Sentencia CA-215-09 — Registro 1603
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción incoada por el demandante, por considerar que el acto administrativo impugnado es conforme a derecho, en segunda instancia se confirma la sentencia. Que en el cargo que antecede el Recurrente también olvida que el error de hecho solo procede si resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, lo cual no ocurre en el presente caso, ya que los documentos señalados como tales si bien pueden catalogarse como documentos públicos, no revisten la calidad de documentos o actos auténticos; además, no se señalan las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la sustantiva, la cual también contiene varios literales, que se refieren a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el Recurrente en este primer cargo olvida que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08, 14-09). En el presente asunto la procedencia o no de la cancelación por despido del demandante fue objeto del material probatorio y así lo señala el mismo Impetrante en su explicación, por lo que no procedía el ataque al fallo impugnado por esa vía, lo cual vuelve inadmisible el motivo.-"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de abril del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha tres de junio de dos mil nueve, por el Abogado KEVIN RAMÓN MURILLO NELSON, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderado del señor HECTOR RENE SOTO, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía; en relación a la demanda para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, que se decrete la ilegalidad y la nulidad de dicho acto, reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento de los derechos infringidos el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, salarios dejados de percibir y costas del juicio, promovida en fecha ocho de abril de dos mil tres, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor HECTOR RENE SOTO, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, por medio del entonces Procurador General de la República el Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Derecho y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del año dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha uno de diciembre del dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, misma que fue proferida de la siguiente manera: “FALLA: DECLARAR IMPROCEDENTE LA ACCIÒN EJERCITADA POR EL ABOGADO KEVIN RAMON MURILLO NELSON, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR HECTOR RENE SOTO, EN VISTA DE QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO SE ENCUENTRA DICTADO CONFORME A DERECHO.”.- RESULTA: Que en fecha tres de junio de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, generales ya señaladas, en su condición de Apoderado del señor HECTOR RENE SOTO, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Acuso la sentencia de ser violatoria de Ley sustantiva de orden Nacional, por infracción directa del artículo 38 letra b) de la Ley de Servicio Civil, reformado mediante los Decretos Legislativos Nos. 150-88 de fecha 21 de diciembre de 1988 y 198-93 de fecha 13 de octubre de 1993. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Ley Sustantiva Violada mediante el fallo impugnado, es la Ley de Servicio Civil reformada, en sus artículos 1.- numeral 1…, 2…, 3…, 4…, 5) “Garantizar la estabilidad en sus cargos a los empleados públicos mediante el cumplimiento de las normas de esta ley; sus reglamentos y demás leyes conexas”, en relación con el articulo 38 preámbulo de la misma ley “Los servidores públicos protegidos por esta Ley y sus reglamentos gozaran de los siguientes derechos”…. letra b) “A la permanencia en el cargo, y en consecuencia, a no ser trasladados, degradados o despedidos, sin justa causa y sin observancia del procedimiento legalmente establecido”, PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO O VIOLACION: La violación por infracción directa de la ley citada se concretó cuando el sentenciador con su decisión mediante el fallo recurrido vulnera los intereses y derechos del demandante, puesto que la garantía primigenia de la ley, en este caso la Ley de Servicio Civil, es el respeto irrestricto al principio de estabilidad laboral, la promoción y fortalecimiento de la Carrera Administrativa, por tal razón excepcionalmente solo podrán imponerse a los servidores públicos sanciones disciplinarias, previa observancia y estricto apego al procedimiento establecido en la misma ley, y una vez que hayan sido suficientemente investigadas y debidamente comprobadas las posibles faltas en que hubiere incurrido el Servidor Publico; La parte demandada, es decir, la Autoridad Nominadora no probó de manera fehaciente e indudable en la secuela del juicio que el servidor Publico HECTOR RENE SOTO, haya cometido las faltas a él imputadas, lo cual se refleja de la simple revisión de los hechos que pretendió probar en juicio la parte demandada; por consiguiente la Corte recurrida al confirmar la sentencia del A quo, dio por establecido que los hechos imputados al demandante son ciertos, cuando en realidad no lo son, pues al no estimar de manera objetiva el poco alcance e ineficacia de los pruebas que pretendió acreditar en el presente juicio la parte demandada, incurrió en la violación de la ley de Servicio Civil, en los artículos ya citados. En consideración a lo anterior al sancionado señor HECTOR RENE SOTO, no se le probó de manera plena y fehaciente que en el cumplimiento de sus obligaciones, haya incurrido en alguna de las faltas constitutivas para la cancelación por despido del cual fue objeto, pues resulta que de conformidad con la misma ley de Servicio Civil y su reglamento, en el caso de habérsele investigado y suficientemente comprobado las faltas imputadas, la sanción disciplinaria a aplicar era la de otra naturaleza jurídica, distinta al despido de que fue objeto, pues como lo afirmamos la parte demandada no acreditó en juicio de manera fehaciente que el demandante haya incurrido en las faltas imputadas, por tal razonamiento resulta evidente que la separación de que fue objeto de su cargo, se efectuó prescindiendo del ordenamiento jurídico establecido. En el caso que nos ocupa, en la parte motivada de la sentencia, el Tribunal Ad-quem no hizo apreciación ni análisis alguno de las inconsistentes pruebas admitidas a la demandada, que en el caso de haberse apreciado con el debido detenimiento, dicho fallo no hubiese causado un perjuicio en el interés del actor, limitándose a confirmar el fallo del Tribunal A quo, violando las normas sustantivas de orden Nacional invocadas en este motivo, en consecuencia y conforme a derecho procede se case la sentencia por este motivo de Casación. SEGUNDO MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente del error de hecho en la apreciación de la prueba Documental e Inspección, contenida en la pieza de pruebas admitida a la parte demandada, que obra de los folios 333 al 365, de la primera pieza de autos, de la apreciación errónea de los medios de prueba precitados, con los cuales la parte demandada, pretendió probar extremos en la fase probatoria, que en realidad no pudo probarlos de manera fehaciente por no haberse practicado en la secuela del juicio, hizo al Tribunal de Segunda instancia incurrir en error de hecho, por apreciarla erróneamente, lo que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó de forma indirecta a la violación de las normas sustantivas invocadas en este segundo motivo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Con el Fallo de la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, confirmando la sentencia de primera instancia, se ha violado de forma indirecta lo dispuesto en los artículos 38, preámbulo, en relación con los artículos 43, 46 y 48 de la Ley de Servicio Civil. “Los servidores públicos protegidos por esta Ley y sus reglamentos gozaran de los siguientes derechos”… letra b) “A la permanencia en el cargo, y en consecuencia, a no ser trasladados, degradados o despedidos, sin justa causa y sin observancia del procedimiento legalmente establecido” Articulo 43.- Toda falta cometida por un servidor publico en el desempeño de su cargo será sancionada con una medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma y que tenga por objeto la enmienda del servidor-Articulo 46.- Ninguna de las sanciones previstas en los artículos anteriores podrá aplicarse a los servidores públicos sin haber sido oídos previamente y haberse realizado las investigaciones del caso cuando procedan - Articulo 48.- La sanción de despido no podrá aplicarse sin antes de haberse escuchado suficientemente los descargos del inculpado, realizadas las investigaciones pertinentes y evacuado las pruebas que correspondan.- Dicha ley fue reformada mediante los Decretos Legislativos Nos. 150-88 de fecha 21 de diciembre del 1988 y 198-93 de fecha 13 de octubre de 1993. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA. La prueba singularizada dejada de apreciar objetivamente por el Tribunal recurrido, consiste en los medios de prueba Documental e inspección, admitidos a la parte demandada, visibles a folios 333 al 365, de la pieza de pruebas de la parte demandada, con los cuales la demandada pretendió probar hechos y circunstancias, que nunca pudo probar así, en la secuela del juicio, tal como consta y entre las cuales podemos mencionar las contenidas a folios 357, referente a la resolución del juez A quo, folio 358, Sobre conteniendo Comunicación que no fue Cumplimentada, folio 365 en relación con otra resolución del juez A quo, pruebas que no fueron ejecutadas y por lo tanto no tienen ningún valor probatorio, que hizo al Tribunal de Segunda instancia incurrir en error de hecho, por apreciarlas erróneamente, lo que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó de forma indirecta a la violación de las normas sustantivas invocadas en este segundo motivo PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral séptimo del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO O VIOLACION: la Corte recurrida, al haber dictado su sentencia confirmando el fallo del Juez A quo, sin hacer el necesario y obligado análisis de la prueba documental e Inspección, admitida a la parte demandada que corre a folios 333 al 365, agregada a la primera pieza principal de los autos, se concluye de la simple revisión de las mismas que la parte demandada pretendiendo probar en juicio, que el acto administrativo impugnado fue dictado conforme, propuso dichas pruebas en un intento fallido, por la razón de que no probó los hechos y circunstancias, con los cuales afirmaba que justificaría en juicio que el acto administrativo impugnado, es decir el Acuerdo No. STSS-015-03, de Cancelación por Despido del cargo ocupado por el servidor publico HECTOR RENE SOTO, fue emitido conforme a derecho, cuando la realidad de los hechos ocurridos no fue así, motivos por los cuales ha sido impugnado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal acto con el objeto de que se decrete la ilegalidad con que con fue dictado, y se decrete la nulidad del mismo Con su decisión el Tribunal de Segunda Instancia incurrió en error de hecho, por apreciar erróneamente las pruebas citadas de la parte demandada, lo que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó de forma indirecta a la violación de las normas sustantivas invocadas y que conforme a derecho también procede casar la sentencia recurrida, por este segundo motivo. SE PIDE EN DEFECTO DE LO ANTERIOR, LA NULIDAD SUBSIDIARIA Y ABSOLUTA DE ACTUACIONES, INCLUYENDO LA SENTENCIA RECURRIDA EN CASACION, EN ARAS DE LA SANIDAD PROCESAL Y LA PRESERVACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO.- Que habiendo pedido la Nulidad Subsidiaria en los agravios contra la sentencia de primera Instancia y no haberla decretado el Ad quen, en el fallo ahora recurrido, se pide se decrete la Nulidad Subsidiaria de la misma y actuaciones precedidas, por haber sido dictado, estando contaminado y viciado de nulidad el proceso sustanciado desde la primera instancia hasta dictar la sentencia relacionada, (VER FALLO DE AMPARO OTORGADO), basándose en las consideraciones de derecho siguientes: 1.- Consta en la primera pieza de los autos que habiendo quedado Citado y Emplazado en legal y debida forma el señor Procurador General de la República, quien ostentando la facultad INDELEGABLE, de representante legal del Estado de Honduras, es quien debió contestar la demanda de merito, en fecha 18 de mayo del año 2005, en abierta y flagrante violación a la garantías Constitucionales del debido proceso y las demás normas que regulan el orden procesal, y desnaturalizando el Estado de Derecho que impera en la República, la demanda de merito fue contestada por el señor JOSE GERMÁN SILVESTRUCCI SANTOS, de generales conocidas, en su carácter de Apoderado Especial para Pleitos de la Procuraduría General de la República, acompañando una fotocopia del instrumento numero 101 de fecha 08 de julio del año 2004, autorizada por el Notario OSCAR MADRID TURCIOS, Sin la autentica correspondiente para la validez del acto Notarial de autenticidad de dicha fotocopia, que debe ser mediante un Certificado de Autenticidad del Colegio de Abogados de Honduras, lo que vició totalmente de nulidad la sustanciación subsiguiente del presente juicio con evidentes yerros procesales por lo siguiente. 2.- Por que en el presente juicio fue citado y emplazado el Procurador General de la República Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, de manera que era el obligado a darle contestación a la demanda, en virtud de que su cargo y sus funciones SON INDELEGABLES, por haber sido electo como tal, por el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 03-2002 del 26 de enero del 2002 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 29,7 17, en fecha 25 de febrero del año 2002, por lo que su comparecencia en toda clase de juicios promovidos contra el Estado de Honduras es obligatoria e indelegable, y al delegar tal función o facultad, se desnaturaliza o desfigura el Estado de Derecho que impera en la República, contaminando de ésta forma totalmente el proceso, función que ha sido mal aplicada e interpretada por dicho organismo, ya que el Procurador General de la República, una vez hecha su comparecencia en juicio, puede delegar o sustituir su función de representante legal del Estado, para la continuación de las diligencias, en defensa de los intereses de su representado el Estado de Honduras, lo cual no aconteció en el caso de autos, “hecho éste que no puede ser consentido por los particulares para la validez de los actos procésales, aun basándose en lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles, en lo pertinente a los incidentes de Nulidad de actuaciones” POR TRATARSE DEL ESTADO DE DERECHO QUE IMPERA EN LA REPUBLICA.- bajo la errada actuación del Procurador General de la República al delegar tal función, cualquier ciudadano con los requisitos académicos que exige el cargo, podría en cualquier momento y circunstancias, relevar entonces en sus funciones al representante legal del Estado, LO CUAL RESULTA MATERIALMENTE IMPOSIBLE, porque con ello quedaría abierta la posibilidad de provocar una eventualidad de caos y anarquía total, en contra del ordenamiento jurídico y estado de derecho establecido y que impera en la República. 3.- Honorable Tribunal Supremo, a lo anterior cabe agregar otra irregularidad que no puede pasar desapercibida, y es el hecho de que el señor JOSE GERMAN SILVESTRUCCI SANTOS, acompañó al escrito de Contestación de la demanda una fotocopia del instrumento No. 101 del Poder Especial para Pleitos de fecha 08 de julio del 2004, otorgado ante los oficios del Notario OSCAR MADRID TURCIOS, sin la autentica con las formalidades que exige la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, contenida en el Decreto No. 82-96 artículos 90 al 94, y lo mas grave es que aparece agregada a la fotocopia de dicho instrumento una nota que dice Autentica, firmada por el señor MARIO ANTONIO CASTILLO S., en su carácter de Secretario General de la Procuraduría General de la República, dándole una supuesta autenticidad a la fotocopia de dicho instrumento, lo que también vicia de nulidad todas las demás actuaciones a partir del Auto de fecha 18 de abril del 2005, mediante el cual se admitió el escrito de contestación a la demanda de merito y las subsiguientes actuaciones procésales. 4.- En las ilegitimas actuaciones procésales, el mismo Profesional del Derecho SILVESTRUCCI SANTOS, en el Escrito de Contestación a la Demanda fechado 15 de abril del 2005, promovió Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones, haciendo uso del mismo poder viciado por las razones antes expuestas, sin la autentica con las formalidades que exige la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, ya que para hacer valer una copia fotostática o cualquier reproducción debe de hacerse a través de un Certificado de Autenticidad del Colegio de Abogados de Honduras, que es el documento valido para autenticar documentos que requieran de la fe publica notarial y así garantizar la Seguridad Jurídica y control de los actos notariales. 5.- El Instrumento de Poder Especial en referencia, no es un documento oficial de la Procuraduría General de la República, por consiguiente al funcionario que ostenta el cargo de Secretario General, no le es permitido por la ley Orgánica del Colegio de Abogados. Ni el Código de Notariado autenticar el mismo, por cuanto no es notario particular en el ejercicio de la fe publica notarial. 6.- El Abogado JOSE GERMÁN SILVESTRLCCI SANTOS, afirmaba que él desempeñaba el cargo de Coordinador de Agentes Titulares y Jefe de la Unidad de Acción Civil de la Procuraduría General de la República, por lo tanto siendo un empleado publico, no le era permitido procurar en la forma que lo hizo en este juicio, al no acreditar ningún nombramiento del Poder Legislativo por vía Decreto, estar autorizado para representar al Procurador General de la República, que es la persona que debió haber contestado la demanda o en su defecto el señor Sub Procurador General de la República.- Es por todo lo anteriormente expuesto que se pide subsidiariamente se decrete la nulidad de actuaciones, desde el escrito de contestación a la demanda de merito, incluyendo la sentencia de segunda instancia, recurrida en Casación, por haber sido dictada estando contaminado y viciado de nulidad el proceso, todo en aras de la sanidad procesal y la preservación del Estado de Derecho que impera en la República.”.- RESULTA: Que en fecha cuatro de junio del dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado KEVIN RAMÓN MURILLO NELSON, en su condición de Apoderado del señor HECTOR RENE SOTO, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria el nueve de septiembre de dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINION.- Por las razones antes referidas, el Ministerio Publico, dictamina desfavorable a la admisión del primero y segundo motivos del recurso y por admisibilidad de la nulidad subsidiaria planteada.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por esta Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere.- CONSIDERANDO (2): Que el Abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, en el primer motivo alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria de Ley sustantiva de orden Nacional, por infracción directa del artículo 38 letra b) de la Ley de Servicio Civil, reformado mediante los Decretos Legislativos Nos. 150-88 de fecha 21 de diciembre de 1988 y 198-93 de fecha 13 de octubre de 1993. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Ley Sustantiva Violada mediante el fallo impugnado, es la Ley de Servicio Civil reformada, en sus artículos 1.- numeral 1…, 2…, 3…, 4…, 5) “Garantizar la estabilidad en sus cargos a los empleados públicos mediante el cumplimiento de las normas de esta ley; sus reglamentos y demás leyes conexas”, en relación con el articulo 38 preámbulo de la misma ley “Los servidores públicos protegidos por esta Ley y sus reglamentos gozaran de los siguientes derechos”…. letra b) “A la permanencia en el cargo, y en consecuencia, a no ser trasladados, degradados o despedidos, sin justa causa y sin observancia del procedimiento legalmente establecido”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (3): Que el Recurrente en este primer cargo olvida que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08, 14-09). En el presente asunto la procedencia o no de la cancelación por despido del demandante fue objeto del material probatorio y así lo señala el mismo Impetrante en su explicación, por lo que no procedía el ataque al fallo impugnado por esa vía, lo cual vuelve inadmisible el motivo.- CONSIDERANDO (4): Que el Censor del fallo en su segundo motivo de casación expresa: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente del error de hecho en la apreciación de la prueba Documental e Inspección, contenida en la pieza de pruebas admitida a la parte demandada, que obra de los folios 333 al 365, de la primera pieza de autos, de la apreciación errónea de los medios de prueba precitados, con los cuales la parte demandada, pretendió probar extremos en la fase probatoria, que en realidad no pudo probarlos de manera fehaciente por no haberse practicado en la secuela del juicio, hizo al Tribunal de Segunda Instancia incurrir en error de hecho, por apreciarla erróneamente, lo que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó de forma indirecta a la violación de las normas sustantivas invocadas en este segundo motivo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Con el Fallo de la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, confirmando la sentencia de primera instancia, se ha violado de forma indirecta lo dispuesto en los artículos 38, preámbulo, en relación con los artículos 43, 46 y 48 de la Ley de Servicio Civil…. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA. La prueba singularizada dejada de apreciar objetivamente por el Tribunal recurrido, consiste en los medios de prueba Documental e inspección, admitidos a la parte demandada, visibles a folios 333 al 365, de la pieza de pruebas de la parte demandada, con los cuales la demandada pretendió probar hechos y circunstancias, que nunca pudo probar así, en la secuela del juicio, tal como consta y entre las cuales podemos mencionar las contenidas a folios 357, referente a la resolución del juez A quo, folio 358, Sobre conteniendo Comunicación que no fue Cumplimentada, folio 365 en relación con otra resolución del juez A quo, pruebas que no fueron ejecutadas y por lo tanto no tienen ningún valor probatorio, que hizo al Tribunal de Segunda Instancia incurrir en error de hecho, por apreciarlas erróneamente, lo que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó de forma indirecta a la violación de las normas sustantivas invocadas en este segundo motivo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral séptimo del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (5): Que en el cargo que antecede el Recurrente también olvida que el error de hecho solo procede si resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, lo cual no ocurre en el presente caso, ya que los documentos señalados como tales si bien pueden catalogarse como documentos públicos, no revisten la calidad de documentos o actos auténticos; además, no se señalan las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la sustantiva, la cual también contiene varios literales, que se refieren a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar.- CONSIDERANDO (6): Que de forma subsidiaria el Impetrante solicita la nulidad subsidiaria del fallo impugnado y nulidad absoluta de actuaciones, basándose para solicitarla, entre otros puntos, que: “Consta en la primera pieza de los autos que habiendo quedado Citado y Emplazado en legal y debida forma el señor Procurador General de la República, quien ostentando la facultad INDELEGABLE, de representante legal del Estado de Honduras, es quien debió contestar la demanda de merito, en fecha 18 de mayo del año 2005, en abierta y flagrante violación a la garantías Constitucionales del debido proceso y las demás normas que regulan el orden procesal, y desnaturalizando el Estado de Derecho que impera en la República, la demanda de merito fue contestada por el señor JOSE GERMÁN SILVESTRUCCI SANTOS, de generales conocidas, en su carácter de Apoderado Especial para Pleitos de la Procuraduría General de la República, acompañando una fotocopia del instrumento numero 101 de fecha 08 de julio del año 2004, autorizada por el Notario OSCAR MADRID TURCIOS, Sin la autentica correspondiente para la validez del acto Notarial de autenticidad de dicha fotocopia, que debe ser mediante un Certificado de Autenticidad del Colegio de Abogados de Honduras, lo que vició totalmente de nulidad la sustanciación subsiguiente del presente juicio….”.- CONSIDERANDO (7): Que tal petición deber ser desestimada, ya que no se observa ninguna situación en que se haya afectado el derecho de defensa y el debido proceso y tampoco se ha señalado en forma concreta la causa esencial de la infracción que pudiera dar lugar a utilizar la facultad concedida a este Tribunal en el artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles. Que además, los puntos en los cuales se enmarca dicha solicitud para que “subsidiariamente se decrete la nulidad de actuaciones desde el escrito de contestación de la demanda de mérito”, fueron consentidos por el Recurrente, ya que si bien es cierto tal cuestión la alegó en primera instancia, lo hizo cuando ya se encontraban citadas las partes para oír sentencia y no con el primer escrito presentado al Juzgado A-quo, luego de haberse enterado de la irregularidad que expone; también ese señalamiento se realizó en segunda instancia y de igual forma resultaba extemporáneo.- CONSIDERANDO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, no resultan admisibles los dos motivos de casación y procede declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, vista la opinión del Fiscal, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de Mayo de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de abril de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 215-09.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL