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Sentencia CA-212-10 — Registro 1507

Resumen

En la sentencia de casación se declara nulidad absoluta de actuaciones se aprecia que en las diligencias de segunda instancia ha existido infracción de normas y garantías procesales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“ Del examen de las presentes actuaciones, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y, que la recurrente formula dos motivos de la manera siguiente: a) “PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional de conformidad al artículo 719 numeral 1) inciso c) del Código Procesal Civil, en infracción de los artículos 206 numeral 1); 207 numeral 1), 208 numeral 1) del mismo Código, al otorgar la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo un derecho que va más allá de lo que ha sido objeto de la pretensión del litigio. El presente motivo se encuentra infringido los artículos 364 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 41 de las disposiciones generales del presupuesto contempladas en el Decreto 192-2007.EXPLICACIÓN DEL MOTIVO:….”; b) “SEGUNDO MOTIVO: Señala la recurrente que acusa la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva Nacional en infracción indirecta de la falta de apreciación de las prueba documental de conformidad al artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil,… . Luego dice: que en “El presente motivo se encuentra infringidos los artículos 251 numeral 1) inciso b) del Código Procesal Civil,…”.- “ Solicita además la Recurrente “EL CONTROL DE LA MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LA SENTENCIA: 1.- Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados todas las sentencias dictadas en materia administrativa según el Código Procesal Civil en su artículo 207 numeral 1 expresa: Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del Derecho”. De lo contrario la sentencia es susceptible de Recurso de Casación de conformidad al artículo 719 numeral 1 incisos c) y numeral 2; sin embargo se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo….”. En términos generales la Censora alega, que no se evacuaron medios de prueba en su oportunidad, habida cuenta que no se abrió juicios a pruebas tal como lo señala la ley, por lo tanto su representada quedó indefensa y por ende la opinión vertida sobre los medios de prueba presentada en apelación carecen de validez de conformidad al artículo 713 del Código Procesal Civil, el cual indica, que se abrirá el juicio a pruebas y se señalará la audiencia correspondiente para la evacuación de los mismos; sigue manifestado, que es evidente la violación al derecho de petición en vista de que fue solicitada la apertura prueba en la parte petitoria y que tal omisión ha provocado indefensión al Estado de Honduras, indefensión prescrita en el artículo 82 de la Constitución de la República. Que de haberse evacuado el medio probatorio presentado en el Recurso de Apelación, el Juzgador no hubiere reconocido los supuestos daños ocasionados a la parte demandante, como ser honorarios por servicios notariales, pago de impuestos, compañía de seguridad, ENEE, Internet, prestaciones sociales a empleados, pago de planillas de sueldos, prestaciones a personal, pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios, seguros protección a equipo y otros, pues la naturaleza de tales conceptos ya estaban previstos en el contrato suscrito originalmente, y que la parte demandante al solicitar tales conceptos como daños está desconociendo las estipulaciones del contrato y de las bases de licitación.-“Del examen de las actuaciones, en ambas instancias se desprende lo siguiente: Que en el escrito del recurso de apelación interpuesto por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ alega que la sentencia de fecha 2 de julio del 2009 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo le ha causado agravios, pues la misma solo reconoce gastos de inversión en la ejecución de la prórroga del contrato suscrito entre su representada y la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad ascendiendo a la cantidad de L. 21,424,918.43, pero no reconoce el daño emergente ni el lucro cesante, acreditado debidamente en el juicio de conformidad al dictamen pericial rendido por el facultativo P. M. LUIS MONTOYA por la cantidad de L. 67,516,138, que deberá ser sumado a la reconocido en la sentencia de primer grado. La abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en su condición de apelada contesta la misma expresando que su representada solo adeuda la cantidad de L.2,422,758.86, considerando desacertado que el A-Quo haya reconocido la cantidad de L.19,002,159.57 en concepto de daños y perjuicios y, que resulta inaudito las pretensiones del demandante por la cantidad de L.67,516,138.69 en concepto de lucro cesante, fundamentado en un peritaje que fue presentado posteriormente a la fecha de vencimiento de presentación de conclusiones, por lo que, previo a la emisión de la sentencia, no tuvo a la vista dicho informe razón por la que no pudo aludir sobre el mismo y debatir su resultado, como consecuencia de lo anterior solicitó la apertura a prueba del juicio, además adjunta documento como medio de prueba. (Ver folios 193 al 1095, 1099 al 1102 y 1120 al 1122 de la primera pieza de autos” Que la abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en el escrito de recurso de apelación interpuesto, expresa: Que la sentencia impugnada le causa agravios, asimismo solicita la apertura del juicio a prueba en virtud de un peritaje que fue presentado posteriormente al periodo de conclusiones, por tanto, no pudo debatirse. Se fundamenta en los artículos 712 numeral 2 literal a), del Código Procesal Civil, además adjunta medio de prueba un documento denominado Licitación Pública SEDS No. 004-2003 cuyo paradero jura no conocía anteriormente (ver folios 1114 al 1117). El Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ contesta los agravios y expresa lo improcedente de los mismos, bajo el criterio de que con la prueba evacuada se acreditaron los daños y perjuicios así como el lucro cesante a que tiene derecho el demandante, condenando el Juez solamente a los gastos de inversión realizados y que la apelante no pudo objetar esta prueba ya que nunca se opuso a la evacuación de estos medios de prueba ya que tuvo pleno conocimiento del mismo y rechazó la prueba propuesta manifestado que el documento presentado no tiene ningún valor jurídico. (ver folios 1093 al 1095, 1104 al 1137 de la primera pieza” Que mediante auto de fecha 7 de septiembre del 2009, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en virtud de lo solicitado, abre el juicio a pruebas y tiene por evacuada la inspección solicitada en vista de encontrarse en ese Tribunal agregado al expediente de primera instancia los documentos señalados a folios 1115, 1116 y 1117, se fundamenta en los artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 712 numerales 1) y 2) inciso a) del Código Procesal Civil (ver folio 15 de la segunda pieza de autos). En fecha 15 de diciembre de ese mismo año, se remite el expediente de mérito a la Magistrada Ponente Abogada NORMA LANZA FLORES, para que proponga la sentencia que deba dictar el Tribunal y en fecha 13 de enero del 2010 la Corte De Apelaciones dicta su fallo por mayoría en los siguientes términos: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROAen su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras, SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación parcial interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición de apoderado de la Sociedad GRUPO VISION S. de R. L. de C. V.; TERCERO: REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva de de fecha dos de julio del 2009 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en su parte dispositiva identificada como numeral “SEGUNDO” en el sentido de que los daños y perjuicios causados que se deberán pagar a la sociedad demandada, deben de incluir la totalidad de lo establecido en el dictamen rendido por el perito nombrado en juicio LUIS ANGEL MONTOYA ZUNIGA, el cual junto con la indemnización señalada por el A-quo, en su sentencia asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS, (L.67,516,138.69).- CUARTO: Se confirma el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada y lo relativo al reconocimiento del A-Quo, de la obligación que tiene la demandada de pagar la los meses y días trabajados por la demandante y que no han sido pagados, lo cual asciende a la cantidad de dos millones cuatrocientos veintidós mil setecientos cincuenta y ocho lempiras con ochenta y seis centavos (L.2,422.758.86)...SIN COSTAS.. .”.- “ Que de conformidad al principio dispositivo, este Tribunal de Casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente.- “” Que el articulo 713 del Código Procesal Civil, consigna con meridiana claridad, que si se admite algún medio de prueba en la apelación, ello determina indefectiblemente la obligación de celebrar la audiencia respectiva, al respecto dice en su parte conducente: “…Si hubieren pruebas se acordará la práctica de las que procedan, señalando al efecto la audiencia correspondiente, la que deberá celebrarse dentro de los cinco (5) días hábiles a la fecha del último personamiento o del vencimiento del termino señalado para ese efecto. La sentencia se dictara dentro de los diez (10) siguientes de la audiencia.”. La audiencia antes referida se llevará a cabo conforme a las reglas aplicables a las audiencias, es decir, con intervención de las partes personadas ante el Tribunal de Apelación, con la práctica de prueba, en los casos que sea necesario y con las alegaciones de los abogados intervinientes en el proceso. Una vez llevada a cabo la audiencia, quedarán los autos para la sentencia de segunda instancia.- “ Que los supuestos de admisión de la prueba en la segunda instancia se concretan a supuestos limitados y tasados establecidos en el articulo 712 del Código Procesal Civil, a saber: 1.- La documental referida a los documentos de fondo que acompañen al respectivo escrito, que solo se admitirá si cumple las condiciones establecidas en titulo tercero del Código Procesal Civil. Las cuales deben ser referidas a documentos nuevos, de fecha posterior, o de nueva noticia. 2.- La que hubiera sido denegada indebidamente en primera instancia. 3.- La que por cualquier causa no imputable al que solicite la prueba no hubiera podido practicarse en la primera instancia toda o parte de la que hubiera sido admitida. En cuanto al punto que antecede es menester enfatizar, que el requisito para la práctica de prueba es que la misma no se haya evacuado por culpa del que la propone, aspecto que es extensivo al Juzgado y a las personas que intervienen en el proceso (incomparecencia de testigos, peritos, informe pericial no evacuado en tiempo, etc). Esta exigencia subraya el carácter excepcional del recibimiento a prueba en la segunda instancia, por lo cual el Tribunal A-Quem, debe utilizar cierto rigor, pudiendo denegar el recibimiento a prueba en segunda instancia en cuanto se advierte negligencia en el proponente de la misma o en los demás que tienen que intervenir en el proceso, testigos, peritos y otros. Lo anterior implica la no admisión automática de la prueba en la apelación, en tal sentido el Tribunal debe examinar las pruebas en función de los criterios de licitud, pertinencia, procedencia y utilidad de las mismas, basándose para tales efectos en la reglas para su manejo establecidas en Libro Segundo del Código Procesal Civil referente a la prueba.4.- Las que se refieran a hechos relevantes para el derecho e intereses discutido acaecidos después de abierto el plazo para dictar sentencia en primera instancia.- I”Que en el caso sub-lite la abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en su condición indicada, en el escrito de interposición del recurso de apelación y expresión de agravios y en el de la contestación de agravios, solicita la apertura del juicio a pruebas y, en fecha 7 de septiembre del 2009, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante auto de la misma fecha se pronuncia sobre la prueba propuesta, que en virtud de estar agregada a la primera pieza la inspección, la tiene por evacuada y omite pronunciarse sobre la legalidad, pertinencia o utilidad de la documental propuesta por la apelante (ver folio 15 de la segunda pieza). Evidentemente en el caso de autos la Corte de Apelaciones recurrida omitió señalar la audiencia correspondiente, infringiendo con su actuar normas procesales (713 del Código Procesal Civil), por ende, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, originando la nulidad absoluta de lo actuado, pues debió señalar la audiencia para la práctica de las pruebas propuestas y someterlas al contradictorio” Que también resulta de los autos, que el Tribunal Ad-Quem en la sentencia definitiva dictada en fecha 13 de enero del 2010, basa su decisión para reformar la sentencia de primer grado en el informe pericial rendido por el Perito Mercantil y Contador Público LUIS ANGEL MONTOYA, sin fundamentar o motivar tal determinación para hacerlo. Sin bien es cierto la prueba pericial fue propuesta por la parte demandante como medio de prueba número 4, admitida en primera instancia (ver folios 295, 311, 315, 316 y 318), concediéndose además un nuevo término para la evacuación de la misma, no es menos cierto, que dicho medio probatorio no fue evacuado dentro del término que señala el articulo 69 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni en el nuevo término concedido para su evacuación, siendo presentado hasta el 19 de enero del 2009, cuando ya era vencido el periodo de conclusiones, tal como consta a folio 378 de la primera pieza de autos, teniéndose por agregada la documentación en el expediente conforme providencia dictada en fecha 22 de enero del 2009 (ver folio 376 al 1091 de la primera pieza), informe que el A-quo, bajo las circunstancias aludidas, evidentemente no tomó en cuenta al momento de dictar la sentencia de primer grado, pero que el Tribunal de alzada si lo hace, sin justificar ni explicar las razones para ello” Que por lo anteriormente expuesto, se aprecia que en las diligencias de segunda instancia ha existido infracción de normas y garantías procesales. Procede en consecuencia declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia de fecha 13 de enero de 2010, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.-“

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Resoluciòn que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil once, la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados (a) ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, como Coordinadora, JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE y VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, designada la primera como ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de casación, dictan la siguiente: RESOLUCIÓN.- SON PARTES: Parte Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA.- Parte Recurrida: LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO VISION S. de R. L. representada en juicio por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de un acto administrativo, que surte los efectos de una resolución expresa al evidenciar el comportamiento de la administración, que es unívoco e incompatible con una voluntad distinta, se acredita haber interpuesto el recurso de reposición contra dicho acto, que se reconozca la situación jurídica individualizada de la contratista y para su restablecimiento se mantenga la vigencia de la relación contractual o en su defecto que se reconozcan las indemnizaciones derivadas de la terminación anticipada del contrato tal como dispone la Ley de Contratación del Estado. Promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cinco de mayo del dos mil ocho, por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, accionando como apoderado de la Sociedad Mercantil GRUPO VISIÓN S. de R. L.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La representación procesal de la parte demandada abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA, presentó en fecha 18 de febrero del 2010, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, impugnando la sentencia de fecha 13 de enero del 2010, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el expediente de apelación número 185-2009, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número 116-2008, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial.- 2.- Mediante providencia de fecha 22 de febrero de 2010, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo el presente recurso, y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 3.- La representación procesal de la parte demandante, abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, presentó en fecha 13 de abril del 2010, escrito de contestación del recurso de casación bajo protesta, y que se declare nulidad de actuaciones el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 26 de abril del 2010, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de las mismas ante este Tribunal de Justicia. En fecha 13 de abril del 2010 el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ sustituye el poder con que actúa en la abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ decretada la misma mediante providencia de fecha 14 de abril del 2010.- 4.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal de Justicia, y formado el presente expediente, la abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, en fecha 10 mayo del 2010 compareció personándose como representante procesal de la Sociedad Mercantil GRUPO VISIÓN S. de R. L. en su carácter de parte recurrida.- 5.- La abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA, en fecha 3 de mayo del 2010, compareció ante este Tribunal de Justicia personándose como representante procesal de de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD con carácter de parte recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las presentes actuaciones, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia y, que la recurrente formula dos motivos de la manera siguiente: a) “PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional de conformidad al artículo 719 numeral 1) inciso c) del Código Procesal Civil, en infracción de los artículos 206 numeral 1); 207 numeral 1), 208 numeral 1) del mismo Código, al otorgar la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo un derecho que va más allá de lo que ha sido objeto de la pretensión del litigio. El presente motivo se encuentra infringido los artículos 364 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 41 de las disposiciones generales del presupuesto contempladas en el Decreto 192-2007. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO:….”; b) “SEGUNDO MOTIVO: Señala la recurrente que acusa la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva Nacional en infracción indirecta de la falta de apreciación de las prueba documental de conformidad al artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil,… . Luego dice: que en “El presente motivo se encuentra infringidos los artículos 251 numeral 1) inciso b) del Código Procesal Civil,…”.- II.- Solicita además la Recurrente “EL CONTROL DE LA MOTIVACIÓN FÁCTICA DE LA SENTENCIA: 1.- Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados todas las sentencias dictadas en materia administrativa según el Código Procesal Civil en su artículo 207 numeral 1 expresa: Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del Derecho”. De lo contrario la sentencia es susceptible de Recurso de Casación de conformidad al artículo 719 numeral 1 incisos c) y numeral 2; sin embargo se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que este fuera determinante de un sentido diferente del fallo….”. En términos generales la Censora alega, que no se evacuaron medios de prueba en su oportunidad, habida cuenta que no se abrió juicios a pruebas tal como lo señala la ley, por lo tanto su representada quedó indefensa y por ende la opinión vertida sobre los medios de prueba presentada en apelación carecen de validez de conformidad al artículo 713 del Código Procesal Civil, el cual indica, que se abrirá el juicio a pruebas y se señalará la audiencia correspondiente para la evacuación de los mismos; sigue manifestado, que es evidente la violación al derecho de petición en vista de que fue solicitada la apertura prueba en la parte petitoria y que tal omisión ha provocado indefensión al Estado de Honduras, indefensión prescrita en el artículo 82 de la Constitución de la República. Que de haberse evacuado el medio probatorio presentado en el Recurso de Apelación, el Juzgador no hubiere reconocido los supuestos daños ocasionados a la parte demandante, como ser honorarios por servicios notariales, pago de impuestos, compañía de seguridad, ENEE, Internet, prestaciones sociales a empleados, pago de planillas de sueldos, prestaciones a personal, pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios, seguros protección a equipo y otros, pues la naturaleza de tales conceptos ya estaban previstos en el contrato suscrito originalmente, y que la parte demandante al solicitar tales conceptos como daños está desconociendo las estipulaciones del contrato y de las bases de licitación.- III.- Del examen de las actuaciones, en ambas instancias se desprende lo siguiente: Que en el escrito del recurso de apelación interpuesto por el abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ alega que la sentencia de fecha 2 de julio del 2009 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo le ha causado agravios, pues la misma solo reconoce gastos de inversión en la ejecución de la prórroga del contrato suscrito entre su representada y la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad ascendiendo a la cantidad de L. 21,424,918.43, pero no reconoce el daño emergente ni el lucro cesante, acreditado debidamente en el juicio de conformidad al dictamen pericial rendido por el facultativo P. M. LUIS MONTOYA por la cantidad de L. 67,516,138, que deberá ser sumado a la reconocido en la sentencia de primer grado. La abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en su condición de apelada contesta la misma expresando que su representada solo adeuda la cantidad de L.2,422,758.86, considerando desacertado que el A-Quo haya reconocido la cantidad de L.19,002,159.57 en concepto de daños y perjuicios y, que resulta inaudito las pretensiones del demandante por la cantidad de L.67,516,138.69 en concepto de lucro cesante, fundamentado en un peritaje que fue presentado posteriormente a la fecha de vencimiento de presentación de conclusiones, por lo que, previo a la emisión de la sentencia, no tuvo a la vista dicho informe razón por la que no pudo aludir sobre el mismo y debatir su resultado, como consecuencia de lo anterior solicitó la apertura a prueba del juicio, además adjunta documento como medio de prueba. (Ver folios 193 al 1095, 1099 al 1102 y 1120 al 1122 de la primera pieza de autos).- IV.- Que la abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en el escrito de recurso de apelación interpuesto, expresa: Que la sentencia impugnada le causa agravios, asimismo solicita la apertura del juicio a prueba en virtud de un peritaje que fue presentado posteriormente al periodo de conclusiones, por tanto, no pudo debatirse. Se fundamenta en los artículos 712 numeral 2 literal a), del Código Procesal Civil, además adjunta medio de prueba un documento denominado Licitación Pública SEDS No. 004-2003 cuyo paradero jura no conocía anteriormente (ver folios 1114 al 1117). El Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ contesta los agravios y expresa lo improcedente de los mismos, bajo el criterio de que con la prueba evacuada se acreditaron los daños y perjuicios así como el lucro cesante a que tiene derecho el demandante, condenando el Juez solamente a los gastos de inversión realizados y que la apelante no pudo objetar esta prueba ya que nunca se opuso a la evacuación de estos medios de prueba ya que tuvo pleno conocimiento del mismo y rechazó la prueba propuesta manifestado que el documento presentado no tiene ningún valor jurídico. (ver folios 1093 al 1095, 1104 al 1137 de la primera pieza).- V.- Que mediante auto de fecha 7 de septiembre del 2009, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en virtud de lo solicitado, abre el juicio a pruebas y tiene por evacuada la inspección solicitada en vista de encontrarse en ese Tribunal agregado al expediente de primera instancia los documentos señalados a folios 1115, 1116 y 1117, se fundamenta en los artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 712 numerales 1) y 2) inciso a) del Código Procesal Civil (ver folio 15 de la segunda pieza de autos). En fecha 15 de diciembre de ese mismo año, se remite el expediente de mérito a la Magistrada Ponente Abogada NORMA LANZA FLORES, para que proponga la sentencia que deba dictar el Tribunal y en fecha 13 de enero del 2010 la Corte De Apelaciones dicta su fallo por mayoría en los siguientes términos: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en su condición de apoderada sustituta del Estado de Honduras, SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación parcial interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición de apoderado de la Sociedad GRUPO VISION S. de R. L. de C. V.; TERCERO: REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva de de fecha dos de julio del 2009 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en su parte dispositiva identificada como numeral “SEGUNDO” en el sentido de que los daños y perjuicios causados que se deberán pagar a la sociedad demandada, deben de incluir la totalidad de lo establecido en el dictamen rendido por el perito nombrado en juicio LUIS ANGEL MONTOYA ZUNIGA, el cual junto con la indemnización señalada por el A-quo, en su sentencia asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS, (L.67,516,138.69).- CUARTO: Se confirma el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada y lo relativo al reconocimiento del A-Quo, de la obligación que tiene la demandada de pagar la los meses y días trabajados por la demandante y que no han sido pagados, lo cual asciende a la cantidad de dos millones cuatrocientos veintidós mil setecientos cincuenta y ocho lempiras con ochenta y seis centavos (L.2,422.758.86)...SIN COSTAS.. .”.- VI.- Que de conformidad al principio dispositivo, este Tribunal de Casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente.- VII.- Que el articulo 713 del Código Procesal Civil, consigna con meridiana claridad, que si se admite algún medio de prueba en la apelación, ello determina indefectiblemente la obligación de celebrar la audiencia respectiva, al respecto dice en su parte conducente: “…Si hubieren pruebas se acordará la práctica de las que procedan, señalando al efecto la audiencia correspondiente, la que deberá celebrarse dentro de los cinco (5) días hábiles a la fecha del último personamiento o del vencimiento del termino señalado para ese efecto. La sentencia se dictara dentro de los diez (10) siguientes de la audiencia.”. La audiencia antes referida se llevará a cabo conforme a las reglas aplicables a las audiencias, es decir, con intervención de las partes personadas ante el Tribunal de Apelación, con la práctica de prueba, en los casos que sea necesario y con las alegaciones de los abogados intervinientes en el proceso. Una vez llevada a cabo la audiencia, quedarán los autos para la sentencia de segunda instancia.- VIII.- Que los supuestos de admisión de la prueba en la segunda instancia se concretan a supuestos limitados y tasados establecidos en el articulo 712 del Código Procesal Civil, a saber: 1.- La documental referida a los documentos de fondo que acompañen al respectivo escrito, que solo se admitirá si cumple las condiciones establecidas en titulo tercero del Código Procesal Civil. Las cuales deben ser referidas a documentos nuevos, de fecha posterior, o de nueva noticia. 2.- La que hubiera sido denegada indebidamente en primera instancia. 3.- La que por cualquier causa no imputable al que solicite la prueba no hubiera podido practicarse en la primera instancia toda o parte de la que hubiera sido admitida. En cuanto al punto que antecede es menester enfatizar, que el requisito para la práctica de prueba es que la misma no se haya evacuado por culpa del que la propone, aspecto que es extensivo al Juzgado y a las personas que intervienen en el proceso (incomparecencia de testigos, peritos, informe pericial no evacuado en tiempo, etc). Esta exigencia subraya el carácter excepcional del recibimiento a prueba en la segunda instancia, por lo cual el Tribunal A-Quem, debe utilizar cierto rigor, pudiendo denegar el recibimiento a prueba en segunda instancia en cuanto se advierte negligencia en el proponente de la misma o en los demás que tienen que intervenir en el proceso, testigos, peritos y otros. Lo anterior implica la no admisión automática de la prueba en la apelación, en tal sentido el Tribunal debe examinar las pruebas en función de los criterios de licitud, pertinencia, procedencia y utilidad de las mismas, basándose para tales efectos en la reglas para su manejo establecidas en Libro Segundo del Código Procesal Civil referente a la prueba. 4.- Las que se refieran a hechos relevantes para el derecho e intereses discutido acaecidos después de abierto el plazo para dictar sentencia en primera instancia.- IX.- Que en el caso sub-lite la abogada DINA LEONOR AYALA FIGUEROA en su condición indicada, en el escrito de interposición del recurso de apelación y expresión de agravios y en el de la contestación de agravios, solicita la apertura del juicio a pruebas y, en fecha 7 de septiembre del 2009, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante auto de la misma fecha se pronuncia sobre la prueba propuesta, que en virtud de estar agregada a la primera pieza la inspección, la tiene por evacuada y omite pronunciarse sobre la legalidad, pertinencia o utilidad de la documental propuesta por la apelante (ver folio 15 de la segunda pieza). Evidentemente en el caso de autos la Corte de Apelaciones recurrida omitió señalar la audiencia correspondiente, infringiendo con su actuar normas procesales (713 del Código Procesal Civil), por ende, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, originando la nulidad absoluta de lo actuado, pues debió señalar la audiencia para la práctica de las pruebas propuestas y someterlas al contradictorio.- X.- Que también resulta de los autos, que el Tribunal Ad-Quem en la sentencia definitiva dictada en fecha 13 de enero del 2010, basa su decisión para reformar la sentencia de primer grado en el informe pericial rendido por el Perito Mercantil y Contador Público LUIS ANGEL MONTOYA, sin fundamentar o motivar tal determinación para hacerlo. Sin bien es cierto la prueba pericial fue propuesta por la parte demandante como medio de prueba número 4, admitida en primera instancia (ver folios 295, 311, 315, 316 y 318), concediéndose además un nuevo término para la evacuación de la misma, no es menos cierto, que dicho medio probatorio no fue evacuado dentro del término que señala el articulo 69 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni en el nuevo término concedido para su evacuación, siendo presentado hasta el 19 de enero del 2009, cuando ya era vencido el periodo de conclusiones, tal como consta a folio 378 de la primera pieza de autos, teniéndose por agregada la documentación en el expediente conforme providencia dictada en fecha 22 de enero del 2009 (ver folio 376 al 1091 de la primera pieza), informe que el A-quo, bajo las circunstancias aludidas, evidentemente no tomó en cuenta al momento de dictar la sentencia de primer grado, pero que el Tribunal de alzada si lo hace, sin justificar ni explicar las razones para ello.- XI.- Que por lo anteriormente expuesto, se aprecia que en las diligencias de segunda instancia ha existido infracción de normas y garantías procesales. Procede en consecuencia declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia de fecha 13 de enero de 2010, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 ordinal numeral 14) y 316 párrafo primero, 321, 323 de la Constitución de la República; 170 numeral 2), 236, 240, 701 numerales 1) y 3), 705 numeral 1) 712 numeral 2 letras a), b), c) y d), 713 del Código Procesal Civil; 69, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 11, 1586, y 1589 del Código Civil; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. Emite el siguiente AUTO Y ANULA DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 13 de enero del 2010, visible a folios diecisiete (18) al veinte (20) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga substanciar con arreglo a derecho, incluyendo la providencia de fecha 7 de septiembre de 2009. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de noviembre de Dos Mil Once; Certificación de la resolución de fecha veintiséis de octubre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 212-10.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL