato, valores que serán tomados hasta la fecha de firmeza de la sentencia, en cuanto al interés legal del 6% reclamado por el demandante, este es improcedente en virtud que el Código Civil señala que este se aplicará al deudor cuando no existiera pacto entre las partes, situación que no se da en el presente caso ya que las partes si fijaron un porcentaje de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo, en cuanto a declarar parcialmente la acción promovida por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como el acto administrativo presunto por silencio negativo, constituido por la Corporación Municipal de San Lorenzo, Departamento de Valle, en consecuencia se anuló totalmente, reconociendo a favor de la demandante la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se tomaron las medidas siguientes: 1) condenar a la Alcaldía Municipal de San Lorenzo al pago de: a) complemento del contrato de consultoría reclamado por la parte demandante, por la cantidad de L.365,000.00 más los intereses legales, difiriendo para la etapa de ejecución la liquidación de los intereses, revocando el literal b) que condenó al pago en concepto de multa por incumplimiento, señalado en la cláusula séptima del contrato, consistente en el 1% de interés diario, en consecuencia declaró sin lugar el pago del 1% de intereses diarios en concepto de multa, revocando el ordinal tercero y confirmando el ordinal cuarto, sin costas. Criterio: que consta en autos la existencia de un contrato de consultoría entre las partes en litigio, que dio inicio el 4 de febrero del 2004 y finalizó el 4 de octubre del mismo año, que el monto del contrato es por la cantidad de L. 475,000.00, y la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, Departamento de Valle dio lugar a la constitución de un acto presunto por silencio negativo al no emitir la resolución por el reclamo administrativo presentado por el demandante, que el demandante recibió un pago por parte de la Alcaldía demandada por la cantidad de L.110,000.00, como abono a la deuda por consultoría prestada por la demandante, quedando pendiente una deuda de L.365,000.00 y que la empresa realizó diversas solicitudes de pago a la demandada, sin obtener respuesta de los mismos, que la obligación reclamada por la demandante fue reconocida mediante contrato, estableciendo en la cláusula séptima que se aplicara en concepto de multa un 1% diario del contrato por cada día de retraso en la entrega del trabajo imputable a la consultora o retraso de pago por parte de la demandada, pero que ese 1% pactado por la falta de pago, equivale al cobro del 365% sobre el valor de la obligación, mismos que están por encima de los intereses establecidos por el Banco Central de Honduras, para las operaciones de la Banca Privada, intereses que resultan contrarios al ordenamiento jurídico tomando en consideración que este tipo de contrato se rige por la Ley de Contratación del Estado, que en su artículo 28 establece los intereses que devengarán las obligaciones que no sean pagadas en su oportunidad, en cuanto a la incongruencia planteada por la parte apelante, el A-QUO claramente reconoce el valor de la obligación contractual derivada el contrato mismo que dieron origen al reconocimiento de la obligación principal por parte del juzgador, descartándose en consecuencia las nulidades planteadas por no encontrarse comprendidas en ninguna de las causales que dan lugar a la nulidad o anulabilidad de los actos procesales.- 5.- La representación procesal de la partes demandante y demandada, abogados JESUS MANUEL MARTINEZ SUAZO, JORGE JESUS KAWAS MEJIA, apoderados de la empresa Centro de Estudios Superiores en Turismo, y SAMUEL FLORENTINO SALGADO, apoderado de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, Valle, en fechas doce de noviembre y cuatro de diciembre del año dos mil doce, interpusieron escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.148-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.057-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencias de fechas catorce de noviembre y cinco de diciembre del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuestos y formalizados en tiempo y forma los recursos de casación por parte de los abogados JORGE JESUS KAWAS MEJIA y SAMUEL FLORENTINO SALGADO, ordenando en ambas providencias dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la partes demandada y demandante, abogados SAMUEL FLORENTINO SALGADO, y JESUS MANUEL MARTINEZ SUAZO y JORGE JESUS KAWAS MEJIA, presentaron en fechas cuatro de diciembre del año dos mil doce y quince de enero del año dos mil trece, escritos de contestación de los recursos de casación presentados, los cuales fue resueltos por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, haciéndoles la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, siendo notificados personalmente el Abogado JORGE JESUS KAWAS MEJIA y por teléfono celular el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados JORGE JESUS KAWAS MEJIA y SAMUEL FLORENTINO SALGADO presentaron escrito de personamiento en fechas veintinueve de enero y siete de febrero del año dos mil trece, respectivamente, en concepto de partes recurrente-recurrido.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se han tenido por interpuestos recursos de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que los Recurrentes fundamentaron sus motivos así: los abogados JESUS MANUEL MARTINEZ SUAZO Y JORGE JESUS KAWAS MEJIA, en su condición de apoderados de la sociedad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESUTUR), expresan en su primer motivo de casación: “Quebrantamiento de forma por violación, o falta de aplicación, de normas que regulan actos y garantías procesales contenidas en el Artículo 704 del Código Procesal Civil, en relación con el párrafo primero del Artículo 90 de la Constitución de la Republica que recoge la garantía del debido proceso. PRECEPTO HABILITANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido dentro del Artículo 719 numeral 1 literal b) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El concepto de la infracción, lo explicamos de la siguiente manera: El artículo 704 del Código Procesal Civil, que alegamos directamente como infringido, dispone lo siguiente: “ARTICULO 704. REGLA GENERAL DE FUNDAMENTACION DE LOS RECURSOS DEVOLUTIVOS. Sin perjuicio de las concretas exigencias que puedan regularse en este Código, los escritos de interposición, adhesión, oposición o impugnación de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, se identificara con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna.” Por su parte, el párrafo primero del Artículo 90 de la Constitución de la Republica, dispone lo siguiente: “Articulo 90.- Nadie puede ser juzgado, sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” La sentencia dictada en primera instancia en fecha 15 de febrero de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Civil, contiene CINCO PRONUNCIAMIENTOS en su parte resolutiva, correspondientes a las pretensiones de las partes. [Folios 273 y 274 de la pieza principal) Por su parte, el Recurso de Apelación interpuesto contra dicha sentencia contiene en su estructura los siguientes acápites: I. PREAMBULO II. ANTECEDENTES III. EXPRESION DE AGRAVIOS IV. NULIDAD SUBSIDIARIA V. PETICION. En la exposición del presente motivo, haremos referencia, específicamente a dos de ellos; al primero, “PREAMBULO”, en el cual el apelante/demandado, en la parte final de dicho acápite, únicamente expone lo que en lo conducente se transcribe a continuación: “I...1 Con muestras de mi mayor respecto comparezco interponiendo el RECURSO DE APELACION contra la sentencia definitiva de fecha 15 de febrero de 2012, que declara CON LUGAR la demanda de merito y a la vez Expreso los Agravios que la sentencia recurrida causa a mi representada, lo que hago de la siguiente forma: (...) Luego, en acápite “PETICION”, siempre del citado recurso de apelación, el recurrente, expone lo siguiente: “(...) PETICION. Por las razones antes expuestas, en reitero de mis respetos PIDO: Admitir el presente descrito (sic) junto con su copia simple, tener por interpuesto y admitir el RECURSO DE APELACION contra la sentencia definitiva dictada en le (sic) presente caso de fecha 15 de febrero de 2012; tener por formulados los agravios contra la misma, así como la solicitud de nulidad de la sentencia; darle traslado de los mismos a la parte demandante para que los conteste en el termino legal; conceder a las partes el termino para comparecer a la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, quien deberá declarar con lugar el Recurso de Apelación y revocar la sentencia apelada, dictando una nueva declarando la improcedencia de la acción por ajustarse a derecho al denegación presunta impugnada.- Tegucigalpa, M.D.C. 22 de marzo de 2012(...)” Solamente en estos dos únicos acápites, es donde la parte recurrente, hace mención de interponer recurso de apelación. En el resto del contenido de su escrito, el representante procesal de la corporación municipal demandada, se dedica a exponer aspectos propios de su opinión jurídica en el presente caso, pero en ninguna parte el recurrente fundamenta lo pedido, determina el perjuicio o agravio sufrido, ni identifica con total precisión el pronunciamiento o parte de él que impugna, como lo exige el artículo 704 del Código Procesal Civil, sino que generaliza, manifestando que interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva. La violación del Artículo 704 del CPC atinente al contenido constitucional constituye una violación a los actos y garantías del proceso, sancionada tanto con la nulidad prevista en el CPC como en la nulidad constitucional prevista en el Artículo 321 de la Constitución de la República en relación con el Artículo 90 de la Ley Fundamental.” .- II.- Que en relación al motivo que antecede, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa ya que en la explicación del cargo hace una relación de que la parte demandada no fundamento su escrito mediante el cual interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sin embargo estos son alegatos impropios en este momento procesal, cuando en primer lugar, no sirven de fundamento al motivo alegado ya que el recurso de casación confronta la violación alegada contra el fallo impugnado y no contra actuaciones de las partes, por otra parte, dichas actuaciones de la parte demandada han sido consentidas por su oponente al no señalar o impugnar oportunamente y de acuerdo a los medios procesales para su saneamiento, constando en la primera pieza de autos que el Impetrante contesto los agravios del recurso de apelación interpuesto por la demandada sin hacer pronunciamiento al respecto, ya que sus alegatos y fundamentación a dicha contestación de cargos fueron otros, todo lo anterior no resulta justificada la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, por ello resulta inadmisible este motivo.- III.- Los mismos abogados JESUS MANUEL MARTINEZ SUAZO Y JORGE JESUS KAWAS MEJIA, invocan un segundo motivo en los términos siguientes: “Quebrantamiento de forma por violación, o falta de aplicación de normas que regulan la forma y contenido de las sentencias establecidas en los artículos 206 numeral 1, y 208, párrafos primero y segundo, del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 701 párrafo primero y 713 del mismo cuerpo legal; y Artículos 35 párrafo primero y 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRESUPUESTO HABILITANTE: Este motivo se encuentra comprendido dentro del numeral primero, literal c) del artículo 719 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El concepto de la infracción, lo explicamos así: El artículo 206 en su numeral 1, del Código Procesal Civil establece que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; y, el artículo 208 del mismo cuerpo legal recoge el principio de congruencia de las resoluciones judiciales al disponer que las sentencias deben ser congruentes con las pretensiones de las partes y decidir sobre los puntos litigiosos que sean objeto del debate. La Regla de que el juez debe pronunciarse sólo sobre lo que se le pide, es de ordinario expresada por medio de la máxima: Sententia debet esse conformis libello, ne eat iudex ultra peala partum, y como consecuencia directa de la misma, está prohibido al Juez fallar sobre cosa no demandada y adjudicar más de lo que fue pedido, debiendo fallar con claridad precisión y exhaustividad. Este principio vertebral de nuestro sistema de justicia es a su vez reiterado en el artículo 701 del Código Procesal Civil, que expresamente delimita el ámbito de los Recursos de Apelación y Casación disponiendo que en estos supuestos, el tribunal únicamente podrá decidir en relación con los pronunciamientos recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente. La Corte Suprema de Justicia en los comentarios al artículo 713 del Código Procesal Civil en relación con la emisión de Sentencia en materia de Apelación ha declarado expresamente lo que a continuación reproducimos: “El tribunal de segunda instancia deberá emitir su sentencia solamente en relación a los agravios expresados por el recurrente [...j La sentencia deberá contener también los requisitos establecidos en los artículos 200, 206, 207 y 208 del CPC [...] La motivación de la resolución deberá expresar si en efecto el tribunal a quo obvió parcial o totalmente aplicar el razonamiento fáctico y jurídico, lo que produjo una valoración arbitraria de la prueba.” (El énfasis es nuestro). Y, a su vez, esto mismo se recoge en la doctrina mayoritaria recopilada por el magistrado Español AROCA en su tratado de Derecho Jurisdiccional Torno II, el cual recoge en este punto lo que a continuación reproducimos:“Independientemente de que se trate de un recurso ordinario o extraordinario la competencia del tribunal que conoce del mismo queda limitada a decidir sobre lo que el recurrente ha determinado como objeto del mismo, sin que se pueda entrar a conocer de lo no recurrido. La sentencia de Apelación también tiene que ser exhaustiva y congruente, pues en la Apelación sigue rigiendo el principio dispositivo. Lo especifico es que: a) La sentencia debe pronunciarse únicamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso, en el sentido de que: 1.) Se tratara del objeto del o de los recursos, tal y como fue o fueron planteados por el o los apelantes principales. 2.) También podrá tratarse del objeto del debate propio del recurso de apelación, planteado por el apelado en el escrito de oposición. El recurso tiene necesariamente un objeto del debate propio (por ejemplo el apelado pide la desestimación del recurso por causa de inadmisibilidad del mismo), y la congruencia ha de referirse también al mismo.”.- IV.- Que en relación al motivo que antecede, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, ya que adolece de requisitos como ser: a) dentro de las normas citadas como violadas se encuentra el artículo 208 del Código Procesal Civil, sin embargo no es claro ni preciso si se refiere a los numerales 1) y 2), en vez de párrafos, y a su vez si hace referencia a dichos numerales, no indica a cuál de las situaciones jurídicas que regulan dichas disposiciones va dirigido su ataque, por otra parte, en el desarrollo del cargo hace referencia a disposiciones no citadas como infringidas, tal es el caso de los artículos 181 y 200 numeral 2) del Código Procesal Civil y 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo; y b) que en el sub judice, no se observa la incongruencia que expone los Recurrentes, ya que el Ad quem reforma el ordinal primero de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el sentido de declarar parcialmente la acción promovida por no ajustarse a derecho el acto impugnado, en consecuencia se anula totalmente, siendo que no le otorga al demandante todo lo pedido como consecuencia de la anulación total, por no corresponderle, siendo dicha reforma una de las atribuciones concedidas por la ley al Tribunal de apelación.- V.- Los mismos Impetrantes, demandan un tercer motivo manifestando: “Infracción de Ley por aplicación indebida del articulo 28, párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, en relación con los artículos 1546, 1547 1562, 1573 y 1576 del Código Civil; y 4, 71, 72, 98, 121 y 129 de la Ley de Contratación del Estado y en relación con el párrafo primero del Artículo 90 de la Constitución de la Republica que recoge la garantía del debido proceso. PRECEPTO HABILITANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719, numeral segundo, del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El concepto de la infracción lo explicamos seguidamente así: La norma que alegamos corno infringida en el presente motivo, o sea el artículo 28 en su párrafo segundo, de la Ley de Contratación del Estado, dispone lo siguiente: “Articulo 28. Pagos al Contratista. 1...] La Administración reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta cinco (45) días calendario contados a partir de la presentación correcta de los documentos de cobro correspondientes. El pago de intereses, se hará a más tardar en la fecha del siguiente pago parcial. En el contrato se establecerá el procedimiento de pago de estos intereses [...j.” (Las negritas son nuestras, puestas para destacar). La sentencia del Ad Quem de fecha 27 de septiembre de 2012, dispone en el ORDINAL TERCERO de su PARTE DISPOSITIVA, reformar la sentencia de fecha 15 de febrero de 2012 dictada por el Tribunal A quo, en el sentido de revocar el literal B del numeral 1 de la sentencia que condenaba a la Corporación Municipal de San Lorenzo, al pago 1% en concepto de multa por incumplimiento. Esta determinación la adoptó el Ad Quem con base en el CONSIDERANDO (8) de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia recurrida, que citarnos a continuación: “....CONSIDERANDO (8): Que el 1% del interés pactado por falta de pago, equivale al cobro del 365% sobre el valor de la obligación, mismos que están por encima de los intereses establecidos por el Banco Central de Honduras, para las operaciones de la Banca Privada, intereses que resultan contrarios al ordenamiento jurídico, tomando en consideración que este tipo de contrato se rige por la Ley de Contratación del Estado, que en su artículo 28 ya establece los intereses que devengarán las obligaciones que no sean pagadas en su oportunidad……“ (Folio 27 de la pieza de apelación].”.- VI.- Que el motivo que antecede no resulta admisible por las siguientes consideraciones: a) Que el alegato de los Recurrentes respecto al interés o multa así como la clausula séptima del contrato en mención fue objeto de la controversia y del material probatorio, en razón de la exclusión de la revisión probatoria en casación; y, b) que alegando aplicación indebida de una norma de derecho en el fallo impugnado, era impropio referirse a normas que regulan el debido proceso.- VII.- Que el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, actuando en su condición de apoderado de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LORENZO, VALLE, en su primer motivo arguye: “Se impugna la sentencia Recurrida por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia contenidas en los artículos 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y artículo 208 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 33, 34 y 82 de la misma Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (LJCA) y con los artículos 429.1, 447 y 458.1 del Código Procesal Civil (CPC). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los artículos 35 en su primer párrafo de la LJCA y 208 del CPC establecen lo siguiente: “ARTICULO 35 de la LJCA. - La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición. Artículo 208 del CPC.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” En materia Contencioso Administrativa las pretensiones de las partes están expresamente señaladas en la ley; y, se establecen en la Demanda y en la Contestación, concretamente en la parte petitoria de dichos escritos cuando se le solicita al tribunal lo que debe resolver. Con relación al Actor, los artículos 33, 34 y 82 de la LJCA establecen que debe realizar diferentes solicitudes como ser: en primer lugar debe solicitar la anulación de un acto administrativo; en segundo lugar el demandante debe solicitar el Reconocimiento de una Situación Jurídica Individualizada; en tercer lugar debe solicitar las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada, entre ellas el resarcimiento de daños y perjuicios en su caso. Esto es así porque cada pretensión es consecuencia de la anterior, de modo que no se puede solicitar el reconocimiento de una situación jurídica individualizada sin haber solicitado antes la anulación del acto administrativo que viola el derecho subjetivo público protegido por el ordenamiento jurídico y que da lugar al nacimiento de esta pretensión; de igual forma, no se puede pedir ni conceder que se tomen las medidas necesarias para el restablecimiento de la situación jurídica individualizada, entre ellas el pago de daños y perjuicios, si no se solicitó el Reconocimiento de esta Situación Jurídica individualizada. Los artículos 33 y 34 de la LJCA establecen lo relativo a la nulidad del acto administrativo y al reconocimiento de la situación jurídica individualizada y el artículo 82 de la misma LJCA señala la forma en que debe resolver el tribunal que declara procedente la acción, dependiendo de las pretensiones del Actor. El artículo 429.1 del CPC claramente establece que el objeto del proceso se establece en la Demanda y en la Contestación, prohibiendo que las partes puedan alterarlo posteriormente. Y si bien, el artículo 447 del CPC establece que la Audiencia Preliminar servirá para “fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos de su debate”, esto no significa que se pueda modificar la pretensión de las partes, sino que se refiere a las situaciones que se pueden presentar cuando de la contestación de la demanda se puede inferir que algunas hechos o pretensiones sean admitidas y para determinar los términos del debate en relación a lo que las partes no están de acuerdo. El artículo 458.1 del CPC aclara esto al establecer que en la Audiencia Preliminar el demandante o el reconviniente podrá hacer las precisiones, aclaraciones y concreciones que estime oportunas en relación con la pretensión deducida en la demanda o reconvención. En ningún caso podrá alterar o modificar sustancialmente la misma. En su demanda el Actor solicitó la anulación del Acto Administrativo Presunto por el que tuvo por desestimada su petición en vía administrativa y solicitó que se indemnice y paguen los daños y perjuicios más intereses legales por el incumplimiento del contrato celebrado entre la Municipalidad de San Lorenzo y Francisca Zelaya Cárcamo en su calidad de Representante Legal de CESUTUR y en la Cuantía de la Demanda estableció que el daño es 1) La cantidad pendiente de Cancelar por L 365,000.00; 2) el Monto en concepto de mora según la cláusula SEPTIMA del contrato; y 3) el interés legal del 6% anual. PERO EN NINGÚN MOMENTO ESTABLECIÓ COMO PRETENSIÓN EL RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA. No obstante lo anterior, tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia reconocen a favor de la parte Actora la situación jurídica individualizada que nunca solicitó. La sentencia de primera instancia no justifica la citada decisión no obstante que se le hizo saber la inexistencia de dicha pretensión tanto en la Audiencia Preliminar como en las conclusiones; y, la sentencia de Segunda Instancia crea una figura nueva, según la cual debido a que la suma de la demanda menciona la situación jurídica individualizada y que en la petición se solicita el pago de daños y perjuicios, “se puede deducir” que la parte Actora tenía la pretensión de reconocimiento de una situación jurídica individualizada, aunque en el momento procesal oportuno que es en la petición de la demanda, no haya formulado dicha pretensión. En realidad lo que la Sentencia Recurrida hace es evadir el cumplimiento de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y que establecen que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. (Lo subrayado es nuestro). Lo que hace la sentencia es suponer equivocadamente que no es necesario formular las pretensiones pues bastaría que el tribunal “DEDUZCA” las pretensiones del contenido de la demanda, con lo que se trasgrede la ley que ordena en forma categórica que las pretensiones deben formularse oportunamente por las partes y que el tribunal pude resolver sobre ellas solamente si han sido formuladas. Habiéndose establecido con claridad que la sentencia interpreta en forma incorrecta las normas procesales sobre la forma y contenido de la demanda, procede se case la sentencia por este motivo.”.- VIII.- Que en relación al motivo que antecede, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, ya que adolece de requisitos como ser: a) dentro de las normas citadas como violadas se encuentra el artículo 208 del Código Procesal Civil, sin embargo no es claro ni preciso si se refiere a los numerales 1) y 2), en vez de párrafos, y a su vez si hace referencia a dichos numerales, no indica a cuál de las situaciones jurídicas que regulan dichas disposiciones va dirigido su ataque; y b) que en el sub judice, no se observa la incongruencia que expone el Recurrente, ya que el Ad quem reforma el ordinal primero de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el sentido de declarar parcialmente la acción promovida por no ajustarse a derecho el acto impugnado, en consecuencia se anula totalmente, siendo que no le otorga al demandante todo lo pedido como consecuencia de la anulación total por no corresponderle, siendo dicha reforma una de las atribuciones concedidas por la ley al Tribunal de apelación.- IX.- Que el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO en su segundo motivo fundamenta: “Se impugna la sentencia Recurrida la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia contenidas en los artículos 207 y 245 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 28, 80 y 98 de la Ley de Contratación del Estado. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El artículo 207 del Código Procesal Civil regula la obligación de Motivación de la sentencia al establecer lo siguiente: “1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón.” El artículo 245 del mismo CPC establece con relación a la Valoración de la Prueba: “1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.” (Lo subrayado es nuestro). El fundamento de la demanda es el supuesto incumplimiento del contrato por parte de la Alcaldía de San Lorenzo, con base en ello, la Parte Actora pide el cumplimiento del remanente del pago establecido en el contrato y la indemnización de daños y perjuicios consistentes en el pago de la leonina cláusula penal (interés convenido) más el pago del interés legal. Pero como consecuencia lógica de pedir el cumplimiento del contrato y pago de daños y perjuicios, la Parte Actora devenía en la obligación de acreditar como presupuesto necesario que ella sí cumplió con su parte del contrato para poder solicitar el cumplimiento de parte de la Alcaldía demandada de su parte de la obligación contractual. Esta obligación de probar el cumplimiento de la prestación del contratista para poder reclamar el pago está regulada en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado que establece en sus párrafos primero y tercero lo siguiente: PAGOS AL CONTRATISTA. El precio será cierto y determinado y se papará al contratista de acuerdo a la ejecución real de las prestaciones a su cargo.” Y el párrafo tercero del mismo artículo agrega: “No podrán alegar incumplimiento de la Administración y solicitar el pago de intereses mencionados en el párrafo anterior, los contratistas que presenten en forma incompleta o incorrecta los documentos de cobro.” (Lo subrayado es nuestro) De modo que, como presupuesto necesario para cobrar el remanente del valor del contrato y el pago de daños y perjuicios a través de los intereses pactados o los legales, la Parte Actora estaba obligada a probar el cumplimiento real de las prestaciones a su cargo establecidas en el contrato; y, de acuerdo con los artículos 80 y 98 de la Ley de Contratación del Estado, la prueba del cumplimiento de las prestaciones del contratista es a través del ACTA DE RECEPCIÓN. El artículo 80 de la Ley de Contratación del Estado regula la “Recepción de la Obra” estableciendo que terminada la obra ésta se recibe de acuerdo a las especificaciones del contrato y se levanta el acta correspondiente que es la denominada ACTA DE RECEPCIÓN. Esta norma que regula los contratos de obra pública es aplicable también a los contratos de consultoría como el que nos ocupa, según lo ordenado por el artículo 98 de la misma Ley de Contratación del Estado. Es decir, la ley establece la forma en que se deberá acreditar la ejecución de la obra por parte del contratista y esta forma es a través del documento denominado ACTA DE RECEPCIÓN. no se puede deducir ni suponer otra forma de demostrar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista o Consultor porque la ley ya establece la forma de hacerlo. La parte Actora pretendió demostrar el cumplimiento de las prestaciones del Contrato de Consultoría, pero no lo hizo a través del documento que la ley señala que es el ACTA DE RECEPCIÓN, sino que lo intentó probar con documentos que no acreditan dicho cumplimiento por las siguientes razones: a) Se trata de notas del entonces Alcalde Municipal en el que manifiesta su satisfacción por el trabajo realizado o que dicen se le envía copia del trabajo al entonces Ministro de Turismo, PERO DICHOS DOCUMENTOS FUERON ELABORADAS ANTES DE QUE EL CONTRATO SE CELEBRARA. El contrato fue celebrado el 4 de febrero de 2004, y las notas citadas presentadas como prueba por la Parte Actora son de fecha anterior a la celebración del contrato, de modo que es obvio que no demuestran el cumplimiento de una obligación que ni siquiera había nacido. b) Se trata de documentos de cobro que la Parte Actora realiza a la Alcaldía de San Lorenzo, es claro que un documento de cobro no prueba el cumplimiento del contrato, además de que muchas notas de cobro también son de fecha anterior a la fecha de celebración del contrato. c) Es una Opinión o Dictamen Legal en el que se manifiesta que se entregó el producto de la consultoría, pero esta es una afirmación en un dictamen legal sin un documento que respalde la entrega de dichos productos; es claro los productos de la Consultoría no se reciben a través de un dictamen legal; y como dictamen es un documento no vinculante sino meramente ilustrativo de una opinión, no de hechos. Tan claro está que estos documentos no acreditan el cumplimiento de las prestaciones de la contratista que ni la sentencia de Primera Instancia, ni la de Segunda instancia los señalan como prueba de dicho cumplimiento. Y es lógico pues la ley establece que el cumplimiento de las prestaciones de los contratistas se acreditan con el ACTA DE RECEPCIÓN, según se mencionó antes. La sentencia de primera instancia establece en “Los Antecedentes de Hecho” bajo el apartado OCTAVO numeral 7 que se tiene por probado “que la demandante cumplió los términos del contrato de Consultoría al entregar el “Trifolio, Revista CD y Asesoría video Turístico de la ciudad de San Lorenzo, Valle a la demandante.” (sic) Lo que ratifica en el número DÉCIMO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO siempre de la sentencia del A Quo donde nuevamente señala que los alegatos de la parte demandada sobre Excepción de Contrato no Cumplido se consideran sin lugar “ya que como se refirió en los hechos probados en la sentencia, la parte demandante si probo que cumplió con lo establecido en el Contrato de Consultoría y que fue la Alcaldía la que no cumplió con su obligación de realizar el pago por dichos servicios.” Con relación a este punto que también fue objeto de apelación, la sentencia de Segunda Instancia, que ahora recurrimos, establece: “el A Quo claramente reconoce el valor de la obligación contractual derivada del contrato mismo, que dieron origen al reconocimiento de la obligación principal por parte del juzgador.” Ni el razonamiento de la sentencia del A Quo ni del AD Quem demuestran a través de ninguna motivación ni valoración de prueba determinada el cumplimiento de las prestaciones contractuales que tenía a su cargo el la contratista demandante; prueba de cumplimiento de prestaciones que debía acreditarse para poder condenar a la Alcaldía demandada de conformidad a las normas antes señaladas. En resumen, la sentencia recurrida no establece cómo o a través de qué prueba llegó a la conclusión de que la parte demandante probó haber cumplido con su parte de las obligaciones contenidas en el contrato de consultaría para que se diera el presupuesto necesario para condenar a la Alcaldía Demandada a cumplir con el pago del remanente del contrato y al pago de daños y perjuicios. Conforme a las normas del Código Procesal Civil antes transcritas, la sentencia debía obligatoriamente motivar las conclusiones a las que llegó haciendo un análisis de las pruebas que la llevaron a dicho convencimiento, pero en relación con este punto la sentencia no motiva de manera precisa y razonada la forma en que llegó a dicha conclusión, especialmente cuando la ley de manera inequívoca y expresa la forma en que debe acreditarse la ejecución de los contratos de consultoría que es con el ACTA DE RECEPCIÓN. Y si bien conforme al artículo 720.1 del CPC en la casación no se puede instar la revisión de los hechos e interpretación de la prueba, el artículo 720.2 del mismo código establece que dentro del literal c) del artículo 719.1, se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante en un sentido diferente al fallo. Incluso, la parte final del artículo 245 numeral 2 del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el incumplimiento de la obligación de valoración de la prueba en la fundamentación fáctica y jurídica de la sentencia tiene como sanción la nulidad de la resolución. Es evidente que no se demostró con pruebas racionales, lógicas y suficientes que la Parte Actora cumplió con las contraprestaciones que el contrato de consultoría le imponía; es decir, la obligación de entrega del producto de su consultoría. Al no hacer presentado la prueba que demuestra dicho cumplimiento no podría condenarse a la Alcaldía Demandada al pago de los valores que corresponden al remanente del pago y al pago de daños y perjuicios establecidos a través de la aplicación de los intereses convenidos en la cláusula penal ni de los intereses legales, razones suficientes para que se case la sentencia por este motivo.”.- X.- Que en relación al motivo que antecede, se puede observar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa y por ello resulta inadmisible, ya que adolece de requisitos como ser: a) En el desarrollo del cargo hace referencia a las pruebas aportadas y practicadas en el proceso, lo cual es impropio en este extraordinario recurso de acorde a lo establecido en el articulo 720 numeral 1) de del Código Procesal Civil; y, b) que en el sub judice, no se observa las falencias en el fallo que alega el Recurrente.- XI.- Que la defectuosa preparación de los recursos de casación suponen, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en ambos recursos en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- XII.- Consecuentemente procede declarar inadmisible los recursos de casación interpuestos y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los abogados JESUS MANUEL MARTINEZ SUAZO y JORGE JESUS KAWAS MEJIA, en su condición de apoderados de la parte demandante, en sus tres motivos. 2º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en su condición de apoderado de la parte demandada, en su dos motivos. 3º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación de la sentencia de fecha doce de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 146-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL