Sentencia CA-138-13 — Registro 2943
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentenci.a
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la resolución del fondo del litigio.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea de los Artículos 53 literal b), de la Ley del Servicio Civil relacionada con los artículos 189, 190, 278 y 279 del Reglamento de la misma Ley.- IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Sentenciador establece que la autoridad para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligado a seguir totalmente el pronunciamiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; Que el acto administrativo impugnado no esta ajustado a derecho y por consiguiente es nulo; Mi representado emitió el acto administrativo impugnado conforme a derecho, siguiendo con el procedimiento establecido, en la Ley de Servicio Civil, de conformidad con el artículo 53 literal b) y los artículos 189, 190, 278 y 279 de su Reglamento; En la sentencia dictada en segunda instancia, confirma la sentencia de fecha veintidós de agosto del dos mil doce, razón que motiva la interposición del recurso de casación.”.- “ Que en el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: omite señalar el precepto autorizante que sustente el motivo. Además, no explica en que consiste la interpretación errónea indicada, se limita la Recurrente, a citar las normas que señala como infringida y expresa el criterio que tuvo el Juzgador de instancia, para emitir y fundamentar su fallo. Lo expuesto evidentemente carece de sustento para la viabilidad de la impugnación relacionada” Que existe línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- IV.- Resuelto lo anterior, es imperativo para esta Sala, señalar que en este tipo de asuntos donde existe establecida una línea jurisprudencial por este Tribunal, resulta inoficioso continuar recurriendo de las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales inferiores, sin aportar elementos que permitan una variación o modificación de la referida jurisprudencia; por ello, el recurrir sin fundamento solo causa mayores costos a la parte que acude a ejercitar el recurso extraordinario de casación, por lo que siendo el Estado el demandado, es responsabilidad de los órganos fiscalizadores del mismo, deducir las responsabilidades que correspondan, al estimarse como abuso del derecho el impugnar las resoluciones sin posibilidades de variar la situación jurídica determinada, que como en casos anteriores, los mismos han sido juzgados y resueltos de forma similar y consistente.- V.- Que se la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, representado en juicio por la abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA; y, Recurrido: LENAR ADALID AGUILERA PINEDA, representado en juicio por el abogado CARLOS FLORES ALFARO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, se declare la ilegalidad del acto y la nulidad del mismo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada, en virtud de la cancelación del contrato de trabajo de forma directa, ilegal e injusto del cual fue objeto el demandante, y como medida para el restablecimiento de sus derechos que se reintegre al puesto de trabajo o a otro de igual o mejor categoría y salario, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la cancelación del contrato de trabajo como servidor público hasta que de acuerdo a las normas procesales se ejecute la sentencia, más las costas del juicio, promovida por el señor LENAR ADALID AGUILERA PINEDA, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, representado en juicio por la abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral en la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, el 3 de abril de 2006, mediante acuerdo de nombramiento No.08106/4/2006, en el puesto de Oficial Administrativo II; que mediante Acuerdo No.074-2011 de fecha 30 de junio de 2011, fue notificado el demandante de la cancelación de su contrato de trabajo por cesantía del puesto que desempeñaba como servidor público en dicha Secretaría; que el despido del cual fue objeto el demandante es ilegal y arbitrario ya que fue emitido mediante abuso de poder en virtud de que el mismo no se fundamento en ninguna de las causales contempladas en el artículo 48 de la Ley del Servicio Civil, habiendo una flagrante violación a las garantías constitucionales consignadas en los artículos 127, 128 numeral 15) y 129, relacionados con el artículo 38 de la Ley del Servicio Civil.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, contestó dicha demanda señalando que se rechaza lo manifestado por el demandante en el sentido que lo que se está cancelando es el acuerdo de nombramiento y no un contrato de trabajo como erróneamente lo señala el demandante, pues asegura lo contrario de lo que efectivamente ocurrió y confunde la cancelación por cesantía con una cancelación por despido, actos totalmente diferentes, ya que la Ley de Servicio Civil claramente define el significado de cada uno de esos términos, asimismo, el demandante previo a demandar aplicó incorrectamente el procedimiento ya que según lo manifestado, el supuesto despido no se fundamentó en las causales contempladas en el artículo 48 de la Ley de Servicio Civil y mucho menos el artículo 53 de esa misma Ley, por lo que debido a su confusión le precluyó el término para presentar su acción, además al referirse al artículo 48 de la Ley de Servicio Civil, y al manifestar que no le fueron invocadas causales es prueba de ello que pensó que su caso fue un despido siendo lo contrario; que la autoridad nominadora emitió el acuerdo de cancelación por cesantía conforme a derecho, sin violentar el ordenamiento jurídico aplicable al presente caso, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de agosto de dos mil doce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación No.074-2011, de fecha 21 de junio de 2011, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Industria y Comercio, por medio del cual se le cancelo por cesantía al demandante, anulando el acuerdo de cancelación; reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado evaluaciones periódicas al demandante, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada por lo cual esta vigente y es de obligatorio cumplimiento, tampoco se acredito en juicio elementos indispensables que debe cumplir la autoridad nominadora para prescindir de los servicios de las personas afectadas por las cesantías, lo que hace que dicho acto, infrinja el ordenamiento jurídico al no realizar el procedimiento tal y como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 280, 281 de su respectivo reglamento.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de noviembre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos administrativos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, por lo consiguiente el acto es nulo y no se siguió con el fin de la cesantía, porque se nombro al sustituto.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, presentó en fecha seis de diciembre de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha quince de noviembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 327-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 469-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, siendo resuelto mediante providencia de fecha siete de diciembre de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, teniendo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordando dar copia del escrito a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, representado en juicio por el abogado CARLOS FLORES ALFARO, presentó en fecha catorce de enero de dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de enero de dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha veintidós de enero de dos mil trece, los Abogados KELY LIDUVINA MOLINA MEZA y CARLOS FLORES ALFARO, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados CARLOS FLORES ALFARO y KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, presentaron escritos en fecha veintitrés y veintinueve de enero de dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la resolución del fondo del litigio.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea de los Artículos 53 literal b), de la Ley del Servicio Civil relacionada con los artículos 189, 190, 278 y 279 del Reglamento de la misma Ley.- IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Sentenciador establece que la autoridad para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante estaba obligado a seguir totalmente el pronunciamiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; Que el acto administrativo impugnado no esta ajustado a derecho y por consiguiente es nulo; Mi representado emitió el acto administrativo impugnado conforme a derecho, siguiendo con el procedimiento establecido, en la Ley de Servicio Civil, de conformidad con el artículo 53 literal b) y los artículos 189, 190, 278 y 279 de su Reglamento; En la sentencia dictada en segunda instancia, confirma la sentencia de fecha veintidós de agosto del dos mil doce, razón que motiva la interposición del recurso de casación.”.- II.- Que en el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: omite señalar el precepto autorizante que sustente el motivo. Además, no explica en que consiste la interpretación errónea indicada, se limita la Recurrente, a citar las normas que señala como infringida y expresa el criterio que tuvo el Juzgador de instancia, para emitir y fundamentar su fallo. Lo expuesto evidentemente carece de sustento para la viabilidad de la impugnación relacionada.- III.- Que existe línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- IV.- Resuelto lo anterior, es imperativo para esta Sala, señalar que en este tipo de asuntos donde existe establecida una línea jurisprudencial por este Tribunal, resulta inoficioso continuar recurriendo de las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales inferiores, sin aportar elementos que permitan una variación o modificación de la referida jurisprudencia; por ello, el recurrir sin fundamento solo causa mayores costos a la parte que acude a ejercitar el recurso extraordinario de casación, por lo que siendo el Estado el demandado, es responsabilidad de los órganos fiscalizadores del mismo, deducir las responsabilidades que correspondan, al estimarse como abuso del derecho el impugnar las resoluciones sin posibilidades de variar la situación jurídica determinada, que como en casos anteriores, los mismos han sido juzgados y resueltos de forma similar y consistente.- V.- Que se la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto, dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5), 316 reformados, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que también se remita certificación al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha doce de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 138-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL