Sentencia CA-513-09 — Registro 1567
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado,declarando improcedente la acción por estar ajustada a derecho las resoluciones impugnadas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el Recurrente incurre en el defecto técnico de alegar dos formas distintas de violar la ley, ya que señala violación y aplicación indebida al mismo tiempo, debiendo haberlas formulado en forma separada y numerada; además, realiza alegatos propios de instancia, por lo cual no resulta admisible este primer motivo.- III.- Que el Impetrante en su segundo motivo de casación aduce: “Infracción de ley, por violación o falta de aplicación de los artículos 1347, 1400 y 1489 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación por Infracción de Ley se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1° del Código de Procedimientos Civiles del 1 de marzo de 1906 vigente en la sustanciación de la demanda de mérito.”.- IV.- Que no procede la admisión del cargo que antecede, ya que entre las normas que cita como violadas el Impetrante, el artículo 1400 del Código Civil, es una disposición que cuenta con varios párrafos que era necesario precisar, porque se refieren a diferentes situaciones jurídicas, el 1489 del mismo Código, se refiere a una situación sobre la novación de las obligaciones por la ampliación de un plazo, que no tiene la incidencia necesaria para modificar el fallo recurrido ni se alegó oportunamente en el debate.- V.- Que en el tercer motivo se señala: “Error de Derecho por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo por la Falta de Apreciación de las Pruebas propuestas y evacuadas a favor del Banco Mercantil S.A. PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR: Las pruebas singularizadas dejadas de apreciar por el Tribunal recurrido y que fueron admitida y evacuadas a favor del Banco Mercantil S.A., como Parte Demandante en el presente juicio consisten en: DOCUMENTAL.- Visible a folios 155 al 168, de la primera pieza.- DOCUMENTAL.- Visible a folios 214 al 218 de la primera pieza.- Estas en relación a los artículos 321 numeral 3, 324 y siguientes al 334 del Código de Procedimientos Civiles, y originados de acuerdo al articulo 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación por Error de Derecho en la falta de Apreciación de las Pruebas propuestas y evacuadas a favor del BANCO MERCANTIL S.A. y que han sido debidamente individualizadas, se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 7° del Código de Procedimientos Civiles del 1 de marzo de 1906 vigente en la sustanciación de la demanda de mérito.”.- VI.- Que en la formulación del cargo que antecede, el Censor del fallo expone error de derecho y en su explicación más parece que su argumento es de cuestionar el fallo por un error de hecho, aduciendo que el Tribunal recurrido no apreció los medios de prueba relacionados; además, no señaló las normas infringidas, limitándose únicamente a exponer las de carácter procesal, haciéndolo en relación, todo lo cual hace que este motivo también resulte inadmisible.- VII.- Que por las razones anteriormente expuestas, se debe desestimar la admisión de los tres motivos de casación.-"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de octubre del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal el nueve de diciembre de dos mil nueve, por el Abogado EDWIN ARMANDO PINEDA MADRID, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado de la Sociedad Mercantil denominada BANCO MERCANTIL S.A.; en relación a la demanda para la nulidad de una resolución administrativa por no ser conforme a derecho, se deje la misma sin ningún valor ni efecto, en la que se deniega servicio de energía eléctrica, por deudas de suministro de energía eléctrica contratadas por terceras personas, la celebración de contrato de suministro de servicio eléctrico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, suspensión del acto administrativo impugnado, adopción de medidas para su pleno restablecimiento, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por la Abogada SONIA RAQUEL FLORES DE SANABRIA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada de la Sociedad Mercantil BANCO MERCANTIL S.A.; contra LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por medio de su Gerente General en ese entonces señora ALPHA CASTILLO, mayor de edad, casada, Ingeniera, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual revocó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, el treinta de abril de dos mil nueve, de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA FLORES LANZA, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha treinta de abril del dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece a folio número trescientos sesenta y uno (361) al folio número trescientos sesenta y tres vuelto (363v), de la pieza principal de autos.- TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la acción incoada por la Abogada SONIA RAQUEL FLORES DE SANABRIA, apoderada Legal de la Sociedad Mercantil BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER) por estar ajustada a derecho las resoluciones impugnadas GG-CI-N°.06-07-06 de fecha 28 de julio del 2006, y C-I-09-06 de fecha 22 de septiembre del 2006”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante BANCO MERCANTIL, S.A., manifiesta en el escrito de su acción, que se le deniega a la sociedad mercantil demandante el suministro de servicio eléctrico y que éste no se ajusta a derecho, basada en términos generales en que adquirió el 16 de marzo del 2002 en tradición de dominio realizada mediante cesión de derechos de propiedad en pago (dación de pago), por las empresas inversiones ABC S. de R.L. y de la Empresa Orión Industrial S. de R.L. para saldar las cuentas que Orión Industrial S de R.L. había suscrito con su representada, adquiriendo la propiedad de los inmuebles comprendidos en solar y casa ubicados en la Ciudad de San Pedro Sula en el lugar denominado El Sauce, constando de una casa cedida a su representada por la Empresa Orión Industrial S de R.L. y un lote de terreno constando con una nave industrial cedida a ella por la Empresa Inversiones ABC S. de R.L., según instrumento número 72 del 26 de marzo de 2002, por lo que solicita la nulidad de una resolución administrativa por no ser conforme a derecho, se deje la misma sin valor ni efecto, en la que se deniega servicio de energía eléctrica por deudas de suministro de energía eléctrica contratadas por terceras personas, la celebración de contrato de suministro de servicio eléctrico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, suspensión del acto administrativo impugnado, adopción de medidas para su pleno restablecimiento.- 2.- La parte demandada, LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando señalando que se rechazan pretensiones del demandante argumentando que el acto impugnado se dictó conforme a lo prescrito en el ordenamiento jurídico expresando en este sentido que cualquier comprador de un inmueble se percata de las obligaciones que afectan al mismo, adquiriendo en consecuencia tanto derechos como obligaciones, ya que en el presente asunto no nos encontramos ante un remate mediante subasta pública ordenado por Juzgado o Tribunal competente, lo que hace que en estricto apego al Reglamento de Servicio Eléctrico, el cedente y cesionario sean solidariamente responsables por lo adeudado en concepto de energía eléctrica, por lo que en apego al ordenamiento jurídico le fue denegado el suministro de energía eléctrica a la sociedad mercantil demandante, y que la Ley Marco del Sub-Sector eléctrico con sus ordenamientos secundarios a través de distintos reglamentos, son normas vigentes del país, al estar debidamente publicados y por no existir nulidad decretada sobre los mismos. En cuanto a los supuestos casos similares al presente que invoca el demandante, es totalmente equivocado, ya que no tienen idénticas connotaciones ni características jurídicas similares al caso que nos ocupa y que quién adeuda y firmó contrato con la ENEE no es el inmueble si no una persona natural o jurídica deudora con la ENEE, lo que al tenor del Reglamento de Servicio Eléctrico esto es extensivo al cedente y cesionario no existiendo la figura de novación alegada por el demandante.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, en fecha 30 de abril del 2009 dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, anula totalmente los actos administrativos impugnados, reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se ordena a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, al tenor de lo que ordena la ley, a celebrar contrato y proveer suministro de energía eléctrica con la Sociedad Mercantil demandante, o la persona que esta última designe en los inmuebles objetos del presente juicio.- SIN COSTAS, bajo el criterio que del estudio de lo que ordena la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico y la Ley Constitutiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, las mismas no establecen nada similar a lo que ordena el Reglamento de Servicio Eléctrico, en cuanto a la disposición que ordena esta última y que motivó denegar la petición del demandante como ser la obligación solidaria entre el cedente y cesionario, lo que hace que al aplicarse una orden reglamentaria sobre lo que ordena la Ley, en este caso se violenta el principio de reserva de ley, entrando en los vicios de nulidad de actos administrativos prescritos en el artículo 34 letra d) de la Ley de Procedimiento Administrativo. Que el acto administrativo impugnado se encuentra viciado de nulidad, en virtud que la autoridad administrativa emisora del mismo, está aplicando un acto de carácter general a través de un reglamento, alterando el espíritu de la Ley, variando el sentido y alcance esencial de ésta, por lo que nos encontramos ante un acto nulo, ya que la administración no puede aplicar un Reglamento sobre lo que ordena la Ley.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha 09 de octubre del 2009, dictó sentencia definitiva DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, REVOCA la sentencia definitiva de fecha treinta de abril del dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, DECLARA IMPROCEDENTE la acción incoada por la Sociedad Mercantil BANCO MERCANTIL S.A (BAMER) por estar ajustada a derecho las resoluciones impugnadas GG-Cl- N°.06-07-06 de fecha 28 de julio del 2006, y C-l-09-06 de fecha 22 de septiembre del 2006… SIN COSTAS”, bajo el criterio que de conformidad a lo que expresa el Juez- Aquo, la Empresa Nacional de energía eléctrica (ENEE), violenta el principio de reserva de Ley, al aplicar una norma reglamentaria sobre lo que ordena la Ley, lo que no es cierto, en vista de que: a) no existe en la Constitución de la República ninguna disposición que establezca que la forma de pago de los servicios públicos, específicamente en el caso de autos, el servicio de energía eléctrica se regula por los reglamentos que dicta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), todo de conformidad a las facultades concedidas a las Instituciones descentralizadas como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), según el Articulo 262 de la Constitución de la República. Que el principio de reserva de Ley consiste en que la Constitución de la República establece que algunas materias como ejemplo, las tributarias, deben ser reguladas por una Ley Marco y no por un reglamento, situación que no es aplicable al caso que nos ocupa, en vista de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) si está facultada para dictar los reglamentos que son necesarios para regular la forma de pago del servicio público prestado, tal como se desprende del articulo N° 31 del reglamento de la Ley Marco Sub-Sector Eléctrico. Que las resoluciones impugnadas están dictadas de acuerdo a Derecho, ya que los asuntos relacionados con la facturación y cobro de los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), está regulada en dichos reglamentos, donde se establece la solidaridad entre cedente y cesionario, convirtiéndose en responsable solidario por las obligaciones incurridas frente a la Empresa; de esto se desprende que tal reglamento no contraviene el principio de reserva de Ley establecida en la Constitución de la República ni la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico.- 5.- Que en fecha nueve de diciembre de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal el Abogado EDWIN ARMANDO PINEDA MADRID, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACION: Infracción de ley, por violación o aplicación indebida del artículo 262 de la Constitución de la republica.- Decreto 131 del 11 de enero de 1982. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación por Infracción de Ley se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1° del Código de Procedimientos Civiles del 1 de marzo de 1906 vigente en la sustanciación de la demanda de mérito.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.- La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, fundamento la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre de dos mil nueve, misma que es objeto del presente recurso extraordinario de casación, citando entre sus fundamentos legales considerados al emitir el fallo, el articulo 262 de la Constitución de la Republica que literalmente manda: Artículo 262.- Las instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa, y a este efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la ley. Las instituciones descentralizadas funcionarán bajo la dirección y supervisión del Estado y sus presidentes, directores o gerentes responderán por su gestión. La ley establecerá los mecanismos de control necesarios sobre las instituciones descentralizadas. Honorable Corte, si bien es cierto, que la norma legal sustantiva en su párrafo primero, que se invoca como infringida en este primer motivo de casación, le confiere a las instituciones descentralizadas la facultad de poder emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la Ley, tal como acontece con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, como institución descentralizada que goza de independencia funcional y administrativa; no es menos cierto, que el Reglamento de Servicio Eléctrico que regula las relaciones entre la empresa y los consumidores, no ha sido emitido de conformidad con la Ley, en el sentido de que pretende regular la figura jurídica de la solidaridad, careciendo de definición o verbo rector, que debería regular la Ley Marco del Subsector Eléctrico, o la Ley Constitutiva de la ENEE, y que de la simple lectura de dichas leyes, se puede determinar que no se encuentra establecida en las mismas la reserva de ley correspondiente, que autorizaría, si fuera el caso, al Reglamento aludido a establecer los parámetros de aplicación de dicha figura jurídica de Solidaridad. A manera de ilustración y para efectos de sustentar este primer motivo de casación me permito citar lo que plantea el Autor EDMUNDO ORELLANA MERCADO, el cual expresa que en la clasificación de este tipo de Reglamentos Ejecutivos, que emanan de una ley determinada, se exige que el reglamento debe de ejercerse dentro de los limites de la Ley que desarrolla o ejecuta, ya que aquel no puede ir mas allá de sus previsiones, ni tampoco restringir el verdadero alcance de la Ley.- Por eso manifiesta el Autor en su libro Curso de Derecho Administrativo Tomo 1 (Pág.152 Inciso B, párrafo tercero edición 2004.) Que los reglamentos ejecutivos guardan una posición de efectiva subordinación respecto a la Ley que desarrollan o ejecutan. Continua desarrollando el autor en su obra acerca de los Limites de la Potestad Reglamentaria, la cual deriva de dos partes: 1) Principio de Reserva de la Ley; La administración en virtud de este principio, no podrá por vía reglamentaria regular materias que sean de la exclusiva competencia del poder legislativo, como establecer penas, ni prestaciones personales obligatorias, tampoco podrá crear impuestos, ni instituciones autónomas. 2) De la propia naturaleza del Reglamento en cuanto su subordinación de la Ley, reconocida por la Ley de Procedimiento Administrativo en su Articulo 40, clasificando el Doctor Orellana, los limites típicos del Reglamento por su naturaleza: a) Los reglamentos no pueden derogar, suspender ni modificar las leyes (se incluyen los decretos, las leyes, y los decretos con fuerza de ley,) b) Los reglamentos no pueden estatuir contra los principios generales del derecho, por ejemplo, la irretroactividad de la Ley. c) El reglamento de ejecución no puede alterar el espíritu de la Ley, variando su sentido y alcance esencial. En igual sentido estimando que los reglamentos son actos de la Administración se encuentran sometidos a la rigurosidad que establece la Ley; y para ser mas especifico el caso del reglamento de servicio eléctrico aludido en el proceso, viola los presupuestos establecidos en el articulo 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo específicamente en sus incisos a) y c), ya que la misma prohíbe alterar el espíritu de la Ley, variando el sentido de la misma y su alcance, creando el referido reglamento en su contenido penas y prestaciones personales obligatorias, sin la debida autorización de la Ley; sobrepasando lo que establece el articulo 262 Constitucional violentado. De lo anterior resulta Honorable Corte, que la aplicación indebida del articulo 262 de la Constitución de la Republica, llevó al Tribunal de segunda instancia a establecer como verdad jurídica, que, el reglamento de servicio eléctrico como tal, reúne los requisitos legales necesarios para regular la figura jurídica de solidaridad, cuando lo cierto es, que el mismo carece de la necesaria reserva que debe constar en ley si pretende crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos de terceros como es el caso que afecta a mi representada el BANCO MERCANTIL S.A., puntualizando que en todo caso, dicho Reglamento de Servicio Eléctrico, para poder regular la figura jurídica de solidaridad, debió remitirse en su contenido a la ley general que regula la misma como es el Código Civil, que en forma clara y meridiana, sí establece, la definición del verbo rector SOLIDARIDAD, en cuanto su nacimiento, requisitos de aplicación, modificación y extinción de la misma, de lo que se colige y como se reitera una vez más, que el Tribunal de alzada ha incurrido en Violación directa de la ley por aplicación indebida del articulo 262 de la Constitución de la Republica, siendo lo procedente que la sentencia que es objeto del presente recurso extraordinario de casación sea casado en este primer motivo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Infracción de ley, por violación o falta de aplicación de los artículos 1347, 1400 y 1489 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación por Infracción de Ley se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1° del Código de Procedimientos Civiles del 1 de marzo de 1906 vigente en la sustanciación de la demanda de mérito. Las normas legales sustantivas que se invocan como infringidas por violación, es decir, por falta de aplicación, son las que literalmente disponen: Artículo 1347.- Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del presente Libro. Articulo 1400.- En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Por virtud de la convención, del testamento o de la Ley, puede exigirse a cada uno de los deudores o para cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o insolidum. La solidaridad debe de ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la Ley. Artículo ° 1489 Por la mera ampliación del plazo de una deuda no se verifica novación; pero cesa la responsabilidad de los fiadores y codeudores solidarios y extingue las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor, salvo que los fiadores, codeudores solidarios, o los dueños de las cosas empeñadas, o hipotecadas, accedan expresamente a la ampliación. Tampoco la mera reducción del plazo constituye novación; pero no podrá reconvenirse a los codeudores solidarios o subsidiarios, sino cuando expire el plazo primitivo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Reiteradamente ha mantenido esta Honorable Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado se dejo de aplicar la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, haciéndole producir efectos contrarios a la norma y colocándose el sentenciador en manifiesta rebeldía contra la norma legal aplicable y cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley. Las normas legales sustantivas que se invocan como infringidas por violación, es decir, por falta de aplicación, se refieren al concepto legal establecido en la ley que regula y estas leyes sustantivas establecen las obligaciones que nacen de la misma Ley y su forma de regularse, limitando y estableciendo la extinción de la figura jurídica de solidaridad, contenida en el Código Civil. Honorable Corte, la sentencia definitiva emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por la falta de aplicación de los artículos 1347, 1400, 1489, del Código Civil, pues al ignorarlos totalmente y por ende al no aplicarlos en el caso concreto, el Tribunal de Segunda instancia ha dejado establecido la supuesta solidaridad entre BANCO MERCANTIL S.A., y la empresa ORION INDUSTRIAL S. DE R.L., cuando del estudio de las actuaciones recaídas en la demanda de merito, han quedado claramente establecidos para no concurrir dicha solidaridad, y poder optar mi representada a obtener el servicio de energía sin mas requisitos técnicos y legales, que los establecidos en el reglamento de servicio eléctrico, los puntos siguientes: 1.- La cuenta de Orión Industrial S. DE R.L. inicia a generar consumos en el mes de agosto del año 1996. 2.- El mes de diciembre del año dos mil tres, el saldo de la cuenta se registra en 00.00 Lempiras. (Bamer es propietario del inmueble desde marzo del 2002) 3.- La supuesta solidaridad del Banco Mercantil en cuanto la deuda de ORION INDUSTRIAL S. DE R. L. es establecida de forma unilateral por parte de la ENEE, ya que no existe contrato, testamento, ni ley que así lo regule. 4.- En el mes de noviembre /03 le salio gravado a la cuenta de ORION INDUSTRIAL un contrato por deuda por un monto de L. 437,731.72, correspondiente al saldo debido hasta octubre del 2003, contratando su pago mediante 10 letras, asumiendo la deudora directamente mediante ese contrato la obligación de pago, extendiendo el plazo la acreedora (ENEE) para que la empresa deudora (ORION INDUSTRIAL) le realizara el pago de los consumos adeudados. 5.- En el mes de noviembre del 2004, un años después de la suscripción del plan de pago por deuda, aparece reflejada a la cuenta de la empresa ORION INDUSTRIAL el crédito de L. 300.000.00 por la ejecución de la garantía bancaria otorgada por BAMER S.A., a favor de la ENEE, que respaldaba la firma de un contrato suscrito entre ORION INDUSTRIAL y ENEE, otorgada en fecha cuatro de noviembre del año dos mil tres, como requisito de garantía para obtener el suministro en categoría tarifa C, enfatizando que el inmueble era propiedad de BAMER desde el año 2002. 6.- La firma de un nuevo contrato por deuda de energía, perfeccionado en el mes de noviembre del 2003, entre ORION INDUSTRIAL S. DE R.L. Y LA ENEE, modifico la obligación primitiva, sin la participación ni consentimiento de BAMER en dicha modificación, ya que BAMER ostentaba la condición de propietario del inmueble desde el marzo del 2002, situación que conlleva a establecer que no es requisito indispensable ser propietario de un inmueble para contratar el servicio de energía, tal como lo hacia Orión Industrial, en el inmueble de Inversiones ABC, S DE R.L.; con especial mención que se amplió el plazo legal (15 días) que establece el reglamento de servicio eléctrico para el cobro y pago de los suministros de servicio de energía eléctrica, prestados a Orión Industrial S DE R.L. Todas estas actuaciones fueron realizadas por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, en el mal manejo de la cuenta referida, lo que en ningún momento conlleva establecer solidaridad alguna entre BAMER Y ORION INDUSTRIAL S DE R.L., lo que trae como consecuencia que la sentencia objeto de impugnación en este recurso extraordinario transgrede leyes sustantivas de orden nacional, debido a la falta de aplicación de los artículos 1347, 1400, 1489, invocados en este segundo motivo, al no concurrir los presupuestos legales para que exista la figura jurídica de la solidaridad, por lo siguiente: 1.- No existe contrato entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Banco Mercantil y Orión Industrial S. DE R.L., ni mucho menos testamento, ni ley que regule el caso concreto en cuanto al origen de la supuesta solidaridad de Bamer S.A.. 2.- La celebración de un nuevo contrato de suministro de energía entre la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y ORION INDUSTRIAL S. DE R.L., sin participación del Banco Mercantil S.A., y la suscripción de compromiso de pago a diez meses, dio origen a la ampliación del plazo legal que contempla el reglamento en cuanto al cobro por servicio de energía, lo que trae como consecuencia por haber ampliado el plazo primitivo, la exclusión de la supuesta solidaridad de Banco Mercantil S.A., por servicio de energía contratado y consumido por ORION INDUSTRIAL S. DE R.L. Es importante citar y para mayor ilustración de esta honorable Corte, que la interposición del presente recurso de casación se centra en el cese de la supuesta obligación de mi REPRESENTADA EL BANCO MERCANTIL S.A. de la supuesta solidaridad declarada en una resolución administrativa, que fue anulada por la sentencia de primera instancia, y que fuera revocada esta ultima por la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, misma que es objeto del presente recurso extraordinario, de lo que resulta la violación por parte del Ad-Quem, por el hecho de Revocar el fallo que eximia de responsabilidad a mi representada en la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 30 de abril de 2009, y lo que en derecho trajo como consecuencia la falta de aplicación de los artículos 1347, 1400 y 1489 del Código Civil, incurriendo en infracción de ley sustantiva, tal como ha quedado desarrollado en el presente motivo. De lo antes expuesto se colige que la sentencia objeto del presente Recurso de Casación debe Casarse, por ajustarse este segundo motivo de casación a la técnica que exige este Recurso Extraordinario, al estar debidamente desarrollado y acreditado, conforme a los términos a que se contrae el mismo. TERCER MOTIVO DE CASACION: Error de Derecho por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo por la Falta de Apreciación de las Pruebas propuestas y evacuadas a favor del Banco Mercantil S.A. PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR: Las pruebas singularizadas dejadas de apreciar por el Tribunal recurrido y que fueron admitida y evacuadas a favor del Banco Mercantil S.A., como Parte Demandante en el presente juicio consisten en: DOCUMENTAL.- Visible a folios 155 al 168, de la primera pieza.- DOCUMENTAL.- Visible a folios 214 al 218 de la primera pieza.- Estas en relación a los artículos 321 numeral 3, 324 y siguientes al 334 del Código de Procedimientos Civiles, y originados de acuerdo al articulo 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación por Error de Derecho en la falta de Apreciación de las Pruebas propuestas y evacuadas a favor del BANCO MERCANTIL S.A. y que han sido debidamente individualizadas, se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 7° del Código de Procedimientos Civiles del 1 de marzo de 1906 vigente en la sustanciación de la demanda de mérito. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.- El Error de Derecho se produce porque se dejaron de apreciar pruebas producidas en el proceso de conformidad con el rito, o, se dejan de apreciar las practicadas de conformidad con el mismo. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al Revocar mediante sentencia definitiva de fecha 09 de octubre de 2009 la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 30 de abril de 2009, incurrió en Error de Derecho por falta de apreciación de los medios de prueba individualizados en este Tercer Motivo de Casación, y que se constatan: 1. MEMORANDUM visible a folios del 155 al 168, de la primera pieza de autos, que contiene Dictamen UIDC (Unidad De Investigación De Cuentas Regional Noroccidental) UIDC 568/06/2006, de fecha junio 8 de 2006, y con su respectiva documentación soporte como es el estado de cuenta que la ENEE tiene registrado por la cuenta de la empresa ORION INDUSTRIAL S DE R. L., extendidos por el personero de la Zona noroccidental de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, señor Máximo Rodríguez Jefe de unidad de investigación de cuentas. 2. MEMORANDUM visible a folios 214 al 226 de la primera pieza de autos que contiene Dictamen UIDC (Unidad De Investigación De Cuentas Regional Noroccidental) UIDC 662/06/2006, de fecha junio 29, de 2006, con su respectiva documentación soporte como es el estado de cuenta que la ENEE tiene registrado por la cuenta de la empresa ORION INDUSTRIAL S DE R.L, extendidos por el personero de la Zona Noroccidental de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, señor Máximo Rodríguez Jefe de unidad de investigación de cuentas. Con esta prueba documental, misma que fue dejada de apreciar consistentes en documentos públicos auténticos agregados al proceso en legal y debida forma, y que nacen de lo establecido en el articulo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo y con los cuales quedaron acreditados los hechos siguientes: 1.- Que la demandada ENEE, negocio con la empresa deudora ORION INDUSTRIAL S. DE R.L., el pago de la deuda a plazos por consumo de energía eléctrica, estableciendo un plazo distinto al que establece el reglamento (15 días), documentándose la deuda través del pago de letras de cambio.- Ver folio 215 de la pieza principal de autos, inciso 1. 2.- Por parte de la ENNE se verificaron los respectivos descargos del sistema, constatándose a folios 158 al folio 160, el descargo de los valores adeudados específicamente en el mes de Diciembre del año dos mil tres (2003) tal como se probó con el estado de cuenta emitido por la ENEE, de la cuenta de la empresa ORION INDUSTRIAL S DE R.L.- Según documento publico extendido por el señor Máximo Rodríguez Jefe de unidad de investigación de cuentas de la Zona Noroccidental de la ENEE. 3.- Que la Empresa Nacional De Energía Eléctrica amplió los plazos establecidos en el reglamento de servicio eléctrico.- Habiendo ampliado el plazo reglado sin autorización del supuesto obligado solidariamente. (BAMER). 4.- Que habiendo la ENEE, emitido y aceptado la documentación que establecía la forma como el deudor Orión Industrial S. DE R.L., cumpliría con su obligación de pago del servicio de energía eléctrica consumido hasta esa fecha, ya siendo el inmueble propiedad del Banco Mercantil S.A., habiendo la ENEE con ello, extendido el plazo del pago que el mismo reglamento señala, sin la participación o consentimiento de Bamer S.A. como propietario del inmueble. Con lo anterior queda demostrado que si el Tribunal requerido hubiera apreciado en legal y debida forma las pruebas singularizadas en este tercer motivo, no hubiera incurrido en el error de derecho por falta apreciación de los referidos medios probatorios allegados al proceso en legal y debida forma, con el agravante, que esta falta de apreciación, llevó al Tribunal de segunda instancia a establecer en la sentencia Impugnada vía recurso de casación, que mi representada y conforme al reglamento de servicio eléctrico es supuestamente solidaria por los consumos generados por ORION INDUSTRIAL S DE R.L. , ignorando los requisitos y eximentes establecidos en la ley general (Código Civil), para que opere la figura jurídica de solidaridad, como son entre otros, que la misma debe constar por contrato, testamento, o por la ley, tal como lo establecen los artículos 1347, 1400, 1489, con especial mención del eximente de la supuesta responsabilidad solidaria cuando concurre la ampliación del plazo primitivo, en este caso el plazo que establece el reglamento, para el pago del servicio, sin perjuicio de que este último (el reglamento) a pesar de haber sido emitido por la ENEE, al tenor del articulo 262 de la Constitución de la Republica, carece de reserva legal, para regular lo inherente a la solidaridad, lo que vuelve improcedente y con fundamento a esta disposición legal, que el Ad-Quem establezca la existencia de una supuesta solidaridad entre BAMER Y ORION INDUSTRIAL, pues se reitera, que si los medios de prueba documentales relacionados en este tercer motivo, hubieren sido apreciados en legal y debida forma, el Ad-Quem hubiere formado su convencimiento, que, bajo ningún punto concurre solidaridad alguna entre BAMER Y ORION INDUSTRIAL para con la ENEE, siendo lo procedente que este tercer motivo sea casado al estar debidamente desarrollado y acreditado conforme a la técnica que exige todo recurso extraordinario de casación”.- 6.- Que en fecha Diez de Diciembre de Dos Mil Nueve, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte del Abogado EDWIN ARMANDO PINEDA MADRID, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho para que en el término de diez días procediera a emitir su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria el ocho de abril de dos mil diez, de la siguiente manera: “OPINION Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina favorable a la admisión del recurso de Casación en los tres motivos invocados por el Recurrente”.- 7.- Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Abogado EDWIN ARMANDO PINEDA MADRID, alega en su primer motivo: “Infracción de ley, por violación o aplicación indebida del artículo 262 de la Constitución de la republica.- Decreto 131 del 11 de enero de 1982. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación por Infracción de Ley se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1° del Código de Procedimientos Civiles del 1 de marzo de 1906 vigente en la sustanciación de la demanda de mérito.”.- II.- Que el Recurrente incurre en el defecto técnico de alegar dos formas distintas de violar la ley, ya que señala violación y aplicación indebida al mismo tiempo, debiendo haberlas formulado en forma separada y numerada; además, realiza alegatos propios de instancia, por lo cual no resulta admisible este primer motivo.- III.- Que el Impetrante en su segundo motivo de casación aduce: “Infracción de ley, por violación o falta de aplicación de los artículos 1347, 1400 y 1489 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación por Infracción de Ley se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1° del Código de Procedimientos Civiles del 1 de marzo de 1906 vigente en la sustanciación de la demanda de mérito.”.- IV.- Que no procede la admisión del cargo que antecede, ya que entre las normas que cita como violadas el Impetrante, el artículo 1400 del Código Civil, es una disposición que cuenta con varios párrafos que era necesario precisar, porque se refieren a diferentes situaciones jurídicas, el 1489 del mismo Código, se refiere a una situación sobre la novación de las obligaciones por la ampliación de un plazo, que no tiene la incidencia necesaria para modificar el fallo recurrido ni se alegó oportunamente en el debate.- V.- Que en el tercer motivo se señala: “Error de Derecho por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo por la Falta de Apreciación de las Pruebas propuestas y evacuadas a favor del Banco Mercantil S.A. PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR: Las pruebas singularizadas dejadas de apreciar por el Tribunal recurrido y que fueron admitida y evacuadas a favor del Banco Mercantil S.A., como Parte Demandante en el presente juicio consisten en: DOCUMENTAL.- Visible a folios 155 al 168, de la primera pieza.- DOCUMENTAL.- Visible a folios 214 al 218 de la primera pieza.- Estas en relación a los artículos 321 numeral 3, 324 y siguientes al 334 del Código de Procedimientos Civiles, y originados de acuerdo al articulo 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación por Error de Derecho en la falta de Apreciación de las Pruebas propuestas y evacuadas a favor del BANCO MERCANTIL S.A. y que han sido debidamente individualizadas, se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 7° del Código de Procedimientos Civiles del 1 de marzo de 1906 vigente en la sustanciación de la demanda de mérito.”.- VI.- Que en la formulación del cargo que antecede, el Censor del fallo expone error de derecho y en su explicación más parece que su argumento es de cuestionar el fallo por un error de hecho, aduciendo que el Tribunal recurrido no apreció los medios de prueba relacionados; además, no señaló las normas infringidas, limitándose únicamente a exponer las de carácter procesal, haciéndolo en relación, todo lo cual hace que este motivo también resulte inadmisible.- VII.- Que por las razones anteriormente expuestas, se debe desestimar la admisión de los tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de noviembre de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de octubre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 513-09.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL