Sentencia CA-1022-12 — Registro 2970
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su lugar de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que el Magistrado ponente en ninguno de sus considerandos argumenta o se pronuncia sobre lo solicitado en mi expresión de agravios, en cuanto a lo argumentado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo donde establece lo siguiente: “Declarar Sin Lugar el recurso de Apelación, interpuesto por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO en su condición de apoderada legal del Instituto de la Propiedad.- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre de dos mil once..” SEGUNDO: Que en sus considerandos la Honorable Corte no debate ninguna disposición ni alegato en contra de mi expresión de agravios en el numeral SEGUNDO dicha cancelación si se llevo a cabo el debido proceso para hacer efectivo la cancelación del señor GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, en virtud de que el demandante consta en auto del expediente administrativo que fue llamado a audiencia de descargo en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010) al actuar como un empleado irresponsable lo cual se encuentra anexado a dicho expediente administrativo; luego mediante OFICIO SGRH-URL No. 024-2010, se hizo efectiva la amonestación escrita, luego se dicto dicho acuerdo de cancelación No.211-2010, es evidente el debido proceso que se le aplico al demandante.- TERCERO: Que en dicha sentencia en dicho fallo Número Cuarto: se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante; en tal caso lo que llevo a efectuar la cancelación del demandante no fue para contratar nuevo personal puesto que al cargo no se ha hecho efectivo sustitución alguna. CUARTO: Que tal inoperancia honorables magistrados en virtud de que el demandante si tenía causales para la realización de tal despido.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, lo que se debió conceder, son los derechos que le corresponden de acuerdo a los salarios dejados de percibir; que el demandante pretende hacer ver como un empleado que ha cumplido con sus deberes como empleado del Instituto de la Propiedad; asimismo que si se siguió el debido proceso para proceder con el despido.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Servicio
Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”
“ Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, en el numeral segundo hace referencia al material probatorio cuando en este recurso no es permitible hacerlo, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y por último, en ninguno de los numerales señala que norma fue infringida, faltándole claridad y precisión por tal omisión.”
“ Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.”
“ Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 inciso a (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CA-1022-12
CORTE
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero de dos mil catorce, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSE TOMAS ARITA VALLE, designada la segunda ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA; y, Recurrido: GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, representado en juicio por el abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR.-
OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no ser conforme a derecho, por infringir el ordenamiento jurídico, quebrantamiento de las formalidades esenciales establecidas en la ley, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de titular de los derechos que se reclaman y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, el reintegro al cargo que ocupaba, pago de salarios dejados de percibir, reconocimiento de los respectivos incrementos salariales que en su caso tuviera el puesto del cual fue despedido ilegalmente durante la secuela del juicio, más el pago de los derechos laborales que ocurran durante el juicio, como ser decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones y bonificación por concepto de vacaciones y las costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-
ANTECEDENTES DE HECHO.-
1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución demandada el 12 de marzo de 2007, mediante acuerdo No.008-2007, como Oficial de Titulación dependiente de la Dirección de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad; que mediante acuerdo de cancelación No.211-2010 de fecha 30 de septiembre de 2010, la institución demandada infringió el ordenamiento jurídico al cancelar de su cargo al demandante sin observar las normas y procedimientos para la cancelación por despido o cesantía que establece la Ley del Servicio Civil y su reglamento, por lo tanto al no sujetarse a dicha normativa, el acto que ha emitido el Instituto de la Propiedad es nulo tal como lo ordena el inciso c) y f) del artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo; asimismo el mencionado acuerdo de cancelación es nulo al ser suscrito por la jefe de legal y no por la Secretaria General en defecto de la Directora que es la Titular del órgano, fundamentándose en un acuerdo de delegación de firma soslayando lo establecido en el artículo 123 de la Ley General de la Administración Pública.-
2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que las pretensiones del demandante se rechazan de pleno derecho, por no estar fundamentada conforme a derecho y en cuanto a que si es ilegal o no su despido se comprobará en el transcurso del juicio.-
3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de diciembre de dos mil once, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor Guillermo Alfonso Rápalo Servellón, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 211-2010, de fecha 30 de septiembre de 2010, emitido por el Instituto de la Propiedad por medio del cual se canceló al demandante; anulando dicho acuerdo de cancelación, reconociendo la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió el reintegro al cargo que ocupaba como Oficial de Titulación dependiente de la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad; condenando al Estado de Honduras, por medio del Instituto de la Propiedad, al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea efectivo el reintegro, más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que por todo lo expuesto anteriormente se puede resumir que el acto de cancelación se realizó infringiendo lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, tampoco indica el motivo o causal de la cancelación del acuerdo; de igual manera no consta en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para proceder a la cancelación del demandante por cesantía o despido, por lo que infringe el ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley y por ello a criterio de este juzgador, declarar procedente la nulidad de tal acuerdo de cancelación.-
4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiocho de junio de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del cargo que desempeñaba el demandante, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.-
5.- La representación procesal de la parte demandada, abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, presentó en fecha once de octubre de dos mil doce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiocho de junio de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 157-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 598-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del escrito a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.-
6.- La representación procesal del demandante, abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, presentó en fecha doce de noviembre de dos mil doce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de noviembre de dos mil doce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente y por medio de teléfono fijo de dicha resolución en fechas veintitrés de noviembre y once de diciembre de dos mil doce los abogados NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA y CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, como parte recurrente y recurrida, respectivamente.-
7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente; en providencia fecha once de febrero de dos mil trece, se declaró precluído el término concedido y dejado de utilizar por parte de los abogados NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA y CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, como parte recurrente y recurrida, respectivamente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite de ley correspondiente.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMERO: Que el Magistrado ponente en ninguno de sus considerandos argumenta o se pronuncia sobre lo solicitado en mi expresión de agravios, en cuanto a lo argumentado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo donde establece lo siguiente: “Declarar Sin Lugar el recurso de Apelación, interpuesto por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO en su condición de apoderada legal del Instituto de la Propiedad.- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre de dos mil once..” SEGUNDO: Que en sus considerandos la Honorable Corte no debate ninguna disposición ni alegato en contra de mi expresión de agravios en el numeral SEGUNDO dicha cancelación si se llevo a cabo el debido proceso para hacer efectivo la cancelación del señor GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, en virtud de que el demandante consta en auto del expediente administrativo que fue llamado a audiencia de descargo en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010) al actuar como un empleado irresponsable lo cual se encuentra anexado a dicho expediente administrativo; luego mediante OFICIO SGRH-URL No. 024-2010, se hizo efectiva la amonestación escrita, luego se dicto dicho acuerdo de cancelación No.211-2010, es evidente el debido proceso que se le aplico al demandante.- TERCERO: Que en dicha sentencia en dicho fallo Número Cuarto: se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante; en tal caso lo que llevo a efectuar la cancelación del demandante no fue para contratar nuevo personal puesto que al cargo no se ha hecho efectivo sustitución alguna. CUARTO: Que tal inoperancia honorables magistrados en virtud de que el demandante si tenía causales para la realización de tal despido.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia”. Tal inobservancia de los Honorables Magistrados, que en todo caso, lo que se debió conceder, son los derechos que le corresponden de acuerdo a los salarios dejados de percibir; que el demandante pretende hacer ver como un empleado que ha cumplido con sus deberes como empleado del Instituto de la Propiedad; asimismo que si se siguió el debido proceso para proceder con el despido.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.-
II.- Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a este Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado. Además, en el numeral segundo hace referencia al material probatorio cuando en este recurso no es permitible hacerlo, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y por último, en ninguno de los numerales señala que norma fue infringida, faltándole claridad y precisión por tal omisión.-
III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir el motivo formulado en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.-
IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra este Auto no cabe recurso alguno.-
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación del auto de fecha veintiuno de enero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 1022-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
Martínez
Paz Haslam
Arita