Sentencia CA-46-09 — Registro 1585
Resumen
Trabajadora interpone demanda de Nulidad de un Acto Administrativo y reintegro al trabajo,siendo declarada ha lugar y confirmada en segunda instancia,anulando el acuerdo de cancelación de la demandante y condenando a la demandada al reintegro de trabajadora demandante e interponiendo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la Recurrente, en la formulación del motivo, comete los siguientes defectos técnicos: 1.- Omite indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación, por el error de hecho de los medios de prueba señalados. 2.- Olvida que el error de hecho solo procede si el mismo resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, ya que los que cita si bien emanan de funcionarios públicos, no tienen la característica de ser auténticos. 3.- Cita como violadas, entre otros, los artículos 278 literal b) y 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, los cuales no ostentan el carácter de ser normas sustantivas; por ello se aparta de los presupuestos técnicos del recurso de casación.- CONSIDERANDO (3): Que esta Corte en reiteradas ocasiones ha expresado que el Estado está obligado a seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para poder emitir acuerdos de cancelación por cesantía, para que los mismos estén ajustados a Derecho. (Ver sentencias S. L. 495-08 y S. L. 508-08).- CONSIDERANDO (4): Que por las razones anteriormente expuestas el motivo en examen debe ser desestimado."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 916, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., dieciocho de enero del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal en fecha veinticinco de Febrero de dos mil nueve, por la Abogada JENY EUNICE MALDONADO RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de Apoderada Legal de la señora EUNICE DAYANARA MORALES MEZA; en relación a la Demanda de Nulidad en contra de un Acto particular de la Administración Pública por infracción del ordenamiento jurídico, Reconocimiento de una situación Jurídica Individualizada por haber lesionado derechos del administrado y para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro a su trabajo mas el pago de los salarios dejados de percibir y las costas del juicio, interpuesta en fecha diecisiete de octubre de dos mil seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por la señora EUNICE DAYANARA MORALES MEZA, mayor de edad, soltera, Bachiller en Computación, hondureña y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a través de la Procuradora General de la República, en ese entonces señora ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha quince de enero de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, que confirmó la dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho, que FALLO: “PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por la señora EUNICE DAYANARA MORALES MEZA, contentiva a que se declare la nulidad de un acto administrativo de cancelación de su persona como empleada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, por no ajustarse a Derecho el acto impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número 4015-SE-06 de fecha 19 de Septiembre de 2006, emitido por el titular de dicha Secretaría de Estado.- En consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medida: EL REINTEGRO A SU TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS QUE TENIA AL MOMENTO DE SU CANCELACIÓN, así como el pago de las indemnizaciones correspondientes como ser los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta la fecha en que se cumpla DEBIDAMENTE el reintegro aquí ordenado.- TERCERO: En caso de que el reintegro no lo desee la demandante condenar al Estado de Honduras al pago de las PRESTACIONES LABORALES como ser: Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional; así como los DERECHOS ADQUIRIDOS como ser: Décimo Tercer mes Proporcional, Décimo Cuarto mes Proporcional y Vacaciones Proporcionales, así como cualquier otro derecho laboral a favor de la demandante producido durante la subsanación del presente juicio, y en concepto de INDEMNIZACION los salarios dejados de Percibir desde la fecha de cancelación hasta el día en que adquiera firmeza la presente sentencia. CUARTO: En caso de que el Reintegro sea viable, SE ANULA totalmente el acuerdo de nombramiento del o la sustituta de la demandante.- QUINTO: Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación a reconocer, ejecutar y pagar al demandante los conceptos señalados en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO”.- RESULTA: Que en fecha Veinticinco de Febrero de Dos Mil Nueve, compareció ante este Tribunal la Abogada JENY EUNICE MALDONADO RODRIGUEZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO Infracción indirecta a los artículos 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, 278 literal b) y 279 del Reglamento de la misma Ley, por error de hecho en la apreciación de de los documentos aportados consistente en: a) Acuerdo 4015-SE-06 de fecha 19 de septiembre de 2006 el cual fue autorizado en Oficio No. 0780 de fecha 14 de septiembre del 2006 de la Dirección General de Servicio Civil según acción 1199, que es de conocimiento de esta Corte Suprema de Justicia que en cuanto a la evaluación del Personal Regido por Servicio Civil si bien es cierto, en el artículo 33 párrafo primero, de la Ley de Servicio Civil, que se encuentra vigente se establece que: “La Dirección General de común acuerdo con la Autoridad nominadora, establece en cada dependencia o Unidad Administrativa un sistema para evaluar en forma periódica los servicios, comprendido en la carrera administrativa, de conformidad con el reglamento respectivo”, también es cierto que desde el año de 1983, no se practica este tipo de evaluación por esta Dirección General, en vista a que se considero, en aquella oportunidad, que la evaluación de servicios que se practicaba era demasiado subjetiva y desde entonces, de hecho tal responsabilidad quedo a criterio de las diferentes Autoridades Administrativas en lo concerniente al personal sujeto al Régimen de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo esta comprendido en el artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimiento Civiles, en la parte que dice: “Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, o error de hecho, si este último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: Expresa la Corte recurrida Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas aportadas por las partes, del expediente administrativo, así como de los fundamentos de derecho en que ambos se apoyan sus pretensiones, esta Corte concluye que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación por cesantía del demandante, no siguió el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, violando con esto el ordenamiento jurídico establecido, por lo que la acción incoada por el demandante resulta ser procedente.” La notificación contempla que la misma es de conformidad a los artículos 36 numerales 1 y 8, 116 y 118 de la Ley General de Administración pública; 53 inciso “b” de la Ley de Servicio Civil, cumpliendo con las disposiciones que califica la Ley de Servicio Civil en su artículo 53 inciso b) relacionado con el artículo 278 inciso b) Y 279 de su Reglamento, en los cuales se establece que para proceder a cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos se debe acreditar reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa para proceder a la cesantía, que en el caso que nos ocupa, fue el fundamento legal para emitir el Acuerdo No. 4015-SE-06 de Cancelación, el cual junto con la notificación del mismo, contemplan la justificación de dicha cancelación; documentos estos que obran en el expediente administrativo. El artículo 53 inciso b) de la Ley de Servicio Civil establece que: “No obstante lo dispuesto en el Artículo 47 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede “la cesantía” por encontrarse comprendidos en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) y b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.” Artículo relacionado con el 278 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil el cual establece que: “procede la cesantía de uno o más servidores públicos sólo por las siguientes razone: a)…; y, b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.” El artículo 54 de la misma Ley de Servicio Civil establece que: “Para prescindir de los servicios de las personas afectadas a que se refiere el Artículo anterior, la autoridad nominadora deberá tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas y enviará dentro del plazo improrrogable de siete días hábiles a la Dirección General, la nómina del o los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso. En todo caso los servidores afectados por la cesantía podrán reclamar ante el Consejo de Servicio de Civil cuando en su opinión no se configure ninguna de las causales de despido que se establecen en el Artículo 53.” Por su parte el artículo 278 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece que: “Antes de decretarse la cesantía, es necesario primeramente consultar al consejo de Servicio Civil, si procede o no; justificándola en las causas establecidas en el Artículo anterior. Luego se deberá comunicar por escrito a la Dirección General, la cancelación de los servidores que serán cesanteados con los nombres, apellidos, direcciones, cargos de éstos y demás datos en el respectivo formulario de acción de personal.” Por lo que queda demostrado que la violación, al no aplicar los artículos 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, 278 literal b) y 279 del Reglamento de la misma Ley, haciendo incurrir a la Corte recurrida en la violación de la Ley, por lo que procede cesar la sentencia por este motivo”.- RESULTA: Que en fecha Veintiséis de Febrero de Dos Mil Nueve, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte de la Abogada JENY EUNICE MALDONADO RODRIGUEZ, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho para que en el término de diez días procediera a emitir su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria el catorce de abril de dos mil nueve, de la siguiente manera: “III.-OPINION: Por las razones antes expuestas, el Ministerio Público, dictamina desfavorable a la admisión del presente Recurso en su motivo único”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la Recurrente Abogada JENY EUNICE MALDONADO RODRIGUEZ, actuando en su condición de Apoderada del Estado de Honduras en su primer y único motivo alega: “Infracción indirecta a los artículos 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, 278 literal b) y 279 del Reglamento de la misma Ley, por error de de hecho en la apreciación de los documentos aportados consistente en: a) Acuerdo 4015-SE-06 de fecha 19 de septiembre de 2006 el cual fue autorizado en Oficio No. 0780 de fecha 14 de septiembre del 2006 de la Dirección General de Servicio Civil según acción 1199, que es de conocimiento de esta Corte Suprema de Justicia que en cuanto a la evaluación del Personal Regido por Servicio Civil si bien es cierto, en el artículo 33 párrafo primero, de la Ley de Servicio Civil, que se encuentra vigente se establece que: “La Dirección General de común acuerdo con la Autoridad nominadora, establece en cada dependencia o Unidad Administrativa un sistema para evaluar en forma periódica los servicios, comprendido en la carrera administrativa, de conformidad con el reglamento respectivo”, también es cierto que desde el año de 1983, no se practica este tipo de evaluación por esta Dirección General, en vista a que se considero, en aquella oportunidad, que la evaluación de servicios que se practicaba era demasiado subjetiva y desde entonces, de hecho tal responsabilidad quedo a criterio de las diferentes Autoridades Administrativas en lo concerniente al personal sujeto al Régimen de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo esta comprendido en el artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, o error de hecho, si este último resulta de documento o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador.”.-CONSIDERANDO (2): Que la Recurrente, en la formulación del motivo, comete los siguientes defectos técnicos: 1.- Omite indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación, por el error de hecho de los medios de prueba señalados. 2.- Olvida que el error de hecho solo procede si el mismo resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, ya que los que cita si bien emanan de funcionarios públicos, no tienen la característica de ser auténticos. 3.- Cita como violadas, entre otros, los artículos 278 literal b) y 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, los cuales no ostentan el carácter de ser normas sustantivas; por ello se aparta de los presupuestos técnicos del recurso de casación.- CONSIDERANDO (3): Que esta Corte en reiteradas ocasiones ha expresado que el Estado está obligado a seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para poder emitir acuerdos de cancelación por cesantía, para que los mismos estén ajustados a Derecho. (Ver sentencias S. L. 495-08 y S. L. 508-08).- CONSIDERANDO (4): Que por las razones anteriormente expuestas el motivo en examen debe ser desestimado.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, vista la opinión del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 899, 919 numeral 1) y 920 del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS por tener motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de Febrero de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 46-09.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL