Sentencia CA-115-13 — Registro 2958
Resumen
En segunda instancia se reforma parcialmente la sentencia dictada por el juzgado, en el sentido de reconocer a los recurridos el pago de las prestaciones laborales a que tienen derecho sobre el tiempo laborado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Honorables Magistrados si bien es cierto que ha existido una relación de trabajo entre los Señores OSMAN ADOLFO RIVERA FLORES, JOSE LUIS FLORES SOLORZANO, IRENE HERCILIA SALGADO RODRIGUEZ, CARLOS ERNESTO FLORES FONSECA Y RUTH ELIZABETH BARAHONA VARGAS y la Secretaría de Educación misma que esta cumpliendo con una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada ya que los demandantes no devienen de un despido por cesantía o despido sino por el cumplimiento de una orden judicial.- Y si la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha hecho un estudio y análisis concluyendo que la autoridad nominadora al emitir los acuerdos de cancelación de los recurrentes tienen derecho ha que se les paguen sus prestaciones que les corresponden y si son del criterio de confirmar parcialmente la sentencia definitiva apelada.- Cabe resaltar que en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y en la Corte de Apelaciones vienen incluyendo en ambas sentencias a la Señora IRENE HERCILIA SALGADO RODRIGUEZ por lo que ella no podría solicitar PRESTACIONES LABORALES ya que en fecha primero (01) de octubre de año dos mil nueve (2009); presento un desistimiento de la Demanda por lo tanto lo dictado en ambas sentencias esta facultando obtener un derecho que no le correspondería en base a Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo esta comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del código Procesal Civil, el cual literalmente dice: “Causales del Recurso”.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: Señores Magistrados como ustedes saben la explicación del motivo es para hacer referencia que las sentencias dictadas en ambas instancias estaría fuera de contexto al dar un derecho que no corresponde; tomando en cuenta el Desistimiento de la Demanda de la señora Irene Hercilia Salgado Rodríguez quien actualmente es una empleada en funciones de la Secretaria de Educación. Por lo que al REFORMAR la sentencia de fecha diecinueve de enero del dos mil once debe de no incluirse lo solicitado para la señora Salgado Rodríguez”.-
“Que el anterior motivo resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no expresa las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo; b) no precisa ni justifica incidencia alguna de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; y, c) aun cuando cita el precepto autorizante, en la formulación del cargo omite si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de alguna disposición que considerare infringida, todo lo cual, se aleja de la técnica y exigencias del recurso de casación.”
“Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.”
“ Que este Tribunal advierte errores en la forma y redacción de la sentencia dictada por ad quem, sin embargo, las partes no hicieron uso de sus derechos para recurrir por esa vía contra la misma; no obstante lo anterior es evidente que en el reconocimiento del pago de las prestaciones laborales a favor de los demandantes, se incluye por un lapsus calami de dicha Corte, a la señora Irene Hercilia Salgado Rodríguez quién desistió de su demanda, tal como consta a folios 68 y 69 de la primera pieza, por lo que la misma no debió ser incluida en la condena del pago de tales derechos.”
“Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra esteAuto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso c (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CA-115-13
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil trece, la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designado ponente el último para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despachos de Educación, representado en juicio por el abogado MARVIN ROLANDO DIAZ SANCHEZ; y, Recurridos: OSMAN ADOLFO RIVERA FLORES, JOSÉ LUIS FLORES SOLANO, IRENE HERCILIA SALGADO RODRÍGUEZ, CARLOS ERNESTO FLORES FONSECA y RUTH ELIZABETH BARAHONA VARGAS, representados en juicio por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO.-
OBJETO DEL PROCESO: Demanda de reintegro, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, nulidad del acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, daños y perjuicios, intereses, costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, como apoderado de los señores OSMAN ADOLFO RIVERA FLORES, JOSÉ LUIS FLORES SOLANO y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, representado en juicio por el abogado MARVIN ROLANDO DIAZ SANCHEZ.-
ANTECEDENTES DE HECHO.-
1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron la relación de trabajo con la demandada de la siguiente manera: 1) Osman Adolfo Rivera Flores, el 29 de junio de 2006, en el puesto de Auxiliar de Contabilidad; 2) José Luis Flores Solano, el 15 de mayo de 1995, en el puesto de Guardia I; 3) Irene Hercilia Salgado Rodríguez, el 29 de junio de 2006, en el puesto de Conserje I; 4) Carlos Ernesto Flores Fonseca, el 29 de junio de 2006, en el puesto de Guardia I; y Ruth Elizabeth Barahona Vargas, el 29 de junio de 2006, en el puesto de Conserje I; todos del Centro Educativo Instituto Oficial de Maraita del Municipio del mismo nombre del Departamento de Francisco Morazán; que en fecha 10 de diciembre de 2008, el Secretario General de la demandada transcribió los acuerdos No.3137-SE-08, 3136-SE-08, 3133-SE-08, 3135-SE-08, 3134-SE-08, por medio del cual se acordó la nulidad de los nombramientos de los cargos que venía desempeñando los demandantes en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, siendo efectiva dicha cancelación a partir del 2 de enero de 2009; que uno de los motivos de ilegalidad de los despidos de que fueron objeto los demandantes es el hecho de que se ha violado el ordenamiento jurídico al no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Servicio Civil y su reglamento en lo referente a sus despidos, ya que al observar el contenido de los acuerdos de nulidad de nombramiento, no invocan causal o motivo alguno que justifique los mismos, lo cual los convierte en ilegales e injustos; que otra ilegalidad e injusticia encontrada en los despidos es en el hecho que se les hace entrega de los mismos a los demandantes en fecha 6 de febrero de 2009, en donde se les anula sus nombramientos a partir del 2 de enero de 2009, o sea que se les comunica 34 días después de la destitución mediante una constancia extendida por el Director del Instituto Maraita.-
2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, contestó dicha demanda señalando que la administración ha actuado de conformidad a lo ordenado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la sentencia judicial de fecha 30 de mayo del 2008, en la cual se declara procedente la acción promovida por los señores Gloria Teresa Cabrera Barahona, María Igdomilia Galo Galo, Carlos Iban Maradiaga Medina, Avelino Andino Amador, Santos Cristóbal Flores Flores y Lourdes Yaneth Amador Barrientos, anulando los acuerdos de cancelación por cesantía de los servidores públicos antes citados y resolvió adoptar el reintegro de los mismos en mejores o iguales condiciones, y por otra parte, el mismo juzgado decretó la nulidad de los Actos Administrativos por los cuales se nombró a los señores Osman Adolfo Rivera Flores, José Luis Flores Solano, Irene Hercilia Salgado Rodríguez, Carlos Ernesto Flores Fonseca y Ruth Elizabeth Barahona Vargas, ahora demandantes; que al emitir la administración los Acuerdos de Nulidad de los Nombramientos correspondientes a los actuales demandantes, lo hace en virtud de sentencia firme y de estricto cumplimiento pronunciada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, habiendo recibido la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación la comunicación correspondiente por parte del referido Juzgado, por lo que no se refiere el presente caso a una disposición que en uso de sus facultades toma la administración, para imponer una medida disciplinaria o cancelar por despido a cualquier servidor público, a quien una vez aplicado el procedimiento administrativo correspondiente, se tenga como autor de las faltas imputadas.-
3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de enero de dos mil once, dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por los señores Osman Adolfo Rivera Flores, José Luis Flores Solano, Irene Hercilia Salgado Rodríguez, Carlos Ernesto Flores Fonseca y Ruth Elizabeth Barahona Vargas, por estar ajustado en derecho el acto administrativo impugnado consistente en los acuerdos de cancelación No.3137-SE-08, 3136-SE-08, 3135-SE-08, 3114-SE-08 de fecha diez de diciembre del dos mil ocho, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, mediante el cual se les cancela del cargo, sin costas; bajo el criterio que el representante legal de los ahora demandantes alega que los acuerdos que contienen la nulidad del nombramiento de los ahora demandantes se realizaron sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, es de hacer notar que dicha cancelación no deviene de un despido por cesantía o despido sino por el cumplimiento de una orden judicial de ineludible cumplimiento, según lo establecido en los artículos 101 y 113 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que es por lo expuesto anteriormente que la juez consideró que no es procedente declarar con lugar la presente demanda, por considerar que la administración actuó en apego a la Ley y en cumplimiento a una sentencia definitiva firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.-
4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecisiete de mayo de dos mil doce, dictó sentencia reformando parcialmente la proferida por el a quo, en el sentido de reconocer a los señores Osman Adolfo Rivera Flores, José Luis Flores Solano, Irene Hercilia Salgado Rodríguez, Carlos Ernesto Flores Fonseca y Ruth Elizabeth Barahona Vargas, el pago de las prestaciones laborales a que tienen derecho sobre el tiempo laborado, sin costas; bajo el criterio que de conformidad a lo establecido en la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la Secretaría de Educación estaba cumpliendo con una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, ya que los ahora demandantes no devienen de un despido por cesantía o despido sino por el cumplimiento de una orden judicial de obligatorio cumplimiento los artículos 101 y 113 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece “Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en el presente capitulo, serán sancionados conforme a lo establecido en el articulo 349 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurrieren por los daños y perjuicios que causaren a los interesados”, la sentencia que disponga de la restitución del demandante declarara también la nulidad del acto por el cual se hubiere designado el sustituto del demandante; que la autoridad nominadora al emitir los acuerdos de cancelación de los recurrentes tienen derecho a que se les paguen sus prestaciones que les corresponden.-
5.- La representación procesal de la parte demandada, abogado MARVIN ROLANDO DIAZ SANCHEZ, presentó en fecha ocho de agosto de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de mayo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 061-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 077-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha trece de agosto de dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.-
6.- La representación procesal de la parte demandante, abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentó en fecha trece de septiembre de dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de septiembre de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce y treinta y uno de enero de dos mil trece, personalmente y por vía de comunicación de teléfono celular, los abogados PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO y MARVIN ROLANDO DIAZ SANCHEZ, respectivamente.-
7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO y MARVIN ROLANDO DIAZ SANCHEZ, presentaron escritos de personamiento en fechas veinticinco de septiembre de dos mil doce y siete de febrero de dos mil trece, en concepto de parte recurrida y recurrente, respectivamente.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Honorables Magistrados si bien es cierto que ha existido una relación de trabajo entre los Señores OSMAN ADOLFO RIVERA FLORES, JOSE LUIS FLORES SOLORZANO, IRENE HERCILIA SALGADO RODRIGUEZ, CARLOS ERNESTO FLORES FONSECA Y RUTH ELIZABETH BARAHONA VARGAS y la Secretaría de Educación misma que esta cumpliendo con una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada ya que los demandantes no devienen de un despido por cesantía o despido sino por el cumplimiento de una orden judicial.- Y si la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha hecho un estudio y análisis concluyendo que la autoridad nominadora al emitir los acuerdos de cancelación de los recurrentes tienen derecho ha que se les paguen sus prestaciones que les corresponden y si son del criterio de confirmar parcialmente la sentencia definitiva apelada.- Cabe resaltar que en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y en la Corte de Apelaciones vienen incluyendo en ambas sentencias a la Señora IRENE HERCILIA SALGADO RODRIGUEZ por lo que ella no podría solicitar PRESTACIONES LABORALES ya que en fecha primero (01) de octubre de año dos mil nueve (2009); presento un desistimiento de la Demanda por lo tanto lo dictado en ambas sentencias esta facultando obtener un derecho que no le correspondería en base a Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo esta comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del código Procesal Civil, el cual literalmente dice: “Causales del Recurso”.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: Señores Magistrados como ustedes saben la explicación del motivo es para hacer referencia que las sentencias dictadas en ambas instancias estaría fuera de contexto al dar un derecho que no corresponde; tomando en cuenta el Desistimiento de la Demanda de la señora Irene Hercilia Salgado Rodríguez quien actualmente es una empleada en funciones de la Secretaria de Educación. Por lo que al REFORMAR la sentencia de fecha diecinueve de enero del dos mil once debe de no incluirse lo solicitado para la señora Salgado Rodríguez”.-
II.- Que el anterior motivo resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no expresa las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo; b) no precisa ni justifica incidencia alguna de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; y, c) aun cuando cita el precepto autorizante, en la formulación del cargo omite si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de alguna disposición que considerare infringida, todo lo cual, se aleja de la técnica y exigencias del recurso de casación.-
III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-
IV.- Que este Tribunal advierte errores en la forma y redacción de la sentencia dictada por ad quem, sin embargo, las partes no hicieron uso de sus derechos para recurrir por esa vía contra la misma; no obstante lo anterior es evidente que en el reconocimiento del pago de las prestaciones laborales a favor de los demandantes, se incluye por un lapsus calami de dicha Corte, a la señora Irene Hercilia Salgado Rodríguez quién desistió de su demanda, tal como consta a folios 68 y 69 de la primera pieza, por lo que la misma no debió ser incluida en la condena del pago de tales derechos.-
V.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto y formalizado por el abogado MARVIN ROLANDO DIAZ SANCHEZ, en su condición de apoderado de la parte demandada en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha diecisiete de diciembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 115-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
Martínez
Paz Haslam
Arita