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Sentencia CA-536-09 — Registro 1570

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada en primera instancia se declara improcedente la acción por ajustarse a derecho el acto impugnado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la Recurrente invoca como violadas normas procesales que no tienen que ver con el objeto del debate, sino con la nulidad de actuaciones, que en el presente caso no se ha generado, porque no obstante la pretensión del demandante es la de que se decrete la nulidad del acto administrativo impugnado, son situaciones de diferente naturaleza y determinación jurídica, lo cual hace que dicho motivo no sea admisible.-""Que la Impetrante en su segundo motivo de casación aduce: “Infracción de la Ley o Doctrina Legal por violación, interpretación errónea y aplicación indebida de las Leyes por falta de aplicación de los artículos 61, 64 y 128, inciso 15 de la Constitución de la República en relación con los artículos 8 numeral 4) de la Ley General de la Administración Pública relacionado con el artículo 34 inciso e) de la Ley de Procedimiento Administrativo y artículo 306 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo novecientos tres (903) numeral uno (1) del Código de Procedimientos Civiles.”.- Que en el cargo que antecede la Censora del fallo incurre en el defecto de alegar la violación ó falta de aplicación de normas constitucionales que no procede su ataque por la vía de la infracción de la Ley, salvo que se hubiese hecho en relación con otras disposiciones legales; además, en su explicación hace referencia al material probatorio, lo cual no es propio invocando ese tipo de violación, razones que hacen que no proceda la admisión de dicho motivo"

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., once de agosto del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha once de enero de dos mil diez, por la Abogada REINA CORINA MARADIAGA REYES, mayor de edad, hondureña, con domicilio en Comayagüela, Municipio del Distrito Central, actuando en su condición de Apoderada del señor JUAN JOSE MARADIAGA REYES; en relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad de un acto Administrativo y el Reconocimiento de una Situación Jurídica Individualizada; promovida en fecha treinta de noviembre del año dos mil siete, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial por el señor JUAN JOSE MARADIAGA REYES, mayor de edad, hondureño, casado, Licenciado en Economía, con domicilio en El Jicarito, Municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, en contra de el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de su representante legal en ese entonces la Procuradora General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve, la cual fallo: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN FRANCISCO LOPEZ PADILLA en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha catorce (14) de mayo del dos mil nueve (2009) y que aparece del folio cuanto cuarenta y cinco (F-145) al folio numero ciento cuarenta y siete (F-147) de la pieza principal de autos.- TERCERO: Se declara improcedente la acción por ajustarse a derecho el acto impugnado consistente en el Acuerdo No.1429-SE-07 dictado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación de fecha treinta (30) de abril del año dos mil siete (2007) por ajustarse a derecho.”.- RESULTA: Que en fecha once de enero de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada REINA CORINA MARADIAGA REYES, de generales ya señaladas y en su condición de Apoderada del señor JUAN JOSE MARADIAGA REYES, formalizando su demanda de la siguiente manera:” LA EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO.- Infracción de Ley o Doctrina Legal por falta de aplicación del artículo numero 38, párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo numero 126; párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación, se encuentra comprendido en el artículo novecientos tres (903) numeral uno (1) del Código de Procedimientos Civiles. LA INFRACCION LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al dictar su fallo REVOCANDO la Sentencia apelada de primera instancia, lesionó los intereses de mi poderdante el señor JUAN JOSE MARADIAGA REYES, pues al declarar improcedente la acción incoada y revocar la sentencia definitiva dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo, uno de los criterios en que se basó la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad de Tegucigalpa, para REVOCAR la sentencia recurrida es expresar que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las pretensiones deducidas oportunamente en el Pleito y manifiesta que consta en el escrito de la demanda que el actor pidió la Nulidad del Acto Administrativo de fecha treinta (30) de Abril del año dos mil siete (2007), consistente en el acuerdo de cancelación numero 1429-SE-07 y continúa expresando que no pidió la Nulidad de las resoluciones de fecha tres (03) de Octubre del año dos mil siete (2007) y seis (06) de noviembre del dos mil siete (2007) que consisten respectivamente en la Resolución denegatoria del reclamo administrativo y la Resolución denegatoria del Recurso de Reposición del Reclamo Administrativo, sin embargo, manifiesta que el Juez A-quo en su sentencia de fecha catorce (14) de mayo del dos mil nueve (2009), anula no solamente el acuerdo de cancelación Numero 1429-SE-07 que solicita el demandante, sino también anula las resoluciones de fecha tres (03) de Octubre y seis (06) de Noviembre del año dos mil siete (2007) y califica que el Juez A quo sobrepasó los límites impuestos pro la parte actora, pero en este considerando es mas bien la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo quien infringe la Ley o Doctrina Legal al ignorar la ley y no aplicar los artículos número 38 en su párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo que expresa: La invalidez de una parte del acto no se comunicará a las demás EXCEPTO EN EL CASO DE QUE ESTAS DEPENDAN DE AQUELLA O RESULTE QUE, SIN LA PARTE VICIADA, EL ACTO NO HABRIA SIDO DICTADO y el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dice: EL TRIBUNAL QUE PRONUNCIARE LA NULIDAD DE ACTUACIONES DEBERA DISPONER, SIEMPRE QUE FUERE POSIBLE, LA CONSUMACION DE AQUELLOS ACTOS CUYO CONTENIDO HUBIERE PERMANECIDO EL MISMO, DE NO HABERSE COMETIDO LA INFRACCION ORIGEN DE LA NULIDAD, pues este precepto indica claramente que al detectarse la Nulidad del acto administrativo principal, en este caso la anulación del acuerdo de cancelación numero 1429-SE-07, los GENERADOS por este o sea los de fecha tres (03) de Octubre y seis (06) de Noviembre del dos mil siete (2007), deben también ser anulados legalmente y por lo tanto no hubo tal incongruencia expresada por dicha Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo, sino que se aplicó la Ley correctamente. SEGUNDO MOTIVO:……. Infracción de la Ley o Doctrina Legal por violación, interpretación errónea y aplicación indebida de las Leyes por falta de aplicación de los artículos 61, 64 y 128, inciso 15 de la Constitución de la República en relación con los artículos 8 numeral 4) de la Ley General de la Administración Pública relacionado con el artículo 34 inciso e) de la Ley de Procedimiento Administrativo y artículo 306 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo novecientos tres (903) numeral uno (1) del Código de Procedimientos Civiles. DOCTRINA La Constitución garantiza la igualdad ante la Ley. LA INFRACCION PASO A EXPLICARSELA EN LA SIGUIENTE MANERA: Otro criterio en que baso la Revocación de la Sentencia apelada, la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es decir que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que conocerá de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado, como es el que se celebró entre la Secretaría de Educación y mi representado JUAN JOSE MARADIAGA REYES, por consiguiente, continúa expresando la Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo, que este contrato no está sujeto a las disposiciones del Código del Trabajo; Pero la Constitución de la República en sus artículos 61, 64 y 128 que dice así artículo 61: La Constitución garantiza la igualdad ante la Ley, artículo 64 y 128 que dice: No se aplicarán Leyes y disposiciones Gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan y es esto precisamente lo que está avalando la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al revocar la Sentencia recurrida, pues desde el inicio de la relación de trabajo entre mi representado y el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Educación hubo infracción al ordenamiento jurídico, pues en primer lugar le fue entregado a mi representado un acuerdo de despido para un puesto de trabajo incorrecto, puesto que fue despedido como “MOTORISTA” y el fue contratad y ejerció funciones como “PROMOTOR SOCIAL” de Educación, como quedó debidamente probado en juicio, luego en la constancia emitida por la Dirección General de Servicio Civil, su Director claramente expresó que la Dirección de Servicio Civil NO emitió dictamen para la AUTORIZACION de este tipo de contratación y por lo tanto expresó, que no tiene competencia para pronunciarse sobre el mismo y a su vez, el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en su artículo numero Trescientos seis (306) manifiesta que toda acción de personal que se hiciere sin llenar los requisitos y formalidades, será NULA, y derivará la responsabilidad a que hubiere lugar en derecho a la Autoridad que la haya emitido, además que también hay infracción de la Ley o Doctrina Legal, pues el artículo ocho (8) numeral 4) de la Ley General de la Administración Pública manifiesta: Que los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen las garantías reconocidas por la Constitución de la República y relacionado con el artículo numero treinta y cuatro (34) de la Ley de Procedimiento Administrativo que expresa: Que sin perjuicio de lo establecido en Leyes especiales de acto administrativo es NULO… inciso e) los que contradigan el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública. Y por lo tanto, en la sentencia recurrida hay infracción de Ley o Doctrina Legal, pues no se aplicó correctamente la máxima ley de Honduras, como lo es la Constitución de la República, el reglamente de la Ley de Servicio Civil, La Ley de Procedimiento Administrativo en relación con la Ley General de la Administración Pública. TERCER MOTIVO:… Infracción de Ley o Doctrina Legal por falta de aplicación de los artículos 1547, 1548, 1573 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo novecientos tres (903) numeral uno (1) del Código de Procedimientos Civiles. DOCTRINA Esta modalidad de violación consiste en que a un caso establecido en el proceso no se le apliquen normas que la regulen. LA INFRACCIÓN LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al dictar sentencia de fecha veintisiete (27) de Octubre del dos mil nueve (2009), ignoró o pretendió ignorar lo preceptuado en el artículo número 1547 del Código Civil que dice: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes; a la moral ni al orden público y el artículo 1548 del mismo Código Civil expresa: Que la validez y el cumplimiento de los contratos, NO puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, y el artículo 1573 del mismo Código Civil dice: Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA SU VALIDEZ, pues este tipo de contratos, no reúne las condiciones esenciales para su validez, pues la Secretaría de Educación al elaborar este tipo de CONTRATO UNILATERALMENTE, con este tipo de cláusulas de despido que literalmente dice; Cláusula séptima inciso f) “La Secretaría Unilateralmente podrá dar por terminado el presente contrato por las siguientes causas imputables al contratista…… f) a voluntad de la Secretaría bastando para ello notificación con treinta (30) días de anticipación por escrito” y si bien es cierto que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes, NO es menos cierto que no se puede vulnerar el ordenamiento jurídico, ni restringir derechos y garantías de una de las partes en un contrato, con una cláusula que va en contra de lo ordenado en la Ley, siendo cuando así fuere estar ante CLAUSULAS NULAS, pues con este tipo de cláusulas de violentan derechos y garantías constitucionales, ya que no se pueden pactar cuestiones que restrinjan, disminuyan o tergiversen los derechos o garantías de las personas como es precisamente en el presente libelo, que a simple voluntad de la Secretaría de Educación, y sin ningún motivo justificado, rescindió el Contrato de trabajo de mi representado de forma unilateral e inconstitucional u por lo tanto esta cancelación de contrato no se realizó de conformidad a derecho. Al revocar esta sentencia la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no aplicó dichos artículos antes expresados y prácticamente con esta omisión, faculta al Estado a actuar arbitrariamente contra el derechos de sus trabajadores, todo en contra de la Constitución de la República que garantiza a los hondureños LA IGUALDAD ANTE LA LEY. En conclusión, la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo tenía que dictar la sentencia de fecha veintisiete (27) de Octubre del año dos mil nueve (2009) CONFIRMANDO LA SENTENCIA dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y es por los MOTIVOS DE CASACION antes expuestos, que procede que esta Honorable Corte Suprema de Justicia CASE la Sentencia recurrida.”.- RESULTA: Que en fecha doce de enero de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Licenciada REINA CORINA MARADIAGA REYES de generales ya expresadas, en su condición de Apoderada de el señor JUAN JOSE MARADIAGA REYES, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ, el nueve de abril de dos mil diez, de la siguiente manera: “OPINION Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina favorable a la admisión del recurso de Casación en los tres motivos invocados por el Recurrente.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por esta Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere.- CONSIDERANDO (2): Que la Abogada REINA CORINA MARADIAGA REYES, en su primer motivo alega: “Infracción de Ley o Doctrina Legal por falta de aplicación del artículo número 38, párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo número 126; párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación, se encuentra comprendido en el artículo novecientos tres (903) numeral uno (1) del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (3): Que la Recurrente invoca como violadas normas procesales que no tienen que ver con el objeto del debate, sino con la nulidad de actuaciones, que en el presente caso no se ha generado, porque no obstante la pretensión del demandante es la de que se decrete la nulidad del acto administrativo impugnado, son situaciones de diferente naturaleza y determinación jurídica, lo cual hace que dicho motivo no sea admisible.- CONSIDERANDO (4): Que la Impetrante en su segundo motivo de casación aduce: “Infracción de la Ley o Doctrina Legal por violación, interpretación errónea y aplicación indebida de las Leyes por falta de aplicación de los artículos 61, 64 y 128, inciso 15 de la Constitución de la República en relación con los artículos 8 numeral 4) de la Ley General de la Administración Pública relacionado con el artículo 34 inciso e) de la Ley de Procedimiento Administrativo y artículo 306 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo novecientos tres (903) numeral uno (1) del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (5): Que en el cargo que antecede la Censora del fallo incurre en el defecto de alegar la violación ó falta de aplicación de normas constitucionales que no procede su ataque por la vía de la infracción de la Ley, salvo que se hubiese hecho en relación con otras disposiciones legales; además, en su explicación hace referencia al material probatorio, lo cual no es propio invocando ese tipo de violación, razones que hacen que no proceda la admisión de dicho motivo.- CONSIDERANDO (6): Que en el tercer motivo se señala: “Infracción de Ley o Doctrina Legal por falta de aplicación de los artículos 1547, 1548, 1573 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo novecientos tres (903) numeral uno (1) del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (7): Que en el cargo que antecede no se explica de forma clara y precisa la forma en que el Juzgador debió haber aplicado las disposiciones citadas, realizando alegatos propios de instancia sobre lo que en su concepto particular debió haberse resuelto en el fallo recurrido, por lo que no procede su admisión.- CONSIDERANDO (8): Que por las razones anteriormente expuestas no procede la admisión de los tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral- Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, vista la opinión del Fiscal, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de Agosto de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha once de agosto de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 536-09.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL