Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-247-11 — Registro 1515

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda interpuesta por los trabajadores por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en relación al primer y único motivo, en base al estudio realizado, se puede apreciar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa, y por ello resulta inadmisible en virtud de lo siguiente: 1.- Invoca dos modalidades de casación inexistente dentro del Recurso de Casación regulado por el Código Procesal Civil. 2.- Ataca el material probatorio cuando el artículo 720 del Código Procesal Civil expresamente prohíbe tal situación. 3.- En base al precepto autorizante señalado por el censor no logro demostrar que acto o garantía procesal fue infringida para que produjera su nulidad.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil once, la SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados (a) ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM como Coordinadora, JOSE TOMAS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, este último designado ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, representado en juicio por el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, y los Recurridos: Señores MARIA AUXILIADORA RUIZ, MARIA ELENA RUIZ CASTILLO Y JOSE ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ, representados en juicio por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria, para que se declare la anulación de actos administrativos en materia personal, reconocimiento de una situación jurídica particular individualizada y para su restablecimiento se ordene el reintegro al cargo de iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, incrementos salariales y demás beneficios en ausencia, pago de horas extraordinarias adeudadas, días feriados trabajados y no pagados, disfrute de periodos de vacaciones adeudados, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de octubre de dos mil seis, por los Señores MARIA AUXILIADORA RUIZ, MARIA ELENA RUIZ CASTILLO Y JOSE ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ , contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, representada en juicio por el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte MARIA AUXILIADORA RUIZ, MARIA ELENA RUIZ CASTILLO y JOSÉ ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ, manifiestan que comenzaron a trabajar con la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, mediante acuerdo asignados al INSTITUTO AMELIA NORIEGA DE AGUILAR en el municipio de la Flecha, departamento de Santa Bárbara en las fechas, cargos siguientes MARIA AUXILIADORA RUIZ acuerdo No. 1381-SE-03 de fecha 25 de mayo del 2005 en el cargo de Operador de Maquina Reproductora, MARIA ELENA RUIZ CASTILLO mediante acuerdo No. 1332-SE-03 de fecha 19 de mayo del 2003 en el cargo de Oficinista Mecanógrafa, JOSE ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ mediante acuerdo 3154-SE-03 de fecha 4 de septiembre del 2003, en el cargo de guardián I, y que fueron notificados de su cancelación por cesantía el día 2 de octubre del 2006: MARIA AUXILIADORA RUIZ acuerdo No. 4174-SE-06 de fecha 28 de septiembre del 2006, MARIA ELENA RUIZ CASTILLO acuerdo No. 4178-SE-06 de fecha 27 de septiembre de 2006 y JOSE ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ mediante acuerdo 4180-SE-06 de fecha 27 de septiembre de 2006, amparados en el articulo 53 letra b) de la ley de servicio civil, es decir reducción de servicio o de personal para obtener una mas eficaz y económica Organización Administrativa, la acción es ilegal e injusta en virtud de violar las garantías constitucionales. Solicitan se declare la anulación de actos administrativos en materia personal, reconocimiento de una situación jurídica particular individualizada y para su restablecimiento se ordene el reintegro al cargo de iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, incremento salariales y demás beneficios en ausencia, pago de horas extraordinarias adeudadas, días feriados trabajados y no pagados, disfrute de periodos de vacaciones adeudados, costas del juicio.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, manifiesta que no se les violento la garantía Constitucional de trabajo ya que se les aplico adecuadamente la figura de la cancelación por cesantía la cual se fundamenta en el articulo 5 literal b) de la Ley de Servicio Civil siendo improcedente el reintegro que la parte autora basada en una acción de despido inexistentes contrario a la actuación de la demandada, quien al emitir la cancelación de los demandantes lo hizo conforme a derecho y cumpliendo el procedimiento adecuado en la Ley de Servicio Civil y su reglamento de aplicación, no sin antes solicitar al Consejo del Servicio Civil su autorización para efectuar la mima, quien, en atención a lo solicitado autorizo a la autoridad nominadora que procediese con la cesantía instada, siempre que contase con el financiamiento respectivo, en virtud de lo cual se les ha reconocido a los demandantes, las indemnizaciones y demás derechos que por ley les corresponde.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha 22 de noviembre del 2010, fallo de la siguiente manera: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción promovida por los ciudadanos, MARIA AUXILIADORA RUIZ, MARIA ELENA RUIZ CASTILLO Y JOSE ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ, por no ajustarse a derecho los Actos Administrativos impugnados, consistente en: A) acuerdo de cancelación por cesantía numero 4179-SE-06, a nombre de MARIA AUXILIADORA RUIZ. B) acuerdo numero 4178-SE-06, a nombre de MARIA ELENA RUIZ CASTILLO; C) acuerdo numero 4180-SE-06, a nombre de JOSE ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ; todos de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2006, notificados a los demandantes, en fecha dos de octubre del mismo año, emitidos por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por medio del cual se canceló por cesantía a las demandantes, en consecuencia SE ANULAN TOTALMENTE.- SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada de los demandantes y para su pleno restablecimiento se Resuelve: A) adoptar el reintegro de los demandantes, a sus cargos, de la manera siguiente: 1) MARIA AUXILIAIÓRA RUIZ en el Cargo de Operador de Maquinas Reproductoras; 2) MARIA ELENA RUIZ CASTILLO, en el cargo de Oficinista Mecanógrafo I; 3) JOSE ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ, en el Cargo de Guardián I.- TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, Al pago a favor de los demandantes de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelaciones hasta la fecha en que estas sean restituidas en sus cargos, mas el pago de los beneficios obtenidos en ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimocuarto, bonos y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder.- CUARTO: Se decreta, en su caso, la nulidad de los Actos Administrativos por los cuales se hayan nombrado a los (a) sustitutos de las demandantes.- QUINTO: Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despachos de Educación a reconocer, ejecutar y pagar a las demandantes CAROLINA MARIBEL BOJORQUEZ SAGASTUME Y MARIA MARTHA MALDONADO COREA, los conceptos señalados en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de este fallo.- SIN COSTAS”; bajo el criterio: Que la Ley de Servicio Civil y su reglamento establecen los requisitos y procedimientos a seguir por parte de la autoridad nominadora para cancelar a uno o mas servidores públicos, ya sea por cesantía o despido, y de la revisión de los expedientes se desprende que los actos administrativos impugnados y por medio de los cuales se cancelaron por cesantía a los demandantes, se dictaron con infracción al ordenamiento jurídico, ya que no basta con consultar el Consejo de Servicio Civil sobre la procedencia de una cesantía, y que estos contesten favorablemente, para estimar que con esto se evacua todo el procedimiento que ordena la Ley de Servicio Civil y si Reglamento para emitir dichos actos, lo que es totalmente incorrecto, ilegal e improcedente ya que los pasos descritos de la Ley son los que se deben seguir, por lo que al estar probado la autoridad nominadora no siguió con los presupuestos legales para cancelar por cesantía a las demandantes.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha 28 de febrero de 2011, dictó el siguiente fallo: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación, interpuesto por el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, en su condición de apoderado legal de la secretaria de Estado en los Despachos de Educación.- SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia Definitiva de fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, municipio del Distrito central, Sin Costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir acuerdo de cancelación por cesantía del cargo que desempeñaba los demandantes, estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la ley de Servicio Civil y su reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado, La Ley de procedimiento Administrativo establece que los actos administrativos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder en virtud de ello la administración debió seguir el procedimiento señalado en la Ley de servicio civil en los artículos 53 y 54 y su Reglamento.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, presentó con fecha diecisiete (17) de marzo del dos mil once(2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 051-11, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el numero Exp.580-06 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha veintidós (22) de marzo del dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente Recurso de Casación, y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte demandante, los señores MARIA AUXILIADORA RUIZ, MARIA ELENA RUIZ CASTILLO Y JOSE ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ, representada en juicio por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, presento en fecha veintiocho de marzo de dos mil once, escrito de contestación del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintinueve (29) de marzo de abril del dos mil once (2011), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, Apoderado sustituto del Estado de Honduras en fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, y el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, Apoderado de la parte demandante, en fecha siete de abril de dos mil once.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, presentó escrito de personamiento en fecha cinco (5) de abril del año dos mil once (2011), personándose en concepto de parte recurrente.- 9.- Que el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, presento escrito en fecha trece de abril del dos mil once, personándose en concepto de parte recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente:” EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: PRIMER MOTIVO: Infracción indirecta a los artículos 53 de la Ley de Servicio Civil y 188 del Reglamento de la misma Ley, por lo cual no se ha tomado en cuenta la apreciación de la pruebas documental e inspección en cuanto a los medios de prueba documental consistente en: a) La Secretaría de Educación solicitó al Honorable Consejo de Servicio Civil, el Dictamen para proceder con la Cancelación por Cesantía en dicho oficio se consignan los nombres de las Señoras MARIA AUXILIADORA RUIZ, MARIA ELENA RUIZ CASTILLO y el señor JOSÉ ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ, b) Asimismo consta en autos el Oficio No.-490-CSC-06, de fecha 23 de agosto del 2006, mediante el cual el Honorable Consejo de Servicio Civil, autoriza a que se procedan con la Cesantía de los demandantes.- En cuanto al medio de prueba inspección realizada en las Oficinas del Consejo del Servicio Civil, de la Dirección General De Servicio Civil, se constato la existencia del Oficio No-490-CSC-06, de fecha 23 de agosto del 2006, mediante el cual se autoriza a mire presentada para proceder a realizar la cancelación por cesantía de los ahora demandantes. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: “Causales del Recurso.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.”EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPICO ASÍ: Expresa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el considerando número cuatro (4): “Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, del expediente administrativo y de los fundamento de derecho en que ambos se apoyan sus pretensiones, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo observa y concluye, que el Ministerio de Educación para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía del cargo a las Señoras MARIA AUXILIADORA RUIZ, MARIA ELENA RUIZ CASTILLO y el señor JOSÉ ALEJANDRO SALVADOR VASQUEZ, estaba obligado a seguir el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para emitir esta clase de actos y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado.” En el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, preceptúa que la Autoridad Nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más Servidores Públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General de Servicio Civil, siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la “Cesantía” por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) y b) “Reducción de servicios o de personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa.” Artículo relacionado con el 187, 188 y 189 del Reglamento de Ley de Servicio Civil el cual establece “Procede la cesantía de uno o más servidores públicos sólo por las siguientes razones: a)....; y, b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.” El artículo 54 De la misma Ley de Servicio Civil establece que: “Para prescindir de los servicios de las personas afectadas a que se refiere el artículo anterior, la Autoridad Nominadora deberá tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas y enviará dentro del plazo improrrogable de siete días hábiles a la Dirección General, la nomina del o los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso. En todo caso los servidores afectados por la cesantía podrán reclamar ante el Consejo de Servicio Civil, cuando su opinión no se configure ninguna de las causales de despido que se establecen en el artículo 53.” Corre agregado en la primera pieza de autos el oficio No.- 490-CSC-06, de fecha 23 de agosto del 2006, mediante el cual el Honorable Consejo de Servicio Civil, dictamina y autoriza a que se procedan con la Cesantía de los demandantes.- Por su parte también corre en la primera pieza de autos la prueba inspección realizada por el señor Juez y su Secretario de actuaciones con la cual se pudo constatar los originales de los oficios de solicitud de dictamen y el oficio No.- 490-CSC-06, de fecha 23 de agosto del 2006. Cabe mencionar Señores Magistrados que la Dirección de Servicio Civil, desde el año de 1983 no se practica el sistema de evaluación periódica de los servicios del personal, al que se refiere el artículo 33 de la Ley de Servicio Civil y que desde esa fecha tal responsabilidad quedo a criterio de las diferentes autoridades administrativas en lo concerniente al personal sujeto al régimen de Servicio civil y con respecto a los años de servicio y su condición de ser padre de familia pobre con cinco o mas hijos menores los demandantes no dejaron constancia de ser madre o padre de familia pobre con cinco o más hijos menores, ya que tal circunstancia corresponde a los interesados infórmalo a su patrono y al no tener registrado tal dato, el mismo no puede ser considerado.- Visto lo anterior queda demostrado que la violación, al no aplicar los artículos 53 inciso b) de la Ley de Servicio Civil y 187 numeral 2) , 188, 189 del Reglamento de la misma Ley, haciendo incurrir a la Corte recurrida en la violación de la Ley y por lo tanto se ha producido indefensión de mi representada la Secretaría de Educación, por lo que procede casar la sentencia por este motivo.”.- II.- Que en relación al primer y único motivo, en base al estudio realizado, se puede apreciar que el mismo no constituye una proposición jurídica completa, y por ello resulta inadmisible en virtud de lo siguiente: 1.- Invoca dos modalidades de casación inexistente dentro del Recurso de Casación regulado por el Código Procesal Civil. 2.- Ataca el material probatorio cuando el artículo 720 del Código Procesal Civil expresamente prohíbe tal situación. 3.- En base al precepto autorizante señalado por el censor no logro demostrar que acto o garantía procesal fue infringida para que produjera su nulidad.- III.- Que la defectuosa preparación del recurso de casación supone, en esta fase procedimental, su inadmisión por incurrir los motivos formulados en la causa prevista en el numeral 2) inciso a) del artículo 723 del Código Procesal Civil.- IV.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando sentado el artículo citado en su numeral 1 que contra este Auto no cabe recurso alguno.- POR TANTO: la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, en su condición de apoderado sustituto del Estado de Honduras, en su único motivo. 2º) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada, con fecha 28 de febrero del 2011, por la por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación número 051-2011, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 580-06 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial. 3º) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4º) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de diciembre de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de noviembre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 247-11.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL