Sentencia CA-115-11 — Registro 5988
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la Universidad Pedagógica Nacional FRANCISCO MORAZAN, a fin de que se declare la NULIDAD de los actos administrativos, bajo el criterio de que se puede apreciar que el articulo 164 de la Constitución de la República, interpretado por Decreto 227/2000, es suficientemente claro al establecer la excepción de todos los docentes del pago de impuestos bajo el concepto del ejercicio de su profesión, en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) omite la Recurrente precisar el concepto de la infracción, ya que no consigna si éste es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma indicada como violada; b) impugna el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se refiere al procedimiento de las defensas previas, cuando lo que se censura en este recurso extraordinario es el fallo de segunda instancia que no tiene relación directa con dicha situación jurídica; c) presenta alegatos de instancia impropios, para los efectos del recurso de casación.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de enero del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: JOSE TOMAS ARITA VALLE como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, representada en juicio por la Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ y la Recurrida: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM), representada en juicio por el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para pedir que se declare la nulidad e ilegalidad de unos actos administrativos por infringirse el ordenamiento jurídico y haberse quebrantado las formalidades esenciales del procedimiento Administrativo, se reconozca una situación jurídica individualizada para su pleno restablecimiento y reconocimiento y que se adopten las medidas necesarias del caso, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de julio del dos mil ocho, por el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM), contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta que a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se le practicó un ajuste por concepto de retención en la fuente del impuesto sobre la renta por los años 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, ya que dicha institución debió actuar como agente retenedor del impuesto sobre la renta por los sueldos recibidos por los docentes que laboraban en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (antes denominada Escuela Superior del Profesorado). Que ante dichos ajustes la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán presentó, en fecha 07 de abril de 2008, escrito de nulidad de la Resolución DEI-SG-4153-C-99 de fecha 10 de octubre de 2002, posteriormente tal escrito fue contestado “estése a lo resuelto en auto de fecha 22 de noviembre del 2007” por parte de las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, sin embargo no se consignó en dicho auto la formula NOTIFIQUESE, requisito que es indispensable para que corra el plazo establecido para presentar los recursos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, dejándole indefenso para continuar el trámite y hacer uso de los recursos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, violándose el derecho de petición, derecho de defensa y del debido proceso. Y no poder hacer uso de ulterior recurso administrativo para así decidir el fondo del asunto de tal forma que en la vía administrativa se hace imposible y se ha suspendido su continuación.- 2.- La parte demandada manifiesta que rechaza las pretensiones de la parte demandante y alega en su defensa que la solicitud presentada por la parte actora en fecha 07 de abril del 2008, ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos para que ese Órgano decretase la nulidad de pleno derecho de la resolución DEI-SG-4153-C-99 de fecha 10 de octubre del 2002, no era procedente en aplicación del articulo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo puesto que tal petición se estaba efectuando extemporáneamente, que en todo caso lo procedente hubiese sido la interposición del recurso de revisión, cuyo término vencía hasta el 26 de octubre de 2007 por haber comenzado a correr a partir del 26 de octubre del 2005 fecha en que la Dirección Ejecutiva de Ingresos declaró caducado y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, en atención a lo expresado en el Artículo 142 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 3.- Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de agosto del 2010, dictó sentencia así: “FALLA: DECLARAR PROCEDENTE LA ACCION incoada por el Abogada JOSE EFRAIN BRICEÑO, quien actúa en su condición de Apoderado Judicial de la Universidad Pedagógica Nacional FRANCISCO MORAZAN, a fin de que se declare la NULIDAD de los actos administrativos (providencia de fecha 8 de abril 2008 y por extensión la resolución de fecha DEI-SG-4153-C-99 de fecha 10 de octubre de 2002). SEGUNDO: Actos Administrativos que por ser contrarios a la Constitución de la República y leyes secundarias se ANULAN TOTALMENTE.- TERCERO Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y como medidas para el pleno y efectivo restablecimiento de tal situación jurídica, se exonera a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, del pago del ajuste relacionado con los actos administrativos por esta sentencia anulados (providencia de fecha 8 de abril 2008 y por extensión la resolución de fecha DEI-SG-4153-C-99 de fecha 10 de octubre de 2002).- SIN COSTAS”. Bajo el criterio de que se puede apreciar que el articulo 164 de la Constitución de la República, interpretado por Decreto 227/2000, es suficientemente claro al establecer la excepción de todos los docentes del pago de impuestos bajo el concepto del ejercicio de su profesión. Asimismo el Decreto 231-98 de fecha 21 de septiembre de 1998 ofrece claridad, albor, y mas aun con destinatario expreso, en el sentido de que se exonera del pago del impuesto sobre la renta a los docentes de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN tanto a los que fueron trasladados de la desaparecida ESCUELA SUPERIOR DEL PROFESORADO como a los docentes que actualmente se desempeñan en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. En razón de lo anterior es obvio que si los docentes están excluidos del pago de impuestos, en especial del impuesto sobre la renta, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, antes Dirección General de Tributación, no tenía la facultad de nombrar a la Universidad Pedagógica Nacional como agente retenedor del impuesto sobre la renta, aplicado a los sueldos que devengaban los docentes que prestaban sus servicios a dicha institución. Por lo que la formulación de los ajustes hechos a la Universidad Pedagógica Nacional se encuentran al margen de la Constitución de la República y de las leyes secundarias que reconocen a los docentes tal prebenda.- 4.- Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 29 de noviembre de 2010, dictó sentencia declarando SIN LUGAR el recurso de apelación, asimismo se CONFIRMA la sentencia de fecha 04 de agosto del 2010, dictada por el Tribunal de Primera Instancia, SIN COSTAS. Bajo el criterio de que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) dependiente del Ministerio de Finanzas, en el ajuste hecho sobre el impuesto sobre la renta contenida en la resolución N° DEI-SG-4153-C99 del 10 de octubre del 2002 y de la providencia de fecha 8 de abril del 2002, dictada en el expediente 9381-S, por extensión a la Escuela Superior del Profesorado de Francisco Morazán por retención de impuestos a los docentes de esa Institución correspondiente a los años 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, hubo infracción al ordenamiento jurídico, ya que al dictar la resolución precitada desconoció y no aplicó al caso concreto el Decreto N° 231-98 del 21 de septiembre de 1998, donde se exonera de dicho pago a los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, así como a los docentes de la Escuela Superior del Profesorado de Francisco Morazán, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta ser improcedente por no ajustarse a Derecho el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, presentó en fecha dos (02) de febrero del dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de noviembre del dos mil diez (2010), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 238-2010, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 201-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha siete (07) de febrero del dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM), representada en juicio por el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, presentó en fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil once (2011), escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiuno (21) de febrero del dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional y a la vez ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, apoderado de la parte demandante, en fecha diez (10) de marzo del dos mil once (2011) y la Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, apoderada de la parte demandada, en fecha dos (02) de marzo del dos mil once (2011).- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, presentó escrito de personamiento en fecha catorce (14) de marzo del dos mil once (2011), en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y que la recurrente fundamenta un primer motivo de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRECEPTO AUTORIZANTE: Estos motivos de Casación se encuentran comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” PRIMER MOTIVO: En el presente motivo se impugna el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE LA IMPUGNACION: De conformidad al artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que a la letra dice: Del escrito de defensas previas se dará traslado al demandante quien podrá ejercitar la facultad prevista en el Artículo 127 de esta Ley y se fijará una audiencia que se celebrará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere ordenado el traslado, a la cual comparecerán las partes a alegar lo pertinente, presentando los documentos en que se funden sus alegaciones. Contra la resolución que desestime las defensas previas no cabrá recurso alguno.; es así que el Ad-quem al Consignar en el Considerando noveno “declarando inadmisible la defensa previa interpuesta la cual fue consentida por la demandada al no recurrirla, por lo que adquiere el carácter de firme”, desconoce que la Sentencia Interlocutoria de Defensas Previas interpuesta por nuestra parte, no debía recurrirse en base al artículo arriba relacionado, razón por la cual el Ad-quem, violenta la norma de derecho al argumentar hechos equívocos, a favor del demandante.”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) omite la Recurrente precisar el concepto de la infracción, ya que no consigna si éste es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma indicada como violada; b) impugna el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se refiere al procedimiento de las defensas previas, cuando lo que se censura en este recurso extraordinario es el fallo de segunda instancia que no tiene relación directa con dicha situación jurídica; c) presenta alegatos de instancia impropios, para los efectos del recurso de casación.- III.- Que en el segundo motivo aduce: “En el presente motivo se impugna los Artículo 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil Vigente. EXPLICACION DEL MOTIVO DE LA IMPUGNACION: El artículo 206 del Código Procesal Civil, es contundente al señalar que: “Las Sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; asimismo el artículo 207 señala: “Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho”; y artículo 208 del mismo ordenamiento jurídico, que dice: “1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigioso que hayan sido objeto del debate.”, es así que el Ad-quem a lo largo de todos los Considerandos en la Sentencia de fecha 29 de Noviembre del año 2010, manifiesta, puntos que en ningún momento fueron pedidos, mucho menos sustanciados dentro del proceso, y específicamente en las pruebas practicadas, ni se relaciona en las conclusiones por parte de la parte demandante, lo cual conlleva a que la sentencia se dicto en abuso de autoridad, exceso de poder, en ultra petita por parte del Juzgado Aquo y Adquem respectivamente, infringiendo el Debido Proceso al no considerar estrictamente la normas procesales enunciadas; en vista de otorgar a la parte recurrida más de lo pedido en la demanda de merito, al exonerar del pago del impuesto sobre la renta a los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, incurriendo en incongruencia en cuanto a la materia del pleito, en vista que no se trata de una demanda en materia tributaria o impositiva (fiscal), sino a la impugnación de un Acto Administrativo consistente en la providencia de fecha 8 de abril del año 2008, que corre agregada a folio ciento quince (115) del Expediente No. 8-1-23022006-32, y en providencia que resuelve, que se esté a lo resuelto en auto de fecha 22 de noviembre del 2007 que en una de sus partes expresa: “En cuanto a lo solicitado declárese sin lugar, por ser firme y exigible la Resolución No. DEI-SG-4153-C-99 emitida el 10 de octubre del dos mil dos”. Que de acuerdo a la impugnación del acto administrativo, relacionado en la demanda de merito, en cuanto a la aplicación del artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal petición se efectuó de forma extemporánea, en vista que la Vía Administrativa se había agotado a partir del 27 de Octubre del año 2005, y la nulidad alegada, tuvo que solicitarse en el primer escrito conforme lo regula el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 150 de la Ley de Procedimiento Administrativo; y así mismo ya había transcurrido el plazo para interponer el Recurso de Revisión, que se regula en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo en su Titulo Cuarto “Revisión del Acto en Vía Administrativa”. De lo anteriormente señalado se colige que ha habido una violación por parte del Ad-quem, a las normas procesales específicamente a los Requisitos Internos de la Sentencia, y que son de carácter obligatorio para emitir la Sentencia recurrida, como ser: Claridad, Precisión, Motivación y Congruencia, ya que en estas se encuentran claramente establecidas en nuestro Código Procesal Civil vigente; y por otra parte queda evidenciado en las Diligencias de Merito, que mi representada la Dirección Ejecutiva de Ingresos resolvió en los términos y con las formalidades el Acto Impugnado por la Recurrida, aplicándole el ordenamiento jurídico vigente, al emitir la Resolución impugnada dentro del marco legal correspondiente.”.- IV.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes; a) omite la Recurrente el concepto de la infracción, pues no consigna si éste es por la aplicación o interpretación de las normas indicadas como violadas; b) se impugnan artículos del Código Procesal Civil, cuando el ataque debe ser a la sentencia impugnada y confrontarlas con las normas que la Recurrente consideren se han infringido; c) omite la disposición del Código Procesal Civil en que sustenta el motivo; y d) realiza en el desarrollo del cargo inapropiados alegatos de instancia.- V.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por no reunir los requisitos consignados en el articulo 721 numeral 2) y por ende incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- VI.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto contra la sentencia impugnada en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de Enero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha quince de enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 115-11.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL