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Sentencia CA-120-12 — Registro 2748

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo. En segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales o producidas en las mismas, o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser apegadas a Derecho y acertadas, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del ordenamiento jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- “ El Licenciado DANY ALBERTO RODRÍGUEZ RIVERA estructura su único motivo de casación de la siguiente manera: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” MOTIVO: En el presente motivo se encuentran infringidos el artículo 57 del Decreto 212-87 de la Ley de Aduanas Vigente, Artículos 1,2,37 literales a, b, c. 45, 46, 47 numeral 1 y 3 de la Ley del Servicio Civil, Articulo 1,157,163 numeral 3, 165 numeral 3, 167, 173 y 199 del Reglamento dela Ley de Servicio Civil, articulo 22, 23, 24, ,25 y 99 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), articulo 3 numeral 7 y 8, 9, 11, 12, 16 y 21 del Código de Ética. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: Es así que la apreciación de este Tribunal Ad-quem, en los Considerandos Cinco y Seis no es cierta, en vista que fue fehacientemente acreditado con el expediente administrativo y con el informe realizado por el departamento de Control Interno, las faltas cometidas por la ahora demandante y que dieron motivo para la aplicación de la sanción de Despido efectuada por la Secretaríade Finanzas a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. De conformidad al articulo 57 del Decreto 212-87 de la Ley de Aduanas Vigente el cual estipula: “El Aforo implica el reconocimiento de la mercancía, verificación de su valor peso o medida, clasificación en la Nomenclatura Arancelaria y liquidación de la obligación Aduanera”es así que la apreciación de este Tribunal Ad-quem, en los Considerándos Cinco y Seis, no es cierta, en vista que fue fehacientemente acreditado en autos que la señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE, infringió el ordenamiento la norma jurídica relacionada como motivo de este Recurso de Casación, en vista que no pudo desvanecer los hechos a el imputados, consistentes en haber cometido una serie de irregularidades, al no revisar los documentos presentados por importador SADISCO OF CHARLOTTE, en las importaciones de los Vehículos consignados en las DUAS C18340 del 8 de Junio del año 2007, que corresponde a camión Marca Isuzu, modelo NPR, año 1997, color blanco, serie: JALB4B1K7V7008165; la DUA C-18352 de fecha 08 de Junio del año 2007, que corresponde a vehículo Turismo, Marca : Mazda, Modelo U6X, Color gris oscuro año: 1999, serie:1YVGF22C0X5841310 y DUA C-18370 del 8 de Junio, que corresponde, Camión Grúa color negro año 1997, Marca internacional, Modelo 4700, serie: 1HTSCABM1VH438219, estos vehículos fueron ingresados por el mismo importador, mismas que le fueron puestas a la vista, y que acepto ser su firma, asimismo no aplicó las Circulares DEI-DTA-338-2005, Circular SNPL-GA No. 222-2003 del 10 de octubre reformado mediante Circular DEI-DL-256-SVA-2007, Acuerdo Vil del GAT/OMC se 1994, el Reglamento Centroamericano Sobre Valoraciones Aduaneras de las Mercancías, Articulo 3 del Acuerdo relativo a la aplicación del GATT, Circular DEIDTA-338-2005, DEL 10 de Octubre de año 2006 y el Código de Ética de los Funcionarios y Empleados Tributarios y Aduaneros Acuerdo Ejecutivo N° 0467-C y su Reglamento de Organización y funciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a fin de obtener el valor correcto en la naturalización de mercancías, no solicito los documentos necesarios para comprobar la veracidad de los valores declarados, así como no verifico en línea la mercancía importada, situación que la Señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE, acepta en la Audiencia de Descargo, con lo expuesto queda mas que evidenciado las irregularidades, por lo tanto una vez comprobada la falta, mediante informe del Departamento de Control Interno de la Dirección Ejecutiva de Ingresos deja de ser un supuesto pasando ha ser una verdad absoluta por lo tanto en la Audiencia de Descargo hubieron varias preguntas que la señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE, no pudo contestar, siendo esto una aceptación tacita de los hechos a ella imputados; en el Considerando numero Cinco (05)de la sentencia emitida en fecha siete (07) de Noviembre del año 2011 por la Corte de Apelaciones en donde el Tribunal Ad-quem actúa como parte en el presente al juicio al hacer mención que la el acuerdo de Despido numero 026/2008, fue dictado con infracción al ordenamiento jurídico por haber prescrito la acción, hecho que es totalmente falso tal y como lo podemos acreditar con el informe investigativo realizado por el departamento Control Interno el cual fue concluido en fecha 27 de Febrero 2008, sobre los hechos irregulares cometidos en fecha 08 de Junio del año 2007, hechos que eran supuestos al momento de iniciar la investigación, por lo tanto la Autoridad Nominadorapara poder determinar y comprobar si realmente los hechos imputados y que fueron detectado mediante el informe realizado a la señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE existían; una vez concluido dicho informe, se procedió a citar a Audiencia de Descargo, siendo entregada la CEDULA DE CITACION PARA LA AUDIENCIA DE DESCARGO, la cual fue realizada el 06 de Marzo del año 2008, en donde se puede notar que entre el :27 de Febrero 2008 al 06 de marzo 2008 solo existen seis (06) días hábiles por lo tanto la acción no había prescrito, del seis (06) de marzo 2008 al tres(03) de Abril 2008 (fecha de emisión de Acuerdo de Despido) solo han trascurrido veinte (20) días hábiles y no treinta(30) días hábiles como lo determina el articulo 199 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, como hemos podido explicar la supuesta prescripción no existe; en el Considerando numero Seis 06) en el articulo 47 numeral tres(03) de la Ley del Servicio Civil y articulo 165 numeral tres (03), del Reglamento de la Ley del Servicio Civil establece “Los Servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos por cualquiera de las causa siguientes ( Numeral 3 Por inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo)” siendo de tal gravedad la falta en que incurrió la parte demandante, que la Dirección Ejecutiva de Ingresos le aplico en forma irrestricta la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, sanción disciplinaria que se le impuso a la parte recurrida, cancelándolo por despido del cargo, por subsumirse los cargos imputados, enmarcándose en la causal de despido que se refiere a la Inhabilidad e ineficiencia en el desempeño del cargo, por lo tanto la sentencia de fecha siete (07) de Noviembre del año 2011 debe ser revocada en su totalidad por infringir el ordenamiento jurídico vigente ya mencionado en el presente escrito”.-III.- Analizado el cargo que antecede, se observa que el mismo no puede prosperar ya que adolece de los siguientes defectos técnicos: a) el Impetrante no precisa si lo que hubo, según su criterio, fue falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de derecho que cita como infringidas; b) el Recurrente hace mención de los artículos 163 numeral 3) y 165 numeral 3) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, cuando dichos preceptos reglamentarios no contienen numerales; c) se mencionan los artículos “3 numeral 7 y 8, 9, 11, 12, 16 y 21 del Código de Ética”, pero no se especifica a cuál ordenamiento jurídico se hace referencia; y, d) se hacen alegatos de instancias y se insta a la revisión del material probatorio, lo cual no es permitido en la vía utilizada por el Censor en este extraordinario recurso.- “El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por la parte recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal antes mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, pues contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de julio del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado el último como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente/demandado: EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS representado en juicio por la Abogada DANY ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA. Recurrida/demandante: La señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ, representada en juicio por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS.- OBJETO DEL PROCESO: Que la demandante se contrae a pedir la nulidad de un acto administrativo en materia de personal, por infracción al procedimiento con exceso de poder, se alega en el fondo prescripción de la acción por parte de la autoridad nominadora, reconocimiento de una situación jurídica particular individualizada y para su pronto restablecimiento, se reintegre al cargo en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios incrementos salariales y demás beneficios en ausencia, más costas de juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de junio del dos mil ocho, por la señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE, contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en fecha 01 de marzo del 2007 mediante acuerdo, desempeñándose en el puesto de Oficial de Aforo y Despacho en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) siendo despedida en fecha 23 de mayo del 2008, en el cual se le imputa inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, contestó señalando que se opone a las pretensiones de la demandante, en virtud de alegar entre otras cosas, que la demandante ha incurrido en una falta contemplada en el articulo 47 de la Ley de Servicio Civil como ser: inhabilidad e ineficiencia en el desempeño del cargo legalmente comprobada, causal que corresponde al despido siguiendo en estricta aplicación la Ley de Servicio Civil y su reglamento por ser una causal que legitima para que la administración pública sin responsabilidad alguna, de por terminada la relación de servicio con el demandante.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha ocho de agosto del dos mil once, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por la demandante MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación numero 026/2008, de fecha tres de abril del 2008, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio del cual, se canceló a la demandante. SEGUNDO: Anular el acuerdo de cancelación numero 026/2008 TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve el reintegro a su lugar de trabajo en el cargo de Oficial de Aforo y despacho en la Secretaria de Estado en el despacho de Finanzas CUARTO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta la fecha en que quede reintegrada, mas el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieren corresponder QUINTO: Se decreta en su caso la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE.- SIN COSTAS.” Bajo el criterio que de la apreciación de los hechos alegados, los fundamentos de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones, de las pruebas practicados y del análisis del expediente respectivo, quedó demostrado que en el presente caso hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, por lo que esta suscrita considera que el acuerdo de cancelación no esta emitido conforme a derecho ya que el motivo que origino su emisión ya se encontraba prescrito.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional en fecha siete de noviembre del dos mil once, dictó sentencia mediante el cual falló, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado DANY ALBERTO RODRIGUEZ PINEDA, Apoderado Legal sustituto del Estado de Honduras y CONFIRMA la Sentencia Definitiva de fecha ocho de agosto del dos mil once, y su aclaración de sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil once, dictados por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sin costas. Bajo el criterio que de la revisión y estudio de los antecedentes se desprende que efectivamente como así lo expresa el A-quo la acción sancionadora de la autoridad nominadora al momento de la emisión del acuerdo de cancelación estaba prescrita, ya que había transcurrido el plazo ordenado en ley, y el tribunal de segunda instancia es del criterio de confirmar la sentencia recurrida.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado DANY ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA, presentó en fecha doce (12) de diciembre del dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación, contra la sentencia de fecha siete (7) de noviembre del dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 274-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 156-2008 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- Mediante providencia de fecha trece (13) de diciembre del dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y ordenó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, presentó en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012), escrito de contestación del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución el Abogado DANY ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA, apoderado de la parte demandada, en fecha veinticinco (25) de enero del dos mil doce (2012); y el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, apoderado de la parte demandante, en fecha uno (01) de febrero de dos mil doce (2012).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado DANY ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA, presentó escrito de personamiento en fecha treinta (30) de enero del dos mil doce (2012), en concepto de parte recurrente y el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, presentó escrito de personamiento en fecha tres (03) de febrero del dos mil doce (2012), en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales o producidas en las mismas, o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser apegadas a Derecho y acertadas, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del ordenamiento jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- II.- El Licenciado DANY ALBERTO RODRÍGUEZ RIVERA estructura su único motivo de casación de la siguiente manera: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” MOTIVO: En el presente motivo se encuentran infringidos el artículo 57 del Decreto 212-87 de la Ley de Aduanas Vigente, Artículos 1,2,37 literales a, b, c. 45, 46, 47 numeral 1 y 3 de la Ley del Servicio Civil, Articulo 1,157,163 numeral 3, 165 numeral 3, 167, 173 y 199 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, articulo 22, 23, 24, ,25 y 99 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), articulo 3 numeral 7 y 8, 9, 11, 12, 16 y 21 del Código de Ética. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: Es así que la apreciación de este Tribunal Ad-quem, en los Considerandos Cinco y Seis no es cierta, en vista que fue fehacientemente acreditado con el expediente administrativo y con el informe realizado por el departamento de Control Interno, las faltas cometidas por la ahora demandante y que dieron motivo para la aplicación de la sanción de Despido efectuada por la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. De conformidad al articulo 57 del Decreto 212-87 de la Ley de Aduanas Vigente el cual estipula: “El Aforo implica el reconocimiento de la mercancía, verificación de su valor peso o medida, clasificación en la Nomenclatura Arancelaria y liquidación de la obligación Aduanera” es así que la apreciación de este Tribunal Ad-quem, en los Considerándos Cinco y Seis, no es cierta, en vista que fue fehacientemente acreditado en autos que la señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE, infringió el ordenamiento la norma jurídica relacionada como motivo de este Recurso de Casación, en vista que no pudo desvanecer los hechos a el imputados, consistentes en haber cometido una serie de irregularidades, al no revisar los documentos presentados por importador SADISCO OF CHARLOTTE, en las importaciones de los Vehículos consignados en las DUAS C18340 del 8 de Junio del año 2007, que corresponde a camión Marca Isuzu, modelo NPR, año 1997, color blanco, serie: JALB4B1K7V7008165; la DUA C-18352 de fecha 08 de Junio del año 2007, que corresponde a vehículo Turismo, Marca : Mazda, Modelo U6X, Color gris oscuro año: 1999, serie:1YVGF22C0X5841310 y DUA C-18370 del 8 de Junio, que corresponde, Camión Grúa color negro año 1997, Marca internacional, Modelo 4700, serie: 1HTSCABM1VH438219, estos vehículos fueron ingresados por el mismo importador, mismas que le fueron puestas a la vista, y que acepto ser su firma, asimismo no aplicó las Circulares DEI-DTA-338-2005, Circular SNPL-GA No. 222-2003 del 10 de octubre reformado mediante Circular DEI-DL-256-SVA-2007, Acuerdo Vil del GAT/OMC se 1994, el Reglamento Centroamericano Sobre Valoraciones Aduaneras de las Mercancías, Articulo 3 del Acuerdo relativo a la aplicación del GATT, Circular DEIDTA-338-2005, DEL 10 de Octubre de año 2006 y el Código de Ética de los Funcionarios y Empleados Tributarios y Aduaneros Acuerdo Ejecutivo N° 0467-C y su Reglamento de Organización y funciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a fin de obtener el valor correcto en la naturalización de mercancías, no solicito los documentos necesarios para comprobar la veracidad de los valores declarados, así como no verifico en línea la mercancía importada, situación que la Señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE, acepta en la Audiencia de Descargo, con lo expuesto queda mas que evidenciado las irregularidades, por lo tanto una vez comprobada la falta, mediante informe del Departamento de Control Interno de la Dirección Ejecutiva de Ingresos deja de ser un supuesto pasando ha ser una verdad absoluta por lo tanto en la Audiencia de Descargo hubieron varias preguntas que la señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE, no pudo contestar, siendo esto una aceptación tacita de los hechos a ella imputados; en el Considerando numero Cinco (05) de la sentencia emitida en fecha siete (07) de Noviembre del año 2011 por la Corte de Apelaciones en donde el Tribunal Ad-quem actúa como parte en el presente al juicio al hacer mención que la el acuerdo de Despido numero 026/2008, fue dictado con infracción al ordenamiento jurídico por haber prescrito la acción, hecho que es totalmente falso tal y como lo podemos acreditar con el informe investigativo realizado por el departamento Control Interno el cual fue concluido en fecha 27 de Febrero 2008, sobre los hechos irregulares cometidos en fecha 08 de Junio del año 2007, hechos que eran supuestos al momento de iniciar la investigación, por lo tanto la Autoridad Nominadora para poder determinar y comprobar si realmente los hechos imputados y que fueron detectado mediante el informe realizado a la señora MAYRA ELIUT GUTIERREZ IZAGUIRRE existían; una vez concluido dicho informe, se procedió a citar a Audiencia de Descargo, siendo entregada la CEDULA DE CITACION PARA LA AUDIENCIA DE DESCARGO, la cual fue realizada el 06 de Marzo del año 2008, en donde se puede notar que entre el :27 de Febrero 2008 al 06 de marzo 2008 solo existen seis (06) días hábiles por lo tanto la acción no había prescrito, del seis (06) de marzo 2008 al tres(03) de Abril 2008 (fecha de emisión de Acuerdo de Despido) solo han trascurrido veinte (20) días hábiles y no treinta(30) días hábiles como lo determina el articulo 199 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, como hemos podido explicar la supuesta prescripción no existe; en el Considerando numero Seis 06) en el articulo 47 numeral tres(03) de la Ley del Servicio Civil y articulo 165 numeral tres (03), del Reglamento de la Ley del Servicio Civil establece “Los Servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos por cualquiera de las causa siguientes ( Numeral 3 Por inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo)” siendo de tal gravedad la falta en que incurrió la parte demandante, que la Dirección Ejecutiva de Ingresos le aplico en forma irrestricta la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, sanción disciplinaria que se le impuso a la parte recurrida, cancelándolo por despido del cargo, por subsumirse los cargos imputados, enmarcándose en la causal de despido que se refiere a la Inhabilidad e ineficiencia en el desempeño del cargo, por lo tanto la sentencia de fecha siete (07) de Noviembre del año 2011 debe ser revocada en su totalidad por infringir el ordenamiento jurídico vigente ya mencionado en el presente escrito”.- III.- Analizado el cargo que antecede, se observa que el mismo no puede prosperar ya que adolece de los siguientes defectos técnicos: a) el Impetrante no precisa si lo que hubo, según su criterio, fue falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de derecho que cita como infringidas; b) el Recurrente hace mención de los artículos 163 numeral 3) y 165 numeral 3) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, cuando dichos preceptos reglamentarios no contienen numerales; c) se mencionan los artículos “3 numeral 7 y 8, 9, 11, 12, 16 y 21 del Código de Ética”, pero no se especifica a cuál ordenamiento jurídico se hace referencia; y, d) se hacen alegatos de instancias y se insta a la revisión del material probatorio, lo cual no es permitido en la vía utilizada por el Censor en este extraordinario recurso.- IV.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por la parte recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal antes mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, pues contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190 numeral 1), 193 numeral 2) literal b), 197, 199, 700, 701 numeral 1), 703, 704, 716, 717, 719 numeral 1) literal c), 720 numeral 2), 721 numeral 2), 723 numeral 2) literal a), 724 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) declara INADMISIBLE el recurso de casación de que se ha hecho mérito, en su único motivo. 2) declara FIRME la sentencia recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar que existió razón suficiente para litigar. Y MANDA: remitir las actuaciones de instancia, junto con la certificación de esta resolución, al órgano jurisdiccional de su procedencia. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de Agosto del Dos Mil Trece; certificación del auto de fecha treinta de julio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 120-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL