Sentencia CA-249-10 — Registro 1517
Resumen
En primera instancia se declarara procedente la acción incoada por los demandantes, anulando parcialmente el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible, ya que la naturaleza de las normas señaladas como infringidas no permiten la prosperidad del cargo pues el artículo 89 del Arancel de Profesional del Derecho está comprendido en un Acto de General emitido por una Entidad de Derecho Público siendo su naturaleza reglamentaria y los artículos 1 y 3 del Código Civil son de carácter general.- CONSIDERANDO (6): Que el Recurrente en la demanda de casación ha solicitado la nulidad subsidiaria con fundamento en los artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes argumentando: Por un lado la carencia de claridad, precisión y congruencia de la sentencia impugnada por lo que la misma es susceptible de recurso de casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por el Tribunal Supremo, y por otro, que el Tribunal de alzada omitió considerar la totalidad de las pruebas y fundamento jurídicos aportados en cuanto a que el Arancel del Profesional del Derecho no es Ley de la República. Sin embargo, analizada la sentencia y diligencias de mérito este Tribual es del criterio que en las mismas se ha respetado la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, por lo que la nulidad subsidiaria solicitada resulta inestimable.- CONSIDERANDO (7): Que en razón de lo anteriormente expuesto el recurso de mérito se vuelve inadmisible en sus dos motivos, asimismo procede desestimar la nulidad subsidiaria solicitada.- "
Legislación citada
- Arancel del Profesional del Derecho, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., once de agosto del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de junio de dos mil diez, por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, actuando en su condición de apoderado del Estado de Honduras por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; en relación a la Demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo que se decrete la ilegalidad y nulidad de la resolución emitida por la Secretaria de Seguridad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de los derechos infringidos, el pago de reajustes y nivelación salarial con sus derechos colaterales conforme a la disposición legal contenida en el Articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho vigente, mas el pago de los aumentos anuales conforme al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras, conceptos que deberán pagarse en forma retroactiva desde la promulgación de dicho arancel en el diario oficial “La Gaceta”; promovida en fecha veinte de abril del dos mil seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de ésta Sección Judicial, por el Abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, mayor de edad, hondureño, casado, y de éste domicilio, actuando en su condición de apoderado de los señores ORBELINDA ISABEL RODRIGUEZ CALIDONIO, ABEL ORELLANA MANZANARES, ALEX FLORENTINO MONTOYA RIVERA, MARIBEL SORIANO ORTIZ, AMILCAR ANTONIO FLORES LOPEZ, REINA DEL CARMEN SALINAS LAGOS, JOSE MARIA ESTRADA PALMA, GLORIA MARLEN OCHOA PONCE, LESLY FLORIDALMA SANTOS MURILLO Y MARIA ORESTILA CARBAJAL RUIZ, todos mayores de edad, abogados, hondureños y de este domicilio, en contra de el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio de su representante legal en ese entonces, la Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de abril del dos mil diez, la cual confirmo la Sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, misma que fallo de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: Declarar la procedencia de la acción incoada por el Abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, únicamente en cuanto a sus representados ALEX FLORENTINO MONTOYA RIVERA, MARIBEL SORIANO ORTIZ Y GLORIA MARLEN OCHOA PONCE.- SEGUNDO: Se declara improcedente la acción en cuanto a los demandantes ORBELINDA ISABEL RODRIGUEZ CALIDONIO, ABEL ORELLANA MANZANARES, AMILCAR ANTONIO FLORES LOPEZ, REYNA DEL CARMEN SALINAS LAGOS, JOSE MARIA ESTRADA PALMA, LESLY FLORIDALMA SANTOS MURILLO Y MARIA ORESTILIA CARBAJAL RUIZ, ya que estos últimos no se encuentran nombrados en cargos propios de un Profesional del Derecho, en consecuencia se anula parcialmente el acto administrativo impugnado, consistente en la Resolución No SEDS-SG-023-2006 de fecha 21 de Febrero de 2006, solamente en cuanto a los tres demandantes descritos en el numeral primero del presente fallo, quedando vigente dicho acto administrativo en cuanto a los siete demandantes que se describen en el numeral segundo de este fallo.- TERCERO: Se reconocen las situación jurídicas individualizadas de los tres demandantes descritos en el numeral primero del presente fallo y para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad al pago a favor de los demandantes antes descritos, del reajuste y nivelación de sus sueldos al tener de lo ordenado en el Articulo 89 del Arancel del Profesional de Derecho en forma retroactiva desde su vigencia o según fuere el caso… SIN COSTAS”.- RESULTA: Que en fecha dieciséis de junio de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, de generales y condición ya señaladas, formalizando su demanda de la siguiente manera:”EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Infracción por Violación o falta de aplicación de los artículos 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, en relación a los artículos 105,110 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. EXPOSICION DEL MOTIVO: Infracción por violación o falta de aplicación de los artículos 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, en relación al articulo 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que literalmente prescriben lo siguiente: Artículo 39.- Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que se sustanciará sumariamente. El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se adeude, una suma igual Artículo 43.- La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio. Artículo 105: Los plazos para la presentación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de la prueba y para formular conclusiones, queda reducido a la mitad en lo referente a este procedimiento. Si bien es cierto, las normas antes aludidas, pertenecen a un Cuerpo de Leyes Adjetivas, también es cierto, que además de tener el carácter de normas sustantivas, en cuanto confiere el derecho subjetivo a favor de los servidores públicos, de revisar el salario mínimo, a través del cause por la vía judicial en juicio que se sustanciará sumariamente, y no el ordinario, como indebidamente se le dio a la pretensión planteada por los demandantes. Debe notarse que los demandantes presentaron la demanda por el cause del juicio en materia ordinaria, que se decrete la ilegalidad y nulidad de la resolución emitida por la Secretaria de Seguridad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de los derechos infringidos, el pago del reajuste y nivelación salarial, con sus derechos colaterales conforme a la disposición legal contenida en el articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho vigente, mas el pago de los aumentos anuales conforme al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras, conceptos que deberán pagarse en forma retroactiva desde la promulgación de dicho arancel en el Diario Oficial La Gaceta, petición esta a la que se le dio el tramite del juicio ordinario, infringiendo con ello, de forma directa lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, que establece de forma clara que tal petición se reclamara por la vía judicial en un juicio que se substanciará sumariamente, por consiguiente cualquier disposición gubernativa, o de cualquier otro orden, que regule el ejercicio de las declaraciones y garantías establecidas en la Constitución de la República, que vulnere lo dispuesto en las normas antes arriba señaladas, no debe aplicarse, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, donde el Tribunal A-quo le dio a la petición el trámite del juicio ordinario, contrario a lo que establecen las normas arriba citadas. En el presente caso, este Sumo Tribunal, apreciará que la petición formulada por los demandantes, en cuanto a su reclamo de reajuste de salario mínimo, es de carácter personal, ya que, lo han pretendido, es que se les reconozca el salario mínimo que deberían estar devengando, de acuerdo al Arancel del Profesional del Derecho, petición esta, que obligatoriamente debe proseguirse por los causes del juicio en materia personal, sin que para ello sea necesario el agotamiento de la vía administrativa, tal como ocurrió en el caso que ahora nos ocupa, donde los demandantes previamente a intentar su acción ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, erróneamente presentaron Reclamo Administrativo ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, dejando transcurrir con ello el término de quince (15) días que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo da para interponer acciones, como la que ahora nos ocupa. El Juzgado de Primera Instancia, ha dejado sentado erróneamente un criterio que fue confirmado por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia impugnada, en el sentido de que el Arancel del Profesional del Derecho es aplicable a los demandantes desde la fecha en que estaban colegiados en su respectivo Colegio Profesional, obviando los Tribunales en mención, que los demandantes en caso de haber seguido el procedimiento correspondiente (art. 108 al 113 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) solamente tenían dos años, contados a partir de la fecha en que se colegiaron, para intentar la acción que nos ocupa, tal como lo establece el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, cuyo texto establece que : “.... la acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio...”, sin embargo en el presente caso, transcurrieron mas de dos años, prescribiendo dicho término, haciendo imposible que el Tribunal A-quo, emitiera pronunciamiento sobre el fondo del asunto. SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho en relación con el artículo 205 numeral 1 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 1 y 3 del Código Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante su fallo definitivo dictado el quince de abril del dos mil diez en su cláusula segunda al confirmar la sentencia definitiva de fecha veintisiete de abril del dos mil siete dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ha estimado como verdad indiscutible que el Arancel del Profesional del Derecho es un acto de carácter general emitido bajo la potestad legal por una institución de Derecho Público, como lo es el Honorable Colegio de Abogados de Honduras, acto administrativo de carácter general que es creador de Derechos a los Profesionales del Derecho, por ende creador de obligaciones para otras personas entre las que se encuentra el Estado de Honduras, y si estás últimas estimaren que el mismo es ilegal deben de acudir ante este Honorable Tribunal pidiendo la nulidad total o parcial de dicho arancel, para su no ejecución y al no haber sido impugnado el mismo ante esta instancia judicial, su ejecución es obligatoria, motivo este por el que se desprende que el mismo protege en este caso a unos de los demandantes, y sobre las prohibiciones de leyes retributivas, estas mismas amparan las obligaciones gremiales del Estado, y en el presente asunto estamos ante una obligación gremial que esta vigente, y que no se ha pretendido su nulidad ante este Tribunal, por lo que la misma se debe ejecutar, o sea que es una Ley de la República de carácter obligatorio para el Estado y la Empresa Privada, lo cual esta en franca contradicción con la Sentencia dictada por la Sala Constitucional de esa Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha diez de octubre de dos mil seis, en las diligencias de garantías de inconstitucionalidad interpuestas por vía de excepción del artículo 89 del arancel del Profesional del Derecho, estableció que dicho Arancel no tiene el rango de Ley, puesto que el origen, discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuada a través del órgano competente que es el Congreso Nacional, y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la ley, razón suficiente para concluir que las disposiciones de dicho Arancel no se encuentran dentro del ámbito de conocimiento de la garantía de inconstitucionalidad, de lo anterior se desprende que de conformidad a la Ley Sobre Justicia Constitucional la acción de inconstitucionalidad procede contra las leyes y el Arancel del Profesional del Derecho es un acto de carácter general de naturaleza normativa que solo es susceptible de impugnación por la vía Contencioso Administrativa con lo cual queda dilucidada la controversia sobre si el arancel es una ley de carácter obligatorio o no, quedando sumamente claro que el referido Arancel no es una ley y no tiene obligatoriedad. Como se puede apreciar, Honorables Magistrados, la Corte Sentenciadora ha fallado de manera incorrecta, al hacer suya y desconociendo las consideraciones legales en que se fundamenta la Sentencia Definitiva de primera instancia, estimando que el Arancel del Profesional del Derecho es un acto administrativo de carácter general que es creador de Derechos a los Profesionales del Derecho, por ende creador de obligaciones para otras personas entre las que se encuentra el Estado de Honduras, que es una Ley de la República, lo que es erróneo ya que no fue creado ni decretado por el Congreso Nacional de la Republica como lo establece la Constitución de la Republica en su artículo 205 numeral 1. NULIDAD SUBSIDIARIA 1.- Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados y a los fundamentos jurídicos en que las partes apoyan sus pretensiones, todas las sentencias dictadas en materia administrativa, según los artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, establece que contendrán con claridad y concisión posible tanto en el preámbulo, en los considerandos y parte final que deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, expresando cuales son los hechos que estimen probados y los fundamentos jurídicos en que se apoyan, ya que de lo contrario la sentencia es susceptible de recursos de casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por este Tribunal Supremo conociendo de esa en casación por infracción de ley, según el artículo 956 del Código de Procedimientos Comunes. 2.- Como pueden observar Honorables Magistrados, la Corte sentenciadora no tomo en consideración en su totalidad las pruebas y fundamentos jurídicos aportados por mi representada, las que demuestran que el Arancel del Profesional del Derecho aprobado por la Junta Directiva del Honorable Colegio de Abogados de Honduras el 22 de junio del 2003 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 9 de julio del 2003, no es una Ley de la República de cumplimiento obligatorio para el Estado de Honduras, ya que no fue creado ni decretado por el Congreso Nacional de la República.”.- RESULTA: Que en fecha veintiuno de junio de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, de generales y condición ya señaladas, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, el ocho de septiembre del dos mil diez, de la siguiente manera: “OPINION Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del recurso de Casación en los sus dos motivos, así como en la solicitud de nulidad subsidiaria planteada.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- CONSIDERANDO (2): Que el Recurrente Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ formula el primer motivo de la manera siguiente: “Infracción por Violación o falta de aplicación de los artículos 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, en relación a los artículos 105, 110 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (3): Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible en virtud de que las disposiciones señaladas como violadas resultan inaplicables al caso en particular y en la materia del presente proceso. También es pertinente aclarar que el proceso ordinario aplicado en el presente caso es el que corresponde conforme a Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.,.- CONSIDERANDO (4): Que en el segundo motivo se esgrime: “Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho en relación con el artículo 205 numeral 1 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 1 y 3 del Código Civil.”.- CONSIDERANDO (5): Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible, ya que la naturaleza de las normas señaladas como infringidas no permiten la prosperidad del cargo pues el artículo 89 del Arancel de Profesional del Derecho está comprendido en un Acto de General emitido por una Entidad de Derecho Público siendo su naturaleza reglamentaria y los artículos 1 y 3 del Código Civil son de carácter general.- CONSIDERANDO (6): Que el Recurrente en la demanda de casación ha solicitado la nulidad subsidiaria con fundamento en los artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes argumentando: Por un lado la carencia de claridad, precisión y congruencia de la sentencia impugnada por lo que la misma es susceptible de recurso de casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por el Tribunal Supremo, y por otro, que el Tribunal de alzada omitió considerar la totalidad de las pruebas y fundamento jurídicos aportados en cuanto a que el Arancel del Profesional del Derecho no es Ley de la República. Sin embargo, analizada la sentencia y diligencias de mérito este Tribual es del criterio que en las mismas se ha respetado la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, por lo que la nulidad subsidiaria solicitada resulta inestimable.- CONSIDERANDO (7): Que en razón de lo anteriormente expuesto el recurso de mérito se vuelve inadmisible en sus dos motivos, asimismo procede desestimar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 919 numeral 1), 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- 2) DECLARANDO SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada.- SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de Agosto de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha once de agosto de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 249-10.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL