Sentencia CA-121-12 — Registro 2966
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impufnado consistente, en la cancelacion al demandante del permiso de explotacion de la empresa de transporte, cancelación efectuada de manera irregular, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo, manifestando lo siguiente: “Impugnación de la Interpretación de los Artículos 30 letra b) y 39 letra g) de la Ley de Transporte Terrestre, en relación con los Artículos 1376 del Código Civil, 121 párrafo segundo y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719 Capítulo III del Código de Procesal Civil, en la parte que establece: Causales de Recurso... 2°. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LA EXPLICO ASÍ: Los artículos de la Ley de Transporte Terrestre preceptúan:Articulo 30 letra b): “Son obligaciones del titular de un certificado de explotación: a)... b) Realizar el transporte en todas las rutas especificadas en el certificado de explotación, y efectuar los recorridos según los horarios aprobados...” Articulo 39 letra g): “El Certificado de Explotación y el permiso se extinguen por las siguientes causas a)... b)... g) Por grave incumplimiento de la obligaciones impuestas por esta Ley o sus reglamentos y las establecidas en el Certificado de Explotación o el permiso...” El Artículo 1376 del Código Civil preceptúa: En las Obligaciones Condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición.- El Artículo 121 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo preceptúa: “El órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente la ley, siempre que no aparezca firme y consentido. Podrá revocarlo o modificarlo cuando desaparecieren las circunstancias que lo motivaron o sobrevinieren otras que, de haber existido a la razón, el acto no habría sido dictado. También podrá revocarlo o modificarlo cuando no fuere oportuno o conveniente a los fines del servicio para el cual se dicta”- En uso de la Normativa Jurídica señalada anteriormente y siendo que en el presente Juicio se encuentra consignado en el expediente Administrativo que sirvió como medio de prueba, la constancia del Director Municipal de Gracias Lempira de fecha 14 de octubre del año 2006 y el Acta Notarial ante los oficios de la Abogada REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA los cuales corren agregados a folios 38 y 39 respectivamente de las diligencias, de que la Empresa de Transporte “Coto Cruz” no estaba cumpliendo con el horario y recorrido correspondiente de Gracias Lempira a San Pedro Sula y viceversa, siendo que la Dirección General de Transporte es el ente encargado para otorgar los Permisos de Explotación y Certificados de Operación a las Empresas de Transporte que lo requieran, así como de velar para que se cumpla con las obligaciones consignadas en los mismos como ser cumplir con el recorrido completo de las rutas concedidas y las tarifas de cobro por el servicio prestado y por lo tanto facultado por la Ley de Transporte Terrestre para cancelar los Certificados de Explotación y Operación, es por tal razón que al existir pruebas fehacientes que dicha Empresa de Transporte estaba incumpliendo con el fin para el cual fueron extendidos los Certificados de Explotación número 2410014380418-1963-00058 y Certificados de Operación números 20057311 y 20056894, documentación que el Sentenciador no tomó en consideración.- Es de hacer mención Honorables Magistrados que de la comprobación con Documentos Fehacientes es que mi representado facultado por la Ley de Transporte Terrestre y la Ley de Procedimiento Administrativo toma la determinación mediante Resolución de fecha dieciséis de Octubre del dos mil siete extinguir el Permiso de Explotación y Certificados de Operación a la Empresa de Transporte Coto Cruz y objetos de debate en este Juicio y a folio ciento veinte (120) y ciento veintiuno (121) se puede observar claramente la Cédula de Notificación de fecha trece de marzo del dos ocho extendida por la Secretaría General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda SOPTRAVI, en la cual se notifica por medio de Cédula de Notificación Fijada en la Tabla de Avisos al señor José Marel Coto Cruz, así como a su Apoderado Legal dela Resolución de fecha dieciséis de Octubre del dos mil siete, por lo que en ningún momento le causó indefensión al demandante como lo señala el Juzgador, en virtud que al no poderle notificar la cancelación del acto personalmente, procedió conforme al Artículo 88 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo establece: “No habiéndose podido notificar personalmente el acto dentro de los plazos establecidos en el Artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos del despacho, la providencia o parte dispositiva de la Resolución”, tal como quedó comprobado en el presente Juico que al Señor MACOTO CRUZ se le notificóla Resolución de fecha 16 de octubre del 2007, la cual fue objeto de Impugnación por el Apoderado Legal del mismo en fecha 19 de Junio del 2008, siendo declarada SIN LUGAR mediante Resolución de fecha 3 de Julio del 2008 emitida por la Dirección General de Transporte, por considerarse que la misma ya estaba firme.- Por otra parte Honorables Magistrados de la potestad que otorga el Articulo 121 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo de revocar o modificar sus propios Actos cuando desaparecieren las circunstancias que lo motivaron o sobrevinieren otras que de haber existido a la razón, el acto no habría sido dictado y que también puede revocarlo o modificarlo cuando no fuere oportuno o conveniente a los fines del servicio para el cual se dicta, en este caso que la Empresa de Transporte Coto dejó de cumplir con uno de los fines para los cuales la Dirección General de Transporte le concedió el Permiso de Explotación y Certificados Operación para que cubriera la ruta completa del corredor de Gracias Lempira a San Pedro Sula y viceversa y como obligación consignada en el Artículo 30 letra b) de la Ley de Transporte Terrestre contenida en el Decreto No. 319 de fecha 17 de febrero de 1976 que establece: Son obligaciones del titular de un Certificado de explotación a)... b) “Realizar el transporte en todas las rutas especificadas en el Certificado de Explotación y efectuar los recorridos según los horarios aprobados” por lo que al incumplir con dicho requisito por la que fue concedido el acto puede ser revocado o modificado, y más condicionado con lo establecido en el Articulo 39 letra g) del mismo cuerpo de ley que establece: “El Certificado de Explotación y el permiso se extinguen por las siguientes causas g) Por grave incumplimiento de la obligaciones impuesta por esta Ley o sus reglamentos y las establecidas en el Certificado de Explotación o el permiso, relacionados con el Artículo: 1376 DEL CÓDIGO CIVILque establece: En las Obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición.- En tal sentido la Dirección General de Transporte adscrita a la Secretaria de Estado Obras Publicas Transporte y Vivienda SOPTRAVI de conformidad al Articulado mencionado procedió a revocar el Acto que dio Lugar al Permiso de Explotación número 2410014380418-1963-00052 y Certificados de Operación números 20057311 y 20056894 a la Empresa de Transporte Coto que cubría la ruta Gracias Lempira a San Pedro Sula y que por el incumplimiento del mismo, mi representado decidió cancelar los mismos mediante Resolución fecha 16 de Octubre del 2007...”.- “ Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) alega el recurrente interpretación errónea de los artículos 30 letra b) y 39 letra g) de la Ley deTransporte Terrestre; pero es el caso que analizada la sentencia impugnada, de la misma se desprende que el Ad-Quem para efectos de decidir no ha aplicado tales disposiciones, en consecuencia, si las mismas no fueron aplicadas no pudieron haber sido interpretadas en forma errónea por el Juzgador de instancia; b) se insta en la explicación del motivo la revisión e interpretación del material probatorio lo cual, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 del Código Procesal Civil, le está vedado a este Tribunal; y, c) se realizan en el desarrollo del cargo, inapropiados alegatos de instancia” Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “” Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-“
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), representado en juicio por el abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ; y, Recurrido: JOSE MAREL COTO CRUZ, representado en juicio por el abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo y se dicte su nulidad, se impugna una presunta resolución, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, se condene al pago de indemnización por daños y perjuicios, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA, en su condición de apoderado del señor JOSE MAREL COTO CRUZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), emitió una resolución número 20060403899 de fecha 16 de octubre de 2007, cancelando al demandante, propietario de la Empresa “TRANSPORTES COTO”, el permiso de explotación número 2410014380418-196-00052 y los certificados de operación números 20057311 y 20056894, cubriendo la ruta Gracias-Lempira-San Pedro Sula y viceversa; que dicha resolución le fue comunicada al demandante en forma verbal en el mes de mayo del año 2008, por medio del Director Regional de Transporte Zona Noroccidental, cancelación efectuada de manera irregular, sin ninguna justificación, ni se le dio el derecho a la defensa lo que viola sus derechos constitucionales.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó la demanda señalando que se emitió la resolución de fecha 16 de octubre de 2007, declarando con lugar la solicitud para que se decretara la nulidad absoluta de los certificados de operación que amparan el permiso de explotación a favor del demandante, presentada por el abogado José Efraín Briceño, en su condición de apoderado de las Empresas de Transporte Terrestre “LEMPIRA”, “TABORA LEIVA”, “TORITOS” y “COPANECOS”, siendo notificada al demandante de dicha resolución en fecha 13 de marzo de 2008, mediante cédula de notificación fijada en la tabla de avisos del Despacho, por no haberse podido notificar personalmente dentro de los plazos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo; decisión que fue basada en documentos fehacientes consistentes en la constancia emitida por el Director Municipal de Justicia dependencia de la Municipalidad de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha 14 de septiembre de 2006, que contiene la afirmación que la Empresa de Transporte “COTO CRUZ”, no ha estado cubriendo las rutas asignadas del corredor Gracias-Lempira-San Pedro Sula y viceversa, y según acta notarial levantada en la misma fecha por la notaria REYNA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, quién también asevera la no prestación del servicio por parte de la susodicha empresa en los horarios aprobados por dicha Dirección General, incumpliendo de esta manera las obligaciones establecidas en el artículo 30 letra b) y 39 letra g) de la Ley de Transporte Terrestre contenida en el Decreto No.319 de fecha 17 de febrero de 1976.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA, en su condición de apoderado del señor JOSE MAREL COTO CRUZ, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en una resolución de fecha 3 de julio de 2008, identificado con orden de ingreso No.20080621658, en consecuencia se anula totalmente, en vista de que dicho acto ha sido emitido contrariando lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública, pues el acto impugnado restringe los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República; asimismo, que se restituya al demandante, propietario de la Empresa “TRANSPORTE COTO”, el permiso de explotación número 2410014380418 -1963-00052 y los certificados de operación números 20057311, 20056894, cubriendo la Ruta Gracias Lempira–San Pedro Sula y viceversa, y en cuanto a los daños y perjuicios solicitados sin lugar en vista de no haber sido acreditados en juicio, sin costas; bajo el criterio de que habiendo concluido que la demandada no siguió el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo para anular el permiso de explotación, la Ley Especial, es decir, la Ley de Transporte Terrestre en su artículo 41 habla de las facultades que tiene la Dirección General de Transporte para imponer las sanciones que correspondan cuando se cometan algunas infracciones, misma que no fue utilizada por dicha Dirección General de Transporte en el caso del señor JOSE MAREL COTO CRUZ, propietario de la Empresa “TRANSPORTE COTO” ya que la nota enviada por la Municipalidad de Gracias Lempiras manifiesta que dicha empresa antes mencionada no ha estado cubriendo la ruta de Gracias Lempiras a San Pedro Sula y viceversa, por lo que la Dirección General de Transporte debió de cerciorase de la denuncia antes manifestada y en caso de ser procedente imponer las sanciones correspondiente tal como lo indica el articulo 41 de la Ley antes relacionada y 119 del Reglamento General de la Ley de Transporte Terrestre y no dar por extinguidos los permisos de explotación y certificados de la empresa TRANSPORTE COTO.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecinueve de octubre de dos mil once, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio de que la demandada no realizó el procedimiento establecido en la precitada Ley para resolver un procedimiento iniciado a petición de persona interesada, como ser la apertura del mismo a pruebas para acreditar fehacientemente los hechos alegados, ya que en está vía judicial, el demandante acreditó que no había suspendido la actividad de transporte que le había sido otorgada, en virtud que en vía administrativa no se le dio la oportunidad de desvirtuar la falta que se le imputaba, tampoco se dio vista de las actuaciones a los interesados para que alegaran sobre todo lo actuado, lo cual vicia de nulidad la resolución de fecha 16 de octubre de 2007 que extinguió el permiso y los certificados otorgados al demandante.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, presentó en fecha doce de diciembre de dos mil once, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de octubre de dos mil once por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 252-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 315-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha trece de diciembre de dos mil once, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA, presentó en fecha veintisiete de enero de dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce y ordenando la remisión de las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha uno y quince de febrero de dos mil doce, los Abogados IVIS ALEXIS VENTURA AYALA y JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA, presentó escrito en fecha seis de febrero de dos mil doce, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo, manifestando lo siguiente: “Impugnación de la Interpretación de los Artículos 30 letra b) y 39 letra g) de la Ley de Transporte Terrestre, en relación con los Artículos 1376 del Código Civil, 121 párrafo segundo y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719 Capítulo III del Código de Procesal Civil, en la parte que establece: Causales de Recurso... 2°. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LA EXPLICO ASÍ: Los artículos de la Ley de Transporte Terrestre preceptúan: Articulo 30 letra b): “Son obligaciones del titular de un certificado de explotación: a)... b) Realizar el transporte en todas las rutas especificadas en el certificado de explotación, y efectuar los recorridos según los horarios aprobados...” Articulo 39 letra g): “El Certificado de Explotación y el permiso se extinguen por las siguientes causas a)... b)... g) Por grave incumplimiento de la obligaciones impuestas por esta Ley o sus reglamentos y las establecidas en el Certificado de Explotación o el permiso...” El Artículo 1376 del Código Civil preceptúa: En las Obligaciones Condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición.- El Artículo 121 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo preceptúa: “El órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente la ley, siempre que no aparezca firme y consentido. Podrá revocarlo o modificarlo cuando desaparecieren las circunstancias que lo motivaron o sobrevinieren otras que, de haber existido a la razón, el acto no habría sido dictado. También podrá revocarlo o modificarlo cuando no fuere oportuno o conveniente a los fines del servicio para el cual se dicta”- En uso de la Normativa Jurídica señalada anteriormente y siendo que en el presente Juicio se encuentra consignado en el expediente Administrativo que sirvió como medio de prueba, la constancia del Director Municipal de Gracias Lempira de fecha 14 de octubre del año 2006 y el Acta Notarial ante los oficios de la Abogada REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA los cuales corren agregados a folios 38 y 39 respectivamente de las diligencias, de que la Empresa de Transporte “Coto Cruz” no estaba cumpliendo con el horario y recorrido correspondiente de Gracias Lempira a San Pedro Sula y viceversa, siendo que la Dirección General de Transporte es el ente encargado para otorgar los Permisos de Explotación y Certificados de Operación a las Empresas de Transporte que lo requieran, así como de velar para que se cumpla con las obligaciones consignadas en los mismos como ser cumplir con el recorrido completo de las rutas concedidas y las tarifas de cobro por el servicio prestado y por lo tanto facultado por la Ley de Transporte Terrestre para cancelar los Certificados de Explotación y Operación, es por tal razón que al existir pruebas fehacientes que dicha Empresa de Transporte estaba incumpliendo con el fin para el cual fueron extendidos los Certificados de Explotación número 2410014380418-1963-00058 y Certificados de Operación números 20057311 y 20056894, documentación que el Sentenciador no tomó en consideración.- Es de hacer mención Honorables Magistrados que de la comprobación con Documentos Fehacientes es que mi representado facultado por la Ley de Transporte Terrestre y la Ley de Procedimiento Administrativo toma la determinación mediante Resolución de fecha dieciséis de Octubre del dos mil siete extinguir el Permiso de Explotación y Certificados de Operación a la Empresa de Transporte Coto Cruz y objetos de debate en este Juicio y a folio ciento veinte (120) y ciento veintiuno (121) se puede observar claramente la Cédula de Notificación de fecha trece de marzo del dos ocho extendida por la Secretaría General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda SOPTRAVI, en la cual se notifica por medio de Cédula de Notificación Fijada en la Tabla de Avisos al señor José Marel Coto Cruz, así como a su Apoderado Legal de la Resolución de fecha dieciséis de Octubre del dos mil siete, por lo que en ningún momento le causó indefensión al demandante como lo señala el Juzgador, en virtud que al no poderle notificar la cancelación del acto personalmente, procedió conforme al Artículo 88 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo establece: “No habiéndose podido notificar personalmente el acto dentro de los plazos establecidos en el Artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos del despacho, la providencia o parte dispositiva de la Resolución”, tal como quedó comprobado en el presente Juico que al Señor MACOTO CRUZ se le notificó la Resolución de fecha 16 de octubre del 2007, la cual fue objeto de Impugnación por el Apoderado Legal del mismo en fecha 19 de Junio del 2008, siendo declarada SIN LUGAR mediante Resolución de fecha 3 de Julio del 2008 emitida por la Dirección General de Transporte, por considerarse que la misma ya estaba firme.- Por otra parte Honorables Magistrados de la potestad que otorga el Articulo 121 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo de revocar o modificar sus propios Actos cuando desaparecieren las circunstancias que lo motivaron o sobrevinieren otras que de haber existido a la razón, el acto no habría sido dictado y que también puede revocarlo o modificarlo cuando no fuere oportuno o conveniente a los fines del servicio para el cual se dicta, en este caso que la Empresa de Transporte Coto dejó de cumplir con uno de los fines para los cuales la Dirección General de Transporte le concedió el Permiso de Explotación y Certificados Operación para que cubriera la ruta completa del corredor de Gracias Lempira a San Pedro Sula y viceversa y como obligación consignada en el Artículo 30 letra b) de la Ley de Transporte Terrestre contenida en el Decreto No. 319 de fecha 17 de febrero de 1976 que establece: Son obligaciones del titular de un Certificado de explotación a)... b) “Realizar el transporte en todas las rutas especificadas en el Certificado de Explotación y efectuar los recorridos según los horarios aprobados” por lo que al incumplir con dicho requisito por la que fue concedido el acto puede ser revocado o modificado, y más condicionado con lo establecido en el Articulo 39 letra g) del mismo cuerpo de ley que establece: “El Certificado de Explotación y el permiso se extinguen por las siguientes causas g) Por grave incumplimiento de la obligaciones impuesta por esta Ley o sus reglamentos y las establecidas en el Certificado de Explotación o el permiso, relacionados con el Artículo: 1376 DEL CÓDIGO CIVIL que establece: En las Obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición.- En tal sentido la Dirección General de Transporte adscrita a la Secretaria de Estado Obras Publicas Transporte y Vivienda SOPTRAVI de conformidad al Articulado mencionado procedió a revocar el Acto que dio Lugar al Permiso de Explotación número 2410014380418-1963-00052 y Certificados de Operación números 20057311 y 20056894 a la Empresa de Transporte Coto que cubría la ruta Gracias Lempira a San Pedro Sula y que por el incumplimiento del mismo, mi representado decidió cancelar los mismos mediante Resolución fecha 16 de Octubre del 2007...”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) alega el recurrente interpretación errónea de los artículos 30 letra b) y 39 letra g) de la Ley de Transporte Terrestre; pero es el caso que analizada la sentencia impugnada, de la misma se desprende que el Ad-Quem para efectos de decidir no ha aplicado tales disposiciones, en consecuencia, si las mismas no fueron aplicadas no pudieron haber sido interpretadas en forma errónea por el Juzgador de instancia; b) se insta en la explicación del motivo la revisión e interpretación del material probatorio lo cual, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 del Código Procesal Civil, le está vedado a este Tribunal; y, c) se realizan en el desarrollo del cargo, inapropiados alegatos de instancia.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 212, numeral 4), 214 numeral 1), 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigara. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha veintiséis de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 121-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL