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Sentencia CA-1036-12 — Registro 2955

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante por no ajustarse a derecho el acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.-DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Falta de aplicación del Artículo 3 literal f) de la Ley del Servicio Civil en relación con los artículos 17 y 33 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, PCM-1008-97.”.-“.-Que en cuanto al motivo que antecede, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) carece de precisión y claridad cuando se indica al mismo tiempo, los conceptos de interpretación errónea y falta de aplicación, ya que los mismos comprenden distintas situaciones jurídicas, que debieron ser indicados en forma separada e independiente; y, b)olvida la Impetrante señalar el precepto autorizante en que sustenta el motivo.- “Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- “ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra esteAuto no cabe recurso alguno.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de noviembre de dos mil trece, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en juicio por la abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA; y, Recurrido: MIRNA ELIZABETH BARDALES PADILLA, representada en juicio por el abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica particular individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento entre ellas el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones no disfrutadas doblemente remuneradas, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, derechos adquiridos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de marzo del año dos mil diez, por la señora MIRNA ELIZABETH BARDALES PADILLA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, representada en juicio por el abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, en contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en juicio por la abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 023-06 emitido por el Presidente Constitucional de la República el 08 de mayo de 2006, fue nombrada en el puesto de Coordinador Regional; que en fecha 25 de febrero de 2010, se le comunicó el Acuerdo No. 009-2010 emitido por el Presidente de la República, mediante el cual acuerda cancelar a la ciudadana MIRNA ELIZABETH BARDALES PADILLA, en el cargo de Coordinadora Regional de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, siendo efectivo a partir del 26 de febrero del 2010, debiendo publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Acuerdo de cancelación del cargo, que es ilegal, injusto, del cual pide su nulidad judicial por lo siguiente: En el Acuerdo de Nombramiento de manera ilegal e incorrecta, se insertó que el cargo para el que fue nombrada es Puesto Excluido, hecho que no es cierto porque el cargo de Coordinadora Regional en la Secretaría de Industria y Comercio no aparece dentro de los puestos excluidos conforme el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil Reformado por el Decreto 150-88, del 21 de diciembre de 1998 publicado en La Gaceta Número 25,717 de fecha 27 de diciembre de 1998, de igual forma no aparece en los cargos excluidos según el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en su artículo 21 numerales del 1) al 21), que el mismo aparece desglosado en el Presupuesto de Salarios Permanentes de Egresos e Ingresos de la Secretaría de Industria y Comercio, y en orden de jerarquía su jefe inmediato era el Gerente Administrativo de dicha Secretaría de quien recibía órdenes de la forma y el modo de realizar su trabajo, que le asiste el derecho a que se le paguen las prestaciones e indemnizaciones laborales, el derecho al disfrute de vacaciones doblemente remuneradas durante los años que sirvió, ya que únicamente se le concedían los derechos de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario.- 2.- La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, contestó dicha demanda señalando que si bien es cierto se emitió el Acuerdo Ejecutivo de Cancelación No.009-2010, este fue realizado conforme a derecho en virtud de que el puesto en el que fue nombrada la demandante es excluido de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; en relación con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo PCM-1008-97, que el Acuerdo Ejecutivo de Cancelación No.009-2010, fue realizado conforme a derecho en virtud de lo establecido en el artículo 17, en su tercer párrafo, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y competencia del Poder Ejecutivo PCM-1008-97, que el puesto en que se desempeñaba la señora demandante, es considerado de igual rango al de un Director General y por consiguiente se entiende que su puesto se encuentra excluido de la aplicación de la Ley del Servicio Civil en el articulo 3, literales f) y p), de la misma ley; que el artículo 33 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo. PCM-1008-97, se establece lo siguiente: Artículo 33.- Las Coordinaciones Regionales, departamentales o locales coordinaran acciones que correspondan a las diferentes Direcciones Generales y tendrán entre otras las siguientes funciones: a) Atender asuntos de competencia de la Secretaría de Estado en el ámbito territorial asignado; b) Ejecutar acciones, programas o proyectos comprendidos en los correspondientes planes operativos, en coordinación directa con las Direcciones Generales y demás Órganos especializados de la Secretaría, de Estado.”- En consideración de lo cual el puesto en el que se desempeñaba la demandante es considerado Puesto Excluido, por lo tanto aplica además de los artículos que hemos relacionado del Reglamento, Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, lo establecido en el artículo 3, literales a), f) y p) de la Ley del Servicio Civil, en relación con el artículo 11 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, el Artículo 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, así como en el Acuerdo de Nombramiento No. 023-06 de fecha 8 de mayo del 2006 en el cual se estableció claramente que el cargo de COORDINADORA REGIONAL que ostentaba la demandante era puesto excluido de la Ley del Servicio Civil, tal y como lo hemos señalado en los artículos anteriormente relacionados tanto de la Ley del Servicio Civil y su respectivo Reglamento, como del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo se puede concluir que la demandante no esta legitimada para la acción contenciosa administrativa que pretende anular un acto administrativo emitido por la autoridad nominadora apegado a derecho.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada por la demandante por no ajustarse a derecho el acto impugnado, reconoce la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adopta pagar a favor de la demandante las prestaciones laborales, derechos adquiridos, vacaciones adeudadas, así como cualquier otro derecho inherente producido durante la secuela del juicio, a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir. Criterio: que la demandante fue cancelada del puesto sin indicar en su acuerdo de cancelación el motivo específico de su cancelación, a pesar de estar protegida por la Ley de Servicio Civil, asimismo no consta en autos que la autoridad nominadora previo a tomar la decisión de cancelar de su puesto a la demandante, haya dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiséis de julio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que el acto impugnado es nulo de pleno derecho ya que fue dictado prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos previstos para cancelar, ya fuera por cesantía o despido a la demandante, que eran las únicas figuras por la que podía ser separada de su puesto de trabajo.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, en fecha cuatro de septiembre del año dos mil doce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de julio del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.104-2010, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.161-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha seis de septiembre del año dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la demandante, abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, presentó en fecha tres de octubre de dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de octubre del año dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, asimismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha diecisiete de octubre del año dos mil doce, la abogada KELLY LIDUVINA MOLINA MEZA y en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil doce, el abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados KELLY LIDUVINA MOLINA MEZA y JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ presentaron escritos de personamiento en fechas veinticuatro de octubre y uno de noviembre del año dos mil doce, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Falta de aplicación del Artículo 3 literal f) de la Ley del Servicio Civil en relación con los artículos 17 y 33 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, PCM-1008-97.”.- II.- Que en cuanto al motivo que antecede, el mismo resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) carece de precisión y claridad cuando se indica al mismo tiempo, los conceptos de interpretación errónea y falta de aplicación, ya que los mismos comprenden distintas situaciones jurídicas, que debieron ser indicados en forma separada e independiente; y, b) olvida la Impetrante señalar el precepto autorizante en que sustenta el motivo.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación del auto de fecha quince de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 1036-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL