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Sentencia CA-107-11 — Registro 5987

Resumen

En primera instancia se declara declara improcedente la acción promovida por la sociedad mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V. (CEMCOL), contra unos actos emitidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y por encontrarse ajustado a derecho los mismos en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la normativa jurídica aplicable al caso concreto es clara al señalar los presupuestos para poder gozar de beneficio de crédito fiscal, y en caso que nos ocupa no se da el derecho a la pretensión de crédito fiscal solicitada por el demandante porque la contabilidad como gastos y no como cuentas por cobrar de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, no es generadora de el crédito fiscal que es objeto del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en el motivo que antecede, aparte de realizar extensos alegatos propios de instancia, el Impetrante invoca la infracción de normas del Código Procesal Civil que al momento de dictarse el fallo en segunda instancia no resultaban aplicables, al haberse iniciado dicho proceso con la vigencia del Código de Procedimientos Civiles, conforme lo previsto en los artículos 914 y 916 del citado Código, de aplicación supletoria en cuanto a los recursos; también olvida que la sentencia de segunda instancia confirma y hace suyos los pronunciamientos del a-quo, por lo que no es posible admitir el cargo en la forma expuesta. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Al igual que en el primer cargo, se señala en su formulación, la interpretación errónea del artículo 12 párrafo 14 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas y en su extensa explicación constitutiva de alegatos propios de instancia, e invoca otras disposiciones que no fueron incluidas en su motivo, como es el caso de los artículos 323 constitucional, 5 del Código Civil, 6, 122, 129 y 132 del Código Tributario, lo cual hace que el mismo tampoco resulte admisible"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de enero del dos mil trece, la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados: JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado el segundo como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La Sociedad Mercantil “CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V. (CEMCOL), representada en juicio por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, y la Recurrida: El Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, representado en juicio por el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA.- OBJETO DEL PROCESO: Que se contraen a pedir la declaración de ilegalidad de un acto de carácter particular y el Reconocimiento de una situación jurídica individualizada, indemnización de daños y perjuicios, Costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, quién actúa en su condición de apoderado de la Sociedad Mercantil “CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V. (CEMCOL), contra el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, representado en juicio por el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que en fecha 12 de agosto de 2004, presentó ante la DEI, Región Noroccidental, una solicitud de nota de crédito, por la cantidad de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.10.996,775.84) derivada sobre el Impuesto Sobre Ventas pagado y que conforme a la Ley es generador de crédito fiscal. Dice el demandante que la Ley de Impuesto Sobre Ventas ya determina en que casos se goza del derecho al Crédito Fiscal, dicho impuesto se debe haber pagado al momento de la compra o de la importación (producción, elaboración o ventas relacionadas específicamente con su actividad económica)...”, posteriormente en fecha 25 de enero de 2005, la DEI Regional Nor-Occidental dictó la resolución definitiva numero DEI-143- DA-GRNOC-A2005, denegando el mencionado crédito. Contra dicha resolución se interpuso el recurso de reposición, el cual se desestimo mediante resolución DEI-2131-GRNOC-L-2005. Luego se interpuso recurso de apelación, mismo que fue tramitado en su totalidad ante la Secretaria de Finanzas y terminado el procedimiento con la resolución A.L. 048/2007, misma que en su parte dispositiva deniega el recurso de apelación, confirmando la resolución numero DEI-2131-GRNOC-L-2005 y declara igualmente agotada la vía administrativa. Refiere el demandante que el motivo fundamental utilizado para denegar el crédito es: Por no haber contabilizado todas las operaciones generadoras de crédito como cuentas por cobrar o como costo, sino como gasto. El demandante explica que algunas operaciones que generan el pretendido crédito, según se constató por la misma DEI en sus auditorias, constituyen pagos indebidos del impuesto sobre ventas, para el caso, en facturas internas en las cuales mi representada aparecía tanto como proveedora como también como receptora del servicio, se pagó el impuesto sobre ventas. Todo lo cual, hace que se configure a la perfección el cuasicontrato al que alude el Art. 2198 del Código Civil, como lo es el pago de lo no debido y consecuentemente nace para el Estado la obligación de restituir las contribuciones pagadas en exceso, por adicional mandato del articulo 122 del Código Tributario que establece que la autoridad competente estará obligada a devolver las cantidades pagadas indebidamente por cualquier causa, por los contribuyentes o responsables, y las demás que procedan de conformidad con las leyes fiscales. Sobre el resto de las operaciones generadoras del crédito, si bien es cierto estas no fueron contabilizadas como cuentas por cobrar a la DEI o como costo de la empresa, no menos cierto es que legalmente no existe ninguna obligación para hacerlo en tal forma, ni se establecen barreras o limitaciones para otorgar el crédito por no haberlo contabilizarlo de tal o cual forma. Señala que con la utilización de este errado criterio se viola la interpretación restrictiva del Articulo 6 del Código Tributario, pues se están imponiendo obligaciones contables que no se desprenden del texto literal de la ley. La resolución emitida por la Secretaria de Finanzas gravita en su totalidad alrededor del dictamen del perito de dicho Ministerio, mismo que adolece de graves errores de apreciación legal y contable. Debido a la ilegal denegatoria por parte de las autoridades administrativas a la emisión de la nota de crédito oportunamente solicitada, la parte demandante se ha visto en la obligación de incurrir en una carga financiera de aproximadamente el 25% del total del crédito (L.10,996,775.84) por cada año que avanza y en el cual debe utilizar líneas de crédito o sacrificar capital propio para pagar al mismo Estado los distintos impuestos que le son atribuible, como ser los de importaciones, impuesto sobre ventas, impuesto sobre renta etc. Este sacrificio financiero a que el incumplidor Estado obliga a la parte demandante, constituye un daño directo a su patrimonio con la consecuente generación de un lucro cesante, que se deriva de la utilización de fondos ajenos con carga de intereses. Solicita: Contraída a pedir la declaración de ilegalidad de un acto de carácter particular y el Reconocimiento de una situación jurídica individualizada, indemnización de daños y perjuicios, Costas.- 2.- La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS por medio de la Secretaria de Estado en los despachos de FINANZAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, contestó dicha demanda señalando que no es cierto que se presentó la Solicitud de Nota de Crédito ante la DEI, Gerencia Regional Noroccidental, en la fecha indicada por el demandante, ya que dicha solicitud fue presentada hasta el 16 de agosto de 2004. Tampoco es cierto que la citada sociedad mercantil haya acompañado con la solicitud, un dictamen emitido por la DEI, favorable a la pretensión del crédito, pues consta que lo que se adjunto es una nota y un oficio que contienen la respuesta a la consulta efectuada por dicha empresa ante el órgano administrativo, en relación al Impuesto Sobre Ventas como crédito fiscal en forma genérica y como concepto jurídico, del 22 de octubre de 2002 y del 15 de octubre de 2003, documentos que no son aplicables al caso concreto. Se Acepta que en efecto se agotó la vía administrativa, al emitir el órgano administrativo las resoluciones respectivas que anuncia el demandante, sin embargo se rechaza por no ser cierto, que se haya comprobado de manera indubitable por los auditores asignados, la veracidad de todos los pagos que se invocan como generadores de crédito; en virtud que la verificación efectuada por el departamento de Auditoria de la DEI, Gerencia Regional Noroccidental, comprobó que la demandante no tiene contabilizado el crédito solicitado por el monto de L. 10,996,775.84, como cuenta a cobrar de la DEI, sino que lo han registrado como gastos, en las cuentas de gastos de operación y gastos directos en lo referente a las facturas internas, compras de adquisición de servicios y arrendamientos a otras empresas, y donde se pago el impuesto sobre ventas no registrado en la declaración, el contribuyente lo contabilizó al gasto completo. Se rechaza que a la demandante se le verificaron los siguientes hechos: a) La empresa no registra contablemente el Impuesto Sobre Ventas, generado en sus ordenes de trabajo, como una cuenta a pagar DEI, no en la cuenta del Impuesto Sobre Ventas, sino que su registro se hace en la cuenta de mayor numero 42, GASTOS DE OPERACIÓN; b) El Impuesto Sobre Ventas, que paga la empresa a proveedores Externos de Servicio, en concepto de Arrendamiento de Equipo, Publicidad, Limpieza, Vigilancia y Seguridad, Rótulos etc. Se registra contablemente en la cuenta de mayor numero 42, Gastos de Operación, y al igual que en las operaciones internas por ordenes de trabajo, no se anotan en una cuenta a cobrar o Impuesto Sobre Ventas pagado sobre compras; c) El impuesto causado en las transacciones citadas en los literales a) y b) como correctamente contabiliza la empresa, es constitutivo de gastos de operación, normales de toda empresa dedicada al comercio y no están relacionadas exclusivamente con el producto o servicio que vende, esto es, no forma parte del costo al que hace mención el articulo 12 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas y 40 de su Reglamento; por lo que es correcto lo actuado por la empresa al omitir su inserción bajo la cuenta mayor numero 41.03 Costo de Ventas. Consecuentemente no es posible registrar el Impuesto Sobre Ventas como un gasto y al mismo tiempo en una cuenta de balance, lo cual es regulado en el articulo 12 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas que literalmente dice: “En ningún caso en que el Impuesto deba ser tratado como Crédito Fiscal, podrá ser tomado como un costo o gasto del Impuesto sobre la Renta…”, tal hecho alteraría la información contable. Concluyendo según dictamen N° DEI-1475-DA-L-2004 de fecha 8 de noviembre de 2004, emitido por el Departamento de Auditoria de la Oficina Noroccidental de San Pedro Sula, Cortes, la parte demandante ha pretendido duplicar el beneficio del crédito fiscal en los ejercicios mensuales del Impuesto Sobre Ventas. También se rechaza el hecho que el monto de L. 10.996,775.84, que la parte demandante solicita como crédito fiscal por pago de lo no debido, no se subsume en dicha figura jurídica fiscal, ya que la referida empresa contabilizó el Impuesto Sobre Ventas como Gastos de Operación generados durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 1999 hasta el 30 de abril de 2003, por ser la mencionada empresa la consumidora final de los bienes y servicios que causaron tal monto del impuesto; por lo que no es procedente conceder la nota de crédito demandada, ni la Indemnización por daños y perjuicios solicitada.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha 25 de septiembre del 2008, dictó sentencia definitiva declarando IMPROCEDENTE la acción promovida por la sociedad mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V. (CEMCOL), contra unos actos emitidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Secretaria de Estado en el despacho de Finanzas por encontrarse ajustado a derecho los mismos.- SIN COSTAS. Criterio: Que siendo el objeto principal de la demanda el determinar si el haber contabilizado todas las operaciones analizadas como gasto, produjo la perdida del derecho al crédito, inicialmente parece valido el argumento del actor referente a que ni la Ley de Impuesto Sobre Venta, su Reglamento ni ninguna legislación Tributaria expresamente establece que este aspecto vulnere el derecho de cualquier contribuyente a reclamar un crédito sobre dichas cantidades, ahora bien, es un hecho aceptado por las partes que la cantidad objeto de controversia fue contabilizada como gasto. Por gasto debemos entender toda aquella erogación o desembolso en dinero o especie, acciones de capital o servicios, efectuada a cambio de recibir un activo. El efecto Tributario del gasto es el de disminuir los ingresos para obtener la renta. Lo antes dicho junto con la apreciación del contenido de la norma del articulo 12 de la Ley de Impuesto Sobre la Venta tiene relación directa con lo que dispone la norma del artículo 11 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, el cual establece que la renta neta gravable de una empresa mercantil será determinada deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos ordinarios y necesarios del periodo contributivo, debidamente comprobados, que hayan sido pagados o incurridos en la producción de la renta, tales como la reparación y mantenimiento de maquinaria o equipos y el importe de cualquier otro gasto normal, propio del negocio o industria, fuente de la renta. De la revisión de los gastos deducibles de la renta bruta a que hace referencia el articulo 11 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, es posible dejar establecido que los montos (contabilizados como gastos por el actor en las cuentas de Gastos de Operación y Gastos Directos, así como lo referente a compras o adquisición de servicios y arrendamiento), que conforman el crédito solicitado por la demandante, responden precisamente a aquellos gastos que contempla como deducibles la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su articulo 11 letra a), por lo que, el efecto que sobre el demandante tiene el haber contabilizado, las operaciones generadoras de crédito como “gastos” y no como cuentas por cobrar de la DEI, es que en su momento le tuvieron que haber sido deducidas de su declaración de Renta Anual y esto le tuvo que reportar como beneficio que dichas cantidades pasaran a formar parte, de forma definitiva, de su patrimonio, es decir, ya que los montos discutidos fueron contabilizados como gastos los mismos le fueron reconocidos al demandante en su declaración de Renta Anual en los penados correspondiente a los años 1999 a 2003, por lo que no procede ahora reconocerle un beneficio, a través de la concesión de un crédito, sobre una cantidad que tuvo que ser deducida en el calculo y declaración del Impuesto Sobre la Renta de los periodos 1999 a 2003. Concederle un crédito sobre un monto que en un determinado momento del calendario tributario tuvo que ser deducido, seria reconocerle un doble beneficio fiscal.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 29 de noviembre de 2010, dictó sentencia definitiva Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación y CONFIRMA la Sentencia Definitiva dictada en primera instancia.- SIN COSTAS. Criterio: Que la normativa jurídica aplicable al caso concreto es clara al señalar los presupuestos para poder gozar de beneficio de crédito fiscal, y en caso que nos ocupa no se da el derecho a la pretensión de crédito fiscal solicitada por el demandante porque la contabilidad como gastos y no como cuentas por cobrar de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, no es generadora de el crédito fiscal que es objeto del juicio y que pretende el apelante decreten los Tribunales de esta Jurisdicción, como así bien lo prescribe la Ley de Impuesto Sobre Ventas en su articulado 12, párrafo 14, por lo que la sentencia venida en apelación esta dictada conforme a derecho.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, presentó en fecha veintiocho de enero del dos mil once, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 268-2008, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el numero Exp.006-07 del Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha uno de febrero del dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formulado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y acordó dar copia del escrito de mérito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, presentó en fecha dieciocho de febrero del año dos mil once, escrito de Contestación del Recurso de Casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiuno de febrero del dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, Apoderado de la parte demandada, en fecha veintiocho de febrero de dos mil once y por medio de correo electrónico al Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, apoderado de la parte demandante, en fecha veintiocho de febrero del dos mil once.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, presentó escrito de personamiento en fecha dos de marzo del dos mil once, en concepto de parte recurrente, y el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, personándose en concepto de parte recurrida en fecha dos de marzo del dos mil once.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Infracción de los artículos 82, 90, 94, 186 y 321 de la Constitución de la República, configurativa de violación de garantías procesales, generadora de nulidad y de indefensión. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. Este primer motivo casacional ha de ser objeto de valoración prioritaria, dado que, al estar fundado en lo dispuesto en el apartado 719.1 literal b) del Código Procesal Civil, sobre la base de que se ha resuelto en la sentencia en función de consideraciones o cuestiones no suscitadas formalmente por ninguna de las partes, dará lugar, conforme el artículo 727.3, a la nulidad de la sentencia y a la reposición de los actos al estado previo al de la comisión de la falta, para que, con observancia del trámite previsto en el precepto citado, se produzca nuevo pronunciamiento por el Tribunal de instancia. Este motivo tiene por propósito demostrar que en el proceso y particularmente en la sentencia recurrida se incurrió en violación de leyes ordinarias que conllevan infracción de derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, como ser el derecho de defensa, el derecho de audiencia, el debido proceso, la competencia reglada y la protección de la cosa juzgada, cuya violación se sanciona con la nulidad, a efecto de que el Tribunal restituya el derecho transgredido. Previo a desarrollar puntualmente este motivo, permitidme justificar su legitimidad y procedencia citando la sentencia del 6 de junio de 1,992, dictada por el Tribunal Supremo español, en un caso análogo al nuestro, que en sus partes conducentes dice: “El Tribunal de apelación no podía conocer de nuevo un argumento que había sido desestimado en primera instancia, sin que dicho pronunciamiento hubiera sido combatido por los demandados, ya que dicho extremo había sido consentido (no apelado por la parte perjudicada, y, tenido por firme, incurriendo la Audiencia en incongruencia por desconocer la santidad de la cosa juzgada”. Sigue diciendo esta sentencia: “Hay quienes entienden que las simples consideraciones de las sentencias no producen cosa juzgada, por ser la cosa juzgada un efecto de los pronunciamientos judiciales y no de los razonamientos. Podríamos deducir entonces que, debido a esta falta de cosa juzgada, es posible que el Tribunal de apelación se pronuncie sobre aquellos argumentos que han sido estimados o desestimados que no han sido impugnados por las partes en el recurso. Pero como lo ha establecido reiteradísima jurisprudencia, no se permite al Tribunal ad quem pronunciarse sobre los extremos de hecho resueltos y desestimados en la primera instancia, cuando no han sido impugnados por el perjudicado, ya que si se permitiera dicho pronunciamiento, se vulneraría el principio dispositivo o de justicia rogada que rige el proceso civil en todas sus fases, impidiendo la debida defensa y, por ende, causando indefensión.” Pues bien Honorable Corte, resulta que en el asunto de marras, la defensa de derechos planteada en nuestra expresión de agravios, se centró en desvirtuar el único hecho que conformaba el debate en la segunda instancia, relativo a la inexistencia de un doble beneficio fiscal en caso de concederse lo pedido, para lo cual incluso allegamos, con la finalidad de ilustrar al Ad Quem y obtener su convencimiento más allá de toda duda, el dictamen técnico de un perito especializado. Evidentemente, todo nuestro esfuerzo se centró en demostrar que la concesión del crédito fiscal no configuraba el doble beneficio invocado por el A Quo como motivo único para desestimar el crédito, dejando por fuera y sin ataque legal el hecho relativo que haber registrado los desembolsos como gastos y no como cuentas por cobrar a la DEI, provocaba la perdida del derecho, por cuanto tal hecho, debatido en primera instancia, ya había sido dilucidado en favor nuestro por el A Quo, y en tal virtud, no habiendo sido atacado ni impugnado, era completamente ajeno al debate, en concordancia con el texto del artículo 10.1 del Código Procesal Civil, que contiene el principio dispositivo, según el cual “la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso; la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate”. A pesar de lo expuesto, la sentencia del Ad Quem declaró no haber lugar al recurso de apelación y confirmó la resolución recurrida, basándose no en los motivos discutidos en su sede, que inexorablemente vinculaban la decisión, según lo dispone el artículo 11.1 del Código Procesal Civil, que dice: “los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este Código”; sino que, exclusivamente en el hecho de considerar que se pierde el derecho al crédito por no haberlo contabilizado como cuenta por cobrar a la DEI. En otras palabras, la sentencia de alzada se profirió sobre la base de un extremo ajeno a la controversia y sobre el cual ya había operado la majestad de la cosa juzgada, por haber sido aceptado y consentido por ambas partes en la primera instancia, violando así en forma directa el citado artículo 11.1 del Código Procesal Civil. Cabe recalcar que sobre el hecho verdaderamente debatido (supuesto doble beneficio) no hubo ni la menor articulación en la sentencia de apelación. Es de advertir que el objeto del proceso a que alude el artículo 10.1 del Código Procesal Civil, en la segunda instancia, según resulta del contraste de los escritos de expresión y de contestación de agravios, quedó fijado en solo uno, relativo a si el otorgamiento del crédito produciría doble beneficio, y al no haber un pronunciamiento en base a dicho tema, sino a uno extraño, no esgrimido ni pugnado por las partes, resulta claro que se nos restringió el derecho de defensa, contenido en el artículo 82 constitucional, pues evidentemente se nos ha despojado de la oportunidad procesal de presentar argumentos en defensa y respaldo del apartado favorable pronunciado por el A Quo. Todo esto indudablemente nos vulnera el derecho de audiencia (Art. 94 constitucional), por cuanto lo debatido era un hecho específico, determinado y concreto, y la decisión se basó en uno completamente ajeno, sobre el cual, en la segunda instancia, no gozamos de la oportunidad de ser oídos antes de ser vencidos, para efectos de procurar el convencimiento del Tribunal sentenciador. Todo lo cual, Honorable Corte, produce en definitiva un indudable quebrantamiento a nuestra garantía procesal genérica del debido proceso, pues el Ad Quem no se mantuvo fiel a los supuestos de hecho que sirven de soporte a las pretensiones de los litigantes, y en su lugar, revivió extremos fácticos resueltos a nuestro favor y extintos en la primera instancia, por no haber sido atacados por las partes. Adicionalmente a lo expresado, la mencionada actividad provoca la contravención de la garantía establecida en el artículo 186 constitucional, según la cual, los asuntos sobre los cuales pesa la autoridad de cosa juzgada no pueden ser reabiertos, salvo a través del recurso de revisión (situación inexistente en nuestro caso). En la misma línea jurisprudencial expresada en la sentencia del Tribunal Supremo español que antes se reprodujo, encontramos la sentencia 120/1989, del 3 de julio de 1,989, dictada por el Tribunal Constitucional español, que dice: “(...) El pronunciamiento judicial ha empeorado la situación que el apelante tenía ya reconocida en la resolución apelada, por el mero hecho de la apelación y sin que hubiese existido petición alguna de los apelados que liberase al órgano judicial superior de los estrictos términos de la inicial pretensión impugnatoria. La pretensión favorable en una decisión desfavorable para el recurrente, por su sola impugnación y, en base a pretensiones y argumentos no invocados formalmente por nadie mediante la apelación, ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, por lo que procede otorgar el amparo solicitado.” En suma Honorable Corte, ante la indiscutible trasgresión de las garantías procesales que se citan, con rango constitucional y desarrolladas por las normas secundarias antes reproducidas, que suponen el ejercicio de atribuciones que la ley no otorga (infringiendo la competencia reglada), al resolver sobre extremos que escapan a sus facultades, que consecuentemente desembocan en nulidad, en atención al artículo 321 constitucional, y que provocan indefensión, resulta procedente declarar haber lugar al presente recurso y aplicar la consecuencia fijada en el artículo 727.3 del Código Procesal Civil, es decir, anulando la sentencia y ordenando reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior a aquel en que se hubiere producido la falta, para que se proceda a dictar nueva sentencia, pero esta vez guardando absoluta fidelidad a la motivación fáctica (de la segunda instancia) en que se basan las pretensiones de fondo.”.- II.- Que en el motivo que antecede se incurre en una serie de defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) en su formulación se alude a la infracción de disposiciones constitucionales, pero en su explicación se señalan otras normas ordinarias que no fueron mencionadas en el cargo, como es el caso de los artículos 10.1 y 11.1 del Código Procesal Civil; b) aduce una supuesta contravención a la cosa juzgada, cuando no se ha producido ningún fallo firme que la determine, siendo que la sentencia del ad-quem confirma la del juzgado de primera instancia; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia, lo cual no es viable en este recurso extraordinario de casación.- III.- Que el Recurrente en su segundo motivo expone: “Infracción de los artículos 10.1, 10.2, 11.1, 206.2 y 208.1 del Código Procesal Civil (en relación con el artículo 190 y 903.2 del Código de Procedimientos Civiles), cometida al vulnerar las formas y contenido de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. Este segundo motivo, siguiente en prioridad por sus consecuencias jurídico-procesales en caso de acogimiento, está dirigido a atacar concretamente la violación al principio de aportación de parte, al dispositivo y al de congruencia, como principios reguladores de la forma y contenido de las sentencias. Para comenzar, podemos afirmar que la congruencia es una cualidad insita en la sentencia, no sólo exigida por la ley procesal, sino también es exigencia constitucional, como encontramos en las sentencias del Tribunal Constitucional español 95/2005, de 18 de abril y 194/2005, de 18 de julio. Esta última, tras referirse a los tipos de incongruencia, se centra en la extra petitum y dice, literalmente, que “constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en el proceso civil, donde ahora nos movemos, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, por lo que éste deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o realidad histórica que les sirve como razón o causa de pedir (causa netendi)”. En el presente caso, existió por parte del Ad Quem una violación a la prohibición “pendente apellatione nihil innovetur”, pues la sentencia varió el thema decidendi de la segunda instancia, incurriendo en incongruencia por extra petita, lo que en definitiva distorsioné el fallo o parte resolutiva, volviéndolo ilegal y desde luego casable de pleno derecho. Según la sentencia del Ad Quem, el indebido registro de las erogaciones como gastos y no como cuentas por cobrar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, hace que se pierda el derecho al crédito, argumentándose una meridiana claridad de la Ley del Impuesto Sobre Ventas en tal sentido, lo cual más bien constituye una distorsión del texto legal, por cuanto el precepto que cita [artículo 12 párrafo 14] es precisamente la disposición que legitima la pretensión planteada ante la Jurisdicción de lo Fiscal Administrativo. Dice el Ad Quem en sus razonamientos: “CONSIDERANDO (4): Que si bien es cierto entre las figuras gasto o costo pudieren parecer sinónimo, pero no lo son, ya que existen diferencias conceptuales entre una y la otra, en consecuencia tienen fines y tratamiento distintos en materia fiscal, como así correctamente lo señaló el A-quo en la sentencia definitiva por este dictada, quedando el gasto fuera del crédito fiscal pretendido por el demandante, por lo que no se le pueden dar interpretaciones analógicas o extensivas para determinar el sentido y alcance de las mismas, como así lo ordenada el Código Tributario, que prescribe que su interpretación será siempre de forma estricta. CONSIDERANDO (5): Que la normativa jurídica aplicable al caso concreto es clara al señalar los presupuestos para poder gozar de beneficio de crédito fiscal, y en caso que nos ocupa no se da el derecho a la pretensión de crédito fiscal solicitada por el demandante porque la contabilidad como gastos y no como cuentas por cobrar de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, no es generadora de el crédito fiscal que es objeto del juicio y que pretende el apelante decreten los Tribunales de esta Jurisdicción, como así bien lo prescribe la Ley de Impuesto Sobre Ventas en su articulado 12, párrafo 14, por lo que la sentencia venida en apelación está dictada conforme a derecho. CONSIDERANDO (6): Que por los motivos antes expuestos esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que la sentencia definitiva venida en apelación se encuentra dictada conforme a derecho, por lo que procede su confirmación”. De lo anterior, se estima que la resolución recurrida incurre en violación a las formas de la sentencia, derivando en indefensión, por infracción al principio de aportación de parte, desarrollado por el artículo 11.1 del Código Procesal Civil, según el cual, “los hechos en que se deba fundar la resolución judicial de fondo se han de alegar por las partes en los momentos fijados por este Código”. Lo anterior, en íntima relación con la congruencia a que alude el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, que en su parte conducente dice: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan...” Complementando esta normativa, encontramos lo conducente del artículo 206.2 del Código Procesal Civil, relativo a los requisitos internos de la sentencia, que dice: “El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.” Pues bien, el sentenciador de segunda instancia acudió a fundamentos de hecho no alegados por las partes, en clara infracción del citado artículo 206.2, que constituye una regla relativa a la forma de las sentencias. Ahora bien, como ya se explicó en el desarrollo del primer motivo de casación, en la segunda instancia los hechos del debate se filtraron a uno solo, atinente a si el otorgamiento del crédito que se reclama como pretensión primaria configuraría un doble beneficio para el contribuyente. El aspecto relativo a los efectos de su registro contable, (si se hace como gasto, como costo, como cuenta por cobrar a la DEI, etc.), fue dilucidado a nuestro favor en la primera instancia, según aparece en el considerando 8 de la sentencia dictada por el A Quo, que en su parte conducente dice: “... ni la Ley de Impuesto Sobre Venta, su Reglamento ni ninguna legislación Tributaria expresamente establece que este aspecto vulnere el derecho de cualquier contribuyente a reclamar un crédito sobre dichas cantidades...”. Resulta evidente pues, que el sentenciador de primera instancia desechó la primera defensa del demandado, declarando que no existe — como en efecto así es — ningún precepto legal que disponga que el derecho al crédito se pierda por no haber registrado la erogación de tal o cual forma, pero sin embargo, deniega la nota de crédito acogiendo la segunda defensa del demandado, consistente en la errónea justificación de que se configuraría un doble beneficio, uno por haber utilizado los desembolsos como deducción del impuesto sobre la renta y el otro por el otorgamiento del crédito. De esta manera, el objeto del debate queda circunscrito a la procedencia de esta segunda defensa, pues lo declarado sobre el registro contable fue desechado por el A Quo y consentido por las partes. De lo anterior tenemos que el único motivo fáctico a decidir en la segunda instancia, y que de hecho fue el único impugnado y atacado, gravitaba alrededor de la configuración o no del citado doble beneficio fiscal, no así sobre el primer hecho, que como ya se dijo, quedó decidido definitivamente en la sentencia a quo y protegido bajo la majestad de la cosa juzgada. Por consiguiente, cuando el Ad Quem pronuncia su fallo basándose exclusivamente en un hecho que no forma parte del objeto del debate, incurre en incongruencia por extra petita y violenta la regla tantum devolutum quantum apellatum, pues por una parte, decide sobre extremos no constitutivos de la ratio decidendi, y por la otra, porque sobre el verdadero objeto (doble beneficio fiscal), guardó absoluto silencio. Según explicación del doctrinario A. Rengel Romberg, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano II, Teoría General del Proceso, se establece: “...Nuestro sistema del doble grado de jurisdicción está regido por el principio dispositivo que domina en nuestro proceso civil, y por el principio de la personalidad del recurso de apelación, según los cuales el Juez Superior sólo puede conocer de aquellas cuestiones que le sean sometidas por las partes mediante apelación (nemo judex sine actore) y en la medida del agravio sufrido en la sentencia de primer prado (tantum devolutum quantum appellatum) de tal modo que los efectos de la apelación interpuesta por una parte no benefician a la otra que no ha recurrido, quedando los puntos no apelados, ejecutoriados y firmes por haber pasado en autoridad de cosa juzgada...” Por su parte el Dr. Manuel Palacios, en su libro “El Recurso de Casación Civil”, Ediciones Legales, Editorial San Marcos, sostiene que: “El tribunal de segundo grado sólo conoce y se pronuncia sobre lo que es puntual materia de denuncia en el recurso de apelación. Su competencia queda enmarcada en los extremos del recurso. No puede realizar averiguaciones de hecho ni alterar el relato fáctico resultante de la sentencia de mérito. No tiene competencia para modificar las cuestiones de hecho, no puede pronunciarse sobre aspectos de la resolución que no han sido reclamados...” Así, resulta evidente la trasgresión a la regla “pendente apellatione nihil innovetur”, al fundarse la sentencia de apelación en hechos decididos a favor del actor en la primera instancia, lo cual, asimismo, infringió el principio de aportación de parte y el dispositivo, incurriendo en incongruencia. Para ahondar un poco mas sobre la procedencia de este motivo casacional, me permito citar la jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo español, conformada, entre otras, por las sentencias del 13 de mayo de 2002 y 29 de septiembre de 2006, que dicen: “Así lo exigen los principios de rogación (sentencias de 15 de diciembre de 1984 (RJ 1984, 6116), 4 de julio de 1986 (RJ 1986, 4410), 14 de mayo de 1987, (RJ 1987, 3531) 18 de mayo (RJ 1996, 3791) y 20 de septiembre de 1996, 11 de junio de 1997), y de contradicción (sentencias de 30 de enero de 1990 y 15 de abril de 1991), por lo que el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y planteamientos de las partes, de conformidad con la regla “iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium” (sentencias de 19 de octubre de 1981 y 28 de abril de 1990), sin que quepa modificar los términos de la demanda (prohibición de la “mutatio libelli”, sentencia de 26 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9663), ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia (pendente apellatione nihil innovetur, sentencias de 19 de julio de 1989, 21 de abril de 1992 (RJ 1992, 3315) y 9 de junio de 1997). La alteración de los términos objetivos del proceso genera una mutación de la “causa petendi”, y determina incongruencia “extra petita”, todo ello de conformidad con la doctrina jurisprudencial que veda, en aplicación del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resolver planteamientos no efectuados (sentencias de 8 de junio de 1993 (RJ 1993, 4469), 26 de enero (RJ 1994, 445), 21 de mayo (RJ 1994, 3728) y 3 de diciembre de 1994 (RJ 1994, 9400), 9 de marzo de 1995, 2 de abril de 1996, 19 de diciembre de 1997 y 21 de diciembre de 1998 (RJ 1998, 9756)), sin que quepa objetar la aplicación (aludida en la sentencia de la Audiencia) del principio “jura novit curia”, cuyos márgenes no permiten la mutación del objeto del proceso, o la extralimitación en la causa de pedir (sentencias de 8 de junio de 1993, 7 de octubre de 1994 (RJ 1994, 7715), 24 de octubre de 1995 y 3 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 8258)), ni en definitiva autoriza, como dice la sentencia 25 de mayo de 1995 (RJ 1995, 4128), la resolución de problemas distintos de los propiamente controvertidos”. En el presente caso, el Ad Quem habiéndose basado en material fáctico ajeno al objeto del debate, lo mutó y alteró, con lo cual provocó incongruencia extra petitum y vulneró los principios dispositivo y de aportación de parte, contenidos en los artículos 10.2 y 11.1 del Código Procesal Civil, que se relacionan con el 208.1 del mismo cuerpo legal y el 190 del Código de Procedimientos Civiles. Todas estas normas son atinentes a la forma y contenido de la sentencia.”.- IV.- Que en el motivo que antecede, aparte de realizar extensos alegatos propios de instancia, el Impetrante invoca la infracción de normas del Código Procesal Civil que al momento de dictarse el fallo en segunda instancia no resultaban aplicables, al haberse iniciado dicho proceso con la vigencia del Código de Procedimientos Civiles, conforme lo previsto en los artículos 914 y 916 del citado Código, de aplicación supletoria en cuanto a los recursos; también olvida que la sentencia de segunda instancia confirma y hace suyos los pronunciamientos del a-quo, por lo que no es posible admitir el cargo en la forma expuesta. - V.- Que en el tercer motivo se invoca: “Interpretación errónea del artículo 12 párrafo catorce de la Ley del Impuesto Sobre Ventas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. Previo a puntualizar la vulneración que cimienta este motivo, procederé a relatar brevemente los hechos y pretensiones concretas en que se fincan los reclamos, tanto el planteado por la vía administrativa como el judicial que nos ocupa. Resulta que mi Mandante durante los períodos fiscales 1,999 — 2,003 realizó compras internas de bienes y servicios que generaron un pago de impuesto sobre ventas por la suma de L.10,996,775.85. Dicho impuesto, por un error involuntario, fue contabilizado como gasto y no como cuenta por cobrar a la DEI, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el artículo 12 párrafo catorce de la Ley del Impuesto Sobre Ventas (norma indebidamente interpretada). Este error contable produjo como consecuencia económica que mi Mandante, en lugar de recibir un beneficio fiscal de L.10,996,775.85, correspondiente al impuesto sobre ventas pagado y generador de crédito, únicamente fuera beneficiada con una disminución en el pago del impuesto sobre la renta por el orden de L.1,941,409.98. Debido a lo anterior, mi representada gestionó ante la DEI, después ante la Secretaría de Finanzas (en apelación administrativa) y posteriormente ante las instancias judiciales, la concesión de una nota de crédito por el importe del impuesto sobre ventas pagado, previa reversión del beneficio obtenido o bien reversado por la misma DEI a posteriori a través del procedimiento instaurado por los artículos 122, 129 y 132 del Código Tributario. Lo descrito constituye la pretensión de fondo de la demanda originaria de este proceso. Jamás existió ni siquiera en apariencia la intención de obtener un doble beneficio, pues la verdadera finalidad, según aparece en los autos, era la de enmendar un error y revertir un acto expresamente prohibido por la Ley, retomando los beneficios impropiamente obtenidos y en su lugar pasando a gozar de los que legalmente corresponden, que por cierto, los quintuplican en su importe. A todo lo cual, tanto las autoridades administrativas como las judiciales, se opusieron, valiéndose de la interpretación errónea e ilegítima del artículo 12 párrafo catorce de la Ley del Impuesto Sobre Ventas, que lejos bien, es la norma que los compele a conceder la petición. Permitidme pasar ahora, para demostrar esta aseveración, a transcribir lo conducente del precepto legal en cuestión, para luego contrastarlo con la interpretación del Ad Quem: Dice el Artículo 12 párrafo 14: “(...) En ningún caso en que el impuesto sobre ventas deba ser tratado como crédito fiscal podrá ser tomado como costo o gasto del impuesto sobre la renta...” Ahora, el Ad Quem, mediante su interpretación errónea, ha invertido sutilmente el sentido de este artículo, y lo ha interpretado como si dispusiera lo siguiente: “En ningún caso en que el impuesto sobre ventas deba ser tratado como costo o gasto del impuesto sobre la renta, podrá ser tomado como crédito fiscal”. Honorable Corte, comparad estas dos oraciones. Haciendo este simplísimo ejercicio de palabras queda absolutamente demostrado que la norma, más que malinterpretada, ha sido tergiversada, su sentido cambiado, invertido en 180 grados, para crear la ilusión de que las cantidades registradas como gasto no podían ser generadoras de crédito, cuando por el contrario, la norma establece que las cantidades generadoras de crédito no podían ser utilizadas como gasto. Todo lo cual infringe las reglas de interpretación literal que instituye el artículo 6 del Código Tributario (odiosa sunt restringenda) y valida el presente motivo de casación. Dicho precepto dice: “Artículo 6.- En la interpretación de las disposiciones de este Código se estará a lo que sobre la materia prescribe el Titulo preliminar del Código Civil en los artículos 17, 18, 19 y 20. Las leyes fiscales se interpretarán siempre en forma estricta por lo que para determinar su sentido y alcances no podrán utilizarse métodos de interpretación extensivos o analógicos”. En conclusión, si bien mi Mandante cometió un error al registrar como gasto operaciones generadoras de crédito fiscal, también lo es que precisamente esa infracción, contablemente corregible, es la que ha pretendido enmendar a lo largo de todo este proceso, tanto en su etapa administrativa como en la judicial, para poder hacer las reversiones contables correspondientes, según los procedimientos establecidos por los NIA`S y NIF‘S, es decir, por los principios de contabilidad generalmente aceptados (Gaceta No. 27,857 del 16 de Enero de 1,996 y Gaceta No. 30,624 del 1 de Octubre del 2,008), procediendo a registrar el impuesto pagado en las partidas o folios que correspondan y anulando o rectificando los equivocados. Pero hasta ahora no ha podido lograr su propósito de enmienda. Parece ser que cuando la infracción de una ley beneficia al Fisco, es completamente válida y debe tenerse por firme e inamovible, se vuelve pétrea, pero cuando lo afecta, es digna de toda persecución y de los castigos más graves que contemple la ley. Honorable Corte, no debe permitirse que se coloque al Estado de Honduras (la DEI en este caso) en un plano de superioridad ante la ley, autorizándosele ser beneficiada con interpretaciones arbitrarias, analógicas y prohibidas de la ley. Ante la autoridad judicial y ante la ley, todos somos iguales, con los mismos derechos, deberes y cargas. Así pues, si de la rectificación de la falta resulta conforme el texto literal e ininterpretado de la ley un beneficio económico superior para mi Mandante, debe otorgarse, sin miramientos ni contemplaciones hacia el Estado, porque, tal como lo manda el artículo 323 constitucional en relación con el artículo 5 del Código Civil, la ley es obligatoria para todos, y ningún funcionario está por encima de ella. Dura Lex, Sed Lex.”.- VI.- Al igual que en el primer cargo, se señala en su formulación, la interpretación errónea del artículo 12 párrafo 14 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas y en su extensa explicación constitutiva de alegatos propios de instancia, e invoca otras disposiciones que no fueron incluidas en su motivo, como es el caso de los artículos 323 constitucional, 5 del Código Civil, 6, 122, 129 y 132 del Código Tributario, lo cual hace que el mismo tampoco resulte admisible.- VII.- En el cuarto motivo el Censor arguye: “Aplicación indebida del artículo 12 párrafo catorce de la Ley del Impuesto Sobre Ventas e inaplicación del literal B) del mismo artículo 12. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil.”.- VIII.- Tal cargo resulta contradictorio con el anterior, ya que una misma norma no puede ser objeto de interpretación errónea y aplicación indebida al mismo tiempo, por lo que se tuvo que haber optado por una sola vía, lo cual hace que el mismo resulte inadmisible.- IX.- Que en el quinto y último motivo se indica: “Inaplicación de los artículos 122, 128 párrafo primero y 131 del Código Tributario. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Mi Mandante, como ya se expresó, realizó compras internas de bienes y servicios en el periodo 1,999 — 2,003 por las cuales pagó impuesto sobre ventas por valor de L.10,996,775.84. Este hecho fue constatado mediante auditoria de la DEI, según aparece reflejado en las actuaciones administrativas, en las resoluciones que constituyen el acto impugnado y en el considerando 7 de la sentencia a quo. Es un extremo real y procesalmente cierto y en ningún momento ha sido cuestionado. Pues bien, tenemos claro que el artículo 12 inciso B) de la Ley del Impuesto Sobre Ventas manda que sobre ese importe se debe conceder crédito al contribuyente, por lo cual, entra a operar para el Estado de Honduras la obligación de materializar este otorgamiento, según el texto del artículo 122 del Código Tributario, que dice: “Artículo 122.- La autoridad tributaria competente estará obligada a devolver las cantidades pagadas indebidamente, por cualquier causa, por los contribuyentes o responsables, y las demás que procedan de conformidad con las leyes fiscales - Ley del Impuesto Sobre Ventas -. En tal caso procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 del presente Código. La autoridad tributaria podrá proceder en estos asuntos de oficio o a petición de parte. Si procede de oficio informará de inmediato al correspondiente sujeto pasivo. La devolución, en su caso, podrá hacerse mediante cheque o, si así lo solicita el contribuyente o responsable por medio de nota de crédito.”. Pero, en vista de que la autoridad administrativa no procedió a cumplir con las obligaciones legales aludidas, cobró vigencia y aplicación el artículo 128 párrafo primero del Código Tributario, que a la letra dice: “Artículo 128.- El reclamo judicial de la devolución de sumas pagadas indebidamente o de la expedición de notas de crédito por parte de los contribuyentes o responsables obligará al Estado a pagar costas y la tasa de interés activa más alta vigente en la banca privada nacional a la fecha en que la correspondiente sentencia adquiera el carácter de firme.” La sentencia impugnada infringe estas disposiciones legales, por falta de aplicación de las mismas al caso concreto, negando el crédito demandado y sus accesorios, a pesar de haberse cumplido con los requisitos establecidos por la Ley, los cuales están debidamente acreditados y no son, ni han sido, materia de debate. Asimismo, según lo establece taxativamente el artículo 122, trascrito, una vez que se otorga el crédito y previo a la emisión de la respectiva nota, la DEI debe proceder a hacer las deducciones de cualquier débito a cargo del contribuyente beneficiario, remitiendo expresamente dicha norma al procedimiento del artículo 131 del Código Tributario, que establece el trámite de compensación de obligaciones previo a materializar una nota de crédito, con lo cual se cierra el círculo de disposiciones que legitiman la pretensión íntegra de mi Mandante, en el sentido de que existe base legal suficiente para la reversión del beneficio obtenido al registrar irregularmente las operaciones como “gasto”, de modo tal que el Fisco pueda recuperarlo a través de la referida compensación; careciendo en consecuencia de todo sentido la invocación del multicitado doble beneficio y en consecuencia la negación de la nota de crédito, la cual, como quedó establecido, debe otorgarse en la sentencia. Todas estas disposiciones, perfectamente subsumibles al caso concreto, fueron inaplicadas por el Ad Quem, lo que produjo una decisión equivocada, injusta y violatoria de la legislación tributaria vigente, negando derechos que la ley otorga, cuya concesión no queda al arbitrio y capricho de las autoridades, sean estas administrativas o judiciales”.- X.- De nuevo el Recurrente alude en la formulación del cargo, a la inaplicación de ciertas normas del Código Tributario, sin embargo en su explicación invoca el artículo 12 inciso B) de la Ley del Impuesto Sobre Ventas, que no fuera relacionada, lo cual lo vuelve confuso y por ende no se puede admitir.- XI.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los cinco motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2 inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- XII.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 200, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cinco motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de Enero del Dos Mil Trece; Certificación del auto de fecha quince de enero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 107-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL