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Sentencia CA-333-09 — Registro 1611

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por los demandantes para que se declare la nulidad de dos actos administrativos de cancelación de sus personas como empleados, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la forma expuesta en el cargo que antecede, evidencia que no se ha formulado una proposición jurídica completa, ya que: 1) Alega como violadas normas que no ostenta el carácter de ser normas sustantivas, tal como es el caso de los artículos 239, 278, 280, 281 y 283 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. 2) Se señala la falta de aplicación de normas, que si fueron aplicadas en los fallos de primera y segunda instancia, por lo cual no era esa la vía indicada para atacar la sentencia definitiva impugnada. 3) En el concepto de la violación hace referencia al material probatorio, lo cual también resulta improcedente. Defectos técnicos que hacen inadmisible dicho motivo.-"" Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la admisión del único motivo de casación."-

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de marzo de dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha catorce de agosto de dos mil nueve, por la Abogada RUTH CONTRERAS DUBÓN, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS-DINADERS); en relación a la demanda de reintegro, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, nulidad del acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se dicten medidas necesarias para su pleno restablecimiento, quebrantamiento de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, que se declare la ilegalidad de actos administrativos, daños y perjuicios, intereses, costas del juicio; interpuesta en fecha dieciséis de abril de dos mil siete, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, M.D.C., por los señores ALBA MARINA ZUNIGA ANDINO y ELDIN ANDONI CHINCHILLA GALVÁN, ambos mayores de edad, casados, hondureños, Perito Mercantil y Contador Publico y Técnico en Sistemas respectivamente, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuación de PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS-DINADERS).- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que falló confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, M.D.C. de fecha veintitrés de febrero de dos mil nueve, misma que fue proferida de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por los señores ALBA MARINA ZUNIGA ANDINO Y ELDIN ANDONI CHINCHILLA GALVAN, contentiva a que se declare la nulidad de dos actos administrativos de cancelación de sus personas como empleados de la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible (DINADERS), por no ajustarse a Derecho a los actos administrativos impugnados, consistentes en los Acuerdos números 001-07 y 003-07 de fecha 15 de enero de 2007.- En consecuencia se anulan totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: 1) EL REINTEGRO A SUS TRABAJOS EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS QUE TENÍAN AL MOMENTO DE SU CANCELACIÓN, así como el pago de las indemnizaciones correspondientes como ser los salarios dejados de percibir desde la fecha de su respectiva cancelación hasta la fecha en que se cumpla DEBIDAMENTE el reintegro aquí ordenado.- 2) En caso de que el reintegro no fuere posible por estar canceladas las plazas, o no lo desee los demandantes, condenar al Estado de Honduras al pago de las PRESTACIONES LABORALES como ser: Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional; así como los DERECHOS ADQUIRIDOS como ser: Décimo Tercer mes Proporcional, Décimo Cuarto mes Proporcional y Vacaciones Proporcionales, y en concepto de INDEMNIZACIÓN los salarios dejados de Percibir desde la fecha de cancelación hasta el día en que se ejecute totalmente lo aquí dispuesto. 3) En caso de que el Reintegro sea viable, y para facilitar a la Administración la reinstalación, SE ANULA totalmente el acuerdo de nombramiento del o la sustituta de los demandantes.- 4) Condenar al Estado de Honduras a través de DINADERS a reconocer, ejecutar y pagar a los demandantes los conceptos señalados en los numerales anteriores.” Sin Costas en ambas instancias.- RESULTA: Que en fecha catorce de agosto de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada RUTH CONTRERAS DUBÓN, actuando en su condición de apoderada del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS-DINADERS), formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN La sentencia impugnada es violatoria de normas adjetivas nacionales, como lo expresaré en los siguientes motivos de casación ÚNICO MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 900 No. 1 y 903 Preámbulo y No. 1 del Código de Procedimientos Civiles en lo concerniente a la violación. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Infracción por falta de aplicación de los artículos 53, 54, de la Ley de Servicio Civil, 239, 278, 280, 281 y 283 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. CONCEPTO DE INFRACCIÓN La Sentencia censurada contiene los considerando que literalmente dicen: Que la Ley del Servicio Civil en su artículo 53 establece los supuestos por los cuales se puede prescindir por Cesantía de los servicios de los servidores públicos, siempre que la autoridad nominadora acredite en forma fehaciente: a) y b) Reducción de servicio o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.- De lo anterior se desprende que tal situación está condicionada al resultado que arroje la evaluación de la actividad del personal en el desenvolvimiento de su trabajo, la deuda se aprecia la eficiencia administrativa, en caso contrario procedería aplicar tal figura jurídica para buscar la eficiencia señalada. Que de autos aparece que la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería no efectuó la evaluación señalada anteriormente en que se demuestre que el trabajo realizado por la demandante no está de acuerdo con los parámetros de eficiencia administrativa, y que por esto aumenta su cancelación por la figura de la cesantía de conformidad con la Ley de Servicio Civil. Que la Ley de Servicio Civil es el ordenamiento jurídico cuya finalidad es establecer un sistema Racional de Administración de Personal en el Servicio Público regulando las relaciones entre los Servidores Públicos y el Estado, de acuerdo con lo anterior se colige que tanto el servidor público como el Estado están sometidos a una serie de obligaciones y prohibiciones de carácter recíproco, así como el disfrute de los derechos conseguidos en la misma, en armonía con la Constitución de la República. Que de acuerdo con lo relacionado anteriormente es procedente confirmar la sentencia que se conoce en apelación. CONCEPTO DE VIOLACION La soberanía de los Tribunales de Primera y Segunda Instancia, está subordinada a las reglas de apreciación de las pruebas que fija ya sea el Derecho Sustantivo o ya sea el Derecho Adjetivo, debiendo entenderse en principio que tales reglas son de Derecho Sustantivo, aunque se encuentran incluidas en los Textos del Derecho Procesal, insisto en la relacionar las prueba documental y las que se encuentran acreditadas en los expedientes de los demandantes, mismas que fueron evacuadas por el Juez A-Quo y las que sirvieron de base para acreditar los suficientes elementos de juicio para emitir la sentencia judicial dictada en fecha 23 de febrero del dos mil nueve Es evidente la mala apreciación de los medios de prueba por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, esta da a entender que no se ha probado hechos que evidentemente están probados conforme al haz probatorio”.- RESULTA: Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada RUTH CONTRERAS DUBÓN, actuando en su condición de apoderada del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS-DINADERS), y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo dicha funcionaria, el veintitrés de octubre de dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINIÓN: Por lo anteriormente expresado, el Ministerio Publico se manifiesta de manera desfavorable a la admisión del presente Recurso en su único.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- CONSIDERANDO (2): Que la Abogada RUTH CONTRERAS DUBÓN en el único motivo de Casación expresa: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 900 No. 1 y 903 Preámbulo y No. 1 del Código de Procedimientos Civiles en lo concerniente a la violación. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Infracción por falta de aplicación de los artículos 53, 54, de la Ley de Servicio Civil, 239, 278, 280, 281 y 283 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.”.- CONSIDERANDO (3): Que la forma expuesta en el cargo que antecede, evidencia que no se ha formulado una proposición jurídica completa, ya que: 1) Alega como violadas normas que no ostenta el carácter de ser normas sustantivas, tal como es el caso de los artículos 239, 278, 280, 281 y 283 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. 2) Se señala la falta de aplicación de normas, que si fueron aplicadas en los fallos de primera y segunda instancia, por lo cual no era esa la vía indicada para atacar la sentencia definitiva impugnada. 3) En el concepto de la violación hace referencia al material probatorio, lo cual también resulta improcedente. Defectos técnicos que hacen inadmisible dicho motivo.- CONSIDERANDO (4): Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la admisión del único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de marzo de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de Marzo de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 333-09.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL