Sentencia CA-350-10 — Registro 1523
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la parte demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación de su puesto de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 55 de la Ley de Servicio Civil, relacionado con los artículos 38 y 53 de la Ley de Servicio Civil.- III.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible en virtud del defecto técnico siguiente: que si bien es cierto se indica como precepto autorizante el artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, no es menos cierto que el mismo comprende varios numerales que contiene diferentes situaciones jurídicas que pueden sustentarse para argumentar la violación a la Ley, sin embargo, en forma desacertada la Recurrente indica tres de esas situaciones en el precepto autorizante lo que le resta claridad y precisión al cargo.- IV. Que en el segundo cargo se alega: “En el presente motivo se encuentra infringido el articulo 190 del Código de Procedimientos Civiles.”.- V.- Que el cargo en la forma expuesta adolece de defectos técnico que lo hacen inadmisible, a saber: no se señala el concepto de la infracción, pues cuando la Recurrente dice “infringido” alude a un concepto de naturaleza genérica sin especificar alguno de los conceptos de infracción que indica el artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles en sus diferente numerales. Además omite señalar el Precepto Autorizante en que considera comprendido el mismo.- VI.- Que este Tribunal en reiteradas ocasiones ha expresado que el Estado esta obligado a seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para poder emitir acuerdos de cancelación por cesantía para que los mismos estén ajustados a derecho. (Ver sentencias S.L. 307-09, S.L. 495-08 y S.L. 508-08).- VII.- Que por lo antes expuesto el recurso de mérito resulta inestimable en sus dos motivos."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., uno de noviembre del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, por la Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, mayor de edad, casada, hondureña, y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderada sustituta del Estado de Honduras; en relación a la demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo, de carácter particular que se anule totalmente el mismo, que se reconozca la situación jurídica individualizada del derecho subjetivo violado y como medida para restablecerla que se le reintegre al cargo por el cual se le había nombrado, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se ejecute la sentencia; promovida en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil siete, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de ésta Sección Judicial, por la Señora MAURA LABORIEL FERNANDEZ, mayor de edad, casada, hondureña, y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, a través de la Procuradora General de la República, en ese entonces Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintidós de marzo del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, M.D.C., misma que fue proferida de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar Procedente la Acción incoada por la señora MAURA LABORIEL FERNÁNDEZ, por no ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación Número 650/2007, de fecha 26 de Abril del 2007, emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, en consecuencia lo anula totalmente.— SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada de la demandante y para el Pleno Restablecimiento se Resuelve: en virtud de no ser posible el reintegro de la demandante al Cargo del cual fue cancelada por haberse acreditado en autos que dicha plaza fue reasignada, se condena al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, a pagarle a la demandante sus prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de quince años en Concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, en base a lo estipulado en el Decreto N° 99-97 que interpreta el articulo 38 de la Ley de Servicio Civil y demás derechos que le pudieren corresponder a la demandante, mas el pago, en concepto de daños y perjuicios, de los salario caídos dejados de percibir, desde la fecha de efectividad del Acuerdo de cancelación de la demandante, 15 de Mayo de 2007, hasta la fecha en que se ejecute el presente fallo, así como los aumentos salariales que se hayan otorgado en su ausencia.- TERCERO: Declarar extinguida la relación laboral existente entre la demandante y el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La señora MAURA LABORIEL FERNANDEZ, manifiesta que ingreso a laborar para el Estado de Honduras en la Dirección General de Aduanas, Dependencia directa del desaparecido Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hoy llamado Secretaría de Finanzas, el día 23 de Agosto de 1990, en el cargo de Agente de Especies Fiscales, posteriormente mediante acuerdo de nombramiento como Jefe de Supervisión e Investigación (Fiscalización), de la Administración de La Aduana de Trujillo, de la Región Nor Oriental, dependencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, pero en fecha 26 de Abril, del 2007, mediante acuerdo de cancelación se le despide en forma ilegal y arbitraria, pues violenta todo el derecho positivo que nos rige como Estado de Derecho, ya que de Acuerdo a las disposiciones legales de la Ley de Servicio Civil, esta mal despedida, pues no es la conducta laboral de la demandante la cuestionada en juicio, y de conformidad al Artículo 67 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual dice que no es procedente el recibimiento del proceso a prueba por que la cuestión que se discute es de puro derecho.- 2.- La Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, actuado como representante procesal del ESTADO DE HONDURAS manifiesta que el acuerdo de cancelación por cesantía No. 650-2007 de fecha 26 de abril del 2007 emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, que deja sin valor y efecto el nombramiento de la demandante del cargo indicado, fue dictado conforme derecho y sin violación a normas legales vigentes, esto es que se comunico por escrito a la Dirección General de Servicio Civil de la cancelación del nombramiento de la demandante por razón de reestructuración organizativa de la Institución a fin de obtener una mas eficaz y económica organización administrativa, siendo autorizado por el Consejo de Servicio Civil llevar a cabo el acto, siempre que se contara con el financiamiento correspondiente, como lo faculta el articulo 53 letra b) de la ley de Servicio Civil.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento del Francisco Morazán, en sentencia de fecha 22 de marzo del 2010, falló: PRIMERO: Declarar Procedente la Acción incoada por la señora MAURA LABORIEL FERNÁNDEZ, por no ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación Número 650/2007, de fecha 26 de Abril del 2007, emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN El DESPACHO DE FINANZAS, en consecuencia lo anula totalmente.— SEGUNDO: Reconocer la Situación jurídica Individualizada de la demandante y para el Pleno Restablecimiento se Resuelve: en virtud de no ser posible el reintegro de la demandante al Cargo del cual fue cancelada por haberse acreditado en autos que dicha plaza fue reasignada, se condena al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, a pagarle a la demandante sus prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de quince años en Concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, en base a lo estipulado en el Decreto N° 99-97 que interpreta el articulo 38 de la Ley de Servicio Civil y demás derechos que le pudieren corresponder a la demandante, mas el pago, en concepto de daños y perjuicios, de los salario caídos dejados de percibir, desde la fecha de efectividad del Acuerdo de cancelación de la demandante, 15 de Mayo de 2007, hasta la fecha en que se ejecute el presente fallo, así como los aumentos salariales que se hayan otorgado en su ausencia.- TERCERO: Declarar extinguida la relación laboral existente entre la demandante y el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. SIN COSTAS”, bajo el criterio de que la Autoridad Nominadora no siguió el procedimiento para cancelar a la demandante por cesantía que seria la causal invocada, al señalarse que dicha cancelación es por razones de reestructuración organizativa de la institución lo que hace que dicho acto infrinja el ordenamiento jurídico, al no realizar el procedimiento tal como lo establece los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 280, 281 de su reglamento de aplicación , se comprobó que hubo infracción del ordenamiento jurídico al haberse cancelado a la demandante sin seguirse el procedimiento legalmente establecido, así mismo, se acreditó que la plaza de la demandante fue reasignada .- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha 27 de mayo de 2010, emitió sentencia mediante la cual falló PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ apoderada del Estado de Honduras a través de la secretaria de Finanzas.- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintidós de marzo de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio número ciento veintisiete (127) frente al folio número doscientos ciento treinta (130) vuelto de la pieza principal de autos”, siendo del criterio de que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento para la cancelación de la demandante por CESANTIA, POR LO QUE DICHO ACTO INFRINGE EL ORDENAMIENTO JURIDICO AL NO OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 53 Y 54 DE LA ley de servicio Civil, por disposición de la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria y si no se les había clasificado o incorporado a sus puestos a dicho régimen, esto no es atinente a la parte demandante, y la autoridad nominadora podía cancelar por cesantía a la demandante, siempre siguiendo el procedimiento que se debe observar para proceder a la cancelación por cesantía de un empleado publico, lo que no sucedió en le presente caso.- 5.- En fecha veintitrés de agosto de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, en su condición de apoderada sustituta del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda de casación, exponiendo dos motivos de casación.- 6.- En fecha veinticuatro de agosto de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo dicha funcionaria, el veinte de octubre de dos mil diez, de la siguiente manera: “OPINIÓN Por lo anteriormente expresado, el Ministerio Publico se manifiesta de manera desfavorable a la admisión del presente Recurso en sus dos motivos. ”.- 7.- Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- II.- Que la Abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ formula el primer motivo de casación de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, que a la letra dice “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o de doctrina legal: 2. “Cuando la sentencia no sea congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.’ 3. Cuando el fallo otorgue mas de lo pedido, o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito.” PRIMER MOTIVO: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 55 de la Ley de Servicio Civil, relacionado con los artículos 38 y 53 de la Ley de Servicio Civil.- III.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible en virtud del defecto técnico siguiente: que si bien es cierto se indica como precepto autorizante el artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, no es menos cierto que el mismo comprende varios numerales que contiene diferentes situaciones jurídicas que pueden sustentarse para argumentar la violación a la Ley, sin embargo, en forma desacertada la Recurrente indica tres de esas situaciones en el precepto autorizante lo que le resta claridad y precisión al cargo.- IV. Que en el segundo cargo se alega: “En el presente motivo se encuentra infringido el articulo 190 del Código de Procedimientos Civiles.”.- V.- Que el cargo en la forma expuesta adolece de defectos técnico que lo hacen inadmisible, a saber: no se señala el concepto de la infracción, pues cuando la Recurrente dice “infringido” alude a un concepto de naturaleza genérica sin especificar alguno de los conceptos de infracción que indica el artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles en sus diferente numerales. Además omite señalar el Precepto Autorizante en que considera comprendido el mismo.- VI.- Que este Tribunal en reiteradas ocasiones ha expresado que el Estado esta obligado a seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para poder emitir acuerdos de cancelación por cesantía para que los mismos estén ajustados a derecho. (Ver sentencias S.L. 307-09, S.L. 495-08 y S.L. 508-08).- VII.- Que por lo antes expuesto el recurso de mérito resulta inestimable en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, visto el parecer Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Universal de Derechos Humanos; 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 919 numeral 1), 916, 920 numerales 2) del Código de Procedimientos Civiles; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en su dos motivos. 2) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de noviembre de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha uno de noviembre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 350-10.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL