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Sentencia CA-27-09 — Registro 1580

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la parte demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia. Que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos que vuelven inadmisible dicho motivo, a saber: A) Señala como normas sustantivas, disposiciones que no ostentan esa condición. B) El error de hecho solo procede si resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, lo cual no ocurre en el presente caso, ya que los señalados como tales si bien pueden catalogarse como documentos públicos, no revisten la calidad de documentos o actos auténticos, y C) Realiza extensos alegatos propios de instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por esta Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., uno de marzo del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de enero de dos mil nueve, por la Abogada LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA, actuando en su condición de Apoderada sustituta del Estado de Honduras; en relación a la demanda para que se declare nulo un acto particular de la administración publica por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de formalidades esenciales, exceso y desviación de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por haber lesionado derechos del administrado y para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro junto con el pago de los salarios dejados de percibir; interpuesta en fecha cinco de mayo del año dos mil seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor JOSE ISABEL MARTINEZ MARTINEZ mayor de edad, hondureño, soltero, estudiante, y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio de la Procuradora General de la República, de ese entonces, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, que falló confirmando la sentencia de fecha tres de septiembre del dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Francisco Morazán, proferida de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar Procedente la acción incoada por el señor JOSE ISABEL MARTINEZ MARTINEZ por no ajustarse a derecho el acto Administrativo Impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación Numero SEDS-0476-2006 de fecha 05 de abril del 2006, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en consecuencia lo anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada del demandante, y para su Pleno Restablecimiento se Resuelve: Adoptar el reintegro del demandante al caro de Supervisor de Lavandería I, en la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, por ser el cargo en que estaba nombrado y del cual fue cancelado.- TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, al pago a favor del demandante de los Salarios Dejados de Percibir, a titulo de daños y perjuicios, desde la fecha de efectividad del Acuerdo de Cancelación 07 de Abril del 2006 hasta el día que se ejecute la presente sentencia.- CUARTO: Se decreta, en su caso, la nulidad del Acto Administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante”.- RESULTA: Que en fecha veintisiete de enero del dos mil nueve compareció ante este Tribunal de Justicia la Abogada LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA, de generales ya señaladas, en su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto AL ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, que resultan de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numerales 1° y 30 del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION 1.- Precepto Legal Infringido: “Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicios son: “Instrumentos Públicos...”; artículo 320 numeral 10 del Código de Procedimientos Civiles. 2.- Precepto Legal Infringido: Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: “... Los documentos públicos expedidos por los funcionarios Públicos que estén autorizados para ello, a lo que se refiere al ejercicio de sus funciones”; artículo 321 numeral 30 del Código de Procedimientos Civiles. 3.- Precepto Legal Infringido: “Los documentos Públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este” artículo 1499 párrafo primero del Código Civil. 4.- Precepto Legal infringido: “Error en la apreciación de los documentos públicos que se encuentran agregados en el expediente administrativo, como ser el acuerdo, en el cual se nombró al Señor JOSÉ ISABEL MARTÍNEZ MARTINEZ, en el cargo de Supervisor de Lavandería 1, desempeñándose en la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, existiendo en los mismo las acciones de personal para sus nombramientos, así mismo el de cancelación en la Dirección General de Servicio Civil; artículo 24 párrafo 2°; 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo; artículos 53 de la Ley de Servicio Civil; 5 numeral 14 y 278 del Reglamento del mismo cuerpo legal. EXPLICACION DEL MOTIVO La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante el fallo definitivo recurrido dictado el cuatro de diciembre del 2008 y por el cual en primer lugar, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por nuestra parte y en segundo lugar confirma la sentencia definitiva de fecha 03 de septiembre del 2008, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial en la DEMANDA PARA QUE SE DECLARE NULO, UN ACTO PARTICULAR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA POR INFRACCION DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, QUEBRANTAMIENTO DE FORMALIDADES ESENCIALES, EXCESO Y DESVIACION DE PODER- RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA POR HABER LESIONADO DERECHOS DE ADMINISTRADO Y PARA SU PLENO RESTABLECIMIENTO SE ORDENE EL REINTEGRO O EN SU DEFECEO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES QUE EN DERECHO CORRESPONDA.- promovida por el señor JOSÉ ISABEL MARTÍNEZ MARTINEZ, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, se motiva esencialmente en el considerando (3) de la sentencia recurrida y para efecto de explicación del presente motivo dice: “Que de el estudio y el análisis del expediente administrativo, y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta corte observa y concluye que la Autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante, estará obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de acuerdos y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido, resultando procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto impugnado.” en el considerando (5) la misma corte establece: “Que por lo expuesto en los considerándoos que anteceden esta Corte es del criterio de confirmar la sentencia apelada” evidenciándose con ello que la corte sentenciadora procedió en forma no usual en la formación del juicio probatorio, vulnerando evidentemente el resultado que arrojan los medios de pruebas de instrumentos públicos.-La sentencia de apelación hace suya y admite las consideraciones legales en que se fundamenta la sentencia definitiva de primera instancia de la que se ha hecho merito, la cual en forma toral en el considerando (5) y (6) como hecho probado siendo la base fáctica que del estudio del expediente administrativo contentivo de los actos administrativos impugnados, así como de las pruebas practicadas y de los alegatos y fundamentos jurídicos en que las partes apoyan sus pretensiones, se desprende que mediante acuerdo de cancelación de Nombramiento no se ha acreditado el cumplimiento del fin de la cesantía; lo que hace que en el presente asunto el acto administrativo impugnado se encuentra viciado de nulidad absoluta, esto por estar el demandante protegido por el Régimen de Servicio Civil al estar en la categoría de empleados descritos en este considerando, y al estar debidamente probado en autos y como así lo acepta la parte demandada con sus pruebas aportadas, que el acuerdo de cancelación del demandante se dicto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ordena que la sentencia declarara procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, y en el presente caso de autos estamos ante una nulidad absoluta del acto impugnado, ya que consta en autos que el mismo se dicto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en este caso el ordenado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, régimen este bajo el que se encuentra protegido el demandante, debiéndose en consecuencia decretar la procedencia de la acción y consecuente nulidad del acto impugnado, no observando la corte sentenciadora el oficio del Consejo de Servicio Civil No. CSC-0137-2006 de fecha 05 de abril del año 2006 en relación al Acuerdo de nombramiento del Señor José Isabel Martínez Martinez, en la cual en el mismo se observa la acción de personal tramitada a través de la Dirección General de Servicio Civil. En base al articulo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo que literalmente dice: “Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico; el objeto de los actos debe ser licito, cierto y físicamente posible” como consecuencia la cancelación se ejecuto siguiendo los procedimientos respectivos, con lo cual dejamos reiteradamente de manifiesto que la cancelación suscitada queda sujeta al reconocimiento de los derechos e indemnizaciones laborales por no ser posible el reintegro, ya que el articulo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo dice: “..El acto administrativo es nulo en los siguientes casos a). . .b). . .c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido . . . El Juez AD-QUEM al expresar en el considerando Quinto en que se expone el fallo de primera instancia, incurre en error de hecho en la apreciación de los medios de prueba de instrumentos públicos, que corren agregados exclusivamente del expediente administrativo, observa el procedimiento de cancelación pero no observar que la plaza del demandante esta VACANTE que es la base que le sirve de fundamento al Juez A-QUO y por ende lo hace suyo el —AD-QUEM, tal considerando quinto de la sentencia de primera instancia, y tercero de la segunda instancia, algo inusual en dicho procedimiento, ya que de oficio y d forma veraz el Juez A-QUO considera en la observación de dicho expediente que no se siguió el procedimiento de cancelación por cesantía según el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil y 278 de su Reglamento, quedando evidentemente sorprendidos Honorables Magistrados al observar que NO SE TOMO EN CONSIDERACION QUE LA PLAZA ESTA VACANTE, ya que a todas luces en el juicio se demostró que en los medios de prueba expuesto por nuestra parte la plaza del demandante nunca ha sido ocupada desde el momento de su cancelación, por la no observancia en las apreciación de la prueba de los documentos públicos como ser el expediente administrativo limitándose la Honorable Corte de Apelaciones a confirmar y hacer suya la sentencia de primera instancia, creyendo que la Corte Sentenciadora al confirmar la sentencia de primera instancia venida en apelación aplico indebidamente el articulo 24 y 34 letra c) de la ley Procedimiento Administrativo siendo lo correcto y procedente declarar con lugar la apelación y declarar improcedente la demanda, en aplicación de los artículos 53, letra a) y 60 de la Ley de Servicio Civil y 278 letra a) del Reglamento de Servicio Civil. NULIDAD SUBSIDIARIA 1. Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados todas las sentencias dictadas en materia administrativa según el Código de Procedimientos Civiles, artículo 187 y 190, establecen que contendrán con claridad y concisión posible tanto en el preámbulo, en los considerándoos y la parte final y estas deben de ser claras, precisas y congruentes con la demanda expresando cuales son los hechos que se estimen probados ya que de lo contrario la sentencia es susceptible de Recurso de Casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por ese Tribunal Supremo conociendo de ella en casación por infracción de Ley artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles. 2. Cualquier hecho que se considere probado o establecido en una parte de la sentencia distinta de la declaración de los hechos estimados probados, implica que la sentencia no expresa clara y terminantemente los hechos estimados probados y en el presente caso Honorables Magistrados, la sentencia de fecha 04 de diciembre del 2008 venida en Casación no tomo en cuenta lo enunciado en el personamiento y Expresión de Agravios en el hecho Octavo en el que se anuncia que se tome en cuenta lo dispuesto en los artículos 278 y 279 de la Ley de Servicio Civil, existiendo el dictamen favorable del consejo de Servicio Civil; debiendo hacerse acopio a lo dispuesto en el articulo 17 del Código Civil que dice: “No podrá atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador” además de estar vacante la respectiva plaza del demandante, el cual no se tomo en cuenta al momento de ventilarse la demanda en el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con lo que se prueba que la cancelación de la demandante es una cancelación de conformidad a derecho. 3. Como pueden observar Honorables Magistrados la Corte Sentenciadora al no pronunciarse sobre los medios probatorios presentados, violenta el derecho de petición en vista que fue debidamente solicitada en la parte petitoria. En relación con el considerando cuarto de la expresión de agravios, como es posible que el Juez Ad-Quen no hubiese aplicado correctamente el articulo 424 numeral 2 que literalmente dice: “Sin necesidad de recibir el juicio a pruebas podrán pedir los litigantes... 1)..2) Que se tengan a los autos, o presentarse ella misma documentos que se hallen en algunos de los casos expresados en el artículo 262. 4. La prueba propuesta y no evacuada ha provocado indefensión al Estado de Honduras, indefensión prescrita en el artículo 82 de la Constitución de la República que literalmente expresa: “Que el derecho a la defensa es inviolable..., la indefensión alegada resulta patente para esta parte dado que de haberse admitido la prueba propuesta e indebidamente no evacuada se hubiera demostrado que el Estado de Honduras al cancelar al ciudadano JOSÉ ISABEL MARTÍNEZ MARTINEZ, se hizo respetando sus derechos laborales ya que según el articulo 60 de la Ley de Servicio Civil su acuerdo es nulo entendiéndose por cesantía según el articulo 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil numeral 14 cesantía es la separación de un empleado de su cargo debido a la reducción forzosa de servicio o de personal por razones de orden presupuestaria...” independientemente de la voluntad del empleado pero no constituye suspensión o despido así como dice el articulo 240 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que literalmente dice “Todo empleado tendrá derecho hacer indemnización si cesare de su cargo por suspensión del puesto en aquellos casos que no sea posible el reintegro a sus funciones de conformidad a los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Servicio Civil. Honorables Magistrados dicha sentencia emitida por la Corte de Apelaciones violenta el derecho a la defensa del Estado de Honduras y que si los medios propuestos en tiempo y forma se hubieran evacuado la sentencia dictada en ese momento seria a favor del Estado de Honduras por lo que dicha sentencia debe ser invalida de oficio de conformidad al articulo 956 del Código de Procedimientos Civiles. FUNDAMENTOS DE DERECHO El presente escrito encuentra sus fundamentos en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la Republica ; 187, 190, 320, numeral 1); 900 numeral primero 902 causa primera, 903 numerales 1), 4) y 7) del Código de Procedimientos Civiles; 1495, 1499 del Código Civil; 11, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 37 literales b) y c), 38 literal g), 53 literal a) 54, 55 reformado, 60 de la Ley de Servicio Civil ; 5 numeral 14 ; 53, 106. 107, 108,109 110, 111, 112, 113, 114, 278 literal a) y 284 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil”.- RESULTA: Que en fecha veintinueve de enero del año dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Licenciada LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA, de generales ya señaladas, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para emitir su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria, el veinte de marzo del dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINION Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Publico dictamina desfavorable a la admisión del Recurso de Casación en su motivo único así como en la solicitud de nulidad subsidiaria planteada en el presente recurso”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por esta Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere.- CONSIDERANDO (2): Que la Abogada LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA, en el primer y único motivo alega: “ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimiento Civiles, en cuanto al ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, que resultan de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numerales 1° y 3° del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil.”.- CONSIDERANDO (3): Que la Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos que vuelven inadmisible dicho motivo, a saber: A) Señala como normas sustantivas, disposiciones que no ostentan esa condición. B) El error de hecho solo procede si resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, lo cual no ocurre en el presente caso, ya que los señalados como tales si bien pueden catalogarse como documentos públicos, no revisten la calidad de documentos o actos auténticos, y C) Realiza extensos alegatos propios de instancia.- CONSIDERANDO (4): Que de forma subsidiaria la Impetrante solicita la nulidad del fallo impugnado, basándose entre otros puntos, que no se tomó en cuenta las peticiones realizadas al Tribunal recurrido, sobre los artículos 278 y 279 de la Ley del Servicio Civil, como de los medios de prueba propuestos y no evacuados, produciendo con ello indefensión a la parte demandada, que además se demostró que el procedimiento de cesantía era acorde a derecho; Sin embargo, tal petición deber ser desestimada, ya que la sentencia impugnada es congruente con lo debatido en el juicio, además no se observa ninguna situación en que se haya afectado el derecho de defensa y el debido proceso y que la evacuación de pruebas a que se alude, no se solicitó debidamente en la segunda instancia y tampoco se ha señalado en forma concreta algún señalamiento que pudiera dar lugar a utilizar la facultad concedida a éste Tribunal en el artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles.- CONSIDERANDO (5): Que por las razones anteriormente expuestas, no procede la admisión del primer y único motivo de casación y cabe declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral - Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, vista la opinión del Fiscal, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia.- Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de marzo de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha uno de Marzo de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 27-09.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL