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Sentencia CA-529-09 — Registro 1569

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la parte demandante por no estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados, en segunda instancia se conforma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo tal como ha sido formulado no constituye una proposición jurídica completa ya que adolece de los siguientes defectos técnicos, a saber: a) La norma citada como violada es de carácter general y no tiene relación con el asunto planteado. b) En las presentes diligencias la controversia se genera en relación a la legalidad o no de unos actos administrativos dictados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, donde se anula el otorgamiento de una personalidad jurídica a la demandante. De lo anterior se desprende que en el caso sub-júdice no ha existido aceptación sobre lo pretendido, antes bien ha sido el hecho discutido, por tanto el ataque a la sentencia por el concepto de violación o inaplicación no es viable. c) Finalmente, en su explicación se realizan señalamientos de otros marcos legales no enunciados con propiedad. Por lo anterior, el motivo resulta inadmisible"

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., once de agosto del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal en fecha quince de diciembre de dos mil nueve, por la Abogada ANA LIZETH CASTELLANOS GAYTAN, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de Apoderada sustituta del Estado de Honduras; en relación a la Demanda de nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se tenga por firme y valida la resolución 708-2005, emitida por entidad estatal, interpuesta ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha uno de junio de dos mil siete, por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la ASOCIACION NACIONAL DE ACCIONISTAS CLASE A y B DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES; Contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, por medio de la Procuradora General de la República en ese entonces señora ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha cinco de mayo de dos mil nueve, que FALLA: “PRIMERO: Declarar procedente la acción incoada por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la Asociación Nacional de Accionistas Clase A y B DEL Banco de los Trabajadores, por no estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en las resoluciones números 127-2006 y 359-2007 de fechas 21 de enero del 2006 y 28 de marzo del 2007 respectivamente, en consecuencia se anulan totalmente.- SEGUNDO: Se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se tiene por firme, valida y vigente la resolución número 708-2005 del 14 de julio del 2005 mediante la cual se le otorga personalidad jurídica de la Asociación demandante”.- RESULTA: Que en fecha quince de diciembre de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal la Abogada ANA LIZETH CASTELLANOS GAYTAN, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN INFRACCION DE LA LEY POR VIOLACIÓN E INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo está comprendido en el numeral 1° y preámbulo del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, el cual en lo conducente regula que habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal: Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes… El concepto de la infracción alegada se explica de la siguiente manera: Es evidente que la Sentencia impugnada violenta flagrantemente las disposiciones legales de orden público establecidas en el Artículo 4 de la Ley del Sistema Financiero vigente, el cual dispone expresamente que el Banco de los Trabajadores y las instituciones públicas del sistema financiero se regirán por sus propias leyes especiales y, supletoriamente, por las leyes, reglamentos y resoluciones a que dicho artículo se refiere, quiere decir precisamente el citado artículo que las instituciones financieras están regidas por los preceptos de la referida ley y en lo que le fueren aplicables por la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Ley del Banco Central, ley de Seguro de Depósitos, también en lo que fuere aplicable el Código de Comercio. Dicho lo anterior, es significativo señalar que el Banco de los Trabajadores es una institución de derecho público creada mediante Decreto Legislativo No.131 de fecha 08 de noviembre de 1966, cuyo funcionamiento está debidamente normado por su propia Ley Orgánica Especial y su Reglamento, regulado además por las leyes antes citadas, resoluciones emitidas por el Directorio del Banco Central de Honduras, sujeto también a la normativa emanada de la Comisión Nacional de Bancos y seguros, pero nunca por estatutos relativos a asociaciones autorizadas por la administración pública, pues en el caso de autos fácil resulta apreciar que la sentencia que se impugna no solo compromete a mi representado el Estado de Honduras, sino que también causa colateralmente daños al expresado banco ya que al confirmarse la sentencia de primera instancia se deja vigente la Resolución No.708-2005 del 14 de julio del 2005, mediante la cual se otorgó irregularmente una personalidad jurídica a la susodicha asociación con aprobación de sus estatutos, violentándose así abiertamente lo que dispone el artículo 4 de la Ley del Sistema Financiero y la propia Ley Especial del Banco de los Trabajadores, en donde están plenamente definidos los objetivos, fines y funcionamiento de tal institución bancaria, los cuales jamás pueden ser vulnerados, mucho menos modificados por un acto de la administración pública, sino únicamente por el Soberano Congreso Nacional de la República. Se aleja de todo derecho la sentencia recurrida en casación, porque da vigencia a una revocada Resolución No.708-2005 y vida jurídica a una irregular asociación, sin repararse que los estatutos de la misma tergiversan el sentido y alcance esencial de la Ley Especial del Banco de los Trabajadores, ya que lo establecido en esos estatutos atribuyen otro sentido a los fines y objetivos plenamente definidos en dicha Ley del Banco, lo cual resulta contraproducente porque traería diferencias de consecuencias insospechadas entre este grupito de veinticinco personas que formaron esa asociación con los cientos de miles accionistas que están en total desacuerdo con la asociación por considerarla nefasta a los intereses de la institución bancaria a la que pertenecen, lo cual mi representado el Estado de Honduras quiso evitar cancelándole la personería jurídica a tal agrupación. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: INFRACCIÓN DE LEY POR VIOLACIÓN E INAPLICACIÓN DEL 40 INCISOS a) y b) DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, los que en lo conducente dicen: “Los órganos de la administración no podrán mediante actos de carácter general: a) Alterar el espíritu de la ley, variando el sentido y alcance esencial de ésta; b) Regular salvo autorización expresa de una ley, materias que sean de la exclusiva competencia del poder legislativo…”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra también comprendido en el numeral 1° y preámbulo del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. El concepto de esta infracción se explica cuando al proferirse la sentencia que se impugna, tanto el tribunal ad-quen como el Juez a-quo en sus sentencias inadvirtieron que al emitirse la Resolución No.708-2005 que le vuelve la personalidad jurídica a la mencionada asociación, su representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia desafortunadamente violentó lo dispuesto en el Artículo 40 literal a) y b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues al efecto el citado artículo en sus literales indicados disponen con absoluta claridad que ni los órganos jurisdiccionales, mucho menos la administración pública, no pueden mediante actos de carácter general regular, salvo autorización expresa de la ley, materias que son de la exclusiva competencia del poder legislativo, sopena de nulidad del acto que emane de los mismos. fue por las razones legales antes apuntadas que mi representado el Estado de Honduras a través de la misma Secretaría de Gobernación y Justicia, al darse cuenta de su irregularidad procedió a revocar la Resolución No.708-2005, cancelando con esta la personalidad jurídica a la aludida asociación, cancelación que la administración pública hizo efectiva mediante la Resolución No.127-2006 de fecha 21 de enero del año 2006, resolución esta que fue debidamente publicada en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 28 de enero del año 2006, la cual aparece en la primera pieza de autos a folio 210, 203 y 204. Reparad Honorable Supremo Tribunal, que a todas luces resulta inconcebible e inaceptable en términos legales que en una institución bancaria regida por una Ley Especial un reducido grupo de sus accionistas formen una Asociación Nacional de Accionistas Clase A y B del Banco de los Trabajadores, ignorándose que esta institución aglutina a más de ciento veintiocho (128) mil accionistas dueños de dicho Banco, que comprende trabajadores del sector público y privado, sindicatos, federaciones y confederaciones de sindicatos, cooperativas y confederaciones de cooperativas, por eso dicha asociación constituye inequívocamente una contraposición flagrante a su Ley Orgánica y a todo el ordenamiento legal que lo regula, extremo probado en juicio mediante certificación extendida por el señor Contador del Banco de los Trabajadores que obra a folio 202, por lo tanto nos parece hasta absurdo e irrisorio pensar que este grupito de veinticinco (25) personas que forman tal asociación, pretendan vulnerar los derechos de la gran mayoría de accionistas no afiliados a esa espuria asociación, quienes viéndose conculcados en sus derechos podrían entrar en confrontación con los asociados, lo cual mi representado el Estado de Honduras y los órganos jurisdiccionales deberían precaver, pues no puede este grupito de personas suplantar a toda una legítima estructura social y accionaría de la mencionada institución. Con relación a lo anteriormente señalado, se aportó como prueba documental fehaciente e inobjetable una certificación del punto número décimo primero numeral uno del acta de la Cuadragésima (40° Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco de los Trabajadores, celebrada en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha 28 de marzo del 2007, extendida por el señor Secretario de la Junta Directiva del expresado Banco y de las Asambleas Generales de Accionistas del mismo, misma que corre en la primera pieza de autos y folio 227, con la cual se acreditó en juicio que tal Asamblea como órgano supremo del Banco rechazó y desconoció la citada asociación por ilegal y contraria a las estructuras legales de esa institución bancaria. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN INFRACCIÓN DE LEY POR VIOLACIÓN DE LOS ARTICULOS 29 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ARTÍCULO 44 NUMERAL 6 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO EN LO QUE SE REFIERE AL OTORGAMIENTO Y CANCELACIÓN DE PERSONALIDAD JURIDICA DE ENTES CIVILES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra también comprendido en el numeral 1° y preámbulo del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. El concepto de esta infracción de ley lo explicamos así: Tanto el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública, como el Artículo 44 numera! 6 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo coinciden en señalar de manera clara y taxativa, que es competencia funcional y por consiguiente una potestad privativa y discrecional de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, el otorgar y cancelar personalidad jurídica de todos los entes civiles, resultando lógico y hasta de sentido común que si mi representado el Estado de Honduras por medio de dicha Secretaría, mediante un acto administrativo otorga una personalidad jurídica, también puede cancelarla o revocarla a petición de parte interesada y hasta de oficio, en este último caso con el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República y sin dicho dictamen cuando la cancelación resulta a petición de parte como sucede en el caso de autos, donde las Resoluciones 127-2006 y 359-2007 que la sentencia impugnada en casación anula, ambas fueron emitidas por la Secretaría de Estado en referencia, cancelando con éstas la personalidad jurídica de la asociación aludida por considerar que la Resolución No.708-2005 fue dictada prescindiéndose no solo del procedimiento jurídico establecido, sino también de todo el estamento legal aplicable a los Bancos del sistema nacional y particularmente contrariando la Ley Orgánica Especial del citado Banco de los Trabajadores. Por lo anterior, nos parece fácil apreciar que el sentenciador impugnado violentó frontalmente lo que disponen los artículos referidos en este tercer motivo de infracción de ley, pues olvidó que conforme lo que disponen dichas normas legales, si es potestad exclusiva de la Secretaría de Gobernación y Justicia el otorgar y cancelar personalidad jurídica a los entes civiles, habida cuenta que no hay ninguna ley especial que confiera tal potestad a otros Órganos del Estado. En cuanto a la Resolución No.1032-2006 emitida también por mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia en fecha 02 de noviembre del 2006, con la cual se deja sin valor ni efecto la Resolución No.127-2005 emitida por la misma Secretaría de Estado, digo que contra tal Resolución No.1032-2006 el Apoderado Legal del Banco de los Trabajadores interpuso en su debido tiempo el Recurso de Reposición, el cual por su contundencia legal motivó la Resolución No.359- 2007 del 28 de marzo del 2007, siendo esta la última resolución del órgano de la administración mediante la cual mi representado el Estado de Honduras por medio de dicha Secretaría revocó legalmente en todos sus extremos la Resolución recurrida No.1032-2006, cancelándose así definitivamente la personalidad jurídica de la tantas veces referida asociación por considerar ilegal su otorgamiento, eso fue a la luz de lo que dispone el Artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, precisamente porque tanto esta Resolución No.1032-2006 como la Resolución No.708-2005 infringían el ordenamiento jurídico que regula al Banco de los Trabajadores, además, porque ninguna de esas dos resoluciones habían sido consentidas por nadie, excepto el propio interesado, al contrario ambas fueron impugnadas por el vinculado Banco, por lo tanto, no alcanzaron el carácter de firme como se asevera en la sentencia impetrada. CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN INFRACCION DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN CORRECTA DEL ARTICULO 1521 DEL CODIGO CIVIL EN RELACION CON EL ARTICULO 321 NUMRAL 1° DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR ERROR DE DERECHO DEBIDO A LA FALTA DE APRECIACION DE LA PRUEBA APORTADA EN JUICIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 7° y preámbulo del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. El concepto de la infracción aludida lo explico a continuación.- Resulta evidente por constar de autos que los sentenciadores al dictar el fallo ahora recurrido en casación no apreciaron como debían los medios probatorios ofrecidos y practicados en juicio en defensa de mi representado demandado y del vinculado Banco de los Trabajadores, pues reparad Honorable Supremo Tribunal que nosotros aportamos como prueba documental fehaciente e indubitada una acta notarial contenida en Instrumento Público número 484, autorizado por el Notario Mario Rolando Castellanos Altamirano en fecha 23 de agosto del 2006, la cual corre agregada en la primera pieza de autos a folio 222 y 223 la que demuestra inobjetablemente que los señores Juvencio Coban Alvarado y Bonifacio Mauro Ramírez, nunca estuvieron en Asamblea alguna para la formación de la supuesta Asociación Nacional de Accionistas Clase A y B del Banco de los Trabajadores, expresaron ante el Notario ministro de fe pública que tampoco firmaron ninguna acta para la ilegal formación de esa asociación, ilícito este que se traduce a que esa agrupación es ilegal desde la intensión de creación de la misma. Así que tanto el Juez a-quo como la Corte Sentenciadora ad-quen pasaron por desapercibido este contundente y fehaciente medio probatorio documental, inadvirtiendo así lo que al efecto establece el Artículo 1521 del Código Civil, que prescribe que la confesión extrajudicial es considerado como un hecho sujeto a la apreciación de los tribunales ; el subrayado es nuestro, inapreciando que los instrumentos o escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho constituyen un legítimo medio de prueba del cual puede hacerse valer en todo juicio de cualquier naturaleza, así lo informan los Artículos 320, 321 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. Por si a lo anterior pareciere poco, recordamos que mi representado el Estado de Honduras en uso de las facultades que la ley le confiere revocó sus Resoluciones No.708- 2005 y No.1032-2006, porque ninguna de las supuestas personas que aparecen constituyendo tal asociación, nadie o ninguna de ellas acreditó ser efectivamente accionista del Banco, tampoco sus firmas aparecen autenticadas, por lo que, en términos legales se desconoce si las mismas corresponden realmente a las supuestas personas afiliadas a la agrupación en referencia, extremos estos que bien pueden apreciarse de autos, siendo estos hechos razones legales fundamentales para que mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia cancelara la personalidad jurídica de esa asociación, extremos estos que los sentenciadores no se refirieron en lo más mínimo en sus correspondientes sentencias que ahora atacamos por vía de casación”.- RESULTA: Que en fecha Cinco de Enero de Dos Mil Diez, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte de la Abogada ANA LIZETH CASTELLANOS GAYTAN, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho para que en el término de diez días procediera a emitir su dictamen, haciéndolo dicho funcionario el seis de agosto de dos mil diez, de la siguiente manera: “OPINION: Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del recurso de Casación en sus cuatro motivos”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por tratarse de un recurso extraordinario que persigue como finalidades esenciales la defensa de la ley sustantiva y la unificación de la jurisprudencia nacional, debe sujetarse en su formulación a una técnica jurídica especial para que pueda considerarse como tal y ser atendida por la Corte, rigorismo que en el fondo tutela la presunción de legalidad del fallo recurrido.- CONSIDERANDO (2): Que la abogada ANA LIZETH CASTELLANOS GAYTAN, en el primer motivo, alega: “INFRACCION DE LA LEY POR VIOLACIÓN E INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral 1° y preámbulo del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, el cual en lo conducente regula que habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal: Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes…”.- CONSIDERANDO (3): Que el cargo tal como ha sido formulado no constituye una proposición jurídica completa ya que adolece de los siguientes defectos técnicos, a saber: a) La norma citada como violada es de carácter general y no tiene relación con el asunto planteado. b) En las presentes diligencias la controversia se genera en relación a la legalidad o no de unos actos administrativos dictados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, donde se anula el otorgamiento de una personalidad jurídica a la demandante. De lo anterior se desprende que en el caso sub-júdice no ha existido aceptación sobre lo pretendido, antes bien ha sido el hecho discutido, por tanto el ataque a la sentencia por el concepto de violación o inaplicación no es viable. c) Finalmente, en su explicación se realizan señalamientos de otros marcos legales no enunciados con propiedad. Por lo anterior, el motivo resulta inadmisible.- CONSIDERANDO (4): Que en el segundo motivo la Impetrante señala: “INFRACCIÓN DE LEY POR VIOLACIÓN E INAPLICACIÓN DEL 40 INCISOS a) y b) DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, los que en lo conducente dicen: “Los órganos de la administración no podrán mediante actos de carácter general: a) Alterar el espíritu de la ley, variando el sentido y alcance esencial de ésta; b) Regular salvo autorización expresa de una ley, materias que sean de la exclusiva competencia del poder legislativo…”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra también comprendido en el numeral 1° y preámbulo del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (5): Que al igual que en el primer motivo se arguye la violación e inaplicación de una disposición procesal, siendo que de conformidad con la Doctrina, la falta de aplicación de una norma a un hecho que el juzgador considera existente o la aplicación de la norma a un hecho que el sentenciador considera inexistente, constituyen infracción directa porque envuelven ignorancia de la ley o rebeldía contra ella; sin embargo, no se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el fallador consideró inexistente, porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de él, por lo que en este caso no se dan los presupuestos señalados para su estimación, siendo que la controversia del juicio tiene vinculación con el tema de la legalidad de los actos administrativos señalados. También se aprecia en el cargo, que aparte de realizar alegatos propios de instancia, se hace relación al material probatorio, defectos técnicos que vuelven inadmisible el mismo.- CONSIDERANDO (6): Que la Censora del fallo en el tercer motivo de casación sostiene: “INFRACCIÓN DE LEY POR VIOLACIÓN DE LOS ARTICULOS 29 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ARTÍCULO 44 NUMERAL 6 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO EN LO QUE SE REFIERE AL OTORGAMIENTO Y CANCELACIÓN DE PERSONALIDAD JURIDICA DE ENTES CIVILES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra también comprendido en el numeral 1° y preámbulo del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (7): Que la Recurrente nuevamente incurre en los defectos técnicos señalados en los cargos anteriores, con el agravante que en este motivo señala como violada, entre otras, una disposición reglamentaria, la cual no puede ser objeto del recurso de casación por infracción de Ley, únicamente cabría en relación con preceptos legales; también realiza alegatos propios de instancia, todo lo cual vuelve inadmisible el cargo.- CONSIDERANDO (8): Que en el cuarto motivo de casación se arguye: “INFRACCION DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN CORRECTA DEL ARTICULO 1521 DEL CODIGO CIVIL EN RELACION CON EL ARTICULO 321 NUMERAL 1° DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR ERROR DE DERECHO DEBIDO A LA FALTA DE APRECIACION DE LA PRUEBA APORTADA EN JUICIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 7° y preámbulo del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (9): Que en el cargo que antecede se han formulado dos formas distintas de violar la Ley, como es la falta de aplicación y el error de derecho, las cuales debieron ser expuestas en forma separada y numerada, lo cual hace que el mismo no resulte admisible.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus cuatro motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de Agosto de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha once de agosto de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 529-09.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL