Sentencia CA-31-09 — Registro 1582
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el motivo expuesto por la Recurrente adolece de los siguientes defectos técnicos: El artículo 320 numerales 1) y 3) del Código de Procedimientos Civiles citado como violado es de naturaleza adjetiva, por ende inviolable en el recurso de casación. Además, como concepto de la infracción se limita a señalar preceptos legales supuestamente violados, mencionando el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Policía que tampoco ostenta la calidad de sustantiva y los artículos 82, 85 y 86 del mismo cuerpo legal que contienen numerales y párrafos que la Impetrante omitió precisar. Aunado a todo lo anterior, no se indicó la prueba o pruebas que dieron lugar al error de hecho, ni que las mismas tuviesen la calidad de ser acto o documentos auténticos. El motivo así formulado resulta incompleto e impreciso siendo por ende inestimable.- "Que la Censora alega Nulidad Subsidiaria y de su exposición se logra entender que funda su argumentación en dos puntos: 1) Que la sentencia carece de claridad congruencia y precisión (Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Civiles). 2) Que la sentencia venida en casación no expresa en forma “…clara y terminante los hechos estimados probados…”, pues, no tomó en cuenta lo enunciado en el personamiento y la expresión de agravios. Sin embargo, revisada y analizada la primera y segunda pieza de autos se determina fehacientemente que en el caso sub-júdice la nulidad esgrimida por la recurrente es inexistente, además de que se ha respetado la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, por lo que la nulidad solicitada resulta inestimable.""Que en razón de lo anteriormente expuesto el recurso de mérito se vuelve inadmisible en su único motivo y no procede la nulidad solicitada."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., quince de febrero de dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diecisiete de febrero de dos mil nueve, por la Licenciada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; en relación a la demanda Contencioso Administrativo en Materia Personal para que se Anule Totalmente el Acto Administrativo de Carácter Particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, y como medida para su pleno restablecimiento del derecho violado se ordene a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, el pago de las prestaciones laborales, las indemnizaciones correspondientes y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la cancelación del Acuerdo de nombramiento hasta la fecha en que quede firme la sentencia y las costas del juicio; interpuesta en fecha veinticuatro de abril de dos mil siete, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, por el señor MARIO ALEXIS REYES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Danli, EL Paraíso en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la entonces Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de enero de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional que falló confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil ocho, proferida de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar Procedente la Acción incoada por el señor MARIO ALEXIS REYES, por no ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación Numero 017-2007, de fecha 26 de Febrero del 2007, emitido por la Dirección Nacional de Transito, de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, en consecuencia lo anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada del demandante y para su Pleno Restablecimiento se Resuelve: Reconocer el derecho al pago al demandante de las prestaciones laborales correspondiente,. – TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad a pagarle al demandante, en concepto de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, desde la fecha de efectividad del Acuerdo de Cancelación 10 de Abril del 2007 hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia.- CUARTO: Declarar extinguida la relación laboral existente entre el demandante y el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, en la Dirección Nacional de Transito.” SIN COSTAS en ambas instancias.- RESULTA: Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ de generales ya señaladas, en su condición apoderada de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto AL ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, que resultan de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numerales 1° y 3° del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 1.- Precepto Legal Infringido: "Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicios son: "Instrumentos Públicos..."; articulo 320 numeral 1° del Código de Procedimientos Civiles. 2.- Precepto Legal Infringido: Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: "... Los documentos públicos expedidos por los funcionarios Públicos que estén autorizados para ello, a lo que se refiere al ejercicio de sus funciones"; artículo 321 numeral 3° del Código de Procedimientos Civiles. 3.- Precepto Legal Infringido: "Los documentos Públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este" artículo 1499 párrafo primero del Código Civil. 4.- Precepto Legal infringido: "Error en la apreciación de los documentos públicos que se encuentran agregados en el expediente administrativo, como ser el acuerdo, en el cual se nombró al Señor MARIO ALEXIS REYES, en el cargo de Policía, desempeñándose en la Dirección Nacional de Policía Transito Articulo 79, 80, 81,82, 83,84, 85,86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, articulo 24 párrafo 2°; 25 Y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. EXPLICACION DEL MOTIVO La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante el fallo definitivo recurrido dictado el quince de enero del dos mil ocho y por el cual en primer lugar, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por nuestra parte y en segundo lugar confirma la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre del dos mil nueve emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial en la DEMANDA PARA QUE SE DECLARE NULO, UN ACTO ADMINISTRATIVO. RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION JURIDICA.-INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO .- COSTAS promovida por el señor MARIO ALEXIS REYES, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, se motiva esencialmente en los considerando tercero y cuarto de la sentencia recurrida y para efecto de explicación del presente motivo dice: " Que del estudio y análisis en su conjunto del expediente administrativo de las pruebas presentadas por las partes, así como de los fundamentos de derecho en que ambos apoyan sus pretensiones esta Corte observa que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante, violo el ordenamiento jurídico establecido, al no seguir el procedimiento legal que establece la Ley Orgánica de la Policía Nacional para dictar esta clase de actos, por lo expuesto la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente y en consecuencia hay nulidad del acto impugnado" en el considerando cuarto la misma corte establece:" Que por lo expuesto en los considerándoos que anteceden esta Corte es del criterio de confirmar la sentencia apelada" evidenciándose con ello que la corte sentenciadora procedió en forma no usual en la formación del juicio probatorio, vulnerando evidentemente el resultado que arrojan los medios de pruebas de instrumentos públicos.-La sentencia de apelación hace suya y admite las consideraciones legales en que se fundamenta la sentencia definitiva de primera instancia de la que se ha hecho merito, la cual en forma toral en el considerando tres (3), cuatro(4) y cinco (5) como hecho probado siendo la base factica que del estudio del expediente administrativo contentivo de los actos administrativos impugnados, así como de las pruebas practicadas y de los alegatos y fundamentos jurídicos en que las partes apoyan sus pretensiones, se desprende que mediante acuerdo de cancelación de Nombramiento que el articulo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional claramente prescribe Son causas justas que facultan al órgano respectivo de la Policía para dar por terminado el servicio de sus miembros, sin responsabilidad de su parte el incumplimiento grave las obligaciones del servidor y las faltas graves, establecidos en esta Ley y en el Reglamento ; lo que hace que en el presente asunto el acto administrativo impugnado se encuentra viciado de nulidad absoluta, esto por estar el demandante acogido a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, y al estar debidamente probado en autos y como así lo acepta la parte demandada con sus pruebas aportadas, que el acuerdo de cancelación del demandante se dicto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido , que el acuerdo de cancelación del demandante se dicto amparándose total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido por la Ley Orgánica de la Policía Nacional . Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ordena que la sentencia declarara procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, y en el presente caso de autos estamos ante una nulidad absoluta del acto impugnado, ya que consta en autos que el mismo se dicto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en este caso el ordenado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, régimen este bajo el que se encuentra protegido el demandante, debiéndose en consecuencia decretar la procedencia de la acción y consecuente nulidad del acto impugnado.-En base al articulo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo que literalmente dice: "Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico; el objeto de los actos debe ser licito, cierto y físicamente posible" en este caso que nos ocupa era físicamente cumplir con la Resolución emitida por Dirección Nacional de Transito, como consecuencia la cancelación se ejecuto siguiendo los procedimientos respectivos, con lo cual dejamos reiteradamente de manifiesto que la cancelación suscitada queda sujeta al reconocimiento de los derechos e indemnizaciones laborales por no ser posible el reintegro, ya que el articulo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo dice: "..El acto administrativo es nulo en los siguientes casos a)...b)...c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido…" El Juez AD-QUEM al expresar en el considerando tercero de la forma en que se expone dicha consideración cuarta y quinta del fallo de primera instancia, incurre en error de hecho en la apreciación de los medios de prueba de instrumentos públicos, que corren agregados exclusivamente del expediente administrativo, observa el procedimiento de cancelación pero no se observa el de sus nombramientos que es la base que le sirve de fundamento al Juez A-QUO y por ende lo hace suyo el –AD-QUEM, tal considerando cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia, y tercero de la segunda instancia, algo inusual en dicho procedimiento, ya que de oficio y de forma veraz el Juez A-QUO considera en la observación de dicho expediente que no se siguió el procedimiento de cancelación quedando probado en juicio que se siguió el Procedimiento establecido por la Ley Orgánica de la Policía Nacional , quedando evidentemente sorprendidos Honorables Magistrados a1 observar que no se cumplió para cancelarlo no se observa el procedimiento para nombrarlo, ya que a todas luces en el expediente administrativo quedo plenamente demostrado que para nombrar al señor MARIO ALEXIS REYES, se VIOLENTARON LOS ARTICULOS Articulo 79,80,81,82,83,84, 85,86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, articulo 24 párrafo 2°; 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, según el diccionario de Cabanellas en su pagina 146 del tomo I -A-B, define "Acto Nulo: Podríamos denominarlo acto antijurídico ajurídico, por ser aquel que no surte efecto para el derecho...,el acto nulo esta prohibido directa o indirectamente por la ley de modo absoluto, y la sanción consiste en privarle de efectos jurídicos simplemente;...", la aplicación indebida del articulo 79 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y por la no observancia en las apreciación de la prueba de los documentos públicos como ser el expediente administrativo limitándose la Honorable Corte de Apelaciones a confirmar y hacer suya la sentencia de primera instancia, creyendo que la Corte Sentenciadora al confirmar la sentencia de primera instancia venida en apelación aplico indebidamente el articulo 24 y 34 letra c) de la ley Procedimiento Administrativo , siendo lo correcto y procedente declarar con lugar la apelación y declarar improcedente la demanda, en aplicación de los artículos 79, 80, 81,82, 83,84, 85,86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, articulo 24 párrafo 2°; 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. NULIDAD SUBSIDIARIA 1. Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados todas las sentencias dictadas en materia administrativa según el Código de Procedimientos Civiles, artículo 187 y 190, establecen que contendrán con claridad y concisión posible tanto en el preámbulo, en los considerándoos y la parte final y estas deben de ser claras, precisas y congruentes con la demanda expresando cuales son los hechos que se estimen probados ya que de lo contrario la sentencia es susceptible de Recurso de Casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por ese Tribunal Supremo conociendo de ella en casación por infracción de Ley artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles. 2. Cualquier hecho que se considere probado o establecido en una parte de la sentencia distinta de la declaración de los hechos estimados probados, implica que la sentencia no expresa clara y terminantemente los hechos estimados probados y en el presente caso Honorables Magistrados, la sentencia de fecha 15 de enero del 2009 venida en Casación no tomo en cuenta lo enunciado en el personamiento y Expresión de Agravios en el hecho cuarto en el que se anuncia que se tome en cuenta lo dispuesto en el, la falta de compromiso del demandante con la institución a la cual prestó su servicio esta sujeto a que sea despedido si infringe las normas a las cuales se esta sujeto, es irrelevante que ahora pretenda probar que su despido tiene vicios de nulidad porque el mismo le fue notificado con las formalidades que la Ley de Procedimiento Administrativo establece, , no como lo quiere hacer ver el Juez A-QUO en la sentencia definitiva dictada el 31 de octubre del 2008 en donde ordena declarar procedente la acción incoada por el señor MARIO ALEXIS REYES, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución numero 017-2007 que contiene el acuerdo de cancelación del demandante de fecha 26 de febrero del 2007, emitido por la Dirección Nacional De Transito de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, en consecuencia lo anula totalmente y el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se resuelve: Reconocer el derecho al pago de las prestaciones laborales al demandante las cuales deberán ser calculadas desde la fecha de notificación del servicio hasta la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme y no podrá exceder del equivalente del salario de un año, pago de prestaciones y salarios dejados de percibir hasta que la sentencia tenga carácter de firme, algo que es injusto, ilusorio en una institución tan seria como es la Policía Nacional que se rige por los principios de Dios, Patria, Servicio principios que son burlados por los mismos oficiales que la integran con los constantes abusos de autoridad y falta de lealtad al juramento que prestan que no se tomaron en cuenta y el Juez A-Quo, ya que no vertió opinión alguna sobre dicha prueba que se recibiera el pleito a prueba de conformidad con el articulo 220 numeral 3 del Código de Procedimiento Civiles.”.- RESULTA: Que en fecha dieciocho de febrero de dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, de generales ya establecidas, en su condición apoderada de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen, haciéndolo dicho funcionario, el veintidós de abril de dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINION Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Publico dictamina desfavorable a la admisión del recurso de Casación en su motivo único así como en la solicitud de nulidad subsidiaria planteada en el presente recurso.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- CONSIDERANDO (2): Que la Abogada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ en el primer motivo, alega: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto AL ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, que resultan de documentos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numeral 1º y 3º del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil…”.- CONSIDERANDO (2): Que el motivo expuesto por la Recurrente adolece de los siguientes defectos técnicos: El artículo 320 numerales 1) y 3) del Código de Procedimientos Civiles citado como violado es de naturaleza adjetiva, por ende inviolable en el recurso de casación. Además, como concepto de la infracción se limita a señalar preceptos legales supuestamente violados, mencionando el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Policía que tampoco ostenta la calidad de sustantiva y los artículos 82, 85 y 86 del mismo cuerpo legal que contienen numerales y párrafos que la Impetrante omitió precisar. Aunado a todo lo anterior, no se indicó la prueba o pruebas que dieron lugar al error de hecho, ni que las mismas tuviesen la calidad de ser acto o documentos auténticos. El motivo así formulado resulta incompleto e impreciso siendo por ende inestimable.- CONSIDERANDO (3): Que la Censora alega Nulidad Subsidiaria y de su exposición se logra entender que funda su argumentación en dos puntos: 1) Que la sentencia carece de claridad congruencia y precisión (Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Civiles). 2) Que la sentencia venida en casación no expresa en forma “…clara y terminante los hechos estimados probados…”, pues, no tomó en cuenta lo enunciado en el personamiento y la expresión de agravios. Sin embargo, revisada y analizada la primera y segunda pieza de autos se determina fehacientemente que en el caso sub-júdice la nulidad esgrimida por la recurrente es inexistente, además de que se ha respetado la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, por lo que la nulidad solicitada resulta inestimable.- CONSIDERANDO (4): Que en razón de lo anteriormente expuesto el recurso de mérito se vuelve inadmisible en su único motivo y no procede la nulidad solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, vista la opinión del Fiscal, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 192 párrafo primero y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- 2) DECLARANDO SIN LUGAR la nulidad subsidiaria.- 3) SIN COSTAS por tener motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de Febrero de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha quince de febrero de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 31-09.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL