Sentencia CA-415-09 — Registro 1561
Resumen
En primera instancia la demandante interpone demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada la sentencia es declarada sin lugar y en segunda instancia se confirma.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que revisada la sentencia definitiva recurrida y atendiendo la petición de nulidad subsidiaria formulada por la Impetrante, aparece que la misma ha sido dictada durante la vigencia del Código de Procedimientos Civiles, por lo cual el Tribunal Ad-Quem estaba obligado a resolver conforme lo señalado en los artículos 35 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 190 del Código referido, es decir con la congruencia debida y necesaria, motivando y decidiendo con base a las pretensiones de las partes. S..." 3.- Es básico que las resoluciones judiciales tengan una adecuada motivación o fundamentación fáctica y jurídica, la cual debe ser real o convincente, en ella se expresarán los motivos de hecho y de derecho en que se basa la resolución, así como la indicación del valor que se le haya atribuido a los elementos de prueba presentados, lo que realiza el juzgador. En el tópico de las resoluciones judiciales es esencial lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen razones para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas. Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley). La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. No hay que confundir motivar con fundamentar. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. Para evitar confusiones innecesarias entre motivos y fundamentos, la teoría de la fundamentación de resoluciones, acude a una diferencia propia de las ciencias exactas: 1. Contexto de descubrimiento (Se refiere a un proceso decisional, es decir a una actividad mental que no siempre se guía por criterios lógicos, puede incluso optarse por una solución sin seguir un método identificable o acudiendo a criterios irracionales.) 2. Contexto de justificación (Según este contexto, una vez que se ha descubierto algo debe explicarse de alguna forma. Por ejemplo, si se descubrió como funcionaba la ley de la gravedad por accidente o intuición, eso es irrelevante, pues lo importante es que se encuentre una vía que expliqué como se podría descubrir.). De tal suerte, la doctrina ha concluido señalando como regla de oro que “Sólo se puede decidir aquello que se está en condiciones de fundamentar.”.- 4.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- 5.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.-
Legislación citada
- Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Resolución y el Auto que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil once, la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, siendo éste ultimo designado como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Parte Recurrente: La señora TANIA ALEJANDRA GUARDIOLA AGUILERA, representada en juicio por la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUÍN.- Parte Recurrida: El ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, representado en juicio por la Licenciada CÁNDIDA VERÓNICA CANALES MONTOYA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento, la nivelación y el pago del reajuste de salario por aplicación del Aplicación del Profesional del Derecho, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha catorce de diciembre de dos mil seis, por la señora TANIA ALEJANDRA GUARDIOLA AGUILERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, por medio de la entonces Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA DE GALO.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La representación procesal de la parte demandada, Licenciada CÁNDIDA VERÓNICA CANALES MONTOYA, presentó en fecha veinte de agosto de dos mil nueve, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, impugnando la sentencia de fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el expediente de apelación número 092-2009, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 701-2006, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial.
2.- Mediante providencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil nueve, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 3.- La representación procesal de la parte demandante, Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUÍN, presentó en fecha diez de septiembre de dos mil nueve, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de septiembre de dos mil nueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de las mismas ante este Tribunal de Justicia.- 4.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal de Justicia y formado el presente expediente, la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUÍN, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, compareció personándose como representante procesal de la señora TANIA ALEJANDRA GUARDIOLA AGUILERA, en carácter de parte recurrente.- 5.- La Licenciada CÁNDIDA VERÓNICA CANALES MONTOYA, en fecha seis de octubre de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia personándose como representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, en carácter de parte recurrida.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra sentencia definitiva dictada en segunda instancia, expresando el recurrente sus motivos y solicitando nulidad subsidiaria, de la siguiente manera: A) “PRIMER MOTIVO Acuso la sentencia recurrida por “Infracción por falta de aplicación de normas de derecho como lo es el artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, reformado mediante Decreto Legislativo numero 82-96 de fecha 30 de mayo de 1996, en relación con el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, que hace incurrir al infractor en error de derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil, en la parte que dice: Causales del Recurso: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio…”; B) “SEGUNDO MOTIVO Acuso la sentencia recurrida por “Infracción por falta de aplicación de normas de derecho como lo es el artículo 2295 obligación segunda del Código Civil, en relación con el artículo 2302 del Código Civil, que hace incurrir al infractor en error de derecho”. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2. del Código Procesal Civil, en la parte que dice: Causales del Recurso: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio…”; y, C) “NULIDAD SUBSIDIARIA DEL ACTO PROCESAL De conformidad con los artículos 206, 207, 208 y estos en relación con los artículos 211 y 212 numeral 6 y del Código Procesal Civil vigente, y estos relacionado con el artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece: “Las sentencias deben ser son claridad, precisas y exhaustivas... Las Sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.- La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- En las Sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” Resulta que el acto procesal como es la Sentencia recurrida, de fecha 18 de Junio de 2009 en el numeral Segundo de su parte dispositiva expresa: SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el numeral primero y REVOCAR el numeral segundo de la sentencia apelada la Sentencia Definitiva de fecha 02 de Marzo de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio numero ciento veintiuno (121) al folio número ciento veinticuatro (124) de la pieza principal de autos...”. Repárese Corte Suprema, el Ad- quem niega el derecho a los ajustes retroactivos, que fueron reconocidos por el A quo, pero no indica con claridad y precisión en su motivación si fue por estar prescrito o por no corresponderles, y al no establecer estos requisitos de la sentencia es TOTALMENTE CONFUSA que causa su nulidad”.- 2.- Que revisada la sentencia definitiva recurrida y atendiendo la petición de nulidad subsidiaria formulada por la Impetrante, aparece que la misma ha sido dictada durante la vigencia del Código de Procedimientos Civiles, por lo cual el Tribunal Ad-Quem estaba obligado a resolver conforme lo señalado en los artículos 35 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 190 del Código referido, es decir con la congruencia debida y necesaria, motivando y decidiendo con base a las pretensiones de las partes. Sin embargo, tal como lo sostiene la Recurrente, en el presente caso, dicha Corte reformó el fallo de primera instancia modificándolo en cuanto al reconocimiento de la situación jurídica individualizada, limitando el ajuste salarial a ser efectivo a partir de la firmeza de la misma sentencia, sin explicar ni justificar las razones para hacerlo, no siendo dicha cuestión un extremo del litigio y determinando la situación jurídica de forma confusa, al establecer que el fallo proferido es el que origina el derecho reclamado, todo lo cual deriva que dicha sentencia resulte incongruente.- 3.- Es básico que las resoluciones judiciales tengan una adecuada motivación o fundamentación fáctica y jurídica, la cual debe ser real o convincente, en ella se expresarán los motivos de hecho y de derecho en que se basa la resolución, así como la indicación del valor que se le haya atribuido a los elementos de prueba presentados, lo que realiza el juzgador. En el tópico de las resoluciones judiciales es esencial lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen razones para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas. Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley). La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. No hay que confundir motivar con fundamentar. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. Para evitar confusiones innecesarias entre motivos y fundamentos, la teoría de la fundamentación de resoluciones, acude a una diferencia propia de las ciencias exactas: 1. Contexto de descubrimiento (Se refiere a un proceso decisional, es decir a una actividad mental que no siempre se guía por criterios lógicos, puede incluso optarse por una solución sin seguir un método identificable o acudiendo a criterios irracionales.) 2. Contexto de justificación (Según este contexto, una vez que se ha descubierto algo debe explicarse de alguna forma. Por ejemplo, si se descubrió como funcionaba la ley de la gravedad por accidente o intuición, eso es irrelevante, pues lo importante es que se encuentre una vía que expliqué como se podría descubrir.). De tal suerte, la doctrina ha concluido señalando como regla de oro que “Sólo se puede decidir aquello que se está en condiciones de fundamentar.”.- 4.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- 5.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- 6.- Que de conformidad al principio dispositivo, este Tribunal de Casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- 7.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a Derecho.- Por lo antes expuesto, la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 ordinal numeral 14), 316 párrafo primero, todos reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 117, 129, 130, 193 numeral 1), numeral 2) literal b), 197, 199, 211, 212 numeral 4), 213 numeral 1), 716, 717 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9, 11, 1586, y 1589 del Código Civil; 190 del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 18 de Junio del 2010, visible a folios treinta y siete (37) y treinta y ocho (38) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.- “CORTE SUPEMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de septiembre de dos mil once.- VISTAS Y ANALIZADAS las presentes diligencias contentivas del Recurso de Casación interpuesto por la Abogada Leonor Isabel Pineda Jarquin, en su condición de apoderada de la señora Tania Alejandra Guardiola Aguilera; de oficio, rectifíquese la sentencia emitida por esta Sala en fecha siete de septiembre de dos mil once, en su parte resolutiva en el único sentido de que por un error material se procedió anular la sentencia de fecha “18 de Junio del 2010” proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, siendo lo correcto 18 de junio del 2009, tal y como aparece visible a folios treinta y siete (37) y treinta y ocho (38) de la segunda pieza de autos. Que la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia junto con la certificación la presente aclaración. Artículos 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación con el 203 y 204 numeral 3) del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA ZAVALA, RECEPTORA ADSCRITA DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de octubre de Dos Mil Once; Certificación de la resolución y del auto de fechas siete y dieciséis de septiembre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 415-09.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL